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Los celulares como obstáculos para una mejor educacion, cuyo fenomeno demanda de su regulacion dentro en las aulas.
Santo Domingo, R.D.-Los dispositivos móviles constituyen un gran obstáculo dentro de las aulas para la mejoria de la educacioon, ya que cuando el profesor intenta explicar una ecuación lineal varios estudiantes miran, embelesados, la pantalla de sus teléfonos, mientras otros revisan mensajes en Instagram o observan un video corto en TikTok., cuya irregularidad no se resuelve con que el docente haga una pausa para pider guardar los celulares y retomar la explicación, porque la historia se repite una u otra vez.
Los alumnos prestan atención por un momento, pero los aparatos pueden más que la pizarra.
La escena, cada vez más común en centros educativos, resume el dilema que ahora intenta abordar el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd): cómo regular el uso de celulares durante las clases.
Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) valora que el Ministerio realizara consultas antes de presentar la propuesta.
No obstante, aclara que la organización no es un ente regulador.
«Las políticas y normativas que rigen el funcionamiento de los centros corresponden al Minerd, y las instituciones educativas [deben] atenerse a los lineamientos que este organismo establezca», señala la entidad al tiempo que agrega que confían en que las medidas que finalmente se adopten, contribuyan a fortalecer los ambientes de aprendizaje y sean de provecho para el país.
El plan que impulsa el Minerd busca establecer normas claras sobre cuándo y cómo estudiantes y docentes pueden utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar. Además, de presentar la iniciativa a los actores del sistema educativo se abrirán diversos canales para recoger sugerencias que enriquezcan el documento.
Aun así, para el exministro de Educación Melanio Paredes la solución a lo que hoy es una realidad cotidiana no puede limitarse a una simple prohibición inspirada en tendencias de otros países.
Paredes propone evaluar cuál es el nivel de uso de dispositivos electrónicos entre los estudiantes, qué contenidos consumen, cuáles son los niveles de acceso a internet de banda ancha y si los docentes utilizan los recursos tecnológicos promovidos por el Ministerio durante la pandemia.
La iniciativa no surge de la nada. Para los profesores, el manejo de los teléfonos móviles se convirtió en un adversario con el que resulta difícil competir.
Dinorah García Romero, exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, también respalda la regulación, aunque considera necesario escuchar la opinión de los jóvenes y promover un debate previo a la aprobación de la medida.
«Hay que tener mucho cuidado para que el estudiante entienda que no se busca limitar su libertad, sino crear condiciones para un aprendizaje efectivo», advierte.
Según la educadora, cualquier regulación debe sustentarse en una propuesta pedagógica que fortalezca tres aspectos: la capacidad de decisión personal del estudiante, la comprensión del sentido de las normas y el desarrollo de aprendizajes que estimulen la creatividad.
García Romero sostiene, además, que los docentes deben revisar sus propias prácticas pedagógicas.
«Muchos estudiantes andan con el aparato porque la escuela es muy aburrida. ¿A qué vas a entrar al aula si lo que vas a encontrar es un profesor con un monólogo que ni siquiera él entiende?», plantea.
Expertos en educación señalan que el debate no se limita a la disciplina escolar. También involucra a las familias.
Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, considera que la regulación se necesita debido al impacto que el uso intensivo de celulares tiene en la atención de niños y adolescentes.
«Hay procesos dentro del sistema educativo que requieren mayor interacción, y el uso constante de celulares ha generado niveles de atención bastante deficientes», explica.
Ordehi advierte además que diversos estudios señalan los efectos del uso excesivo de pantallas en el neurodesarrollo infantil.
«No debería un niño menor de 15 años tener un aparato celular», afirma.
Para la especialista, la clave no está en eliminar los dispositivos, sino en establecer un uso consciente y con objetivos pedagógicos claros.
Esto, añade, requiere fortalecer la alfabetización digital y la formación docente para integrar las tecnologías emergentes como herramientas de apoyo educativo.
La experta también subraya el papel de las familias.
«Pedimos regulación en la escuela, pero muchos padres prefieren mantener a los niños tranquilos frente a una pantalla en casa y no siempre pueden sentarse con ellos a hacer una tarea», comenta.
Al igual que Ordehi, Vilma Gerardo, especialista en Currículo y Evaluación Educativa califica de necesaria esta posible regulación, porque la tecnología es parte del mundo actual.
«Los grandes magnates tecnológicos regulan a sus hijos el uso de esta, por tanto, la escuela no puede estar de espalda a los avances y aportes del uso de herramientas como los celulares; pero tampoco puede permitir un uso sin normas».
La discusión sobre los teléfonos móviles en las escuelas no es exclusiva de la República Dominicana.
Datos de la UNESCO indican que más de 80 países han restringido o prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos. Entre ellos figuran Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y México.Las experiencias internacionales muestran resultados variados. En algunos sistemas, la restricción de celulares mejoró la concentración en las aulas. En otros, las escuelas prefirieron integrar los dispositivos como herramientas de aprendizaje, acompañadas de programas de alfabetización digital.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.