Opinión
La culpa de la violencia al revés
Por Narciso Isa Conde
(A propósito de la violencia en la UASD, la ilegalización de FELABEL y la estigmatización de las protestas populares)
Eduardo Galeano llamó la atención a la humanidad sobre cómo los ideólogos de la dominación capitalista y su apabullante poder ejercido a través de los grandes medios de comunicación se dedican a poner el mundo al revés; invirtiendo persistentemente la realidad y las culpas de los males acumulados, y esparciendo, en gran escala, versiones distorsionadas del ejercicio del poder del gran capital y de sus instrumentos de dominación respeto a la sociedad explotada y excluida.
Aquí, en estos días se ha tornado imperioso analizar cómo los grupos de poder ponen al revés la culpa de la violencia y la manera perversa como la dominación violenta del régimen que los representa estigmatiza las rebeldías de los y las abajo, y tergiversa y manipula la necesaria insumisión popular que ella genera.
El tipo de Estado y de Poder
Contamos con un Estado violento bajo control y gestión de la clase dominante- gobernante.
Con una Policía Nacional operada por altos oficiales duchos en crímenes, en torturas, en extorsión y asociaciones malignas con la violencia criminal y opresora, el robo, la narco- delincuencia y grupos gansteriles de todo tipo.
Con una DNI similar.
Con unas Fuerzas Armadas con no pocos mandos ligados al negocio de las drogas, al sicariato, al contrabando y a la corruptela política.
Con una DNCD más parecida a un multi-cártel de la drogas, que a un organismo perseguidor de los narco-delitos.
Con un gran empresariado y una partidocracia cómplice por asociación o por omisión y protección de todas o a una parte de esas prácticas; con responsabilidades propias en sobornos para viabilizar el contrabando, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, las estafas a los contribuyentes, la venta de productos vencidos o perjudícales a la salud, la explotación, el tráfico de seres humanos, el acoso sexual, la discriminación, los abusos de poder y el ejercicio de variadas formas de violencias armada y no armada.
Diversidad y efectos de la violencia integral dominante.
En fin, violencia económica y social que se traduce en muerte por hambre, enfermedades curables, indigencia, pobreza crónica, envenenamientos, depredación de la naturaleza, penurias y sufrimientos masivos.
Violencia política expresada en represiones, apresamientos ilegales, ametrallamientos, golpizas, torturas, pisoteo de la Constitución y las leyes, cancelaciones abusivas, caliesajes, chivateos, represalias políticas, acoso por diferencias, operaciones paramilitares, amenazas y acciones punitivas contra opositores/as y familiares cercanos, expedientes falsos, ejecuciones sumarias y lesiones físicas permanentes a activistas sociales y militantes revolucionarios.
Grandes medios de comunicación en manos de oligopolios capitalistas y del propio Estado violento, reproductores y productores de una gran parte de esas prácticas violentas; auspiciadores por excelencia de una industria del cine y del video, de “enlatados” y programas audiovisuales que potencian y reciclan constantemente la cultura de la muerte, la violencia, el miedo y el terror.
En resumen: padecemos una dominación económica, política, social, cultural, policial militar, para-militar, psicológica e ideológica integral, que a la vez garantiza la impunidad de los de arriba en la comisión de una amplia gama de violencias y de delitos; incluidas expresiones aterradoras de múltiples modalidades la violencia clasista, machista, adulto-céntrica, racista y racista anti-haitiana.
Padrinazgo supranacional.
Esto bajo el padrinazgo de la dominación mundial del gran capital, de sus Estados imperialistas y sus organismos supranacionales, que a través de sus corporaciones transnacionales, sus bancos y organismos multilaterales (FMI, BM, OMC, BID…) saquean recursos y exprimen seres humanos, y mediante sus complejos bélicos, cuerpos y bases militares promueven guerras de alta, mediana y baja intensidad, cometen genocidios y despliegan operaciones criminales encubiertas con la participación de la CIA, FBI, USAID, el MOSAAD, la OTAN, el Comando SUR y otros comandos del Pentágono; por igual entrenan ejércitos subordinados en técnicas de torturas, infiltran movimientos y movilizaciones para montar provocaciones y facilitar sus planes criminales y proyectos despóticos y privatizadores, que reiterativamente ponen en práctica en múltiples escenarios y variados periodos.
De acuerdo a las circunstancias, esas estrategias supranacionales, cargadas de violencia, son canalizadas indistintamente vía dictaduras y fuerzas militares, dictaduras políticas, dictaduras institucionales disfrazadas de democracia, golpes de estado constitucionales, democracias representativas restringidas y seudo-democracias electorales fraudulentas y recolonizadas.
En las coordenadas de democracia restringida recolonizada y seudo-democracia neo-liberalizada se ha situado nuestro país en las últimas décadas.
La UASD -espacio autónomo dotado de Fuero, conquista social y reserva de la educación pública y la libertad de cátedras- todavía no tomada por la impronta privatizadora- ha estado permanentemente sometida a ese tipo de presión y de designios desde el dependiente Estado dominicano y sus órganos policiales y militares de agresión, registrándose ya peligrosos niveles de infiltración y un alto grado de traición y entrega de los grupos que han secuestrado y degrada- do su institucionalidad. Igual pasa con otros espacios no totalmente abatidos por la falacia del libre mercado y las supuestas bondades de la gran propiedad privada.
El delito y la violencia “invisible” con el lente colocado al revés
Pero resulta que aquí ninguna de esas prácticas violentas y delictivas ejercidas desde las alturas del poder y a través de sus intermediarios aparecen como tales en el discurso oficial del Estado, del CONEP, de la Confederación Patronal, de la Cámara Americana de Comercio, de las Fuerzas Armadas–PN-DNCD-DNI, de las encubridoras fundaciones de la sociedad civil, del alto clero católico-romano, de los dueños y gestores de las universidades privadas, de las autoridades de la UASD… menos aun de los omnímodos medios de comunicación al servicio de la dominación, salvo pocas excepciones necesarias para “legitimar” la regla…
Ninguna de esas expresiones de violencia o de esos hechos delictivos son reconocidos y admitidos institucionalmente como asuntos penalizables. El crimen que encierran es sistemáticamente invisibilizado.
Nada de eso está reñido con la ley y el derecho. El sistema lo borra.
Nada de eso es terrorismo. El sistema lo oculta.
Nada de eso es crimen. El sistema se hace el loco.
Esos calificativos criminalizantes son solo usados para estigmatizar las expresiones de indignación popular, la ira de los/as de abajo, la violencia social o política que procede de la base excluida y vilipendiada de esta sociedad; generalmente expresada a manera de contra-violencia o de auto-defensa, o en el peor de los casos, como reacciones aberrantes o extremistas fruto de profundos resentimientos sociales y de la imperiosa necesidad de sobrevivir en medio situaciones y cercos asfixiantes.
O también son empleados contra la delincuencia menor que brota de la pobreza, contra el “microtráfico”, contra las pandillas barriales… o contra la delincuencia y la violencia común de mayor nivel desconectada del poder o traicionada por él cuando la evidencia del contubernio asoma.
El discurso dominante, la palabra oficial, nunca ha dicho ni ha hecho eco de verdades como éstas:
-Que Balaguer y su corte política fueron parte de un club selecto de asesinos intelectuales y ladrones de Estado.
-Que Leonel encabeza una corporación político-económica estructurada desde la delincuencia de Estado, partidocrática y empresarial.
-Que Hipólito, Leonel -y ahora Danilo- han designado y protegido a generales asesinos y corruptos como Pedro de Jesús Candelier, Guzmán Fermín y Polanco Gómez, entre otros; autores intelectuales y/o materiales de numerosos crímenes, de formas crueles de violencia policial, desconocimiento de las leyes, atentados a los derechos humanos y escandalosos actos de corrupción.
-Que sobran las evidencias de su condición de narcos-generales en casos oficialmente silenciados como los de Guzmán Fermín, Belisario Medina y Medina, Florentino y Florentino, Ventura Bayonet, Aquino García y Rosado Mateo, entre otros.
-Que el ex-general Bencosme Candelier, los generales Guzmán Fermín, Fructuoso y Ventura Bayonet…han formado grupos de sicarios en el seno de la PN y la MG, y son responsables directos de innumerables ejecuciones extrajudiciales o de horripilantes acciones de “cirugías”.
-Que el general Polanco Gómez es el tutor de los crímenes y el principal protector del archi-asesino Tte. “La Soga”, actualmente “prófugo” y nunca compelido a entregarse bajo amenaza de muerte policial. Abundan, sin embargo, los casos de anuncio de muertes ejecutadas de la propia boca del general, sin que jamás el ministerio público haya movido la acción de justicia en su contra, ni se haya escrito un editorial en la gran presa proponiendo su sometimiento, ni ninguna ONG financiada por USAID u otra agencia parecida se haya propuesto someterlo a la justicia.
-Que muchas plantas televisoras y emisoras de radio estimulan los femenicidios, el comercio con el sexo, la guerra y la violencia juvenil a través de los llamados “enlatados basura”.
-Que aquí quedó confirmado aquello de que es un mayor delito fundar un banco o dirigir el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, que atracar un banco.
-Que hay pocos delitos más grandes que la firma y aprobación del contrato con la Barrick Gold, protagonizado con prevaricción por Leonel, Álvarez Albizu, Octavio López y refrendado por Miguel Vargas Maldonado y ambas cámaras legislativas.
-Que la PN se la pasa atracando a mano armada y asesinando civiles y militares desafectos a sus mafias o al sistema.
-Que las autoridades que dominan la UASD apañan un clan de la corrupción y un cuerpo de seguridad a fin al mismo, infectado de calieses y de delincuentes comunes como los llamados “topos”.
Pero hay otras cosas muy graves que llaman la atención.
Hipocresías mayúsculas
Los pasamontañas y la pintada de caras son empleados y exhibidos oficialmente por autoridades militares y policiales públicas, que esconden sus rostros para ametrallar, asesinar, lesionar, torturar y hacer fechorías. Pero tan pronto son usadas por luchadores populares para protegerse de las cámaras espías y de los reporteros espías, se convierten en “cuerpo del delito”. Ahora se han incorporado las pelucas como armas peligrosas.
La derecha civil, los partidos del sistema y los grandes empresarios ha sido armado hasta los dientes por la derecha militar, que además maneja a su favor el jugoso negocio del contrabando, venta y permisos de armas. Las armas sin control están a granel por su culpa, y entonces se quejan cuando sus efectivos portando y disparando con armas de guerra penetran a los barrios y entonces le sale un civil con una “chilena”, un “chavón” o una de esas armas ilegales vendidas por ellos mismos.
La Policía y la DNCD matan todos los días personas evidentemente no culpables o “sospechosos” con las manos en alto; matan, torturan, tiene en su seno una gran cantidad de altos oficiales delincuentes y agentes criminales a su servicio, y no se le ilegaliza ni se le cierran sus locales.
A FELABEL o a cualquier otra organización parecida, por simple presunción o por la simple participación de algunos de sus miembros en una manifestación que se sale de cauce o se torna violenta (posiblemente por el accionar paralelo de agentes provocadores), la Policía criminal la criminaliza y las autoridades de la UASD la ilegaliza sin probar culpas, ni colectiva ni individuales…. al compás de una asquerosa campaña mediática y de una cadena de trucos publicitarios.
Las autoridades uasdianas sancionan desde un organismo que no tiene esa facultad, incurriendo en un acto despótico, que procuran justificar a pósteriori con la repetición de los estigmas y la asunción del discurso antiterrorista de los jefes policiales promotores del crimen uniformado y al servicio del crimen civil de las elites sociales y políticas.
A esa campaña se suman varios tipos de “izquierdas ligh” y de renegados de todas la calañas, que califican de “vandalismo” las protestas enérgicas y las formas de autodefensa de la “pobrecía” o el “pobretariado” de los barrios marginados y violentados; capaces incluso desde la renegación de preguntarle a quienes no aceptamos el chantaje de las derechas, “por qué, si queremos hacer guerrillas, no nos vamos a las montañas”; capaces de condenar que los manifestante de esos barrios y a los activistas revolucionarios porque se cubran rostros para evitar ser identificados por una policía asesina, pero incapaces de enrostrarle esa misma condena a los caras pintadas, a los swap, a los topos y a la tropas especiales encapuchadas.
Los generales asesinos y ladrones roban y asesinan con la protección de los dirigentes políticos de igual calaña, y a ellos no se le mete presos ni se ilegalizan sus instituciones y partidos.
No pocos dirigentes de la partidocracia peledeísta, perredeísta, balaguerista… han cometido crímenes, se han enfrentado con armas, se han baleado entre sí… y ninguna autoridad policial o judicial ha propuesto ilegalizar sus partidos y cerrar sus locales. Muy recientes están casos como el del tiroteo en Piedra Blanca y el de la Convención del PRD.
La violencia ejercida por las derechas, la gran burguesía, los ricachones, las transnacionales, los generales y coroneles no es percibida por el sistema y sus voceros. Sus disparos son como si fueran de pétalos de rosas.
Los dominadores siempre representan el orden, la paz, la democracia, la lucha contra la delincuencia y la cultura del amor, no importa cuántos sufrimientos le provoquen y cuanta sangre le hagan derramar a la humanidad.
Pero que no se le ocurra a un pobre, a un revolucionario, a un combatiente social, a una mujer abusada, o un haitiano o una haitiana… expresarse con indignación violenta, rebelarse o auto-defenderse. Entonces, le caen arriba y sin compasión todas las maldiciones y coerciones.
La única violencia ilegal, las únicas armas proscritas son las ejercidas o las poseídas por los/as dominados/as y oprimidos/as.
El terrorismo de Estado no es terrorismo, la delincuencia burguesa no es delincuencia. Pero quemar una gama o tirar una piedra en una protesta popular es un crimen.
Ahora la nueva moda de los “pacifistas” es solo validar las protestas parecidas a la del 4%, protagonizadas por de capas medias con escolaridad y sectores sociales no sometidos a los vejámenes y a la violencia de la marginalidad y la exclusión social.
Hasta la bien ponderada procuradora Yeni Berenice Reinoso “twitió” diciendo que todas las protestas que no fueran así deberían ser consideradas como “actos criminales”. Pero no se le ocurrió decir que la PN, la DNCD, la DNI y ciertas facciones de la partidocracia súper-enriquecida son entidades mafiosas.
La ley del embudo
A las pobrecías abandonadas, excluidas de toda vida digna, sometidas a una violencia cotidiana criminal, no se le perdona auto-defenderse con movilizaciones masivas, pedreas, tubos, palos, tirapiedras,barricadas improvisadas, hogueras y acciones de la autodefensa con artefactos caceros; formas de lucha presentes hoy hasta en la “civilizada Europa”. A los pueblos no se les perdona insurreccionarse frente a la opresión desalmada ni armarse frente a la represión y las injusticias crónicas.
¿Qué dirían y como nos tratarían nuestros hipócritas pacifistas si tomamos las armas como Enriquillo, Lemba, los Trinitarios, los Restauradores, los/as Constitucionalistas del 65…. o si estallamos como abril del 84?
Posiblemente el miedo lo obligue a esconder su actual insolencia.
La ley del embudo.
Todo al revés.
La mayor violencia está impune y elogiada.
La insumisión ha sido estigmatizada.
¡Váyanse al carajo pacifistas de hojalata, derechistas y conservadores impenitentes, consagrados asesinos y delincuentes de Estado, centristas pusilánimes y seudo-izquierdistas lleno de miedo y de dobleces!
A mí jamás no me van a encontrar de su lado, ni siquiera cerca de sus falacias y simulaciones, pase lo pase.
¡JAMÁS!
1 de mayo 2013, Santo Domingo, RD.
P/D Homenaje a los/as trabajadores/as y a todos los seres humanos explotados y empobrecidos por el capital.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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