Opinión
La corrupción y el despilfarro atrapan al Gobierno y al país
Por: Juan Bolivar Díaz
Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el informe de Oxfam Internacional de que el Gobierno malgasta este año más de 90 mil millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de Presupuesto para el 2018 que replica un enorme déficit fiscal cubierto con endeudamiento que en el último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571 millones de pesos.
Contradictorio crecimiento. En la introducción del estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos”, Raúl del Río de Blas, director de Oxfam para República Dominicana, una prestigiosa institución que opera en más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad que afectan a una amplia mayoría de la población.
De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y análisis del gasto público y de determinadas partidas del Presupuesto Nacional, determinando que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales”.
Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente.
República Dominicana ocupa el tercer lugar en la región en la escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos recauda, 13.1% del PIB en 2016.
La debilidad de las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el Pacto Fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el Gobierno, aunque la conclusión esta semana del Pacto Eléctrico, arduamente negociado durante casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El tercero, el Pacto por la Educación, está en vigencia hace dos años.
Costo de la malversación. El estudio analiza cinco renglones para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico. Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90,920 millones de pesos, que subirían a 96,872 en 2018 y alcanzarían a 117 mil en 2020.
El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso político de la nómina pública, estimada para este año en 39,250 millones de pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de América Latina y el Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58,313 por cada millón, aunque el promedio regional es de 48,351, y que es 28% mayor en relación con los países centroamericanos. Señala que la Presidencia de la República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62% del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre, con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro ministerios.
La corrupción es estimada solo en 0.7 por ciento del PIB, montando 26,292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.
Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la malversación alcanzaría este año 12,821 millones de pesos. Se agregan otros RD$5,123 millones en gasto “potencialmente clientelar”, y RD$7,434 en otros, como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye en que su eliminación podría ahorrar RD$31 mil millones por año.
Déficit y endeudamiento. El informe de Oxfam, elaborado por los economistas Rafael Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos de corrupción y la distracción del proyecto de Ley de Partidos. Esta semana los dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar el proyecto como ratificador del rumbo fiscal insostenible.
Para el PRM el Gobierno prosigue el modelo aplicado desde el 2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto.
El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4,265 millones de dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9,419 millones de dólares en 2018.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por los déficits y el galopante endeudamiento, señalando que este “se está tornando en algo que debemos ponerle atención”.
La deuda pública se incrementó en 2016 en 3,459.7 millones de dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y 9.61 millones de dólares diario. Pero de abril del 2016 a igual mes de 2017 el crecimiento se elevó a 4,326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas advertencias, incluyendo las del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El difícil proyecto de Faride. La joven diputada del PRM Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley “de reorganización de la administración pública” que pretende disolver 57 instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o redundantes, lo que ahorraría unos 15,700 millones de pesos anuales. Aunque ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser disueltos.
Los más significativos de esos organismos aparecen señalados también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha fundado el partidarismo político.
El proyecto de la abogada Faride Raful es más que nada un llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría oficialista del Congreso Nacional no aprobaría ni la décima parte de su propuesta.
El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el Gobierno no haya querido convocar al Pacto Fiscal, consciente de que sectores políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo del Gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.
La evasión del mandato legal del Pacto Fiscal se ha convertido en una trampa para el Gobierno, necesitado de mayores recursos, que los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.
hoy.com.do
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.