De portada
La Corrupción es una plaga que tambalea el país que genera una alta carga impositiva y un peligroso endeudamiento público.
Los medios de comunicación del país están saturados de denuncias e investigaciones por parte del Ministerio Público de los robos escandalosos del patrimonio nacional por parte de exfuncionarios y funcionarios de la actual administración que actúan con una plena impunidad.
Este domingo se reportó un allanamiento hecho en la casa de un hombre que vive como un príncipe en el municipio de La Vega, quien administrató durante por los menos los últimos ocho años una empresa autónoma del Estado, como es Distribuidora del Norte (EDENORTE), como un feudo personal.
Sobre el comportamiento de Julio César Correa han trascendido tantas cosas que parecen inverosímiles, ya que de acuerdo a lo documentado en procesos de investigación seguidos en Edenorte, este exfuncionario se dedicaba a aumentar la tarifa a los usuarios del servicio de energía eléctrica con montos aparentemente insignificantes, pero que cuando se hace el cálculo en función del volumen del fraude el dinero robado asciende a cantidades multimillonarias.
Este exfuncionario, estrechamente vinculado a la magia que operaba internamente en la administración pública, vive como todo un príncipe, por no decir como un rey, en una mansión que no puede justificar, lo cual es una responsabilidad del Ministerio Público determinar lo que todo el mundo sospecha.
En el caso de la corrupción en las edes se habla que alcanza la suma de unos 18 mil millones de pesos, cuyo monto ha ido a parar a los bolsillos de los hermanos de la primera dama del pasado Gobierno de Danilo Medina, lo cual permite ver el alcance de la la corrupción en el país, cuyo flagelo no 
exime de responsabilidad a los que tienen como centro de operación el Palacio Nacional y que se extiende por otras instancias del Estado dominicano.
Otro caso que involucra cantidades realmente preocupantes es el de Odebrecht, cuyos responsables buscan salirse con la suya como ya ocurrió con una parte de los imputados que quedaron libres mediante un archivo definitivo de la pasada Procuraduría General de la Republica como parte un plan concebido desde las más altas instancias del poder.
La plaga de la corrupción se ha complicado con las consecuencias de la pandemia que ha impactado el país de una manera muy severa, principalmente por una alta positividad del Covid-19 como resultado de un manejo que deja mucho que desear por parte de las autoridades de salud del país.
Ha quedado demostrado que la corrupción, ya convertida en una plaga que no deja libre a ningún sector de la administración pública, no sólo en el pasado, sino también ahora que gobierna un partido, como el Revolucionario Moderno, que tiene un estilo que no dista mucho del pasado de Danilo Medina, ya que las diferencias son prácticamente imperceptibles.
Con los escándalos de corrupción se compromete muy seriamente el futuro del país y la estabilidad económica y las cosas no parecen muy prometedoras con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, en virtud de no cuenta con una estructura que le permita perseguir con las pruebas pertinentes la plaga que se traga el país.
El asunto tiene un perfil tan generalizante que ahora resulta que la Cámara de Cuentas, el órgano del Estado que tiene como responsabilidad perseguir este fenómeno, es cómplice de una serie de funcionarios que se robaron dinero del erario y que éste ocultó o tergiversó para que no salieran a la luz pública.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público revelan que los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en fraude, estafa y asociación de malhechores en perjuicio del Estado, lo cual deja claro hasta dónde esta plaga ha carcomido hasta las propias entrañas de la sociedad dominicana, ya que ha sido minado todo su tejido social.
No se ve claro como los dominicanos podrán superar los efectos de la plaga de la corrupción cuando se percibe mucha incapacidad por parte del órgano persecutor para sentar en el banquillo de los acusados a todos los culpables.
Los daños causados por esta plaga alcanzan a prácticamente todos los dirigentes y miembros de los partidos políticos que tienen el privilegio de administrar los recursos públicos, por lo que son muy pocos los que pueden estar libres del impacto de este flagelo.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.