Opinión
La delincuencia y la sociedad
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12 años agoon
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LA REDACCIÓNPor Silvano A. Rodríguez
En nuestro país, la República Dominicana, la queja que más emiten los ciudadanos es la de que: «la delincuencia le está ganando la guerra a las autoridades;» pero la verdad es que quien está realmente perdiendo la guerra es la sociedad. Y lo más lamentable aún es que muchos de los que conforman la sociedad a todos los niveles, son miembros de los más perjudiciales grupos de delincuentes.
En casi todos los estamentos de la sociedad los delincuentes forman parte de ellos. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hasta en la Iglesia Católica los delincuentes han penetrado, o por lo menos van a misa.
La realidad es que delincuentes no son sólo esos desalmados, aunque ahora actúan fuertemente armados, que te acechan en las calles y te quitan una cadena de oro, tu cartera, o tu teléfono celular. Estos simplemente son los más populares; y tal vez ni siquiera son la mayoría, pues por cada delincuente que te arrebata una prenda de tu cuerpo, hay más de mil delincuentes que se la quieren comprar. Por cada dos o tres
delincuentes que se roban un automóvil, hay miles de delincuentes que hoy son distribuidores de repuestos usados de automóviles que se suplen de las partes que estos ladrones les venden a precios de vaca muerta.
También mucho se habla de que en nuestras fuerzas militares y policiales han penetrado indeterminada cantidad de delincuentes, y que hoy día forman parte de las mismas. Se les acusa como los principales protagonistas de numerosos actos de delincuencia, y muchos analistas pretenden justificar la conducta inapropiada de estos miembros de nuestras autoridades encargadas del orden y la seguridad ciudadana como causadas por los bajos salarios que perciben.
Quisiéramos dejar claro que, aunque no compartimos la política gubernamental de salarios, pues entendemos que es un error de las autoridades querer justificar la aplicación de paupérrimos salarios para los miembros de nuestros organismos militares y policiales, como consecuencia de nuestras limitaciones en la disponibilidad de recursos que beneficien a los empleados públicos con salarios adecuados, no es menos cierto que cometer o no actos de delincuencia depende más de la formación moral del ser humano y la influencia que se recibe como parte del conjunto de miembros que conforman el ente social al que pertenecemos. En las calles hay muchos policías y militares con bajos salarios, y miles de ciudadanos desempleados que jamás serían capaces de cometer un acto delincuencial.
Un punto que no debemos dejar pasar, si nos enfocamos en la relación salario-delincuencia-moral, es que como país no somos los únicos que enfrentamos este problema a nivel mundial. Para citar sólo algunos casos vamos a iniciar con las tantas historias de delincuentes enganchados a policías en los Estados Unidos, y de otros corrompidos ya dentro de la organización. Algunas de estas historias han sido llevadas al cine y la
televisión y sus ediciones en libros han sido «best sellers.» En la actualidad frecuentemente se presentan casos de oficiales de la policía de Nueva York, algunos de origen dominicano, involucrados en acciones ligadas al narcotráfico callejero, a pesar de que sus salarios superan los ingresos que reciben la mayoría de los policías en todo el mundo.
Recientemente se informó que las fuerzas especiales de la policía de Rio de Janeiro, en Brazil, al penetrar a las favelas para combatir la delincuencia y el narcotráfico, arrestaron a trece policías, quienes fuertemente armados hasta con granadas, se desempeñaban como guarda espaldas del principal jefe de los delincuentes y narcotraficantes en una de estas favelas.
También la corrupción es un acto delincuencial que repercute en los medios de comunicación como simple acción de los políticos que ejercen el poder en determinados períodos de tiempo; pero nadie habla de la corrupción que cometen y practican los llamados sectores poderosos de la economía dominicana que aprueban o desaprueban las políticas fiscales que el gobierno de turno solo puede aplicar luego de hacer un pacto
con ellos, o de los contrabandos que se detectan pero nunca se dice quien o quienes lo intentaron introducir. Estos actos de delincuencia son poderosamente dañinos para el desarrollo social del país y los que los cometen forman parte de la sociedad.
La delincuencia nos arropa en todos los estamentos de la sociedad. Combatirla no es tarea particular de ninguna autoridad. Cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad de enfrentarla. Así como se castiga el lavado de recursos provenientes del narcotráfico, así también hay que penalizar fuertemente el lavado de recursos y bienes provenientes de la delincuencia, incluyendo la corrupción.
Opinión
Estados Unidos se queda sin moral para exigir a otros respeto por la ley.
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7 días agoon
noviembre 7, 2024Por José Cabral.
Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.
Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos mientras ocupe la jefatura del Estado.
Pero poco importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.
Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.
Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.
Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.
Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica, que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.
Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.
Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.
Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley, porque es el resultado de su decisión.
Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.
Por Isaías Ramos
Es profundamente preocupante que, al cumplirse hoy 180 años desde la promulgación de nuestra constitución original, nuestro país aún no haya sido capaz de implementar plenamente el mandato constitucional que obliga a los mandatarios a «cumplir y hacer cumplir» la ley. Esta omisión ha sido una constante, con contadas excepciones.
Es inaceptable que la población siga permitiendo que la clase política se burle impunemente del cumplimiento de sus deberes. El pacto social que debería unirnos como nación, cimentado en la implementación efectiva de nuestra Constitución, sigue siendo una utopía inalcanzable. Cada día que pasa sin que se lleve a cabo una verdadera reforma política y social, es un día más en el que el pueblo sigue perdiendo su norte, mientras una clase dirigente egoísta y corrupta se perpetúa en el poder. Es indignante que, tras 14 años, 9 meses y 10 días desde la promulgación del Estado Social y Democrático de Derecho, todavía se siga utilizando nuestra Constitución como un simple «pedazo de papel», en lugar de ser la guía y el fundamento del orden social y político.
La falsedad y el engaño han sido los pilares de este gobierno y de muchos otros anteriores. Nos dicen una cosa mientras hacen todo lo contrario. Como nación, ya no podemos seguir tolerando que las élites políticas gobiernen de manera caprichosa, desinteresada y corrupta, priorizando su propio beneficio a costa del bienestar de la población. Es urgente que el pueblo exija un cambio real, un retorno a los principios democráticos y sociales que deben regir nuestra convivencia.
El actual modelo de gobierno, que ha entregado las riendas del país a los intereses de unos pocos, ha desatado un proceso de saqueo sistemático, endeudamiento y opresión que ha afectado a millones. Este modelo se basa en el desmantelamiento del Estado y la concentración de los recursos en manos de las élites. En lugar de avanzar hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, como dictan nuestra ley de leyes, hemos retrocedido a un Estado corporativista que favorece los intereses de unos pocos, mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza.
Cuando aceptamos que el lucro y la codicia, practicados sin control, son el motor del progreso, nos hemos rendido ante la idea de que cualquier acto de enriquecimiento personal puede ser justificado. La corrupción, el lavado de activos y el saqueo de los recursos públicos son vistos como «contribuciones al capital creativo del capitalismo», mientras más del 40% de nuestra población vive en condiciones de pobreza extrema. Esta perversión del sistema ha generado una profunda desigualdad y ha condenado a la mayoría del pueblo a vivir en la miseria, mientras una élite política y económica acumula riquezas de manera escandalosa.
Esta miseria planificada es aún más grotesca cuando observamos la riqueza acumulada por una clase política que solo busca perpetuar su poder para robar y saquear los recursos del país. La élite actual ha logrado instalar un modelo de despojo que favorece a pocos, a costa de las generaciones presentes y futuras. Este pillaje no solo se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en el control absoluto de las instituciones del Estado, a través de un capitalismo mafioso que permite a actores corruptos perpetuar un sistema injusto y destructivo.
La corrupción masiva está normalizada y no se ve ningún cambio a la vista. Necesitamos urgentemente un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Desde el Frente Cívico y Social, defendemos este modelo porque representa una verdadera renovación, una opción frente a la corrupción y el desgobierno que nos está destruyendo. Tirar por la borda la libertad que nuestros héroes lograron a costa de sacrificios inmensos es un sacrilegio que no podemos permitir.
¿Cómo podemos seguir en silencio ante tanta ignominia? ¿Cómo podemos ver cómo se entregan nuestros derechos territoriales sin que se levante una sola voz en defensa de la patria? Nos descalifican con frases vacías sobre su supuesta superioridad intelectual, pero no podemos callar ante el despojo sistemático de lo que es nuestro. Nos tildan de ignorantes y nos acusan de romantizar el pasado, pero lo cierto es que estamos luchando por un futuro mejor, uno que respete nuestros derechos fundamentales, nuestra soberanía y nuestra identidad.
Es inaceptable que sigamos siendo cómplices de la indiferencia y la pasividad. La cultura del engaño, la manipulación y la falsedad debe ser erradicada. La clase política que gobierna ha sido incapaz de garantizar los derechos constitucionales, y cada día que pasa estamos más cerca de perder lo que tanto nos costó conquistar. La apatía social solo beneficia a aquellos que han mantenido secuestrado al Estado, despojándonos de nuestras libertades y derechos fundamentales.
Por ello, en el FCS hacemos un llamado urgente al pueblo a despertar de su letargo y tomar las riendas de su destino. Ya no podemos seguir siendo espectadores de nuestra propia historia. Es hora de exigir la implementación plena de la Constitución y de restablecer un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos políticos, económicos y sociales para todos. Debemos organizarnos, movilizarnos y exigir la rendición de cuentas de los gobernantes. La lucha por la justicia social no puede seguir siendo una promesa vacía ni una ilusión remota.
El cambio solo será posible si unimos nuestras fuerzas para erradicar esta cultura de demagogia y corrupción. Es hora de rechazar el cinismo de aquellos que han prometido el cambio y han traicionado la confianza del pueblo. La libertad y la dignidad de nuestra nación no deben seguir siendo mercadeadas como un bien de consumo. ¡El pueblo tiene el poder de transformar su realidad! ¡Es hora de que nos levantemos con firmeza, decididos a recuperar lo que es nuestro por derecho! No dejemos que nos roben el futuro que nos pertenece. ¡El momento de la acción es ahora!
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
La soledad del poder es un concepto referido, básicamente, al espacio y tiempo cuando el gobernante entra en la etapa final de su mandato, en la cual, como ratas en naufragio, algunos de su cercanía—y más aun de los aparecidos—empiezan a saltar del simulado barco del Estado.
Es decir, un mandatario que concluye y no tiene opción de continuidad, comienza a experimentar la soledad, pues casi siempre se va quedando con pocos leales que permanecen a su lado a pesar de las tempestades.
Sin embargo, no siempre tiene que ser en ese momento ni en esas circunstancias cuando se experimenta la soledad, porque se puede estar solo en la defensa de políticas esenciales para la buena marcha de la administración.
Y peor es cuando se desconecta con la población porque esta carece de la información básica para no dejarse confundir. Verbigracia, el reciente naufragio de la reforma fiscal es un caso específico.
El presidente Luis Abinader está convencido de que la reforma no solo era y sigue siendo necesaria, casi indispensable, sino que sus efectos negativos podrían ser atenuados con los positivos.
Estos elementos de gran impacto positivo quedaron sepultados por la corriente mediática que satanizó la reforma, mientras los encargados de contrastar lo bueno con lo malo, fueron ahogados de tal forma que el proyecto parecía no contener nada positivo.
Pero veamos, someramente, algunos puntos fundamentales que la población desconoció en detalle, porque falló la didáctica de los encargados de hacerlos digeribles:
—Se proyectaba duplicar el salario mínimo del sector público, lo que también implicaba que otros salarios subsiguientes aumentaran empujados por el menor.
—Los municipios y distritos verían duplicados sus presupuestos, con el impacto que esto representaba para las comunidades, expresado en obras, mejoramiento de entornos y más.
—Se difería el pago del anticipo para ser liquidado trimestralmente, lo que tendría un efecto altamente significativo en el fortalecimiento de las mipymes, cuya incidencia casi revolucionaria repercutiría en la creación de nuevas empresas y, por consiguiente, la posibilidad de ampliar la clase media.
¿Por qué la población no fue debidamente edificada sobre estos y otros aspectos positivos de la reforma y se permitió que la parte negativa se impusiera?
Solo dejo esta interrogante, porque el presidente no puede, al mismo tiempo, cantar la misa y andar en la procesión.