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La corrupción y la falta de planificación son problemas seculares de la sociedad dominicana.
Por Elba García
Siempre se ha pensado e incluso se ha afirmado que el órgano más corrompido del Estado es la Policía Nacional, pese a que se trata de un problema integral, pero todo parece indicar que el Ministerio de Educación le ganó la batalla en este sentido al cuerpo del orden.
Las advertencias fueron muchas cuando amplios sectores de la vida nacional se lanzaron a las calles en favor de un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto para Educación y al cabo de los años se ha confirmado que esa reivindicación se ha convertiría en una fuente gigante de la corrupción.
Exactamente así ha sido, lo cual ha quedado comprobado con las revelaciones del recién designado ministro de Educación, Angel Hernández, quien sostiene que el 4 por ciento se ha ido hasta el momento por un barril sin fondo, ya que la mayor porte de ese dinero no se sabe hacia dónde ha ido.
Reveló que alrededor de 968 millones de libros se han dañado en los archivos del Ministerio de Educación, sin que haya una explicación lógica de la irregularidad, ya que los mismos requirieron de una alta inversión económica que ha sido echada al zafacón.
De acuerdo con Hernández, de más de 600 mil butacas adquiridas por Educación, sólo la institución ha recibido menos de 80 mil, cuyos suplidores recibieron el pago del 20 por ciento del valor de las mismas.
El funcionario expresó que éstas no han sido las únicas licitaciones que han presentado inconvenientes en el ministerio, ya que “Todavía al día de hoy hay suplidores que tienen pendiente entregar más de 300 mil dispositivos electrónicos al Minerd y muchos de los que ya fueron recibidos tienen muchas limitaciones y no reúnen las condiciones que fueron pactadas”.
Explicó que la situación ha provocado la eliminación de más de 70 contratos de suplidores, a los que se les ha solicitado la suspensión de su registro de proveedores del Estado. “Se han sometido a la justicia a personas para que devuelvan el dinero y aún faltan muchos más”, aseveró.
Informó además que la institución tiene actualmente un equipo de abogados que investiga todas las licitaciones que se han hecho en el Minerd para de determinar cuáles de todos los contratos han sido cumplidos y cuáles no.
Hernández se refirió a las declaraciones emitidas en días pasados por la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, quien manifestó que el 4 % de asignación presupuestaria para la educación no ha dado los frutos esperados porque desde el propio Minerd se han aprovechado los recursos “para aspiraciones políticas”.
El ministro de Educación recordó que su primera declaraciones cuando fue nombrado en el cargo consistieron en que el 4 % se había ido hacia el zafacón porque el impacto que tiene el mismo en lo que es la calidad del sistema educativo es de apenas un 5 % de ese monto global, los demás fondos se dedican a salarios de docentes y lo que tiene que ver con temas de pensiones en el órgano estatal.
Sobre el estado de deterioro de algunos planteles escolares, el funcionario reconoció que hay mucho que resolver con urgencia, debido a que hay escuelas que “no tienen energía eléctrica, ni agua potable ni la estructura física correcta”.
“Si yo tengo escuelas en esas condiciones el año que viene, yo renuncio, porque eso es una gran irresponsabilidad (…) Estamos transfiriendo ahora mismo 3,400 millones de pesos para resolver todos esos problemas que ustedes ven en las escuelas”, subrayó.
En cuanto a los hechos violentos entre estudiantes que se han suscitado en las últimas semanas en los centros educativos, el ministro dijo que trabaja para instalar un “sistema telefónico a nivel nacional con un grupo de psicólogos para atender ese tipo de situaciones y orientar a la familia, así como a los estudiantes”.
Aprovechó el espacio para invitar a los padres y docentes a unirse, en el entendido que “erradicar la violencia en las escuelas y en la sociedad es un trabajo colectivo”.
El ministro habló, además, en relación con las recientes manifestaciones de maestros que aprobaron el Concurso de Oposición Docente y aún no han sido nombrados en el sistema educativo por una supuesta escasez de plazas.
“La ley dice claramente quien puede ser designado y quien no, se hizo un concurso y se designaron 24 mil maestros, unos 5 mil más de los que estaban pautados, y los que no, pasan al Registro de Elegibles, para que cuando haya una vacante una de esas personas sea llamada”, explicó.
El funcionario aclaró que los nombramientos “no son por obligación” y que, según él, se designan a los profesores de acuerdo a la necesidad de la escuela y a las competencias del profesional del magisterio.
Estas revelaciones sirven de espejo para evaluar hasta donde el cuatro por ciento para Educación ha sido instrumento para dilapidar los recursos públicos y como se juega con el patrimonio de los dominicanos.
Lo preocupante es que ese problema no es un asunto aislado de la sociedad, sino que es transversal a todas y cada una de las actividades humanas que se producen en la Republica Dominicana, donde la corrupción y la falta de planificación se encaminan a arruinar el país.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.