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Opinión

¿La alfabetización forma parte de la calidad del sistema educativo?

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Por Andrés L. Mateo

ANDRES-L.-MATEO11111111Conjurar el analfabetismo no tributa a la calidad del sistema educativo, y ni siquiera tiene nada que ver con las estrategias de superación de los males que acarrea la educación dominicana. El analfabetismo es un resultado de la política de exclusión social, un lastre, una deuda acumulada de los casi doscientos años de la vida republicana, caracterizados por la predominancia absoluta del autoritarismo y la inequidad.

El analfabetismo es un despojo, una negación de derechos, un exilio espiritual que condena no a quien lo padece, sino al sistema que lo propicia. La acción destinada a conjurar el analfabetismo es una acción de política social, una decisión reparadora de esa injusticia que cíclicamente se convierte en preocupación de los gobiernos, y que la realidad socioeconómica hace regresar, como la maldita piedra de Sísifo que infinitamente vuelve a rodar hacia abajo desde la cima de la montaña.

Esto es bueno aclararlo, porque si el analfabetismo es un resultado concreto  de la larga hegemonía de la exclusión social,  la educación es un sistema; y el combate para superar la condición de iletrados es coyuntural, mientras que el problema educativo es sistémico y estructural. Quiero escribirlo con todas sus letras frente a un país totalmente concreto, tan simple en su mismidad que desconcierta y pone a los pies de la fatalidad todo destino probable. Y porque ya es mucha la confusión que se ha generado al no distinguir entre una campaña de alfabetización concebida por un gobierno, y las necesarias políticas de transformación de  las deplorables condiciones del sistema educativo dominicano.

El propio presidente Danilo Medina habló emocionado del programa de alfabetización, y dejó fluir la siguiente idea: “Con el programa de alfabetización se inicia una revolución en la educación dominicana”. Y el Ministro actual, Carlos Amarante Baret, hablando en la  televisión comentó: “(…)un programa para combatir el analfabetismo que fortalece considerablemente la educación dominicana”. Y en ninguno de los dos casos es así. Eliminar el analfabetismo no equivale a una revolución en el área educativa, ni siquiera es una conquista permanente porque, como demuestran numerosos estudios, si las condiciones socioeconómicas permanecen iguales no sólo se vuelve a reproducir, sino que los mismos alfabetizadosretornan a la condición de iletrados funcionales.

¿Es saludable estimular esta confusión por la mera instrumentalización política? ¿No es impostergable la tarea de mejorar el sistema educativo dominicano, en un siglo veintiuno  al que se denomina “sociedad del conocimiento”? ¿Qué puede aspirar un pobre país como el nuestro, con escasas materias primas, periferia inexorable de la globalización; que no sea preparar a sus ciudadanos adecuadamente para competir en la economía del conocimiento que caracteriza a éste siglo veintiuno? ¿No es conveniente hablar con humildad de un programa que tiene sus virtudes, pero que no es una “revolución educativa”, ni nada que se le parezca? ¿ Por qué el aspaviento demagógico quiere hacer creer que hay un nexo entre programa de alfabetización y sistema educativo?

Quienes han leído todo el pensamiento dominicano del siglo XIX saben que una de las angustias desplegada con un dolor inconmensurable por los intelectuales dominicanos decimonónicos,  es la precaria formalización de la educación, y la secuela del analfabetismo.

Uno piensa a veces que no hemos salido todavía del siglo XIX. Pero hay que armarse de una purga emotiva para no volver a decepcionarse de los movimientos que hoy rodean la acción educativa. Ni el 4%, ni la alfabetización, son una revolución en la educación dominicana.

En los sistemas educativos no germinan los decretos heroicos, no hay héroes solitarios, ni pululan los vengadores altivos. Nadie hace una revolución verdadera en la educación empinándose sobre consignas y proclamas.  Todo cuanto acontece en un sistema educativo es procesual.

La exigencia de mejorar los estándares educativos de éste país no dimana de la voluntad altruista de los políticos, brota de la demanda social, de la lucha de todos; y más bien insurge a pesar de ellos. El mejor ejemplo es el propio 4%, arrebatado a la cicatería de los “líderes”,  que no priorizaban la inversión en educación para elevar el nivel de vida del dominicano

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Opinión

«¡Salvemos la patria!»

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Por Isaías Ramos

Han transcurrido seis semanas desde la promulgación de la Ley 1-24, una normativa que socava el Estado Democrático de Derecho consagrado por nuestra Constitución, infringiendo los derechos fundamentales que esta establece.

Nos encontramos ante un ataque directo a la democracia y a los derechos de los ciudadanos, ejecutado por aquellos congresistas de la partidocracia y miembros del ejecutivo que han traicionado su juramento de respetar, proteger y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Este acto no tiene precedentes desde 1978, cuando el PRD, bajo el liderazgo de Don Antonio Guzmán, devolvió al pueblo dominicano sus derechos fundamentales tras una larga lucha llena de sacrificios, lágrimas y sangre. Es una verdadera deshonra que hoy sean sus propios descendientes quienes lideren este acto reprochable, fallando así a la memoria de sus antepasados.

En estos momentos críticos para nuestra nación, y en plena campaña electoral donde se intenta ahogar a las voces disidentes, es provechoso recordar las palabras del profeta Isaías: «¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía…!»

Debemos señalar y responsabilizar a quienes están detrás de esta grave ofensa a la democracia. No podemos tolerar la impunidad cuando se atentan contra los derechos más elementales de los ciudadanos. Si permitimos que la corrupción y la injusticia se perpetúen, corremos el riesgo de sufrir el mismo destino que otras naciones sumidas en la miseria y el horror por décadas.

La advertencia no podría ser más clara: es urgente tomar medidas para evitar un futuro sombrío. Ha llegado el momento de despertar nuestras conciencias y movilizar acciones hacia una transformación profunda, basada en la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana.

Desde el Frente Cívico Social, convocamos al pueblo dominicano a unirse en estos tiempos de prueba, donde nuestra libertad se ve amenazada. Es crucial exigir la derogación inmediata de esta ley para restituir el Estado Democrático de Derecho, hoy vulnerado por esta partidocracia traidora.

De no revertirse este adefesio y participar en las elecciones legislativas y presidenciales, estaríamos legitimizando la anticonstitucionalidad que reviste a esta ley. A la vez, estaríamos abriendo las puertas a épocas de terror y miedo ya superadas.

Debemos prepararnos para, en caso de que no sea derogada antes de las elecciones, movilizarnos hacia una abstención máxima en el sufragio o el llamado al voto nulo.

El Frente Cívico y Social se erige como una luz de esperanza en medio de la oscuridad institucional, proponiendo un cambio radical para poner fin a la corrupción e impunidad que han plagado nuestro sistema durante décadas. Es esencial respaldar iniciativas que busquen restaurar el orden y construir una sociedad más justa y equitativa.

Nos enfrentamos a un desafío histórico: romper el ciclo de opresión y desesperanza al que hemos estado atados. La clave de nuestro éxito residirá en nuestra capacidad colectiva para organizarnos, resistir juntos y construir un futuro basado en valores éticos sólidos.

El llamado del FCS es a no permanecer indiferentes ante la injusticia que nos rodea. Es hora de levantar la voz contra el engaño político, la manipulación mediática y toda forma de opresión que amenace nuestros derechos fundamentales.

El tiempo apremia. La urgencia de actuar con determinación ante el desafío histórico que enfrentamos nos convoca. ¡Unámonos en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria! Es momento de despertar y actuar juntos para salvaguardar nuestra patria, nuestros derechos y nuestra democracia. La unión, la perseverancia y el compromiso de cada dominicano serán cruciales para superar esta encrucijada. La historia nos observa, y el futuro de nuestra nación descansa en nuestras manos.

Juntos, podemos revertir el curso de estos acontecimientos y asegurar que nuestra patria retome el camino de la justicia, la libertad y la prosperidad.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Una  vía apropiada para recibir las solicitudes de la Corte Penal Internacional.

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 87 del Estatuto de Roma, las solicitudes de la Corte ¨se tramitarán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado  que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ̈. Se podrán realizar cambios subsiguientes a este establecimiento, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Adicionalmente, cada Estado deberá indicar el idioma más apropiado para la correspondencia en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto.

Según el artículo 87, las solicitudes de la Corte Penal Internacional podrán ser tramitadas por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o de cualquier otra organización regional competente.

En cuanto a las obligaciones el artículo 87 requiere que cada Estado, al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma designe:

  1. a)Una via para comunicarse, ya sea diplomática o no; y
  2. b)Un idioma de correspondencia, ya sea el idioma oficial del Estado o un idioma de trabajo de la Corte ( inglés o francés).

Respecto a la vía diplomática o cualquier otra vía apropiada, el Estado podría preferir la práctica ya establecida por ese Estado para el Tribunal Penal Internacional  de la Antigua Yugoslavia. Por ejemplo, muchos han recibido correspondencia  de este tribunal a través de sus embajadas con sede en La Haya. En los casos en que el Estado no tenga una práctica establecida  con el tribunal de referencia, este podría designar a una sección o departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Justicia para que tenga comunicación directa con la Corte Penal Internacional.

Respecto a la elección de un idioma para la comunicación con la Corte Penal Internacional, el Estado puede elegir uno de sus idiomas oficiales o uno de los idiomas de trabajo de la  Corte. Asimismo los Estados podrían seguir con la práctica de comunicación establecida con  el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Claramente, el Estado deberá tomar en cuenta cualquier legislación existente sobre el idioma oficial.

Finalmente, las solicitudes podrán tramitarse desde la Corte a la Organización Internacional de Policía Criminal  o cualquier organización regional competente. Respecto a los Estados, normalmente la Corte sólo tramitará las solicitudes a una organización regional cuando requiera la asistencia de cada Estado en esa organización o requiera asistencia de la misma organización regional. La organización regional deberá contar con una estructura para tramitar tales solicitudes los Estados miembros. Los Estados a su vez deberán garantizar la posibilidad de recibir y ejecutar las solicitudes  hechas por medio de organizaciones regionales y la Interpol.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Elecciones y mucha tela para cortar

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Por Nelson Encarnación

El recién transcurrido proceso electoral del domingo 18 de febrero tiene tantas vertientes importantes para analizar que habría que dedicarles varias entregas para tratar de abordarlas lo más ampliamnente que podamos.

Por lo pronto, me voy a concentrar en dos aspectos que entiendo de mucha relevancia, sobre todo por la cercanía del evento mayor, o sea, las presidenciales y congresuales de mayo.

Uno de ellos se refiere al caso muy particular de las encuestas, y de estas uno tiene mucho más de particular aún.

Los días 6,7 y 8 de febrero, el Centro Económico del Cibao publicó tres entregas sucesivas en las cuales recogía las proyecciones de los resultados probables en los 25 municipios más poblados del país, en los que vaticinaba el triunfo de los respectivos candidatos.

Como suele ocurrir en cada evento electoral, esas proyecciones fueron atacadas como el producto de “la sastrería de Aguilera”, en obvia elucubración de que se trataba de muestras prefabricadas.

¿Qué ocurrió el domingo 18? De los 25 pronósticos, el CEC falló en dos con un acierto de 99.92%, algo sencillamente impresionante cuando se trata de un proceso tan complejo como son las elecciones municipales, debido a la elevada dispersión que dificulta la muestra estadística.

De modo que, del proceso recién culminado han salido dos claros ganadores: el PRM electoralmente, y la credibilidad de Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao.

El otro elemento que abordaré tiene que ver con la narrativa de la elevada abstención como factor determinante—o por lo menos muy relevante—para la debacle electoral de la alianza opositora.

Es un argumento falaz, pues si las estadísticas no han cambiado, es bastante probable que el incremento de la votación registrara la misma distribución en términos porcentuales de lo surgido de las urnas el domingo.

Es decir que, si la población que se abstuvo hubiese acudido, su votación se habría distribuido exactamente en la relación que conocemos.

¿O puede caberle a alguien en la cabeza que los abstencionistas fueron de un litoral específico y que de haber votado se irían todos a engrosar el caudal de ese hemisferio electoral?

Argumentar sobre ese desatino tiene la única intención de justificar un desenlace adverso y una forma de evadir la responsabilidad en una serie de costosos errores políticos. Volveremos.

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