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Opinión

La Declaración de la Paz  y Cese de Guerras  y el crimen de agresión

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Por Rommel Santos Díaz

En  correspondencia directa con la  Resolución  dela Asamblea General de las Naciones Unidas  2625 (XXV) , la Declaración de la Paz y Cese de Guerras (DPCW)   plantea que los Estados deben fomentar  relaciones amistosas  basadas en el respeto  hacia el principio de la igualdad  de derechos y de la libre determinación de los pueblos y deben tomar medidas apropiadas  para fortalecer la paz mundial.

En   ese marco  la Declaración de la Paz y Cese de Guerras (DPCW)  se complementa  en aspectos fundamentales  respecto al  crimen de agresión  con la Carta  de la Organización de las Naciones Unidas  en  su Capítulo VII  dedicado  a  quebramientos de la paz o actos de agresión , señalando  que los  Estados tienen el deber de abstenerse  de cualquier acción de fuerza que prive  a los pueblos  de su derecho a la libre determinación.

La Declaración de la Paz y Cese de Guerras  llama a los Estados  miembros de la comunidad internacional   a que deben  condenar  con acciones concretas  la ocupación ilegal de un territorio  como resultado  de la amenaza  o el uso de la fuerza  de manera contraria  al derecho internacional   y  a la Carta de los Derechos Humanos.

Conforme  lo  establecido  en la Declaración de la Paz  y Cese de Guerras (DPCW) , los  Estados  deben  promover  la  contabilidad  a través  de la investigación  de supuestas  violaciones  del derecho internacional , en  particular violaciones  graves  de los  Cuatro  Convenios de Ginebra  y  sus Protocolos Adicionales , y  deben  tomar  medidas  para asegurar  que los Estados, ciudadanos y  corporaciones  transnacionales  u otras  con contribuyan a la comisión de violaciones  del derecho  internacional  de los derechos humanos y del derecho internacional  humanitario.

La Declaración de la Paz y Cese de Guerras (DPCW)  apunta hacia un aspecto relevante de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas  al indicar que los Estados deben  condenar y criminalizar en su legislación interna  en  su legislación interna  la planificación, preparación, inicio o ejecución  de un acto de agresión  por parte de alguna persona  en  posición  efectiva  para ejercer el control  o dirigir la acción política o militar de un Estado, la cual por su carácter , gravedad y escala constituye  una violación manifiesta  del derecho internacional , lo  que equivale a un crimen de agresión.

Según la Declaración de la Paz y Cese de Guerras (DPCW) los Estados deben abstenerse de permitir que sus territorios sean puesto a disposición de otros agentes   , sean Estados  u otros , para emplear el uso de la fuerza armada en contra de países terceros en violación del derecho  internacional  y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

En la Declaración de la Paz y Cese de Guerras  ()DPCW)  es una cuestión de principios  lo relativo a la igualdad soberana de los Estados y, procurar consultar a todos los demás Estados sobre la base del respeto reciproco en relación  a temas  que les puedan concernir para resolver  y evitar  disputas que puedan surgir. En ese orden  esta disposición deberá aplicar sin perjuicio de los derechos humanos  y la dignidad humana.

Finalmente, a  la luz de los planteamientos  formulados  anteriormente  en el  marco de la Declaración  de la Paz y Cese de Guerras (DPCW) , los Estados  tendrán siempre el gran reto de respetar   y proteger la igualdad entre los Estados, la soberanía, la democracia, los derechos humanos  para  evitar actos de agresión  en violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas  en mundo dinámico  y con desafíos importantes  para mantener la paz y la seguridad internacionales.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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