De portada
La falta de planes y la improvisación son dos flagelos que en materia de agua y de terremotos podrían acabar con el país.
Por Elba García
La falta de planificación estratégica y el predominio de la improvisación son dos de las más grandes amenazas que se ciernen sobre el país, cuyas debilidades impactan peligrosamente el medio ambiental a través de lo que podría ser una fuerte escasez de agua y la vulnerabilidad del territorio nacional ante la ocurrencia de un terremoto de alta magnitud.
En los actuales momentos frente a la escasez de agua, cuyo preciado líquido no llega a amplios sectores del territorio nacional y donde se ofrece el servicio presenta una precariedad que en cierto modo refleja la falta de políticas públicas para preservar las cuencas acuíferas que tiene el país, lo que ha generado un debate sobre un tema que debió trabajarse con muchos años de antelación.
Los expertos en la materia han podido establecer que la República Dominicana tiene una reserva estimada de 25,000 millones de metros cúbicos (m3) de agua al año en sus diferentes cuencas, pero que de esa cantidad un poco más del 50 % ya está comprometida en los diferentes usos, mientras que el 7 % está regulado.
José Raúl Pérez Durán, ingeniero hidráulico
De acuerdo a lo investigado, el país tiene cuencas que sólo poseen un 20 % de su reserva y se proyecta que en 30 años se agotará la disponibilidad del líquido, según advirtió José Raúl Pérez, director de Planificación y Desarrollo Hídrico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) durante un panel organizado por la Universidad Apec.
Las zonas con más disponibilidad de recursos son: Yaque del Norte, con 2,905.46 millones de m3 al año; Atlántica (4,634.73 mm), Yuna (3,600.96 mm), Ozama (3,125.95 mm), Ozama-Nizao (4,459.08 mm) y Yaque del Sur (4,771.51 mm).
Estos detalles fueron debatidos por especialistas de diferentes áreas e instituciones, quienes compartieron criterios y abordaron la importancia de que el Gobierno y legisladores aprueben el proyecto de Ley del Agua, a fin de que la República Dominicana pueda administrar adecuadamente el líquido, esencial para la continuidad de la vida en la tierra.
En el panel del «Anteproyecto de la ley del agua en la República Dominicana», organizado por la cátedra Unesco de Gestión Sostenible del Agua de Apec, los especialistas también instaron a la población a que se interese en el tema, mucho más allá de la temporada de escasez, que es el tiempo en que la población se preocupa por el agua.
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI
El ejecutivo del Indrhi alertó que sólo en uso de riego se consumen unos 7,000 millones de metros cúbicos, una cifra elevada en comparación con la reserva que tiene la República Dominicana.
Advirtió de la necesidad de regulación del líquido, porque, de lo contario, «habrá una crisis sin solución».
El exdirector de esa entidad y actual coordinador de la Gestión de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Silvio Carrasco, sostuvo que en el país está la creencia de que hay mucha agua, pero que en realidad no es así y citó que de los 25,000 millones de m3 del liquido al año, sólo está regulado el 7 %, cuando debería ser un 30 %.
Ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Silvio Carrasco
Sostuvo que el país no tiene la capacidad para alertar sobre los cambios de frecuencia de las lluvias, por lo que se impone tener una ley de agua, aunque no sea la perfecta, a fin de resolver tres problemas, como es el de gobernanza, administración y de planificación.
En el panel se advirtió que el agua es cada vez menos en el Gran Santo Domingo y que en el país se requiere de la construcción de 60 presas.
En el país se estila mucho sugerir o crear mesas de discusión que casi nunca llegan a nada, aunque no se puede subestimar su importancia y tal vez lo que se debe ponderar es que en la República Dominicana existe la conducta de dejar todo para después y discutir mucho y hacer poco.
El problema reviste tal gravedad que se reporta que en los últimos 30 años, según estudios y expertos, se ha detectado la desaparición o mermados de sus cauces más de 350 ríos, arroyos, cañadas y humedales y vistos disminuir el caudal de todos, lo que pone en peligro de extinción de las fuentes acuíferas primarias de aguas dulces en todo el territorio nacional.
Esto comparado con las demandas mínimas de los años 90 del preciado líquido, hoy 30 años después se ha incrementado exponencialmente por el desarrollo de grandes urbanizaciones, condominios y centros comerciales y turísticos.
Hace tiempo que se veía venir una escasez de agua de consecuencias irreversibles por la falta de controles en el uso, por causa de la deforestación de las principales cuencas hidrográficas, causadas por la tala de árboles de las altas montañas para cultivar esos predios, la ocurrencia de incendios forestales provocados, la extracción de minas de los ríos, el conuquismo, los asentamientos humanos y la falta de una política efectiva de los gobiernos para controlar dichos factores.
No sólo han desaparecido entre 600 y 650 ríos y arroyos en República Dominicana que han sido convertidos en caminos de piedras y arenas, sino que, de los 16 ríos más grandes, cuatro están contaminados, estos son: La Isabela, Ozama, Higuamo y río Haina. Los demás ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, Yuna, Camú, Mao, Artibonito, Yabonico, Soco, Chacón, Yuma, Macasia, Guayubín y Maguaca, cuyos caudales están muy disminuidos.
La disponibilidad hídrica nacional proyectada por el INDRHI en el 2010 para el año 2025 fue de 25,472.04 M3/año y la demanda proyectada para el mismo periodo fue de 13,724.85 M3/año
Sin embargo, la demanda de agua nacional en la actualidad es de 2,400 M3/año por habitante, equivalente a (2,400 por 11,12 millones de habitantes), igual a 26,688.13 M3 por año, reflejándose un déficit de 1,200 M3 por año si se mantuvieran las mismas disponibilidades de agua según estudios del 2010.
Otros factores que citan los expertos que se pueden mencionar son el cambio climático y el calentamiento global que han impactado de manera negativa los ríos con el paso de fenómenos naturales, como los ciclones y huracanes, como fueron la tormenta Tropical Olga en diciembre del 2007; el huracán George en 1998 con viento de hasta 250 Km por hora, que causó daños por más de U$5,900 millones de dólares.
En los últimos años ocurren con mayor frecuencia, huracanes como: Fiona, Ian, Nicole, Lisa, Julia, Earl y Humberto. Fiona ocurrido 24/09/2022 produjo grandes devastaciones y pérdidas en viviendas y cultivos.
Algunos de los ríos desaparecidos o que han disminuido sus cauces, que constituyen una catástrofe ecológica son EL Yubaso y la agonía del Nigua en San Cristóbal, El Tenguerengue, Pedro Corto, Arroyo Loro y San Juan (caudal disminuido), el Sanate en Higüey, la Cocinera en Las Matas de Farfán, Ocoa, Cañada honda, Agua Hedionda, Blanco Largo, entre otros
Lo penoso es que la República Dominicana no cuenta con un inventario que identifique la situación de los ríos, arroyos y cañadas, tampoco cuenta con una ley del agua.
El ministerio de Medio Ambiente en coordinación con las alcaldías de distritos, municipios y provincias debería hacer ese trabajo tan importante para el país.
Esta situación hace más preocupante la escasez de agua que sufre el país a nivel nacional, que impacta de manera negativa la generación de enfermedades y en la disminución de la calidad de vida de la población.
Esta crisis en el suministro de agua a la población representa un reto para el gobierno del PRM y el sistema de salud e higiene, la producción de alimentos y la necesidad de generar acciones en la aplicación de políticas públicas que vayan en la protección del recurso agua.
Ha llegado el tiempo de que se suspenda la extracción de grava y arena de los ríos, que se regula el vaciado de desechos contaminantes en cañadas, ríos y mares y de la protección de las montañas que producen el agua dulce, que se controlen los incendios forestales, la tala de árboles indiscriminada, el conuquismo, el uso de suelo productivo para la construcción de viviendas y evitar que las áreas aledañas a los ríos, cañadas y arroyos sean invadidas por oleadas humanas (que contaminan el agua y asolan sus sistemas y biodiversidad).
Es una imperiosa necesidad establecer controles en el uso del agua y supervisar la calidad de ésta y se necesita con urgencia crear más embalses porque la poca agua que se produce en el país va a parar a los océanos, ya que a lo que más puede aspirar la nación en esta sequía, es exhortar a la población a economizar el agua, no a nada más
De portada
El Congreso y los partidos políticos asumen actitud de fuerza en violación de la Constitución, del TC y del estado de derecho.
Por José Cabral
El Senado de la República Dominicana aprobó unínimente en primera y ahora en una segunda lectura, pero con algunos votos en contra, un proyecto de ley que busca eliminar los artículos 156,157 y 158 de la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral, el cual pasa a la Camara de Diputados, pero de antemano con el aval de los legisladores del partido oficial, que son la mayoria en ese hemicible, cuyo propósito es sepultar o sumergir en el olvido la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone mediante una interpretación de la norma constitucional la doble vía para participar en el control y la dirección del Estado.
La sentencia interpretativa aditiva TCF/0788/24 fundamentada en el principio de legalidad y de juridicidad y en el articulo 22 de la Constitución, que dispone la vía directa o indirecta, es decir, ciudadana y o de los partidos politicos para la presentacion de candidaturas a cargos electivos para la direccion del Estado, ha generado reacciones contrarias a la labor en esta materia del TC, ya que incluso los legisladores, con más miedo que vergüenza, consideran que este órgano extra poder se excedió porque ha entrado en el terreno del legislador positivo para emitir una decisión que en su opinión pone en peligro el sistema de partidos en la República Dominicana.
Las candidaturas independientes, que no han sido un invento del Tribunal Constitucional, ya que son encontradas en el régimen legal de la nación desde el año 1926, cuyo fundamento era muy cuestionado porque su texto vulneraba la Constitución de la República, pero en el 2024 fue impactada por la labor de la alta corte mediante el proceso de constitucionalización que vive el derecho dominicano.
El asunto ha implicado que tome mucha fuerza la confrontación entre el derecho y la política, la última de las cuales tiene el control del poder público y en consecuencia podría echar a perder los avances que ha tenido el país en lo que respecta al Estado Social y Democrático y de Derecho que consigna la carta magna en su artículo 7.
Las candidaturas independientes, de acuerdo a los diputados y senadores, en estos momentos representan una amenaza para los partidos políticos porque se observa que pueden por esta vía ser desplazados del poder, naturalmente, aunque todo va a depender de cómo se asuma la figura, ya que ante la grave crisis de valores y del liderazgo nacional la sociedad podría sufrir serias distorsiones que pongan en peligro la vulnerable democracia que prevalece en el país.
El problema que representan las candidaturas independientes, siempre de acuerdo con la partidocracia, es que pone en peligro su existencia, cuya actitud de fuerza no sólo impacta peligrosamente la precaria institucionalidad de la República Dominicana, sino también los derechos fundamentales que están seriamente amenazados de que su violación tome mayor cuerpo, sobre todo a partir de las dudas que dejan las autoridades nacionales ante la pérdida de su legitimidad con elecciones en las que cantidad de votantes es prácticamente irrelevante cada cuatro años.
La falta de credibilidad de los partidos se vuelve tan importante que en las encuestas que salen regularmente en el país su bajo nivel de aceptación popular disminuye como si el votante ya se resistiera a darle apoyo a estas organizaciones para que controlen y dirijan un Estado que permanente se vuelve más incapaz para resolver los problemas nacionales.
El descrédito de la llamada partidocracia requiere de la creación de alguna válvula de escape de una sociedad en la que los problemas de la violencia, el tránsito, el alto costo de la vida, la deuda pública, incluida la per cápita, la educación, la salud, el sistema eléctrico nacional sólo tienen solución en los discursos y las mentes de los actores de la vida política nacional, lo que ha dado paso a las candidaturas independientes como una vía de darle oxígeno a un sistema que está al borde de la muerte y cuya salida está consignada constitucionalmente para mejorar la democracia nacional al hacerla más participativa sobre la base del derecho fundamental de elegir y ser elegido a partir del mandato de la ley sustantiva de la nación a través de su artículo 22 y 216, que consignan que la participación electoral puede ser directa o indirecta, es decir, a través de los ciudadanos o de los partidos políticos.
Las candidaturas independientes es una figura jurídica que no es extraña al derecho internacional comparado, como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, cuyo artículo 23 habla claro sobre los derechos ciudadanos, entre los que cita el de elegir y ser elegido, de manera que tanto en el derecho interno como en el externo es un derecho que no está en cuestionamiento.
La disputa en la República Dominicana en esta materia traslada la nación a los tiempos de las cavernas, porque el proceso de constitucionalización del derecho tiene su origen en el país en la Constitución del 2010, la cual se sustenta en los derechos fundamentales y cuya base legal de la facultad interpretativa del Tribunal Constitucional descansa en la Ley 137-11, Orgánica del TC, ya que su artículo 47 le da la fuerza para desarrollar la labor que se ha buscado cuestionar, pero de igual modo lo autoriza el 184 y 185 de la ley suprema de la nación.
Las candidaturas independientes han traído consigo un cuestionamiento al Tribunal Constitucional que no tiene asidero ni justificación desde el marco legal, ya que tiene la facultad que se le ha querido cuestionar, dado que cuando este órgano extra poder sienta alguna jurisprudencia, la cual es irrevocable y vinculante como la de la especie, pasa de ser de legislador negativo a positivo porque la misma es de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos y los ciudadanos.
Otro detalle importante en esta disputa es que el Tribunal Constitucional es el único autorizado para interpretar aquellas normas que violan o que están ajustadas a la carta magna como en el presente caso, pero que esa función pueden hacerla los senadores y diputados sólo en su labor legislativa, sin que la misma sea definitiva y vinculante, dado que esa facultad sólo la tiene la alta corte.
La facultad del Tribunal Constitucional ya no es sólo del dominicano, sino que es una atribución que tiene este tipo de corte en todo el derecho internacional comparado y que va desde el continente europeo hasta naciones de otros lugares del mundo que asimilaron las enseñanzas en esta materia del gran filósofo y jurista australiano Hans Kelsen.
La actitud ilegal y de fuerza de los partidos políticos en contra de las candidaturas independientes y de igual modo de algunas instancias del poder público como la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, se constituye en una causa más para que el sistema institucional de la nación corra mayores peligros y pueda colapsar definitivamente, porque por ahí se crea un cuestionamiento que no tiene ninguna base de sustentación legal y que proyecta la idea de que las mafias que se mueven en el escenario electoral no creen en la ley y en la regla del juego democrático.
La aprobación de una ley que modifique o cambie lo ya decidido por el Tribunal Constitucional como lo pretenden los diputados y senadores conllevaría la presentación ante el mismo órgano extra poder de una nueva acción directa de inconstitucionalidad para declarar su nulidad y hacer valer una jurisprudencia sentada por la alta corte sobre las candidaturas independientes, la cual no hay forma posible de borrarla o eliminarla del derecho nacional, a menos que no sea a través de una figura para la que no se dan las condiciones para que se aplique en el presente caso.
La introducción en el Senado del proyecto de ley para intentar eliminar las candidaturas independientes es un esfuerzo perdido que no va a surtir ningún efecto desde el punto de vista jurídico, aunque sí político y en lo que respecta a la credibilidad y la sepultura social de los que pretenden ser ley batuta y constitución sin tener la autoridad para ello.
De portada
Deportación de haitianos es de los más grandes negocios de los sectores que la ejecutan desde dentro del gobierno.
Por Elba García
Las autoridades nacionales sistemáticamente anuncian el apresamiento y deportación de miles haitianos en la República Dominicana como parte de un plan que, si bien tiene un profundo contenido político y racial, también económico, cuyas ganancias son cuantiosas e inmedibles para los sectores que se mueven en ese mundo de la ilegalidad.
Permanentemente la Dirección General de Inmigración (DGM) informa de la detención para luego proceder a la deportación de ciudadanos de la vecina nación, pero no existe la seguridad de cuántos son realmente expulsados y qué cantidad entra de nuevo al territorio nacional a través del pago de peajes a los cuerpos de seguridad que tienen la misión de resguardar la frontera.
El cobro para el regreso de los deportados cuando asi ocurre, ya que el asunto muchas veces se soluciona antes de la medida de sacarlos del pais, mediante el cobro exigido a las victimas de la politica en este sentido, que involucra cantidades impresionantes de dinero, cuya mafia, conformada por militares que van a la frontera psicológicamente preparados para hacer fortunas en vez de buscar fortalecer la seguridad nacional.
Hay casos que confirman que el negocio de la deportación de haitianos tiene perfiles preocupantes como se puede observar con lo ocurre a través de los propios consulados dominicanos en el vecino país, donde los ocupantes de la posición de cónsules venden visas a razón de 500 dólares por cada interesado.
La tarifa para tener derecho al regreso de los deportados asciende a una cantidad que comienza en 25 mil pesos, monto aproximado a la tarifa que tienen los consulados dominicanos en Haití para vender la visa a los que han corrido la mala suerte de ser enviados a su lugar de origen.
Siempre se ha dicho que por la frontera entra de todo, desde haitianos ilegales hasta mujeres que se dedican a la prostitución y cargamentos de drogas, incluso, con destinos internacionales como los Estados Unidos y otros lugares del mundo.
Sin embargo, el más constante, es decir, del diario vivir y que representa una gran industria de la ilegalidad es el tráfico humano, principalmente de aquellos que buscan salir de su lar nativo en su interés de tener mejor suerte a través de la venta de su fuerza de trabajo en el exterior.
Es común y corriente escuchar de voz de los propios protagonistas del drama de la deportación que regresaron porque pagaron 25 ó 35 mil pesos para cruzar la frontera hacia la República Dominicana, aunque en este contexto hay casos emblemáticos como el de un haitiano con dos hijos menores y su mujer que fueron víctimas de una incursión nocturna en su vivienda en Santiago por agentes de Migración, quienes le pusieron como condición pagar 150 mil pesos para no deportarlos, pero como éste no tenía esa cantidad fueron subidos en un camión y dejados a su suerte del otro de la frontera.
El ciudadano haitiano explicó que logró regresar solo a los pocos días, tras pagar la cantidad de 35 mil pesos a los que tienen la misión de vigilar la frontera y que en los próximos días lo mismo haría con su familia, es decir, con su mujer y sus dos hijos que nacieron en República Dominicana y que nunca habían ido a la hermana nación.
Hace ya algunos meses que un abogado, vinculado a sectores del poder en el país, le presentó a alguien un militar con el rango de coronel del Ejército Nacional que decía que había conseguido millones de pesos con los favores que hacía a gente necesitada haitiana que era deportada y que su interés era regresar a la República Dominicana para trabajar y mantener a su familia.
Como ese militar hay muchos otros que sus actividades ilegales mediante el tráfico de personas, las cuales proyectan como altruistas y de gran solidaridad humana, les ha permitido acumular grandes fortunas, pese a tener rostros de sufrimientos y pobreza.
La pregunta que todo el mundo se hace es si realmente la deportación de haitianos tiene algun impacto en la seguridad nacional o si sólo obedece al de interés de cobrarles un peaje a traves de un negocio ilegal que genera miles de millones de pesos, cuyas victimas pagan cualquier suma en su intento de regreso, lo que constituye una política de Estado que no parece que vaya a contrarrestar la migración ilegal en el país, ya que mientras más son expulsados es mayor la cantidad que entra, dado que a los sacados por la fuerza del territorio nacional se agregan los que siempre buscan irse de las tierras que les vio nacer para probar mejor suerte.
La realidad es que, si bien la deportación de haitianos es un gran negocio legal e ilegal, el fenómeno es propio de todas las instituciones del Estado, el cual tiene profundas implicaciones culturales y que ese tipo de corrupcion data de los tiempos de la colonia.
De portada
JCE entre legalidad e ilegalidad de los partidos políticos cuya principal vocación es la violación de la ley.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) tiene una misión muy especial como órgano responsable de controlar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del país, cuyo escenario gira alrededor de una serie de ilegalidades que no sólo impacta el derecho civil, sino también el penal.
La JCE es un órgano estatal en el que no hay reparos para la comisión de irregularidades muy graves que lesionan el Estado Social Democrático de Derecho en el país, ya que trabaja sobre la base de un principio constitucional que representa el sostén principal de la democracia, como lo es el de elegir y ser elegido.
La cuestión es que todo parece indicar que la Junta Central Electoral tiene que acomodarse a las trampas que regularmente usan los partidos políticos para que los miembros de ese órgano salven su pellejo, dado que su escogencia depende de la decisión del Senado de la República, donde éstos inciden de manera decisiva-
Por esta razón las decisiones de la JCE siempre son acomodadas a la llamada partidocracia, lo que ha erosionado significativamente su credibilidad, máxime que su papel de imparcialidad es un sueño no concretado y que luce quimérico lograrlo.
Son muchas las acciones que comprometen la responsabilidad civil y penal de la Junta Central Electoral, ya que la violación de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 20-23, proviene regularmente de este órgano, que, aunque es de extra poder, la influencia de los que se mueven en seno de los partidos políticos trazan la regla del juego en su terreno de competencia.
La contienda electoral en el país es una especie de carnaval de lo mal hecho, donde se tolera todo, absolutamente todo, desde la falsificación de documentos, compra de votos e ignorancia del mandato constitucional en lo que respecta a la cuota de género, cuya mirada indiferente e incluso de legitimación de la ilegalidad de la JCE se ha vuelto el pan de cada día.
No hay una sola acción de la JCE en contra del manejo poco transparente de los partidos políticos de los fondos que entrega el contribuyente a través del órgano comicial, cuyos fraudes nunca son atacados para de esa forma contrarrestar el hecho de que este tipo de organizaciones se formen, no para fortalecer la democracia, sino para que sus dirigentes se llenen sus bolsillos con dinero del patrimonio público.
La responsabilidad de la JCE en esta materia ha estimulado la creación de una gran cantidad de pequeños partidos, que no sólo buscan ser cómplices de los grandes, sino también servir de bisagra para que el que persigue llegar al control del Estado y depredar el patrimonio público.
Otro detalle que deja claro que la JCE no tiene ninguna vocación de respeto por la legalidad, es su actitud permisiva con las acciones de partidos como el de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno, los tres principales del país, los cuales se pasan los cuatro años entre una elección y otra en permanente campaña proselitista de sus propósitos, a pesar de que las normas sobre la materia lo prohíben.
Sin embargo, donde la JCE le puso la tapa al pomo fue con la elaboración de un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes mediante el cual echó por la borda todos los logros que ha tenido el Tribunal Constitucional en lo que respecta al derecho constitucional concentrado.
Este caso fue un ejemplo contundente de que la JCE actúa al servicio de los partidos políticos, ya que la llamada partidocracia ha hecho una oposición cerrada a una jurisprudencia que fortalece los derechos, reglas, valores y principios constitucionales, porque permite mejorar la democracia a través de la presentación de candidaturas de forma directa o indirecta como lo consigna la Constitución de la República.
La componenda de los partidos políticos, el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral han saboteado la mejoría de la democracia nacional al convertirla en más participativa, aunque igual de representativa, lo cual redunda en favor de aumentar los niveles de legitimidad de las autoridades electas del país.
Lo más lamentable de la tolerancia con violación de la ley y la Constitución en lo referente al principio de elegir y ser elegido por parte de la Junta Central Electoral (JCE) es su silencio, ya que independientemente de las críticas que se le hacen, ésta no dice esta boca es mía, lo que descarta alguna posibilidad de rectificación de la conducta exhibida.
El asunto no proyecta ninguna esperanza de cambios en lo que respecta al órgano que juega un papel tan importante en la preservación o construcción de una mejor democracia, sobre todo porque está afectada de un problema integral en el que la piedra angular la constituyen los partidos políticos, que son enemigos de la transparencia y del respeto a la ley.