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APD se pone a tono con política programática, ética y visionaria en contienda electoral de cara elecciones de 2020..

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Por Cristina Rodríguez

La Alianza por la Democracia (APD) en su coalición con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una serie de organizaciones políticas ha apostado a una propuesta programática para ascender al control del Estado y cambiar a la República Dominicana.

Este partido, que lidera el doctor Max Puig, ha decidido asumir con toda la seriedad posible las candidaturas que le fueron asignadas mediante un acuerdo que incluye además al Frente Amplio (FA), Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido Humanista Dominicano (PHD).

La APD en su acuerdo político lleva candidaturas a alcaldes, vicealcaldes, directores, vocales, regidores y diputados en diferentes municipios, distritos municipales y circunscripciones de todo el territorio nacional, lo cual podría implicar que haya una buena representación en los diferentes espacios públicos.

En el marco de su plan programático la APD por lo menos se ha preocupado de presentar propuestas al electorado, a fin de cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana, donde la misma se ha convertido en una verdadera chercha.

El discurso y los programas de los candidatos de la APD, aunque no se logren aprobar en el Congreso Nacional e incluso en las salas capitulares de las alcaldías del país, no deja dudas del compromiso  de esta organización política con los mejores intereses del pueblo dominicano.

      Manuel  Primo Iglesias, candidato a regidor circunscripción No. 1

En lo que respecta al municipio de Santiago, la APD ha presentado las candidaturas a las regidurías 1 y 2, pertenecientes a las circunscripciones de los mismos números, a los señores Manuel Primo Iglesias y Rafaelina Vargas, dos personas que no dejan ninguna duda de su compromiso con las mejores causas de los dominicanos.

El plan programático de estos dos candidatos incluye, entre otras cosas, la restauración de un patrimonio de Santiago de los Caballeros, como lo es el Hotel Mercedes, el cual se desmorona ante la indiferencia de las autoridades del municipio y del Gobierno Central.

Este monumento de la hotelería nacional se proyecta como un gigante que ya no puede sostenerse por si mismo por las condiciones de abandono en que se encuentra a pesar de estar localizado en el mismo corazón del centro histórico de la segunda ciudad en importancia del país, como lo es la calle 30 de Marzo.

Otra de las propuestas de los candidatos a regidores de la APD es la construcción de canchas para la práctica de baloncesto y voleibol, así como de otras disciplinas deportivas, como una forma de sacar a los jóvenes del mundo de la exclusión, que sólo los impulsa a buscar resolver sus problemas en el mundo de las drogas o de la delincuencia a mano armada.

Los aspirantes regidores Iglesias y Vargas han lanzado la idea de crear una sinfónica infantil en Santiago para que los niños de las escuelas publicas y privadas puedan incorporarse a la misma y desarrollar su talento artístico, pero además es una forma de darle vida al alma de los munícipes de una ciudad que ha  visto bajar su nivel de vida e invertir una serie de valores que sólo se podrían restablecer con el arte y la cultura.

Rafaelina Vargas, candidata regidora circunscripción 2

Los señores Iglesias y Vargas también han planteado mediante su plan programático es  la restauración de monumentos históricos de Santiago, como el Centro de Recreo y el Palacio Consistorial.

Otra propuesta de gran impacto de estos aspirantes a regidores por la APD es la titulación de todos los dominicanos que viven en terrenos del ayuntamiento, donde pagan un arrendamiento, pese a que lo ideal es dotar a esta gente de sus títulos de propiedad para que se sientan más seguros del techo donde tienen su familia.

Por su parte, la candidatura a diputado por la Circunscripción 2 por la APD propone el restablecimiento de la Constitución del 1963 con la incorporación de una serie de figuras jurídicas, como el referendo revocatorio y el constitucional, entre otras.

José Cabral, candidato a diputado por la circunscripción No.2

El candidato a diputado por la APD lo es el licenciado José Cabral Salcedo, quien tiene una larga trayectoria empresarial y profesional, ya que se ha desempeñado como periodista que ha laborado para cadenas como Univisión y Telemundo de los Estados Unidos, así como para los canales de la televisión pública de la unión americana.

De igual modo, Cabral Salcedo contempla de salir electo por la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago la modificación de la Ley 1091, que crea la Colegiación Periodística en la República Dominicana y asimismo buscará la creación de una confederación nacional de colegios profesionales.

Otra de las iniciativas legislativas de Cabral Salcedo es someter un proyecto de ley para crear el primer canal de televisión de servicio público, pero de carácter privado, educativo y cultural, parecido a los que existen en muchos países altamente desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros.

Esa estación de televisión, amén de que servirá para fortalecer la democracia, también será un instrumento vital para promover en el exterior, porque se busca exportarlo a los mercados donde hay asentados grandes cantidades de criollos, la dominicanidad y el turismo, lo cual estimula y fortalece la economía nacional.

Otros planes es la conversión de  San José de las Matas en  un municipio medioambiental, que permita la construcción de un moderno hospital de turismo de salud, así como de una universidad con el mismo concepto mediante la inversión público- privada.

Para una mejor ilustración de las candidaturas municipales y provincial de la APD en su coalición con el PRM y una serie de partidos más, se publica íntegramente los programas de los candidatos anteriormente mencionados.

Plan programático de la APD para el  primer año de nuestros candidatos a las regidurías  de las circunscripciones 1 y 2 del  municipio de Santiago.

 

  1. Desarrollar un programa de titulación de viviendas que han sido construidas en terrenos de propiedad del ayuntamiento y que mantienen un contrato de arrendamiento con el gobierno municipal.

 

  1. Promover una alianza con el Gobierno central a través de Patrimonio Cultural para restaurar el Hotel Mercedes y las casas victorianas y republicanas, a fin de vender al municipio como un destino de turismo histórico, cultural y ecológico mediante el aprovechamiento de su entorno.

 

  1. Construir canchas para promover y estimular la práctica de baloncesto y voleibol, a fin de sacar a nuestros jóvenes de las drogas y cualquier otra desviación.

 

  1. Crear en el municipio una sinfónica infantil en la que tengan participación las escuelas públicas y privadas.

 

  1. Crear o si existe fortalecerlo y ampliar un departamento cultural en el ayuntamiento de Santiago, que procure restaurar conjuntamente con patrimonio cultural  lugares como el Palacio Consistorial y el Centro de Recreo, entre otros, así como trabajar con instituciones como  el Centro de la Cultura, Casa de Arte y la 37 por las Tablas a través de un consejo municipal para estos fines.

 

  1. Organizar un campeonato municipal de béisbol infantil y amateur interbarrial, en el que tengan participación equipos de barrios como Pueblo Nuevo, Los Pepines, La Joya y Baracoa, Los Salados, Buenos Aires, Gregorio Luperón y los Ciruelitos, entre otros.

 

  1. Promover la formación de clubes culturales y deportivos en los diferentes barrios, a fin de fortalecer y promover una cultura cívica en el municipio y desde ellos las artes y la cultura para  atacar el fenómeno de la delincuencia y la violencia intrafamiliar.

 

  1. Crear un canal de televisión educativo y cultural del municipio de Santiago mediante una fundación o patronato, conformado por munícipes destacados y ejemplares a fin de promover los valores de los santiaguenses y cuya programación nunca debe estar al servicio de la politiquería.

 

  1. Aprovechar la experiencia de los adultos mayores con conocimientos especiales, para que sean asesores del ayuntamiento de Santiago en las diferentes disciplinas de las ciencias y para impartir conferencias en escuelas y colegios.

 

  1. En la promoción del turismo local recurrir a casas republicanas y victorianas para alojar a jóvenes de otros países mediante intercambios deportivos y culturales, cuyo pago será mínimo.

 

  1. Establecer programas de intercambios con gobiernos municipales de ciudades importantes de Europa y los Estados Unidos, como París, Nueva York y Montreal, entre otras, a fin de asimilar muchas de sus políticas que sean aprovechables para convertir a Santiago en un ejemplo de gestión municipal en el mundo.

 

  1. Distribuir por lo menos 10 becas anuales a los estudiantes más sobresalientes de las escuelas públicas y privadas a nivel de primaria, intermedia y secundaria del municipio de Santiago

 

POR UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE,

HUMANO E INCLUYENTE

 

PLAN PROGRAMATICO AMPLIADO PARA EL PRIMER AÑO  DE LA CANDIDATURA A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 2 DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.  

 

  1. Anteproyecto de ley para restablecer la Constitución del 1963 mediante la convocatoria de una constituyente con votación y elección popular para la incorporación de algunas figuras jurídicas como el referendo revocatorio y el constitucional, así como la ampliación del plebiscito, la conversión del Congreso Nacional en unicameral, el establecimiento de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura y que éste tenga la responsabilidad de escoger al Procurador General de la Republica en vez del Poder Ejecutivo para eliminar   la influencia de los partidos políticos en el sistema de justicia y de ese modo lograr una mayor independencia de este poder del Estado. De igual modo, incorporar a la Constitución de la República la elección de un senador por las comunidades del exterior a partir de que las mismas tienen la categoría de una provincia de la dimensión de Santiago, la cual cuenta con tres circunscripciones que permite la elección de siete diputados. Asimismo extender la aplicación de la Ley de Mecenazgo a las comunidades en el exterior en función de lo consignado en el artículo 64 de la actual Constitución y a través del sub-ministerio de Cultura que opera en la ciudad de Nueva York.

 

  1. Anteproyecto de Ley de Colegiación de los Periodistas y de una confederación de colegios profesionales, ya que el informador público es el único profesional académico que no cuenta con ese logro a pesar de ser el primero que la propuso en la tercera etapa de la lucha por la consecución de esa reivindicación.

 

  1. Anteproyecto de ley para crear mediante una fundación o patronato del primer canal de televisión educativo y cultural de servicio público, pero de carácter privado, a fin de promover la dominicanidad y restablecer valores, así como para promover el turismo y mejorar la economía.

 

  1. Anteproyecto para crear las comisiones de desarrollo municipal, barrial y nacional como forma de evitar la malversación de los fondos destinados a la construcción de obras públicas, las cuales tendrán como misión realizar un censo en los diferentes pueblos para determinar su composición social y sus necesidades.

 

  1. Anteproyecto para que el Estado se haga garante frente a los bancos de los Estados Unidos para hacerles préstamos blandos a los comerciantes dominicanos del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
  2. Anteproyecto para restablecer la educación hostosiana en el sistema educativo dominicano para que pase de memorial a racional.

 

  1. Anteproyecto de ley que obligue a la creación de empresas mixtas en los diferentes municipios con inversión del Estado, los empresarios privados residentes en los mismos y los nativos de cada uno de ellos que viven en el exterior y que reúna las condiciones para esos fines, a fin de disminuir el desempleo y sacar a los jóvenes de la exclusión social.

 

  1. Anteproyecto de ley para modificar la Ley 8701 que crea el sistema de seguridad social y que a través de esta nueva legislación haya una sola Administradora de Riesgo de Salud (ARS) y una sola Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de carácter públicas y de membresía universal.

 

  1. Anteproyecto de ley para eliminar la duplicidad de funciones en el Estado dominicano, como por ejemplo la existencia de dos ministerios de educación.

 

  1. Gestionar a través de las alcaldías la promoción de campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas con la consecuente construcción de complejos deportivos a fin de contrarrestar el involucramiento de los jóvenes en el mundo de las drogas, tráfico y consumo, así como en la delincuencia con y sin violencia.

 

  1. Trabajar para la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental que permita la construcción de un hospital público-privado internacional de turismo de salud, así como de un Centro de Convenciones, Congresos y Cónclaves Internacionales, cuya inversión provendría del gobierno central a través de los ministerios de Turismo y de Medioambiente.

 

  1.  Gestionar  la creación en la Sierra de una universidad medioambiental con inversión público-privada  para atraer estudiantes nacionales y extranjeros

 

  1. Gestionar y trabajar para la conversión de las alcaldías de la Sierra, encabezada por la de San José de Las Matas, en un mecanismo para el establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios ejemplares del mundo.

 

  1. Gestionar la construcción  mediante la misma modalidad de un centro de convenciones, congresos y cónclaves internacionales en la Sierra, el cual también serviría para el montaje en San José de las Matas de  un premio internacional a la excelencia  profesional en la salud.

 

  1. Gestionar y montar con los sectores públicos y privados la creación de la Feria Internacional de Inversión para  el Desarrollo de la Sierra.

 

POR UN ESTADO PARTICIPATIVO,

INSTITUCIONAL Y EFICIENTE

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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.

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Por Elba García

Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.

Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.

 Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.

El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.

En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.

En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.

En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.

Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.

Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.

Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.

El cociente intelectual (CI) ha sido por  años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y  un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.

En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.

El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.

El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.

Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares

  • Uruguay: 96
  • Argentina: 93
  • Chile: 90
  • Costa Rica: 89
  • Ecuador y México: 88
  • Bolivia y Brasil: 87
  • Cuba y Perú: 85
  • Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
  • Honduras: 81

En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.

Los autores del estudio, identifican   variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.

Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.

Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.

En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.

De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.

El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.

El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.

Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.

El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.

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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.

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Por Elba García

El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.

Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.

Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.

El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.

No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.

El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.

La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.

Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.

El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.

El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.

En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.

En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.

El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.

Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.

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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.

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Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.

Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.

El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.

Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.

El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.

Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez. 

Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.

Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.

Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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