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Los celulares como obstáculos para una mejor educacion, cuyo fenomeno demanda de su regulacion dentro en las aulas.
Santo Domingo, R.D.-Los dispositivos móviles constituyen un gran obstáculo dentro de las aulas para la mejoria de la educacioon, ya que cuando el profesor intenta explicar una ecuación lineal varios estudiantes miran, embelesados, la pantalla de sus teléfonos, mientras otros revisan mensajes en Instagram o observan un video corto en TikTok., cuya irregularidad no se resuelve con que el docente haga una pausa para pider guardar los celulares y retomar la explicación, porque la historia se repite una u otra vez.
Los alumnos prestan atención por un momento, pero los aparatos pueden más que la pizarra.
La escena, cada vez más común en centros educativos, resume el dilema que ahora intenta abordar el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd): cómo regular el uso de celulares durante las clases.
Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) valora que el Ministerio realizara consultas antes de presentar la propuesta.
No obstante, aclara que la organización no es un ente regulador.
«Las políticas y normativas que rigen el funcionamiento de los centros corresponden al Minerd, y las instituciones educativas [deben] atenerse a los lineamientos que este organismo establezca», señala la entidad al tiempo que agrega que confían en que las medidas que finalmente se adopten, contribuyan a fortalecer los ambientes de aprendizaje y sean de provecho para el país.
El plan que impulsa el Minerd busca establecer normas claras sobre cuándo y cómo estudiantes y docentes pueden utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar. Además, de presentar la iniciativa a los actores del sistema educativo se abrirán diversos canales para recoger sugerencias que enriquezcan el documento.
Aun así, para el exministro de Educación Melanio Paredes la solución a lo que hoy es una realidad cotidiana no puede limitarse a una simple prohibición inspirada en tendencias de otros países.
Paredes propone evaluar cuál es el nivel de uso de dispositivos electrónicos entre los estudiantes, qué contenidos consumen, cuáles son los niveles de acceso a internet de banda ancha y si los docentes utilizan los recursos tecnológicos promovidos por el Ministerio durante la pandemia.
La iniciativa no surge de la nada. Para los profesores, el manejo de los teléfonos móviles se convirtió en un adversario con el que resulta difícil competir.
Dinorah García Romero, exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, también respalda la regulación, aunque considera necesario escuchar la opinión de los jóvenes y promover un debate previo a la aprobación de la medida.
«Hay que tener mucho cuidado para que el estudiante entienda que no se busca limitar su libertad, sino crear condiciones para un aprendizaje efectivo», advierte.
Según la educadora, cualquier regulación debe sustentarse en una propuesta pedagógica que fortalezca tres aspectos: la capacidad de decisión personal del estudiante, la comprensión del sentido de las normas y el desarrollo de aprendizajes que estimulen la creatividad.
García Romero sostiene, además, que los docentes deben revisar sus propias prácticas pedagógicas.
«Muchos estudiantes andan con el aparato porque la escuela es muy aburrida. ¿A qué vas a entrar al aula si lo que vas a encontrar es un profesor con un monólogo que ni siquiera él entiende?», plantea.
Expertos en educación señalan que el debate no se limita a la disciplina escolar. También involucra a las familias.
Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, considera que la regulación se necesita debido al impacto que el uso intensivo de celulares tiene en la atención de niños y adolescentes.
«Hay procesos dentro del sistema educativo que requieren mayor interacción, y el uso constante de celulares ha generado niveles de atención bastante deficientes», explica.
Ordehi advierte además que diversos estudios señalan los efectos del uso excesivo de pantallas en el neurodesarrollo infantil.
«No debería un niño menor de 15 años tener un aparato celular», afirma.
Para la especialista, la clave no está en eliminar los dispositivos, sino en establecer un uso consciente y con objetivos pedagógicos claros.
Esto, añade, requiere fortalecer la alfabetización digital y la formación docente para integrar las tecnologías emergentes como herramientas de apoyo educativo.
La experta también subraya el papel de las familias.
«Pedimos regulación en la escuela, pero muchos padres prefieren mantener a los niños tranquilos frente a una pantalla en casa y no siempre pueden sentarse con ellos a hacer una tarea», comenta.
Al igual que Ordehi, Vilma Gerardo, especialista en Currículo y Evaluación Educativa califica de necesaria esta posible regulación, porque la tecnología es parte del mundo actual.
«Los grandes magnates tecnológicos regulan a sus hijos el uso de esta, por tanto, la escuela no puede estar de espalda a los avances y aportes del uso de herramientas como los celulares; pero tampoco puede permitir un uso sin normas».
La discusión sobre los teléfonos móviles en las escuelas no es exclusiva de la República Dominicana.
Datos de la UNESCO indican que más de 80 países han restringido o prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos. Entre ellos figuran Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y México.Las experiencias internacionales muestran resultados variados. En algunos sistemas, la restricción de celulares mejoró la concentración en las aulas. En otros, las escuelas prefirieron integrar los dispositivos como herramientas de aprendizaje, acompañadas de programas de alfabetización digital.
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Bebé ultimada en San Cristóbal sufrió fractura, edema cerebral y mordeduras, según autopsia.
Santo Domingo, R.D.-La autopsia del INACIF practicada a la bebé de ocho meses que murió la madrugada del 19 de abril en la provincia San Cristóbal revela fractura craneal, hemorragia cerebral y huellas de mordedura humana en distintas partes del cuerpo.
El informe forense, presentado por el Ministerio Público, determinó que la menor, Lauren Bonilla, falleció a causa del «Síndrome del Niño Maltratado«, tras sufrir una muerte violenta y rápida de etiología médico legal homicida.
Por el hecho, el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la hija de su pareja.
La autopsia también reveló que la infante sufrió fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.
En un comunicado, el Ministerio Público indica que el hecho ocurrió en una vivienda del sector Jeringa, en la referida provincia, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la niña, Laudry Bonilla, de 22 años.
Según el expediente, Carmona Pinales habría levantado a la bebé por el cuello mientras dormía y posteriormente la colocó nuevamente en la cama al notar que era observado por la madre. Minutos después, la mujer detectó que la pequeña se encontraba mal de salud y la trasladó a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.
La mañana del 23 de abril, mientras Bonilla se disponía a interponer una querella contra Carmona Pinales en la Fiscalía de San Cristóbal por la muerte de su hija, relató ante las cámaras de Diario Libre que a pesar de que mantenía una relación reciente con el acusado y nunca imaginó que pudiera agredir a su hija, al tiempo que pidió justicia por la muerte.
Asimismo, contó que el día del hecho, la menor se encontraba durmiendo y que, mientras ella se disponía a bañarse, encontró en la habitación a su pareja sosteniendo a la bebé por el cuello.
«La puso en la cama para que yo viera que a mi bebé no le había pasado nada», recordó.
Sin embargo, al tomar a la niña, notó que algo no estaba bien. En medio de la desesperación, afirmó que el hombre le quitó a la bebé y salió de la habitación, y le echó agua en la cabeza.
La madre explicó que en ese momento buscaron ayuda y que, cuando llegaron al hospital, la bebé ya no tenía signos vitales.
Bonilla también denunció que el acusado intentó que ella declarara en el hospital que la niña se había caído de la cama, versión que ella negó.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Carmona Pinales fue fijada para mañana, 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Santo Domingo, R.D.-El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) implementará con el Gabinete de Transporte, junto a la Asociación de Colegios Privados, un plan en el sector para mitigar los taponamientos en las principales vías.
Durante el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio, el director de la Institución Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, dio a conocer este acuerdo con los colegios privados como una de las medidas para disminuir los tapones en el Distrito Nacional.
“Estamos viendo cómo incluimos a los colegios privados en un piloto para el tema del transporte escolar, porque se ha detectado que uno de los elementos que más contribuye al congestionamiento del tránsito en la mañana es la cantidad de colegios que tenemos en puntos estratégicos”, manifestó.
El TRAE es el servicio de transporte escolar diseñado e implementado por el presidente Luis Abinader, para garantizar la llegada y salida de los estudiantes a los centros educativos y así estos estén resguardados de manera segura.
Los recorridos de este transporte inician desde las 6:00 a 8:00 de la mañana. De 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.
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Tráfico ilicito de migrantes en Santiago lleva a tribunal a condenar a 10 años de prisión a tres hombres.
Santo Domingo, R.D.-A diez años de prisión condenó el Cuarto Tribunal de Santiago a tres hombres tras ser encontrados culpables de tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos en un hecho ocurrido en enero de 2023 en el municipio San José de las Matas.
El tribunal dispuso que Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia (Dany) cumplan la pena impuesta en la cárcel de Rafey de esa jurisdicción.
El grupo fue hallado culpable de asociarse para intentar transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluyendo a dos niños.
En la audiencia, la fiscal había pedido al tribunal declarar culpable a los imputados de incurrir en violación de los artículos 1 letra F y 2 párrafo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.
La acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 19 de enero del año 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas, cuando una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que fue ignorada por los malhechores, quienes emprendiendo la huida, lo que originó una persecución que terminó con la captura de ambos.
Al profundizar en su investigación, el Ministerio Público identificó y arrestó a José Luis Familia, quien lideraba la estructura criminal, teniendo a su cargo cobrar el dinero a los inmigrantes y coordinar el transporte ilegal de los mismos en territorio dominicano.