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La falta de planes y la improvisación son dos flagelos que en materia de agua y de terremotos podrían acabar con el país.
Por Elba García
La falta de planificación estratégica y el predominio de la improvisación son dos de las más grandes amenazas que se ciernen sobre el país, cuyas debilidades impactan peligrosamente el medio ambiental a través de lo que podría ser una fuerte escasez de agua y la vulnerabilidad del territorio nacional ante la ocurrencia de un terremoto de alta magnitud.
En los actuales momentos frente a la escasez de agua, cuyo preciado líquido no llega a amplios sectores del territorio nacional y donde se ofrece el servicio presenta una precariedad que en cierto modo refleja la falta de políticas públicas para preservar las cuencas acuíferas que tiene el país, lo que ha generado un debate sobre un tema que debió trabajarse con muchos años de antelación.
Los expertos en la materia han podido establecer que la República Dominicana tiene una reserva estimada de 25,000 millones de metros cúbicos (m3) de agua al año en sus diferentes cuencas, pero que de esa cantidad un poco más del 50 % ya está comprometida en los diferentes usos, mientras que el 7 % está regulado.
José Raúl Pérez Durán, ingeniero hidráulico
De acuerdo a lo investigado, el país tiene cuencas que sólo poseen un 20 % de su reserva y se proyecta que en 30 años se agotará la disponibilidad del líquido, según advirtió José Raúl Pérez, director de Planificación y Desarrollo Hídrico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) durante un panel organizado por la Universidad Apec.
Las zonas con más disponibilidad de recursos son: Yaque del Norte, con 2,905.46 millones de m3 al año; Atlántica (4,634.73 mm), Yuna (3,600.96 mm), Ozama (3,125.95 mm), Ozama-Nizao (4,459.08 mm) y Yaque del Sur (4,771.51 mm).
Estos detalles fueron debatidos por especialistas de diferentes áreas e instituciones, quienes compartieron criterios y abordaron la importancia de que el Gobierno y legisladores aprueben el proyecto de Ley del Agua, a fin de que la República Dominicana pueda administrar adecuadamente el líquido, esencial para la continuidad de la vida en la tierra.
En el panel del «Anteproyecto de la ley del agua en la República Dominicana», organizado por la cátedra Unesco de Gestión Sostenible del Agua de Apec, los especialistas también instaron a la población a que se interese en el tema, mucho más allá de la temporada de escasez, que es el tiempo en que la población se preocupa por el agua.
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI
El ejecutivo del Indrhi alertó que sólo en uso de riego se consumen unos 7,000 millones de metros cúbicos, una cifra elevada en comparación con la reserva que tiene la República Dominicana.
Advirtió de la necesidad de regulación del líquido, porque, de lo contario, «habrá una crisis sin solución».
El exdirector de esa entidad y actual coordinador de la Gestión de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Silvio Carrasco, sostuvo que en el país está la creencia de que hay mucha agua, pero que en realidad no es así y citó que de los 25,000 millones de m3 del liquido al año, sólo está regulado el 7 %, cuando debería ser un 30 %.
Ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Silvio Carrasco
Sostuvo que el país no tiene la capacidad para alertar sobre los cambios de frecuencia de las lluvias, por lo que se impone tener una ley de agua, aunque no sea la perfecta, a fin de resolver tres problemas, como es el de gobernanza, administración y de planificación.
En el panel se advirtió que el agua es cada vez menos en el Gran Santo Domingo y que en el país se requiere de la construcción de 60 presas.
En el país se estila mucho sugerir o crear mesas de discusión que casi nunca llegan a nada, aunque no se puede subestimar su importancia y tal vez lo que se debe ponderar es que en la República Dominicana existe la conducta de dejar todo para después y discutir mucho y hacer poco.
El problema reviste tal gravedad que se reporta que en los últimos 30 años, según estudios y expertos, se ha detectado la desaparición o mermados de sus cauces más de 350 ríos, arroyos, cañadas y humedales y vistos disminuir el caudal de todos, lo que pone en peligro de extinción de las fuentes acuíferas primarias de aguas dulces en todo el territorio nacional.
Esto comparado con las demandas mínimas de los años 90 del preciado líquido, hoy 30 años después se ha incrementado exponencialmente por el desarrollo de grandes urbanizaciones, condominios y centros comerciales y turísticos.
Hace tiempo que se veía venir una escasez de agua de consecuencias irreversibles por la falta de controles en el uso, por causa de la deforestación de las principales cuencas hidrográficas, causadas por la tala de árboles de las altas montañas para cultivar esos predios, la ocurrencia de incendios forestales provocados, la extracción de minas de los ríos, el conuquismo, los asentamientos humanos y la falta de una política efectiva de los gobiernos para controlar dichos factores.
No sólo han desaparecido entre 600 y 650 ríos y arroyos en República Dominicana que han sido convertidos en caminos de piedras y arenas, sino que, de los 16 ríos más grandes, cuatro están contaminados, estos son: La Isabela, Ozama, Higuamo y río Haina. Los demás ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, Yuna, Camú, Mao, Artibonito, Yabonico, Soco, Chacón, Yuma, Macasia, Guayubín y Maguaca, cuyos caudales están muy disminuidos.
La disponibilidad hídrica nacional proyectada por el INDRHI en el 2010 para el año 2025 fue de 25,472.04 M3/año y la demanda proyectada para el mismo periodo fue de 13,724.85 M3/año
Sin embargo, la demanda de agua nacional en la actualidad es de 2,400 M3/año por habitante, equivalente a (2,400 por 11,12 millones de habitantes), igual a 26,688.13 M3 por año, reflejándose un déficit de 1,200 M3 por año si se mantuvieran las mismas disponibilidades de agua según estudios del 2010.
Otros factores que citan los expertos que se pueden mencionar son el cambio climático y el calentamiento global que han impactado de manera negativa los ríos con el paso de fenómenos naturales, como los ciclones y huracanes, como fueron la tormenta Tropical Olga en diciembre del 2007; el huracán George en 1998 con viento de hasta 250 Km por hora, que causó daños por más de U$5,900 millones de dólares.
En los últimos años ocurren con mayor frecuencia, huracanes como: Fiona, Ian, Nicole, Lisa, Julia, Earl y Humberto. Fiona ocurrido 24/09/2022 produjo grandes devastaciones y pérdidas en viviendas y cultivos.
Algunos de los ríos desaparecidos o que han disminuido sus cauces, que constituyen una catástrofe ecológica son EL Yubaso y la agonía del Nigua en San Cristóbal, El Tenguerengue, Pedro Corto, Arroyo Loro y San Juan (caudal disminuido), el Sanate en Higüey, la Cocinera en Las Matas de Farfán, Ocoa, Cañada honda, Agua Hedionda, Blanco Largo, entre otros
Lo penoso es que la República Dominicana no cuenta con un inventario que identifique la situación de los ríos, arroyos y cañadas, tampoco cuenta con una ley del agua.
El ministerio de Medio Ambiente en coordinación con las alcaldías de distritos, municipios y provincias debería hacer ese trabajo tan importante para el país.
Esta situación hace más preocupante la escasez de agua que sufre el país a nivel nacional, que impacta de manera negativa la generación de enfermedades y en la disminución de la calidad de vida de la población.
Esta crisis en el suministro de agua a la población representa un reto para el gobierno del PRM y el sistema de salud e higiene, la producción de alimentos y la necesidad de generar acciones en la aplicación de políticas públicas que vayan en la protección del recurso agua.
Ha llegado el tiempo de que se suspenda la extracción de grava y arena de los ríos, que se regula el vaciado de desechos contaminantes en cañadas, ríos y mares y de la protección de las montañas que producen el agua dulce, que se controlen los incendios forestales, la tala de árboles indiscriminada, el conuquismo, el uso de suelo productivo para la construcción de viviendas y evitar que las áreas aledañas a los ríos, cañadas y arroyos sean invadidas por oleadas humanas (que contaminan el agua y asolan sus sistemas y biodiversidad).
Es una imperiosa necesidad establecer controles en el uso del agua y supervisar la calidad de ésta y se necesita con urgencia crear más embalses porque la poca agua que se produce en el país va a parar a los océanos, ya que a lo que más puede aspirar la nación en esta sequía, es exhortar a la población a economizar el agua, no a nada más
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.