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La corrupción y la falta de planificación son problemas seculares de la sociedad dominicana.

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Por Elba García

Siempre se ha pensado e incluso se ha afirmado que el órgano más corrompido del Estado es la Policía Nacional, pese a que se trata de un problema integral, pero todo parece indicar que el Ministerio de Educación le ganó la batalla en este sentido al cuerpo del orden.

Las advertencias fueron muchas cuando amplios sectores de la vida nacional se lanzaron a las calles en favor de un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto para Educación y al cabo de los años se ha confirmado que esa reivindicación se ha convertiría en una fuente gigante de la corrupción.

Exactamente así ha sido, lo cual ha quedado comprobado con las revelaciones del recién designado ministro de Educación, Angel Hernández, quien sostiene que el 4 por ciento se ha ido hasta el momento por un barril sin fondo, ya que la mayor porte de ese dinero no se sabe hacia dónde ha ido.

Reveló que alrededor de 968 millones de libros se han dañado en los archivos del Ministerio de Educación, sin que haya una explicación lógica de la irregularidad, ya que los mismos requirieron de una alta inversión económica que ha sido echada al zafacón.

De acuerdo con Hernández, de más de 600 mil butacas adquiridas por Educación, sólo la institución ha recibido menos de 80 mil, cuyos suplidores recibieron el pago del 20 por ciento del valor de las mismas.

El funcionario expresó que éstas no han sido las únicas licitaciones que han presentado inconvenientes en el ministerio, ya que “Todavía al día de hoy hay suplidores que tienen pendiente entregar más de 300 mil dispositivos electrónicos al Minerd y muchos de los que ya fueron recibidos tienen muchas limitaciones y no reúnen las condiciones que fueron pactadas”.

Explicó que la situación ha provocado la eliminación de más de 70 contratos de suplidores, a los que se les ha solicitado la suspensión de su registro de proveedores del Estado. “Se han sometido a la justicia a personas para que devuelvan el dinero y aún faltan muchos más”, aseveró.

Informó  además que la institución tiene actualmente un equipo de abogados que investiga todas las licitaciones que se han hecho en el Minerd para de determinar cuáles de todos los contratos han sido cumplidos y cuáles no.

Hernández se  refirió a las declaraciones emitidas en días pasados por la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, quien manifestó que el 4 % de asignación presupuestaria para la educación no ha dado los frutos esperados porque desde el propio Minerd se han aprovechado los recursos “para aspiraciones políticas”.

El ministro de Educación recordó que su primera declaraciones cuando fue nombrado en el cargo consistieron en que el 4 % se había ido hacia el zafacón porque el impacto que tiene el mismo en lo que es la calidad del sistema educativo es de apenas un 5 % de ese monto global, los demás fondos se dedican a salarios de docentes y lo que tiene que ver con temas de pensiones en el órgano estatal.

Sobre el estado de deterioro de algunos planteles escolares, el funcionario reconoció que hay mucho que resolver con urgencia, debido a que hay escuelas que “no tienen energía eléctrica, ni agua potable ni la estructura física correcta”.

“Si yo tengo escuelas en esas condiciones el año que viene, yo renuncio, porque eso es una gran irresponsabilidad (…) Estamos transfiriendo ahora mismo 3,400 millones de pesos para resolver todos esos problemas que ustedes ven en las escuelas”, subrayó.

En cuanto a los hechos violentos entre estudiantes  que se han suscitado en las últimas semanas en los centros educativos, el ministro dijo que  trabaja para instalar un “sistema telefónico a nivel nacional con un grupo de psicólogos para atender ese tipo de situaciones y orientar a la familia, así como a los estudiantes”.

 Aprovechó el espacio para invitar a los padres y docentes a unirse, en el entendido  que “erradicar la violencia en las escuelas y en la sociedad es un trabajo colectivo”.

El ministro habló, además, en relación con las recientes manifestaciones de maestros que aprobaron el Concurso de Oposición Docente y aún no han sido nombrados en el sistema educativo por una supuesta escasez de plazas.

“La ley dice claramente quien puede ser designado y quien no, se hizo un concurso y se designaron 24 mil maestros, unos 5 mil más de los que estaban pautados, y los que no, pasan al Registro de Elegibles, para que cuando haya una vacante una de esas personas sea llamada”, explicó.

El funcionario aclaró que los nombramientos “no son por obligación” y que, según él, se designan a los profesores de acuerdo a la necesidad de la escuela y a las competencias del profesional del magisterio.

Estas revelaciones sirven de espejo para evaluar hasta donde el cuatro por ciento para Educación ha sido instrumento para dilapidar los recursos públicos y como se juega con el patrimonio de los dominicanos.

Lo preocupante es que ese problema no es un asunto aislado de la sociedad, sino que es transversal a todas y cada una de las actividades humanas que se producen en la Republica Dominicana, donde la corrupción y la falta de planificación  se encaminan a arruinar el país.

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Candidatura Abel en la cuerda floja por deficiencias personales, mañas y trampas que se tejen en la partidocracia.

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Por Elba García

Desde el mismo momento de la escogencia de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD, cuya selección fue también el resultado de una trampa y de un fraude en contra del sistema electoral dominicano, ya que la misma, aunque llamada consulta, implicó unas primarias extemporáneas, se sabía lo que venía.

Pero la candidatura de Abel arrancó mal en virtud de que ésta adolece de un problema de fondo, el cual consiste en las debilidades asociadas a su poca formación cultural y política, ya que a él se le hace difícil hasta articular algunas ideas para que su propuesta sea potable.

La debacle se veía venir, dado que su triunfo en la referida consulta fue el resultado de la inversión de una gran cantidad de dinero del que éste acumuló como presidente de la Cámara de Diputados y en el ayuntamiento de Santiago.

Sin embargo, cualquiera pudiera decir que Abel Martínez adolece de las condiciones que debe tener un aspirante presidencial, pero, por ejemplo, se puede traer a colación el hecho de que Hipólito Mejía encantó y era imposible que articula buenas ideas, aunque se debe agregar que éste último aprovechó en su favor los chistes, aunque vulgares, que lo identificaba con la dominicanidad, amén de que se creó la precepción de que se trataba de un hombre campechano y  sincero que decía las cosas como son.

No obstante, ello no existe en Abel Martínez, quien a pesar de que en el marco del clientelismo, podría decirse, que es un político de éxito, ya que en el país no importa la forma, sino el hecho de hacer lo que sea para buscar fortunas económicas y él la ha conseguido, pero lo cierto es que no ha logrado convencer con su candidatura presidencial, a menos que no sea a su familia o allegados.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) siempre ha tenido una pequeña burguesía que se apoya en criterios hasta discriminatorios para permitir el ascenso político y un buen ejemplo de ello fue cuando en el año 1990 el profesor Juan Bosch escogió como candidato vicepresidencial a José Francisco Hernández, un joven empresario de la época, pero que no llenaba los requerimientos de ese sector social, cuya principal condición de cualquier aspirante en su seno era por lo menos tener ciertas ínfulas de intelectual y exhibir o simular otras condiciones para evitar  ser discriminado, aunque este comportamiento también tuvo sus variantes, como, por ejemplo, la exclusión en una ocasión de Leonel Fernández como candidato a diputado a pesar de que exhibía un cierto nivel de intelectualidad, pero que en su caso pesaba más su pobreza.

Abel Martínez, cuyos orígenes es el principal  cuestionamiento en su contra, ya que no puede exhibir algún éxito profesional o empresarial que lo sustente, para justificar la riqueza adquirida, no porque no hayan otros que tampoco puedan lanzar al respecto la primera piedra, como ejemplo Monchy Fadul o Francisco Javier García, ambos enriquecidos a la sombre del poder, igual que el candidato del PLD, pero con la diferencia de que éstos han vendido una percepción diferente, ya que el primero ha dejado la idea de que viene de ricos comerciantes árabes de Santiago, lo cual no obedece a la verdad, y el segundo se apoya principalmente en su figura física, lo cual, sin dudas, le sirvió de mucho en su momento.

Monchy también tiene, de acuerdo a la versión que circula en el país, una gran fortuna lograda durante las posiciones públicas que ha ocupado, pero por el momento nadie lo ha mencionado en ningún caso de corrupción, probablemente por la deficiencia que caracteriza al Ministerio Público.

Igual pasa con Francisco Javier García, renunciante jefe de campaña de Abel Martínez, quien se desempeñó como ministro de Turismo y se asegura que tiene una fortuna muy grande producto de los puestos que ha ocupado en el Gobierno, lo cual indica que el enriquecimiento ilícito no es una tacha en contra de cualquier candidato dentro del PLD y  ni fuera de sus estructuras, sino todo lo contrario, porque se considera un mérito salir rico del Estado o de alguna otra actividad al margen de la ley.

Desde hace algunos meses se habla de las debilidades de la candidatura de Abel Martínez, quien no sólo tiene ideas muy débiles o ninguna para promover sus aspiraciones presidenciales, pero que además no deja la sensación en el votante de que sus aspiraciones están en consonancia con la figura que proyecta.

Todo esto ha provocado que ya se hayan desatado los demonios en contra de Abel Martínez, porque su figura no encaja en la idea que tiene el votante de clase media de lo que debe ser un candidato presidencial.

A esto se suma el hecho de que hay sectores a lo interno del PLD que no lo quieren, tal vez incluso por lo que dijo en algún momento Hipólito Mejía de que él no quería saber de Bernardo Vega y que éste tampoco lo acepta a él y  cuando el periodista le inquirió que por qué él dijo que por vaina de uno.

La cuestión es que la sociedad dominicana cada día es más complicada, primero por la cultura de la individualidad, la envidia, el egoísmo, la avaricia y la codicia que arropan a la nación y en segundo lugar porque ahora mismo hay una gran cantidad de personas que se oponen hasta a ellos mismos.

De manera, que la candidatura presidencial de Abel Martínez está en lo que se conoce popularmente como en un hilito, sobre todo después de la renuncia de Francisco Javier García como jefe de Campaña, lo cual se veía venir tras el nombramiento en asuntos estratégicos de Andrés Navarro, aunque también hay otras razones.

Desde la escogencia de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez se observaba una cierta timidez de su parte, lo cual era atribuido a que él conjuntamente con otros peledeístas, con mucha malicia, como por ejemplo Monchy Fadul, habían concebido el plan de hacer fracasar esa candidatura porque pretendían que el renunciante se convirtiera en candidato presidencial, sino en el 2024, en el 2028, pese a que da lo mismo uno que otro, porque tienen las mismas mañas

Ese plan en contra de la candidatura de Abel Martínez ya parece estar en marcha con el riflazo del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien dijo que éste no marca en las encuestas de fidelidad que hace esa organización política, pero que otra persona sí, sin mencionar el nombre de a quién se refiere.

El plan queda claro por las propias declaraciones de figuras como el secretario general, lo cual es un indicativo de que tal vez la candidatura de Abel Martínez no dure mucho en el escenario electoral, ya que los que aparentemente no la digieren tienen los mecanismos para anularla, dado que todavía no es ni definitiva porque necesita la ratificación orgánica de la entidad creada por el profesor Juan Bosch, la cual debe producirse en los próximos meses.

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En PRM pesa más la cultura de falta de transparencia que el aparente interés de adecentar la administración pública.

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Por Elba García

Durante los años en que se fundó e inició su papel de oposición el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual nadie se atreve a negar que tiene el ADN del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no ha podido sobreponerse a una serie de criterios y conductas equivocadas que forman parte de su esencia.

 Con el partido oficial ocurre exactamente lo mismo que con la situación que describe una famosa expresión dominicana que reza: ¨¨ha dejado ver hasta el refajo¨¨

Pues el PRM parece que no puede soportar la tentación de no digerir la transparencia, como hijo fiel de la partidocracia, ya que no tolera que los que llegan a esa organización practiquen los que prometieron durante los tiempos de campaña electoral.

Durante la conformación de un bloque de oposición fueron muchas las personalidades que aceptaron ser parte del PRM porque ya no soportaban el comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la dirección y control del Estado.

Pero olvidaron que esa conducta es propia de todos los partidos que ven la política como un instrumento para hacer todo lo que no se debe hacer en esta actividad vital para mejorar las condiciones de vida de la nación.

Y el PRM no es la excepción, cuyos primeros síntomas de su enfermedad se observaron en el año 2016 y de igual modo en el 2020 tras presentar candidaturas a los diferentes cargos electivos y en ese proceso hizo tantas travesuras en contra de sus propios aliados que no dejó dudas de que era enemigo de los que procuraban transparencia y un cambio auténtico para bien de la sociedad.

Entre las personalidades que apoyaron la iniciativa del PRM estaba Miguel Ceara Hatton, quien posteriormente ingresó como miembro y dirigente del mismo y cuya imagen de buen técnico y con mucha integridad, como el que más, nadie ponía en duda en el país y lo que en consecuencia beneficiaba los propósitos del ahora partido oficial.

Su profesión de economista y en función de su formación fue al Gobierno de Luis Abinader a ocupar una posición acorde con su especialidad, pero siempre iba a tener la limitante del virus que prevalece en el PRM de que ellos consideran que el Estado es sólo para sus dirigentes y miembros, a pesar de que este académico ya lo es, aunque con perfiles diferentes a los que regularmente militan en esta entidad,  y para nadie más, lo cual no es extraño a ninguna de las organizaciones de este tipo  que interactúan en el escenario nacional.

Y exactamente esa ha sido su práctica, ya que no sólo promovió un voto contrario a sus aliados, sino que incluso falsificó documentos para excluir candidaturas de personas que no son de esa entidad, pero que eran parte de un acuerdo electoral.

A propósito de la actitud seria de Ceara Hatton como ministro de Medio Ambiente, independientemente de que no es la persona ideal para ese cargo, sino que debe ser un especialista en la materia, han tronado en su contra todas las voces del PRM por la denuncia de la gran cantidad de ¨¨botellas¨¨ que encontró allí y sobre todo por el hecho de que un periodista vinculado familiarmente con el fallecido Jorge Mera reciba un millón de pesos mensuales sin que nadie sepa la justificación.

En contra de este técnico y serio funcionario han llovido las acusaciones y descalificaciones, que son realmente inaceptables, porque Ceara Hatton más bien prestigia la gestión de una organización que nadie puede poner en tela de juicio de que pregona lo que no práctica.

El hecho de que el ministro de Medio Ambiente haya denunciado una serie de irregularidades que se producen en ese órgano, no puede ser una causa para que se le quiera denostar y desprestigiar como lo ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien ha ofrecido unas declaraciones desacertadas, fuera de la verdad, que no representan las características fundamentales del funcionario.

La cuestión es que Guillermo Gómez y todos los que se han referido de muy mala manera al asunto encajan mucho más que Ceara Hatton en el  perfil perredeísta y ahora perremeísta, en el que todo se vale y en el que se valida la forma inescrupulosa de manejar el Estado dominicano.

Los ataques en contra de Ceara Hatton son el resultado de que él ha querido  ser fiel con lo que piensa y además tomarle  la palabra al presidente Luis Abinader de eliminar de la administración pública aquellas conductas que son las que más daños han hecho a la imagen de la democracia.

Sólo queda que Ceara Hatton sea llevado a presentar su renuncia, no sólo del cargo, sino también del PRM,  con cuya decisión pierde el Gobierno y todo el país, porque no hay ninguna persona sensata que pueda quitarle capacidad a este funcionario, a menos que no sea por mezquindad y que se diga, con razón,  que éste no está en el cargo que se corresponde con su experiencia y especialidad profesional.

Lo más grave del asunto es que el periodista Guillermo Gómez admite la existencia de una nómina de perremeístas que cobran sin trabajar, lo cual es una especie de repetición de lo que siempre se ha dicho que se rechaza, pero que la practica ha sido otra.

Con los ataques a Ceara Hatton se busca justificar lo injustificable, ya que su único pecado es haber dejado claro con su denuncia, aunque sin decirlo puntualmente,  que el PRM es parte de lo que se ha dado en llamar la partidocracia, conformada por una serie de partidos políticos que tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la administración del erario y  cuando se trata de la implementación de políticas públicas.

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Los partidos políticos en la continuación de su agenda de dañar todo el sistema democrático del país.

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Por Elba García

La República Dominicana libra hoy una nueva batalla entre los partidos políticos y la JCE que dicen promover la democracia, pero que en realidad son los que más la socavan como igual ocurre con los órganos y entes que ha creado el Estado para mejorar su desempeño.

La llamada partidocracia se aprovecha  del control de todo el sistema público que tiene como función manejar la democracia, entre los que se pueden citar el Congreso Nacional, la justicia, la Cámara de Cuentas y el Poder Ejecutivo, entre otros.

Este control de los partidos que tienen representación oficial es, sin lugar a dudas, la principal retranca para depurar y mejorar la democracia, porque ellos se han encargado de corromper todo el sistema público del país, incluido el electoral, ya que son ellos quienes escogen los miembros del órgano que tiene la misión de administrar y dirigir el proceso comicial, lo cual constituye hoy día la principal amenaza en contra de la existencia de la misma democracia y de la sociedad.

Ahora los debates se mueven alrededor de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), a propósito de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que dispone la reserva de candidaturas para el proceso comicial que habrá de tener efecto en el año 2024.

En el país todo la gente sabe que los partidos socavaron las pocas garantías que ofrecen las leyes del régimen electoral, porque a pesar de sus grandes fallas tenían aspectos que debían ser cumplidos como una expresión del avance democrático de la nación.

La cuota de género y el manejo equivocado dado a las elecciones en las circunscripciones del exterior son de las principales falencias que tenían las leyes que regulan el régimen electoral, algunas de las cuales fueron corregidas o cuando menos mejoradas con la nueva norma aprobada recientemente, la 20-23, pero que aun con esas reformas no basta para que las elecciones sean más democráticas.

El asunto es que todos los vicios que hoy constituyen los principales obstáculos para el avance institucional del país provienen del comportamiento de las organizaciones que representan la figura conocida como la partidocracia.

La partidocracia se ha encargado de corromper todo el sistema electoral y cada vez que se produce un amago de corregir cualquier distorsión hay una reacción que busca impedir, por lo menos mínimamente, la conversión del mismo en más decente con la creación de garantías de respeto al derecho constitucional de elegir y ser elegible.

A sólo nueve meses para las elecciones municipales de febrero del 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha por la resolución que establece las reservas de candidaturas, la que el próximo lunes 15 será objeto de un recurso de reconsideración ante el árbitro comicial.

La instancia será elevada por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD), los cuales han mostrado su rechazo a la disposición de la JCE, cuya explicación está en que todos actúan como si fueran uno solo cuando de defender sus espurios intereses se trata.

La confrontación tiene su razón de ser en que el Tribunal Superior Electoral mediante sentencia estableció la modalidad del 20 % de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la cual consecuentemente fue asumida por una resolución de la JCE que dispone su aplicación por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.

La reserva de candidaturas es una herramienta que usan los partidos políticos para establecer alianzas y todo tipo de negociación con los que sirven de bisagras en los comicios que se celebran cada cuatro años, pero además para colocar en sus boletas a personas vinculadas con el bajo mundo y el crimen organizado nacional y transnacional a cambio de dinero, lo que crea una urgencia  que complica los intereses para los que se mueven en ese entorno, en virtud de que las mismas deben definirse internamente a más tardar el 2 de junio próximo y ser presentadas por escrito en la JCE 15 días después, es decir, el 17 del mismo mes.

La resolución rechazada por los partidos políticos es la 13-2023 de la JCE, mediante la cual los mismos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores se circunscribe a   sólo seis puestos.

A nivel de los diputados son 38, alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.

La JCE sostiene que los partidos «tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las reservadas».

La realidad es que si en esta confrontación tiene ganancia de causa la partidocracia es una forma de darle paso a lo que más contamina los procesos electorales como son las candidaturas de personas muy cuestionadas por su vínculo con el crimen nacional y transnacional, lo cual es medible con lo que ocurre ahora con senadores y diputados seriamente comprometidos con causas que no tienen nada que ver con la democracia.

El capitulo que se vive en los actuales momentos es de una gran trascendencia nacional, porque se trata de una batalla entre el bien y el mal, naturalmente si el asunto se ve en función de recuperar parte de la credibilidad perdida, no sólo por la Junta Central Electoral, sino por todo el andamiaje estatal de la República Dominicana, donde predomina la corrupción y los intereses del crimen organizado.

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostiene que la Junta Central Electoral interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución No.13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas, que el 20% de las mismas deben estar bajo el control de  la máxima dirección colegiada de cada partido y que  se calcula sobre cada nivel de elección (con excepción de la presidencial) y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.

La resolución, que luce ser coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por la sociedad civil mediante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social  luego de ser aprobada por el tribunal con competencia para emitir la misma.

 La sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020, pese a que la organización oficialista violentó una serie de disposiciones legales consignadas en la Constitución de la República con la imposición de propuestas que vulneraron la cuota de género, como ocurrió en la Circunscripción número 2 de la provincia de Santiago, cuya irregularidad generó una demanda de nulidad de un candidato de la misma coalición que encabezó el actual presidente Luis Abinader, pero los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma en el momento oportuno..

«Participación Ciudadana ha denunciado en el pasado como ilegal e inconstitucional la interpretación que permitía calcular las reservas sobre el universo y no por cada nivel de elección, pues vulneraba el principio constitucional de democracia interna que deben observar los partidos de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, recordó la activa organización de la sociedad civil.

Es procedente recordar y advertir que si el porcentaje de reserva de candidaturas se calcula sobre la propuesta nacional, la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas a senadurías, diputaciones y alcaldías, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes y además tendría la oportunidad de negociar con aquellos  que provienen de entornos muy cuestionables, mientras que, si se hace sobre cada nivel de elección, sólo podrían reservarse 6 de 32 senadurías, 38 de 190 diputaciones y 32 de 158 regidurías, por sólo mencionar las mas importantes.

El Tribunal Constitucional también habló claro sobre este tema en su  sentencia TC/0104/20 del 12 de mayo de 2020, cuando señala que la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos “al establecer la cuota de género y sus proporciones, determinó que su implementación debía hacerse por demarcación electoral, y en atención  a esas líneas se definen los límites de las demarcaciones electorales, lo cual sentó la base  para  las reservas electorales, de conformidad con el párrafo III del artículo 58 de la referida legislación”.

En opinión de Participación Ciudadana y nadie pone en duda su argumento al respecto es que «Pretender aumentar las posibilidades de reserva de candidaturas en favor de la alta dirección de los partidos es volver al pasado, a métodos antidemocráticos que debilitaron y crearon situaciones conflictivas en éstos, etapa que debe quedar atrás».

Recordó una vez más, que el artículo 74.4 de la Constitución dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”, por lo que en este caso los miembros de los partidos con aspiraciones entran en el contexto del derecho fundamental de elegir y ser elegibles.

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