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Los celulares como obstáculos para una mejor educacion, cuyo fenomeno demanda de su regulacion dentro en las aulas.
Santo Domingo, R.D.-Los dispositivos móviles constituyen un gran obstáculo dentro de las aulas para la mejoria de la educacioon, ya que cuando el profesor intenta explicar una ecuación lineal varios estudiantes miran, embelesados, la pantalla de sus teléfonos, mientras otros revisan mensajes en Instagram o observan un video corto en TikTok., cuya irregularidad no se resuelve con que el docente haga una pausa para pider guardar los celulares y retomar la explicación, porque la historia se repite una u otra vez.
Los alumnos prestan atención por un momento, pero los aparatos pueden más que la pizarra.
La escena, cada vez más común en centros educativos, resume el dilema que ahora intenta abordar el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd): cómo regular el uso de celulares durante las clases.
Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) valora que el Ministerio realizara consultas antes de presentar la propuesta.
No obstante, aclara que la organización no es un ente regulador.
«Las políticas y normativas que rigen el funcionamiento de los centros corresponden al Minerd, y las instituciones educativas [deben] atenerse a los lineamientos que este organismo establezca», señala la entidad al tiempo que agrega que confían en que las medidas que finalmente se adopten, contribuyan a fortalecer los ambientes de aprendizaje y sean de provecho para el país.
El plan que impulsa el Minerd busca establecer normas claras sobre cuándo y cómo estudiantes y docentes pueden utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar. Además, de presentar la iniciativa a los actores del sistema educativo se abrirán diversos canales para recoger sugerencias que enriquezcan el documento.
Aun así, para el exministro de Educación Melanio Paredes la solución a lo que hoy es una realidad cotidiana no puede limitarse a una simple prohibición inspirada en tendencias de otros países.
Paredes propone evaluar cuál es el nivel de uso de dispositivos electrónicos entre los estudiantes, qué contenidos consumen, cuáles son los niveles de acceso a internet de banda ancha y si los docentes utilizan los recursos tecnológicos promovidos por el Ministerio durante la pandemia.
La iniciativa no surge de la nada. Para los profesores, el manejo de los teléfonos móviles se convirtió en un adversario con el que resulta difícil competir.
Dinorah García Romero, exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, también respalda la regulación, aunque considera necesario escuchar la opinión de los jóvenes y promover un debate previo a la aprobación de la medida.
«Hay que tener mucho cuidado para que el estudiante entienda que no se busca limitar su libertad, sino crear condiciones para un aprendizaje efectivo», advierte.
Según la educadora, cualquier regulación debe sustentarse en una propuesta pedagógica que fortalezca tres aspectos: la capacidad de decisión personal del estudiante, la comprensión del sentido de las normas y el desarrollo de aprendizajes que estimulen la creatividad.
García Romero sostiene, además, que los docentes deben revisar sus propias prácticas pedagógicas.
«Muchos estudiantes andan con el aparato porque la escuela es muy aburrida. ¿A qué vas a entrar al aula si lo que vas a encontrar es un profesor con un monólogo que ni siquiera él entiende?», plantea.
Expertos en educación señalan que el debate no se limita a la disciplina escolar. También involucra a las familias.
Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, considera que la regulación se necesita debido al impacto que el uso intensivo de celulares tiene en la atención de niños y adolescentes.
«Hay procesos dentro del sistema educativo que requieren mayor interacción, y el uso constante de celulares ha generado niveles de atención bastante deficientes», explica.
Ordehi advierte además que diversos estudios señalan los efectos del uso excesivo de pantallas en el neurodesarrollo infantil.
«No debería un niño menor de 15 años tener un aparato celular», afirma.
Para la especialista, la clave no está en eliminar los dispositivos, sino en establecer un uso consciente y con objetivos pedagógicos claros.
Esto, añade, requiere fortalecer la alfabetización digital y la formación docente para integrar las tecnologías emergentes como herramientas de apoyo educativo.
La experta también subraya el papel de las familias.
«Pedimos regulación en la escuela, pero muchos padres prefieren mantener a los niños tranquilos frente a una pantalla en casa y no siempre pueden sentarse con ellos a hacer una tarea», comenta.
Al igual que Ordehi, Vilma Gerardo, especialista en Currículo y Evaluación Educativa califica de necesaria esta posible regulación, porque la tecnología es parte del mundo actual.
«Los grandes magnates tecnológicos regulan a sus hijos el uso de esta, por tanto, la escuela no puede estar de espalda a los avances y aportes del uso de herramientas como los celulares; pero tampoco puede permitir un uso sin normas».
La discusión sobre los teléfonos móviles en las escuelas no es exclusiva de la República Dominicana.
Datos de la UNESCO indican que más de 80 países han restringido o prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos. Entre ellos figuran Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y México.Las experiencias internacionales muestran resultados variados. En algunos sistemas, la restricción de celulares mejoró la concentración en las aulas. En otros, las escuelas prefirieron integrar los dispositivos como herramientas de aprendizaje, acompañadas de programas de alfabetización digital.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.