De portada
Las alianzas electorales con el que ostenta el poder es una forma de confabularse con lo mal hecho y con la corrupción administrativa.
Por Elba García
La alianza político-electoral en la práctica es una especie de complicidad con el que maneja los recursos públicos de forma inadecuada y desviada de una proclamada conducta ética que en el fondo es todo lo contrario a lo que se pregona.
El actual proceso electoral, que incluye las municipales del pasado 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo, es una expresión del alto nivel de distorsión que sufre la democracia dominicana, ya que la mayoría de los partidos políticos pequeños que han apoyado al PRM avalan y promueven su conducta de actuar al margen de las leyes del régimen electoral.
Está comprobado que todos estos partidos son más de lo mismo, cuya única razón para adherirse al que está en el poder es preservar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y de esa manera continuar con el recibimiento de fondos económicos a través de un apoyo que no es propio.
El asunto ha tomado ribetes tan preocupantes que aun aquellos pequeños partidos que mantenían un supuesto apego a principios éticos y que proclaman que trabajan por un mejor país, hoy están sumados al partido oficial, pese a que la conducta del PRM no dista tanto de la que han asumido el PLD y el líder de la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández.
El asunto luce mucho para contaminante cuando partidos como Alianza País mantiene una alianza con Luis Abinader sin dejar la menor brecha de distanciamiento, cuyo presidente de esa organización y candidato a la senaduría del distrito nacional, Guillermo moreno, está integrado como el que más a la campana a la reelección, lo cual implica admitir como válida la conducta de los oficialistas en lo que respecta a la compra de votos y de cualquier otra trampa propia de la politiquería nacional.
Es una vinculación política que no deja espacio para plantear alguna diferencia con el comportamiento antiético del PRM y de sus funcionarios, lo que deja claro que aunque este partido de Moreno tiene diferencias de forma, no de fondo, con los partidos que conforman la oposición, lo define como más de lo mismo y prácticamente lo deja sin moral para en otra contienda electoral reasumir el discurso moralista que enarboló en el pasado.
Todo este cuadro plantea que el panorama dominicano camina hacia una profundización de la legitimación de las inconductas de los actores de la vida política nacional, cuyas consecuencias alejan las posibilidades de mejorar la democracia nacional.
Sin embargo, en el campo electoral no se puede negar que han surgido otras propuestas que aparentan sustentar un discurso de cambio en el Estado dominicano, como por ejemplo el doctor Roque Espaillat (El Cobrador), pero las herramientas que usa para buscar alcanzar la meta de presentar una propuesta creíble también se ha desvanecido, porque ha canalizado sus aspiraciones a través de un partido que representa la misma corrupción o tal vez peor de la que se les atribuye a los que en las últimas décadas han controlado el estado.
Concretamente, hay que referirse a lo que parece lo más parecido a un “mesías”, cuyo discurso busca aproximarse a Nayid Bukele de el salvador, lo cual le da un matís poco original y sin tomar en cuenta las diferencias entre las sociedades dominicanas y la del país centroamericano.
Lo cierto es que si bien causa preocupación los altos niveles de coincidencias entre los “moralistas” de hace algún tiempo y que ahora están abrazados a la reelección sin importar cómo impacta esa conducta a su futuro político, lo mismo ocurre con personajes aparecidos como “salvadores” de la noche a la mañana que buscan convertirse en candidatos a cualquier precio, proyectando una diferencia que en el fondo no existe y que no pasa de la expresión aquella de «quítate tú pa-ponerme yo».
Este periódico siempre ha sostenido que para que en la República Dominicana pueda producirse un cambio verdadera debe ser a partir de una propuesta político-electoral que primero busque restablecer valores y entonces dar los pasos a través de un proyecto de nación a 40 años que se apoye en una dirección colegiada y cuyos líderes siempre sean sometidos al escrutinio del ciudadano para que haya una especie de cedazo.
Ello así porque en la República Dominicana por razones de su herencia histórico cultural a través de la política partidista se reproducen permanentemente una serie de antivalores que promueven un cacicazgo que hace que las organizaciones que se dedican a estos fines sean en realidad sociedades comerciales al servicio de particulares y no de los valores cívicos y democráticos.
Los partidos políticos son empresas comerciales individuales que regularmente o prácticamente siempre tienen un dueño que incluso se apropia hasta de los fondos que proporciona la junta central electoral (JCE) sin rendirle cuenta a nadie, pero quien además negocia con el partido en el poder para exigir prebendas y beneficios muy personales.
Siendo así, si en el país no surgen propuestas político-electorales sobre la base de la construcción de un liderazgo colegiado, cuya única superioridad entre sus actores sea el talento a fin de respetar un principio constitucional como el de igualdad, a fin de que se requiera que todo aquel que persigue ser aspirante a la presidencia de la República sea sometido a un proceso de legitimación que no deje la menor duda de su apego a principios verdaderamente democráticos.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.