Opinión
La CIA, como perro huevero
Por Hamlet Hermann
Estos han sido algunos de los ejemplos de por qué no debía sorprender que los recientes gobiernos de Estados Unidos hayan torturado, difamado, asesinado, mentido, falsificado, tiranizado y brutalizado en nombre de la democracia occidental.
El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos favoreció a los Republicanos y estimuló a los Demócratas a publicar un informe que, desde años atrás, habían estado recopilando. En este se documentan los delitos que prohijó George W. Bush como violador sempiterno de cualquier forma democrática de gobierno y presenta a los servicios de espionaje estadounidenses como torturadores, difamadores, hipócritas, asesinos, mentirosos, falsificadores, tiránicos y brutales. Tanto crimen había sido ocultado bajo el manto de la impunidad absoluta, nublando las evidencias de que los principales terroristas están en Washington.
Pero, ¿por qué sorprenderse de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y ahora el Homeland Security sean expuestas como artífices de la guerra más sucia que alguien pudiera imaginar? La sorpresa no cabe porque la historia contemporánea demuestra que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de violaciones anti humanas se ha acrecentado para que el complejo militar industrial y el gran capital se apropien de territorios y riquezas ajenas por todo el mundo.
Recordemos el September Dossier en el que se alegaba que Irak tenía armas de destrucción masiva cargadas de letales cargamentos químicos y biológicos. Era tan falso ese documento que en doce años transcurridos desde que fuera esgrimido para invadir aquellos territorios no ha podido comprobarse como verdadera una sola de las acusaciones de entonces. Basados en todas esas mentiras fue destruido Irak al tiempo que moría un millón de personas, lo cual permitió que los grandes capitales estadounidenses se hicieran con el petróleo y el agua de la región.
Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, uno debe preguntar: ¿puede haber en la historia de la humanidad un plan más perverso que lo que en última instancia se conoció como el escándalo Irán-Contras? En la década de los 1980 las agencias de espionaje evadieron el embargo al gobierno de Irán, considerado un estado terrorista, y le vendieron armamento de guerra. Con ese dinero financiaron la guerra sucia contra los sandinistas nicaragüenses. Además, compraron cocaína en enormes cantidades que luego fueron transportadas a territorio estadounidense en aviones de la CIA para venderla en las calles de ese país. Desatado el escándalo, varios funcionarios fueron condenados a penas de cárcel por esos delitos, entre estos el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, fueron perdonados por George Bush padre, como si nada hubiera pasado.
¿Podríamos olvidar el escándalo Watergate que de tantos abusos de poder cometidos por el presidente Richard Nixon y sus cercanos seguidores no tuvo más remedio que renunciar a la Presidencia de Estados Unidos, única vez en la historia de ese país que esto ha sucedido. Incluso, Nixon tuvo el desgraciado mérito de devaluar dos veces el inmarcesible dólar estadounidense al desconocer los acuerdos de Breton Woods y negarse a devolver el oro a las naciones que confiaron sus riquezas al Tesoro estadounidense. Todas aquellas tropelías, incluyendo el espionaje contra sus opositores políticos, fueron realizadas por la CIA, el FBI y el Departamento de Impuestos Internos de Estados Unidos en perjuicio de la economía mundial.
Pero aquello no fue más que el inicio de mayores crímenes y delitos, lo cual fue develado por el Comité encabezado por el senador Frank Church. En aquella oportunidad los objetivos de la CIA y el NSA eran los jefes de Estado de naciones con las que Estados Unidos mantenía relaciones políticas, diplomáticas o comerciales. No puede haber delito más degradante para una nación que el magnicidio. Y Estados Unidos se dio el lujo de asesinar, entre muchos otros, a Patricio Lumumba del Congo, Ngo Din Diem de Vietnam, el general Schneider de Chile y, asociados con la mafia siciliana, realizaron más de seiscientos intentos para asesinar al líder cubano Fidel Castro Ruz.
Estos han sido algunos de los ejemplos de por qué no debía sorprender que los recientes gobiernos de Estados Unidos hayan torturado, difamado, asesinado, mentido, falsificado, tiranizado y brutalizado en nombre de la democracia occidental. Tampoco sorprende que nadie haya sido castigado por violaciones a las más elementales normas de respeto por los derechos humanos.
Quizás por esos antecedentes es que mucho aseguran que Kennedy fue asesinado a instancias del complejo militar industrial y se cree fervientemente que fue el propio gobierno de George W. Bush el que propició y ejecutó los ataques contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando buscaba una excusa para invadir Afganistán e Irak.
Porque cuando los imperios entran en barrena se desnaturalizan y cometen los mayores excesos, producto de su desesperación cuando presagian su final.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.