Santo Domingo, RD.-La decisión en torno a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Coral fue fallado este lunes por la jueza Kenya Romero, quien los envió a cumplir cárcel preventiva en Najayo.Nacionales
Dieciocho 18 meses para imputados en Operación Coral en Najayo dictamina tribunal que conoció solicitud de medida de coerción.
Santo Domingo, RD.-La decisión en torno a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Coral fue fallado este lunes por la jueza Kenya Romero, quien los envió a cumplir cárcel preventiva en Najayo.La magistrada decidió prisión por 18 meses contra todos los implicados en el caso.
Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.
En el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo mujeres.
Sobre el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria.
La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público.
27 allanamientos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná pusieron en marcha el pasado 24 de abril a la Operación Coral, la acción contra la corrupción administrativa más recientes del Ministerio Público.
Bienes muebles e inmuebles millonarios, un gran cúmulo de documentaciones y armas de fuego fueron algunos de los elementos encontrados por el MP en las viviendas de los imputados, que más tarde sirvieron como prueba ante los tribunales para inculparlos en el caso.
Los imputados en la Operación Coral fueron Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; la pastora, Rossy Guzmán Sánchez; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
El MP acusó a estos seis de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Desde que sucedieron los allanamientos, los imputados fueron llevados al Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva, que está bajo custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Contra los implicados, los fiscales del órgano persecutor pidieron a la jueza Kenya Romero 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en las cárceles Najayo Hombres y Najayo Mujeres, a excepción de Girón, contra quien piden prisión domiciliaria, y declarar el caso complejo dada la profundidad de la investigación.
Con relación a Girón el pedimento fue variado ya que en principio se había solicitado prisión en Najayo pero producto de sus declaraciones el Ministerio Público estimó conveniente la prisión domiciliaria, en una casa secreta que solo conocerían el tribunal y la Procuraduría.
Las audiencias para el conocimiento de la medida de coerción de los integrantes del supuesto entramado militar, policial, societario y religioso se extendieron por varios días, tres en total, luego de numerosas objeciones, aplazamientos, una recusación y “discursos” de defensa de los imputados.
Este lunes la magistrada Romero tuvo la decisión final en el caso que ha “mantenido en vela” desde el 24 de abril al país.
Entre los principales acusados en el caso figuran el mayor general Cáceres Silvestre y el teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quienes según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares estadounidenses, que servían de soporte para tomar préstamos pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
Los fiscales en el caso indicaron que se produjo “una unión simbiótica” entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, los cuales llevaron a cabo una “estrategia de colocación de millones de pesos” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
Según los fiscales, los imputados no “tenían cómo explicar la fortuna que habían generado como resultado del desfalco”, por lo que involucraron a otros acusados de la red criminal: a la pastora evangélica Rossy Guzmán y al cabo de la Policía Tanner Flete.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud de medida de coerción señala que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
El órgano señaló en la audiencia que el supuesto entramado societario no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.
Según el MP, las cifras devengadas de las actividades ilícitas ascienden a los RD$3,000 millones.
Durante la audiencia, los fiscales indicaron que sólo el coronel Núñez de Aza manejó en una cuenta bancaria corriente la suma de 177 millones de pesos.
De acuerdo con la magistrada Berenice Reynoso, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) funcionaba como una “caja chica”, mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) fungía como el Banco Central en la Operación Coral.
En la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, la Pepca advierte que las empresas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos “sin concepto” para los que utilizaban a subalternos.
Esta última, a nombre de la pastora Rossy Guzmán, es señalada por el Ministerio Público como uno de los “centros de operaciones” para el enriquecimiento ilícito del entramado.
El proceso era el siguiente: las empresas recibían cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y vehículos de motor a favor de los imputados.
Según el MP, el entramado también cobraba cuotas a militares y policías para mantenerlos al frente de terminados puestos en el Cusep y en el Cestur, cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil pesos.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.