Análisis Noticiosos
La corrupción detona crisis PLD-Gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
En medio de una encarnizada lucha por el poder en altos niveles del partido gobernante, el sólido expediente sobre la enorme riqueza del secretario de Organización Félix Bautista, desata un chantaje al Procurador General y al Gobierno
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El sólido expediente con que la Procuraduría General de la República pidió prisión y juicio al secretario de Organización del Partido de la Liberación Nacional (PLD), Félix Bautista, ha desatado una “abierta confrontación” entre sus dirigentes, bajo la convicción de que se busca liquidar el proyecto de retorno al poder del expresidente Leonel Fernández
El activismo de legisladores comprometidos con la campaña del presidente del partido que busca inhabilitar al procurador Francisco Domínguez Brito representa un desafío para el gobierno y toda la sociedad, mientras se teme que los recientes actos de terrorismo que han alarmado al país estén siendo inducidos como chantaje
Un tremendo expediente
Lo primero que resalta en la crisis, y no puede ser obviado por la sociedad, es la magnitud y contundencia de las irregularidades con que se entramó la enorme riqueza acumulada por el senador Bautista durante su ejercicio como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado cuando administró decenas de miles de pesos en el gobierno de Fernández, a quien se le vincula demasiado estrechamente. Fue muchas veces denunciada por periodistas críticos y políticos opositores, pero ahora documentada por los investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y convertida en expediente judicial por el procurador Francisco Domínguez Brito.
Se trata de un grueso expediente de 412 páginas, de las que más de un centenar describen el entramado de Bautista, 250 presentan pruebas de las acusaciones contenidas en otras 40 páginas. Se refieren a una treintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a Bautista y sus negocios particulares, tan voluminosos que hace dos años cuando se denunció los contratos de obras que ejecuta en Haití, no tuvo empacho en proclamar que “si me lo dan lo reconstruyo entero”.
Es imposible resumir el entramado empresarial y de negocios que documenta el expediente contra Bautista, quien al llegar al cargo en el 2004 declaraba un patrimonio de medio millón de pesos, como lo hizo el destacado jurista Francisco Alvarez Valdez esta semana en el digital Acento: vinculados que no tenían patrimonio, compañías con cuentas bancarias raquíticas pasaron de un momento a otro a operaciones multimillonarias. Una de ellas realizó depósitos bancarios sólo en el 2007 por 483 millones de pesos, 490 millones, 514 millones y 1,100 millones de pesos, que totalizaron 2 mil 587 millones de pesos, más 74 millones de dólares, que al 40 por uno adicionaban otros 2 mil 960 millones de pesos, para totalizar 5 mil 547 millones de pesos. Otra empresa manejó fondos por 3 mil 500 millones de pesos y 74 millones de dólares.
Se documentan contratos otorgados a empresas y personas vinculadas: una abría 64 certificados de depósitos personales en varios bancos y otra tenía 48 cuentas personales de ahorro y corriente, en pesos, dólares y euros. Otras recibieron contratos por 14 mil millones de pesos y 16 millones de dólares. Los vínculos incluyen exesposa, familiares y socios. Al mismo Bautista se le documentan certificados de depósitos por más de 3 millones de dólares y se le atribuye la compra de un avión ejecutivo Gulfstream, modelo 1159, (con costos entre 17 y 37 millones de dólares). Se documentan compras de una cementera por 32 millones de dólares y emisoras radiofónicas por 8 millones de dólares.
La justicia controlada
La Procuraduría General ha solicitado prisión preventiva y procesamiento judicial contra Félix Bautista y sus asociados Soraida Abréu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler. Los cargos: falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Como Bautista es senador, lo que desde su postulación se denunció como intento de blindarlo, el sometimiento tuvo que ser en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de jueces vinculados al expresidente Fernández y su partido, incluyendo al doctor Alejandro Moscoso Segarra, exfiscal del DN, encargado de instruir el proceso por cuenta de esa corte. También es peledeísta el juez Frank Soto, quien el martes continuará conociendo el recurso incoado por Bautista contra la cautela dispuesta por el Procurador General sobre inmuebles multimillonarios de sus empresas.
La debilidad institucional de una justicia extremadamente partidarizada será el marco en el que se dilucidarán las graves acusaciones contra Bautista, a no ser que se lleve al Comité Político del PLD, como propuso públicamente el dirigente peledeísta Radhamés Camacho, en vez de pedir que Bautista se aparte o sea apartado del tercer cargo del partido, como ocurriría en cualquier democracia de medina intensidad institucional.
Disparan las palomas
Aunque parezca absurdo, la confrontación derivada del sometimiento podría terminar con las palomas disparando a las escopetas, ya que desde antes del sometimiento se empezó a montar una tarima para crucificar al procurador Domínguez Brito, cuya renuncia o destitución están pidiendo legisladores, voceros y abogados vinculados a Bautista y su líder Leonel Fernández. Son ellos mismos quienes se encargan de pregonar que la escopeta del procurador donde apunta es a la precandidatura de Leonel Fernández.
Se acusa a Domínguez Brito de actividades políticas, acompañado de otros miembros del ministerio público, y se susurra que entornos del presidente Medina lo alientan, que sin ese apoyo no se produce la investigación ni el sometimiento, porque en última instancia lo que buscan es liquidar al líder para que el universo del peledeísmo tenga que refugiarse en la reforma constitucional para abrir espacio a una repostulación del actual mandatario.
Medina, sin embargo, no ha dado la menor señal, y algunos allegados descartan totalmente que las proclamas reeleccionistas logren materializarse, dado que la reforma constitucional requeriría cien por ciento de los legisladores peledeístas y aliados y buscarse otro diez en la oposición. Con todo hay quienes creen que la corrupción en que terminó el gobierno de Fernández podría arrastrarlo al desastre político, y señalan hacia el expediente pendiente del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, otro de los grandes millonarios de Fernández, bajo investigación de la fiscalía del DN, que estaba a la espera del resultado final de una auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada en estos días, que también deja amplia cola por donde pisar.
La fortaleza de Bautista,
Aún contra las cuerdas, Félix Bautista no puede ser subestimado y muestra su fortaleza, derivada del apoyo de Leonel Fernández, que alguna vez lo consideró como un hijo, y a cuya sombra y cercanía se montó una de las mayores fortunas políticas. Desde antes de que se sometiera el expediente un importante vocero en los medios anunció que un centenar de legisladores pedirían la cabeza del procurador Domínguez. No ha aparecido el centenar pero sí unos siete senadores y 22 diputados que pretenden una interpelación y destitución de la cabeza del ministerio público.
Paralelamente, Bautista ha tenido la suerte de que cinco de los abogados más caros del país, algunos con largas y afortunadas carreras en defensa de delincuentes de todo género de poder económico, y sin ningún vínculo con las instituciones que luchan por el fortalecimiento institucional, han salido a la palestra contra Domínguez Brito “preocupados” por la institucionalidad del ministerio público, al considerar que viola la Constitución y las leyes que le prohíben realizar actividades políticas. Sin la menor preocupación por las graves denuncias de corrupción ni por la actividad política de ministros en abierta campaña electoral.
Son muchos los que creen que se utilizarán armas de todos los calibres para hacer capitular a Domínguez Brito o que el gobierno “lo llame al orden partidario”. Un profesional vinculado a organismos de seguridad sostiene que aquí hay suficiente impunidad y grupos incontrolables capaces de “hacer cualquier cosa”, refiriéndose a una serie de acontecimientos extraños ocurridos entre el 21 y el 27 de octubre que causaron honda preocupación. Por eso las autoridades se empeñan en determinar si el incendiario del metro actuó por propio impulso, o si hay autores intelectuales. Más complejo fue el intento de sabotaje a 14 torres eléctricas de alta tensión, cuyos soportes aparecieron aflojados, para lo cual fueron necesarios equipos especializados. También preocupa el ataque a la cárcel de Najayo, que pareció más un espectáculo que real intento de rescate, pero que dejó seis muertos. Otro acto violento en la cárcel de La Victoria y el asesinato de un guardián de la casa de la madre de Domínguez Brito están inscritos en el récord.
Creciente preocupación
La confrontación que afecta altos niveles del partido de gobierno genera preocupación en los más diversos sectores, comenzando por personas del mismo ámbito político que muestran consternación por lo que está ocurriendo y por el nivel de corrupción a que se ha llegado. Pero sin valor para salir al frente y temor de ser vinculados a los sectores en pugna, sin poder prever cuál predominará.
Los peledeístas se benefician, y en parte por eso han llegado a ese nivel de confrontación, a causa del desmembramiento de la oposición, en lo que ha invertido el sector del expresidente Fernández, donde no acaba de fraguar un proyecto político de concertación con actitudes y valores democráticos. Y en la sociedad civil hay demasiado incertidumbre, desilusión, desconfianza e indiferencia. Aunque por debajo se incuba una honda que proclama la necesidad de respaldar al procurador Domínguez Brito por haberse atrevido a enfrentar un alto entramado de corrupción. El reconocido abogado santiagués Ramón Antonio Veras ha sido el primero y más decidido.
En la opinión pública crecen las preocupaciones y demandas de acciones contra la corrupción, segunda perturbación en la encuesta publicada esta semana por Diario Libre, pero es alto el porcentaje de comentaristas y periodistas asalariados que inundan los medios y que intentan descalificar toda legítima preocupación social. El conjunto de las instituciones sociales está desafiado a orquestar acciones que contribuyan a contener el deterioro de la política y la institucionalidad democrática nacional. Si el chantaje para que ni siquiera se juzgue a Félix Bautista llega a predominar, el país estará abocado a una prolongada opacidad moral e institucional. Y si el senador y sus defensores creen en su inocencia deberían ser los más interesados en que se juzgue el fondo, ya que, con o sin razón, él se ha convertido en el gran emprendedor del enriquecimiento al amparo del gobierno y la política.-
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.