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APD se pone a tono con política programática, ética y visionaria en contienda electoral de cara elecciones de 2020..
Por Cristina Rodríguez
La Alianza por la Democracia (APD) en su coalición con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una serie de organizaciones políticas ha apostado a una propuesta programática para ascender al control del Estado y cambiar a la República Dominicana.
Este partido, que lidera el doctor Max Puig, ha decidido asumir con toda la seriedad posible las candidaturas que le fueron asignadas mediante un acuerdo que incluye además al Frente Amplio (FA), Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido Humanista Dominicano (PHD).
La APD en su acuerdo político lleva candidaturas a alcaldes, vicealcaldes, directores, vocales, regidores y diputados en diferentes municipios, distritos municipales y circunscripciones de todo el territorio nacional, lo cual podría implicar que haya una buena representación en los diferentes espacios públicos.
En el marco de su plan programático la APD por lo menos se ha preocupado de presentar propuestas al electorado, a fin de cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana, donde la misma se ha convertido en una verdadera chercha.
El discurso y los programas de los candidatos de la APD, aunque no se logren aprobar en el Congreso Nacional e incluso en las salas capitulares de las alcaldías del país, no deja dudas del compromiso de esta organización política con los mejores intereses del pueblo dominicano.
Manuel Primo Iglesias, candidato a regidor circunscripción No. 1
En lo que respecta al municipio de Santiago, la APD ha presentado las candidaturas a las regidurías 1 y 2, pertenecientes a las circunscripciones de los mismos números, a los señores Manuel Primo Iglesias y Rafaelina Vargas, dos personas que no dejan ninguna duda de su compromiso con las mejores causas de los dominicanos.
El plan programático de estos dos candidatos incluye, entre otras cosas, la restauración de un patrimonio de Santiago de los Caballeros, como lo es el Hotel Mercedes, el cual se desmorona ante la indiferencia de las autoridades del municipio y del Gobierno Central.
Este monumento de la hotelería nacional se proyecta como un gigante que ya no puede sostenerse por si mismo por las condiciones de abandono en que se encuentra a pesar de estar localizado en el mismo corazón del centro histórico de la segunda ciudad en importancia del país, como lo es la calle 30 de Marzo.
Otra de las propuestas de los candidatos a regidores de la APD es la construcción de canchas para la práctica de baloncesto y voleibol, así como de otras disciplinas deportivas, como una forma de sacar a los jóvenes del mundo de la exclusión, que sólo los impulsa a buscar resolver sus problemas en el mundo de las drogas o de la delincuencia a mano armada.
Los aspirantes regidores Iglesias y Vargas han lanzado la idea de crear una sinfónica infantil en Santiago para que los niños de las escuelas publicas y privadas puedan incorporarse a la misma y desarrollar su talento artístico, pero además es una forma de darle vida al alma de los munícipes de una ciudad que ha visto bajar su nivel de vida e invertir una serie de valores que sólo se podrían restablecer con el arte y la cultura.
Rafaelina Vargas, candidata regidora circunscripción 2
Los señores Iglesias y Vargas también han planteado mediante su plan programático es la restauración de monumentos históricos de Santiago, como el Centro de Recreo y el Palacio Consistorial.
Otra propuesta de gran impacto de estos aspirantes a regidores por la APD es la titulación de todos los dominicanos que viven en terrenos del ayuntamiento, donde pagan un arrendamiento, pese a que lo ideal es dotar a esta gente de sus títulos de propiedad para que se sientan más seguros del techo donde tienen su familia.
Por su parte, la candidatura a diputado por la Circunscripción 2 por la APD propone el restablecimiento de la Constitución del 1963 con la incorporación de una serie de figuras jurídicas, como el referendo revocatorio y el constitucional, entre otras.
José Cabral, candidato a diputado por la circunscripción No.2
El candidato a diputado por la APD lo es el licenciado José Cabral Salcedo, quien tiene una larga trayectoria empresarial y profesional, ya que se ha desempeñado como periodista que ha laborado para cadenas como Univisión y Telemundo de los Estados Unidos, así como para los canales de la televisión pública de la unión americana.
De igual modo, Cabral Salcedo contempla de salir electo por la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago la modificación de la Ley 1091, que crea la Colegiación Periodística en la República Dominicana y asimismo buscará la creación de una confederación nacional de colegios profesionales.
Otra de las iniciativas legislativas de Cabral Salcedo es someter un proyecto de ley para crear el primer canal de televisión de servicio público, pero de carácter privado, educativo y cultural, parecido a los que existen en muchos países altamente desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros.
Esa estación de televisión, amén de que servirá para fortalecer la democracia, también será un instrumento vital para promover en el exterior, porque se busca exportarlo a los mercados donde hay asentados grandes cantidades de criollos, la dominicanidad y el turismo, lo cual estimula y fortalece la economía nacional.
Otros planes es la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental, que permita la construcción de un moderno hospital de turismo de salud, así como de una universidad con el mismo concepto mediante la inversión público- privada.
Para una mejor ilustración de las candidaturas municipales y provincial de la APD en su coalición con el PRM y una serie de partidos más, se publica íntegramente los programas de los candidatos anteriormente mencionados.
Plan programático de la APD para el primer año de nuestros candidatos a las regidurías de las circunscripciones 1 y 2 del municipio de Santiago.
- Desarrollar un programa de titulación de viviendas que han sido construidas en terrenos de propiedad del ayuntamiento y que mantienen un contrato de arrendamiento con el gobierno municipal.
- Promover una alianza con el Gobierno central a través de Patrimonio Cultural para restaurar el Hotel Mercedes y las casas victorianas y republicanas, a fin de vender al municipio como un destino de turismo histórico, cultural y ecológico mediante el aprovechamiento de su entorno.
- Construir canchas para promover y estimular la práctica de baloncesto y voleibol, a fin de sacar a nuestros jóvenes de las drogas y cualquier otra desviación.
- Crear en el municipio una sinfónica infantil en la que tengan participación las escuelas públicas y privadas.
- Crear o si existe fortalecerlo y ampliar un departamento cultural en el ayuntamiento de Santiago, que procure restaurar conjuntamente con patrimonio cultural lugares como el Palacio Consistorial y el Centro de Recreo, entre otros, así como trabajar con instituciones como el Centro de la Cultura, Casa de Arte y la 37 por las Tablas a través de un consejo municipal para estos fines.
- Organizar un campeonato municipal de béisbol infantil y amateur interbarrial, en el que tengan participación equipos de barrios como Pueblo Nuevo, Los Pepines, La Joya y Baracoa, Los Salados, Buenos Aires, Gregorio Luperón y los Ciruelitos, entre otros.
- Promover la formación de clubes culturales y deportivos en los diferentes barrios, a fin de fortalecer y promover una cultura cívica en el municipio y desde ellos las artes y la cultura para atacar el fenómeno de la delincuencia y la violencia intrafamiliar.
- Crear un canal de televisión educativo y cultural del municipio de Santiago mediante una fundación o patronato, conformado por munícipes destacados y ejemplares a fin de promover los valores de los santiaguenses y cuya programación nunca debe estar al servicio de la politiquería.
- Aprovechar la experiencia de los adultos mayores con conocimientos especiales, para que sean asesores del ayuntamiento de Santiago en las diferentes disciplinas de las ciencias y para impartir conferencias en escuelas y colegios.
- En la promoción del turismo local recurrir a casas republicanas y victorianas para alojar a jóvenes de otros países mediante intercambios deportivos y culturales, cuyo pago será mínimo.
- Establecer programas de intercambios con gobiernos municipales de ciudades importantes de Europa y los Estados Unidos, como París, Nueva York y Montreal, entre otras, a fin de asimilar muchas de sus políticas que sean aprovechables para convertir a Santiago en un ejemplo de gestión municipal en el mundo.
- Distribuir por lo menos 10 becas anuales a los estudiantes más sobresalientes de las escuelas públicas y privadas a nivel de primaria, intermedia y secundaria del municipio de Santiago
POR UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE,
HUMANO E INCLUYENTE
PLAN PROGRAMATICO AMPLIADO PARA EL PRIMER AÑO DE LA CANDIDATURA A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 2 DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.
- Anteproyecto de ley para restablecer la Constitución del 1963 mediante la convocatoria de una constituyente con votación y elección popular para la incorporación de algunas figuras jurídicas como el referendo revocatorio y el constitucional, así como la ampliación del plebiscito, la conversión del Congreso Nacional en unicameral, el establecimiento de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura y que éste tenga la responsabilidad de escoger al Procurador General de la Republica en vez del Poder Ejecutivo para eliminar la influencia de los partidos políticos en el sistema de justicia y de ese modo lograr una mayor independencia de este poder del Estado. De igual modo, incorporar a la Constitución de la República la elección de un senador por las comunidades del exterior a partir de que las mismas tienen la categoría de una provincia de la dimensión de Santiago, la cual cuenta con tres circunscripciones que permite la elección de siete diputados. Asimismo extender la aplicación de la Ley de Mecenazgo a las comunidades en el exterior en función de lo consignado en el artículo 64 de la actual Constitución y a través del sub-ministerio de Cultura que opera en la ciudad de Nueva York.
- Anteproyecto de Ley de Colegiación de los Periodistas y de una confederación de colegios profesionales, ya que el informador público es el único profesional académico que no cuenta con ese logro a pesar de ser el primero que la propuso en la tercera etapa de la lucha por la consecución de esa reivindicación.
- Anteproyecto de ley para crear mediante una fundación o patronato del primer canal de televisión educativo y cultural de servicio público, pero de carácter privado, a fin de promover la dominicanidad y restablecer valores, así como para promover el turismo y mejorar la economía.
- Anteproyecto para crear las comisiones de desarrollo municipal, barrial y nacional como forma de evitar la malversación de los fondos destinados a la construcción de obras públicas, las cuales tendrán como misión realizar un censo en los diferentes pueblos para determinar su composición social y sus necesidades.
- Anteproyecto para que el Estado se haga garante frente a los bancos de los Estados Unidos para hacerles préstamos blandos a los comerciantes dominicanos del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
- Anteproyecto para restablecer la educación hostosiana en el sistema educativo dominicano para que pase de memorial a racional.
- Anteproyecto de ley que obligue a la creación de empresas mixtas en los diferentes municipios con inversión del Estado, los empresarios privados residentes en los mismos y los nativos de cada uno de ellos que viven en el exterior y que reúna las condiciones para esos fines, a fin de disminuir el desempleo y sacar a los jóvenes de la exclusión social.
- Anteproyecto de ley para modificar la Ley 8701 que crea el sistema de seguridad social y que a través de esta nueva legislación haya una sola Administradora de Riesgo de Salud (ARS) y una sola Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de carácter públicas y de membresía universal.
- Anteproyecto de ley para eliminar la duplicidad de funciones en el Estado dominicano, como por ejemplo la existencia de dos ministerios de educación.
- Gestionar a través de las alcaldías la promoción de campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas con la consecuente construcción de complejos deportivos a fin de contrarrestar el involucramiento de los jóvenes en el mundo de las drogas, tráfico y consumo, así como en la delincuencia con y sin violencia.
- Trabajar para la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental que permita la construcción de un hospital público-privado internacional de turismo de salud, así como de un Centro de Convenciones, Congresos y Cónclaves Internacionales, cuya inversión provendría del gobierno central a través de los ministerios de Turismo y de Medioambiente.
- Gestionar la creación en la Sierra de una universidad medioambiental con inversión público-privada para atraer estudiantes nacionales y extranjeros
- Gestionar y trabajar para la conversión de las alcaldías de la Sierra, encabezada por la de San José de Las Matas, en un mecanismo para el establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios ejemplares del mundo.
- Gestionar la construcción mediante la misma modalidad de un centro de convenciones, congresos y cónclaves internacionales en la Sierra, el cual también serviría para el montaje en San José de las Matas de un premio internacional a la excelencia profesional en la salud.
- Gestionar y montar con los sectores públicos y privados la creación de la Feria Internacional de Inversión para el Desarrollo de la Sierra.
POR UN ESTADO PARTICIPATIVO,
INSTITUCIONAL Y EFICIENTE
De portada
El Congreso y los partidos políticos asumen actitud de fuerza en violación de la Constitución, del TC y del estado de derecho.
Por José Cabral
El Senado de la República Dominicana aprobó unínimente en primera y ahora en una segunda lectura, pero con algunos votos en contra, un proyecto de ley que busca eliminar los artículos 156,157 y 158 de la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral, el cual pasa a la Camara de Diputados, pero de antemano con el aval de los legisladores del partido oficial, que son la mayoria en ese hemicible, cuyo propósito es sepultar o sumergir en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone mediante una interpretación de la norma constitucional la doble vía para participar en el control y la dirección del Estado.
La sentencia interpretativa aditiva TCF/0788/24 fundamentada en el principio de legalidad y de juridicidad y en el articulo 22 de la Constitución, que dispone la vía directa o indirecta, es decir, ciudadana y o de los partidos politicos para la presentacion de candidaturas a cargos electivos para la direccion del Estado, ha generado reacciones contrarias a la labor en esta materia del TC, ya que incluso los legisladores, con más miedo que vergüenza, consideran que este órgano extra poder se excedió porque ha entrado en el terreno del legislador positivo para emitir una decisión que en su opinión pone en peligro el sistema de partidos en la República Dominicana.
Las candidaturas independientes, que no han sido un invento del Tribunal Constitucional, ya que son encontradas en el régimen legal de la nación desde el año 1926, cuyo fundamento era muy cuestionado porque su texto vulneraba la Constitución de la República, pero en el 2024 fue impactada por la labor de la alta corte mediante el proceso de constitucionalización que vive el derecho dominicano.
El asunto ha implicado que tome mucha fuerza la confrontación entre el derecho y la política, la última de las cuales tiene el control del poder público y en consecuencia podría echar a perder los avances que ha tenido el país en lo que respecta al Estado Social y Democrático y de Derecho que consigna la carta magna en su artículo 7.
Las candidaturas independientes, de acuerdo a los diputados y senadores, en estos momentos representan una amenaza para los partidos políticos porque se observa que pueden por esta vía ser desplazados del poder, naturalmente, aunque todo va a depender de cómo se asuma la figura, ya que ante la grave crisis de valores y del liderazgo nacional la sociedad podría sufrir serias distorsiones que pongan en peligro la vulnerable democracia que prevalece en el país.
El problema que representan las candidaturas independientes, siempre de acuerdo con la partidocracia, es que pone en peligro su existencia, cuya actitud de fuerza no sólo impacta peligrosamente la precaria institucionalidad de la República Dominicana, sino también los derechos fundamentales que están seriamente amenazados de que su violación tome mayor cuerpo, sobre todo a partir de las dudas que dejan las autoridades nacionales ante la pérdida de su legitimidad con elecciones en las que cantidad de votantes es prácticamente irrelevante cada cuatro años.
La falta de credibilidad de los partidos se vuelve tan importante que en las encuestas que salen regularmente en el país su bajo nivel de aceptación popular disminuye como si el votante ya se resistiera a darle apoyo a estas organizaciones para que controlen y dirijan un Estado que permanente se vuelve más incapaz para resolver los problemas nacionales.
El descrédito de la llamada partidocracia requiere de la creación de alguna válvula de escape de una sociedad en la que los problemas de la violencia, el tránsito, el alto costo de la vida, la deuda pública, incluida la per cápita, la educación, la salud, el sistema eléctrico nacional sólo tienen solución en los discursos y las mentes de los actores de la vida política nacional, lo que ha dado paso a las candidaturas independientes como una vía de darle oxígeno a un sistema que está al borde de la muerte y cuya salida está consignada constitucionalmente para mejorar la democracia nacional al hacerla más participativa sobre la base del derecho fundamental de elegir y ser elegido a partir del mandato de la ley sustantiva de la nación a través de su artículo 22 y 216, que consignan que la participación electoral puede ser directa o indirecta, es decir, a través de los ciudadanos o de los partidos políticos.
Las candidaturas independientes es una figura jurídica que no es extraña al derecho internacional comparado, como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, cuyo artículo 23 habla claro sobre los derechos ciudadanos, entre los que cita el de elegir y ser elegido, de manera que tanto en el derecho interno como en el externo es un derecho que no está en cuestionamiento.
La disputa en la República Dominicana en esta materia traslada la nación a los tiempos de las cavernas, porque el proceso de constitucionalización del derecho tiene su origen en el país en la Constitución del 2010, la cual se sustenta en los derechos fundamentales y cuya base legal de la facultad interpretativa del Tribunal Constitucional descansa en la Ley 137-11, Orgánica del TC, ya que su artículo 47 le da la fuerza para desarrollar la labor que se ha buscado cuestionar, pero de igual modo lo autoriza el 184 y 185 de la ley suprema de la nación.
Las candidaturas independientes han traído consigo un cuestionamiento al Tribunal Constitucional que no tiene asidero ni justificación desde el marco legal, ya que tiene la facultad que se le ha querido cuestionar, dado que cuando este órgano extra poder sienta alguna jurisprudencia, la cual es irrevocable y vinculante como la de la especie, pasa de ser de legislador negativo a positivo porque la misma es de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos y los ciudadanos.
Otro detalle importante en esta disputa es que el Tribunal Constitucional es el único autorizado para interpretar aquellas normas que violan o que están ajustadas a la carta magna como en el presente caso, pero que esa función pueden hacerla los senadores y diputados sólo en su labor legislativa, sin que la misma sea definitiva y vinculante, dado que esa facultad sólo la tiene la alta corte.
La facultad del Tribunal Constitucional ya no es sólo del dominicano, sino que es una atribución que tiene este tipo de corte en todo el derecho internacional comparado y que va desde el continente europeo hasta naciones de otros lugares del mundo que asimilaron las enseñanzas en esta materia del gran filósofo y jurista australiano Hans Kelsen.
La actitud ilegal y de fuerza de los partidos políticos en contra de las candidaturas independientes y de igual modo de algunas instancias del poder público como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, se constituye en una causa más para que el sistema institucional de la nación corra mayores peligros y pueda colapsar definitivamente, porque por ahí se crea un cuestionamiento que no tiene ninguna base de sustentación legal y que proyecta la idea de que las mafias que se mueven en el escenario electoral no creen en la ley y en la regla del juego democrático.
La aprobación de una ley que modifique o cambie lo ya decidido por el Tribunal Constitucional como lo pretenden los diputados y senadores conllevaría la presentación ante el mismo órgano extra poder de una nueva acción directa de inconstitucionalidad para declarar su nulidad y hacer valer una jurisprudencia sentada por la alta corte sobre las candidaturas independientes, la cual no hay forma posible de borrarla o eliminarla del derecho nacional, a menos que no sea a través de una figura para la que no se dan las condiciones para que se aplique en el presente caso.
La introducción en el Senado del proyecto de ley para intentar eliminar las candidaturas independientes es un esfuerzo perdido que no va a surtir ningún efecto desde el punto de vista jurídico, aunque sí político y en lo que respecta a la credibilidad y la sepultura social de los que pretenden ser ley batuta y constitución sin tener la autoridad para ello.
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Deportación de haitianos es de los más grandes negocios de los sectores que la ejecutan desde dentro del gobierno.
Por Elba García
Las autoridades nacionales sistemáticamente anuncian el apresamiento y deportación de miles haitianos en la República Dominicana como parte de un plan que, si bien tiene un profundo contenido político y racial, también económico, cuyas ganancias son cuantiosas e inmedibles para los sectores que se mueven en ese mundo de la ilegalidad.
Permanentemente la Dirección General de Inmigración (DGM) informa de la detención para luego proceder a la deportación de ciudadanos de la vecina nación, pero no existe la seguridad de cuántos son realmente expulsados y qué cantidad entra de nuevo al territorio nacional a través del pago de peajes a los cuerpos de seguridad que tienen la misión de resguardar la frontera.
El cobro para el regreso de los deportados cuando asi ocurre, ya que el asunto muchas veces se soluciona antes de la medida de sacarlos del pais, mediante el cobro exigido a las victimas de la politica en este sentido, que involucra cantidades impresionantes de dinero, cuya mafia, conformada por militares que van a la frontera psicológicamente preparados para hacer fortunas en vez de buscar fortalecer la seguridad nacional.
Hay casos que confirman que el negocio de la deportación de haitianos tiene perfiles preocupantes como se puede observar con lo ocurre a través de los propios consulados dominicanos en el vecino país, donde los ocupantes de la posición de cónsules venden visas a razón de 500 dólares por cada interesado.
La tarifa para tener derecho al regreso de los deportados asciende a una cantidad que comienza en 25 mil pesos, monto aproximado a la tarifa que tienen los consulados dominicanos en Haití para vender la visa a los que han corrido la mala suerte de ser enviados a su lugar de origen.
Siempre se ha dicho que por la frontera entra de todo, desde haitianos ilegales hasta mujeres que se dedican a la prostitución y cargamentos de drogas, incluso, con destinos internacionales como los Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Sin embargo, el más constante, es decir, del diario vivir y que representa una gran industria de la ilegalidad es el tráfico humano, principalmente de aquellos que buscan salir de su lar nativo en su interés de tener mejor suerte a través de la venta de su fuerza de trabajo en el exterior.
Es común y corriente escuchar de voz de los propios protagonistas del drama de la deportación que regresaron porque pagaron 25 ó 35 mil pesos para cruzar la frontera hacia la República Dominicana, aunque en este contexto hay casos emblemáticos como el de un haitiano con dos hijos menores y su mujer que fueron víctimas de una incursión nocturna en su vivienda en Santiago por agentes de Migración, quienes le pusieron como condición pagar 150 mil pesos para no deportarlos, pero como éste no tenía esa cantidad fueron subidos en un camión y dejados a su suerte del otro de la frontera.
El ciudadano haitiano explicó que logró regresar solo a los pocos días, tras pagar la cantidad de 35 mil pesos a los que tienen la misión de vigilar la frontera y que en los próximos días lo mismo haría con su familia, es decir, con su mujer y sus dos hijos que nacieron en República Dominicana y que nunca habían ido a la hermana nación.
Hace ya algunos meses que un abogado, vinculado a sectores del poder en el país, le presentó a alguien un militar con el rango de coronel del Ejército Nacional que decía que había conseguido millones de pesos con los favores que hacía a gente necesitada haitiana que era deportada y que su interés era regresar a la República Dominicana para trabajar y mantener a su familia.
Como ese militar hay muchos otros que sus actividades ilegales mediante el tráfico de personas, las cuales proyectan como altruistas y de gran solidaridad humana, les ha permitido acumular grandes fortunas, pese a tener rostros de sufrimientos y pobreza.
La pregunta que todo el mundo se hace es si realmente la deportación de haitianos tiene algun impacto en la seguridad nacional o si sólo obedece al de interés de cobrarles un peaje a traves de un negocio ilegal que genera miles de millones de pesos, cuyas victimas pagan cualquier suma en su intento de regreso, lo que constituye una política de Estado que no parece que vaya a contrarrestar la migración ilegal en el país, ya que mientras más son expulsados es mayor la cantidad que entra, dado que a los sacados por la fuerza del territorio nacional se agregan los que siempre buscan irse de las tierras que les vio nacer para probar mejor suerte.
La realidad es que, si bien la deportación de haitianos es un gran negocio legal e ilegal, el fenómeno es propio de todas las instituciones del Estado, el cual tiene profundas implicaciones culturales y que ese tipo de corrupcion data de los tiempos de la colonia.
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JCE entre legalidad e ilegalidad de los partidos políticos cuya principal vocación es la violación de la ley.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) tiene una misión muy especial como órgano responsable de controlar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del país, cuyo escenario gira alrededor de una serie de ilegalidades que no sólo impacta el derecho civil, sino también el penal.
La JCE es un órgano estatal en el que no hay reparos para la comisión de irregularidades muy graves que lesionan el Estado Social Democrático de Derecho en el país, ya que trabaja sobre la base de un principio constitucional que representa el sostén principal de la democracia, como lo es el de elegir y ser elegido.
La cuestión es que todo parece indicar que la Junta Central Electoral tiene que acomodarse a las trampas que regularmente usan los partidos políticos para que los miembros de ese órgano salven su pellejo, dado que su escogencia depende de la decisión del Senado de la República, donde éstos inciden de manera decisiva-
Por esta razón las decisiones de la JCE siempre son acomodadas a la llamada partidocracia, lo que ha erosionado significativamente su credibilidad, máxime que su papel de imparcialidad es un sueño no concretado y que luce quimérico lograrlo.
Son muchas las acciones que comprometen la responsabilidad civil y penal de la Junta Central Electoral, ya que la violación de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 20-23, proviene regularmente de este órgano, que, aunque es de extra poder, la influencia de los que se mueven en seno de los partidos políticos trazan la regla del juego en su terreno de competencia.
La contienda electoral en el país es una especie de carnaval de lo mal hecho, donde se tolera todo, absolutamente todo, desde la falsificación de documentos, compra de votos e ignorancia del mandato constitucional en lo que respecta a la cuota de género, cuya mirada indiferente e incluso de legitimación de la ilegalidad de la JCE se ha vuelto el pan de cada día.
No hay una sola acción de la JCE en contra del manejo poco transparente de los partidos políticos de los fondos que entrega el contribuyente a través del órgano comicial, cuyos fraudes nunca son atacados para de esa forma contrarrestar el hecho de que este tipo de organizaciones se formen, no para fortalecer la democracia, sino para que sus dirigentes se llenen sus bolsillos con dinero del patrimonio público.
La responsabilidad de la JCE en esta materia ha estimulado la creación de una gran cantidad de pequeños partidos, que no sólo buscan ser cómplices de los grandes, sino también servir de bisagra para que el que persigue llegar al control del Estado y depredar el patrimonio público.
Otro detalle que deja claro que la JCE no tiene ninguna vocación de respeto por la legalidad, es su actitud permisiva con las acciones de partidos como el de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno, los tres principales del país, los cuales se pasan los cuatro años entre una elección y otra en permanente campaña proselitista de sus propósitos, a pesar de que las normas sobre la materia lo prohíben.
Sin embargo, donde la JCE le puso la tapa al pomo fue con la elaboración de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes mediante el cual echó por la borda todos los logros que ha tenido el Tribunal Constitucional en lo que respecta al derecho constitucional concentrado.
Este caso fue un ejemplo contundente de que la JCE actúa al servicio de los partidos políticos, ya que la llamada partidocracia ha hecho una oposición cerrada a una jurisprudencia que fortalece los derechos, reglas, valores y principios constitucionales, porque permite mejorar la democracia a través de la presentación de candidaturas de forma directa o indirecta como lo consigna la Constitución de la República.
La componenda de los partidos políticos, el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral han saboteado la mejoría de la democracia nacional al convertirla en más participativa, aunque igual de representativa, lo cual redunda en favor de aumentar los niveles de legitimidad de las autoridades electas del país.
Lo más lamentable de la tolerancia con violación de la ley y la Constitución en lo referente al principio de elegir y ser elegido por parte de la Junta Central Electoral (JCE) es su silencio, ya que independientemente de las críticas que se le hacen, ésta no dice esta boca es mía, lo que descarta alguna posibilidad de rectificación de la conducta exhibida.
El asunto no proyecta ninguna esperanza de cambios en lo que respecta al órgano que juega un papel tan importante en la preservación o construcción de una mejor democracia, sobre todo porque está afectada de un problema integral en el que la piedra angular la constituyen los partidos políticos, que son enemigos de la transparencia y del respeto a la ley.