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La JCE tras una revisión y credibilidad perdida.

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En procura de recuperar su imagen y su credibilidad la Junta Central Electoral (JCE) inició un proceso de reestructuración, afectada con el fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero y sacudida por auditorías de organismos internacionales que pusieron al desnudo su mala gestión informática.

Como parte de esa labor, los miembros del pleno se mantienen en sesión permanente atendiendo las recomendaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) para mejorar su gestión.

Los organismos internacionales determinaron en auditorías que los comicios de febrero fracasaron debido al mal del diseño del software del voto automatizado utilizado por la JCE. Argumentaron que no contaba con herramientas para detectar o prevenir fallas.

Como parte de ellos, estableció que las innovaciones tecnológicas se implementarían de manera paulatina, a fin de dar tiempo a que las autoridades electorales como los partidos y la sociedad se preparen para cambios de tal envergadura.

Además abrió paso a la capacitación del personal de Informática y la dotación de las diferentes áreas de los recursos necesarios para desarrollar su trabajo.

También decidió desarrollar auditorías y evaluaciones independientes de manera regular, y no como un recurso al que se apela solo cuando se cuestione la transparencia o efectividad del sistema informático.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños, informó recientemente que se abocarían a reestructurar el departamento de informática y como parte de ello dispuso la separación del cargo del director del departamento Miguel Ángel García.

Para esta semana se espera que la JCE anuncie nuevas disposiciones respecto al área de Informática que actualmente está a cargo de los cuatro subdirectores, quienes desde el 21 de febrero actúan de manera colegiada. La pasada semana los miembros del pleno se reunieron con los funcionarios de Informática.

Desde la celebración el pasado 6 de octubre, de las elecciones primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), la JCE ha sido sacudida por denuncias de irregularidades y de mal manejo. El accionar del organismo llevó a grupos de la sociedad civil e independientes a montar vigilias y manifestaciones pacíficas frente a la sede en reclamo de la renuncia de los miembros del pleno.

Mantiene ritmo de trabajo

La JCE mantiene su trabajo rumbo a las elecciones presidenciales y congresuales, actualmente pautadas para el 5 de julio próximo. Para inicio de esta semana se espera que el organismo de elecciones dé a conocer el nuevo cronograma con las fechas y plazos que deberán cumplirse para los venideros comicios. Corresponderá a la Dirección de Elecciones del organismo ajustar las fechas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que norman los eventos electorales en el país. Como parte del trabajo ya se licitaron las boletas electorales y educativas, así como materiales y otros insumos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Mayoría de designaciones anunciadas por Abinader entrarán en efecto de manera inmediata

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Santo Domingo, R.D.-La gran mayoría de las designaciones anunciadas por el presidente Luis Abinader durante el transcurso de la tarde del miércoles entrarán en efecto de manera inmediata.

De acuerdo a los decretos 390 -24 y 391-24, las designaciones de Andrés Bautista como ministro Administrativo de la Presidencia, Milton Morrison como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Sigmund Freund como ministro de Administración Pública, Darío Castillo como comisionado para las Reformas del Estado, Carlos Valdez como ministro de la Juventud, Rafael Feliz como rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y de Elvis López como viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia, entrarán en ejecución a partir de la publicación de esas disposiciones gubernamentales.

Mientras que los nombramientos de Igor Rodríguez como director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), de José Marte Piantíni como cónsul general de la República Dominicana en Madrid, Reino de España; de Héctor Elie Porcella Dumas como presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), de Miguel Ángel Vásquez Peña como cónsul general de la República Dominicana en Milán, República Italiana y la de Arleni Peña del Orbe como consejera en el Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) entrarán en vigencia a partir de que se inicien el nuevo periodo gubernamental el 16 de agosto.

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Andrés Bautista nuevo ministro Administrativo de la Presidencia

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SANTO DOMINGO.-Este miércoles el presidente Luis Abinader designó a Andrés Bautista García como el nuevo ministro Administrativo de la Presidencia.

Andrés Bautista García es un destacado político, abogado, agrónomo y productor agropecuario de la República Dominicana. Nació en Moca, provincia Espaillat, hijo de Lucía García García y Andrés Avelino Bautista Ramos. Se graduó en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en Agronomía por la Escuela Agrícola Salesiana. Bautista fundó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fue su presidente de 2014 a 2018. Representó a la provincia Espaillat en el Senado durante cuatro períodos (1994-2010) y ocupó cargos clave, como presidente del Senado y de la Comisión de Industria y Comercio.

En el ámbito político, Andrés Bautista desempeñó roles fundamentales en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), llegando a ser presidente en funciones antes de su salida en 2013. Posteriormente, el 15 de febrero de 2015, cofundó el PRM junto a líderes como Jesús Vásquez, Luís Abinader e Hipólito Mejía. Durante su carrera, también fue regidor honorífico del municipio de Moca y director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (1982-1986). En el gobierno de Luís Abinader, actuó como asesor honorífico de 2020 a 2024.

Como productor agropecuario, Andrés Bautista inició su trayectoria en 1971 con la creación de una granja avícola junto a su hermano. Desde entonces, ha expandido su actividad a la producción de huevos, pollos, cerdos, ganado y cultivos diversos. Fue fundador y presidente de varias cooperativas y asociaciones agropecuarias, destacándose en la Cooperativa Avícola Nacional y la Cooperativa Nacional de Productores de Cerdos (COONAPROCE). Su compromiso con el desarrollo agrícola lo llevó a ser miembro de numerosas organizaciones y asociaciones de productores, consolidando su influencia en el sector agropecuario dominicano.

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Implicados en Operación Flor de Loto reciben prisión preventiva.

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Santiago.– Un año de prisión preventiva dictó un juez de atención permanente del distrito judicial de Santiago como medida de coerción contra los cabecillas de una estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente, quienes fueron apresados en la ejecución de la Operación Flor de Loto, con la cual rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas, en allanamientos realizados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de esta ciudad.

El juez Jose de Asís además declaro el caso de complejidad contra los cabecillas de la red denominada Operación Flor de Loto integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.

El ministerio público informó que llevaban tres meses investigando la red para irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, y pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, donde lograron rescatar a cuarenta y tres mujeres de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, a quienes los tratantes y proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.

El órgano investigador, que solicita se imponga la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.

Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada. A los procesados, también se les ocuparon sustancias controladas y armas de fuego.

En estos esfuerzos en los que la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, lograron colectar evidencias de la actividad criminal lucrativa a la que estas víctimas eran sometidas en calidad de mercancía, han contado con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB).

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