Opinión
La delincuencia y la sociedad
Published
11 años agoon
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LA REDACCIÓNPor Silvano A. Rodríguez
En nuestro país, la República Dominicana, la queja que más emiten los ciudadanos es la de que: «la delincuencia le está ganando la guerra a las autoridades;» pero la verdad es que quien está realmente perdiendo la guerra es la sociedad. Y lo más lamentable aún es que muchos de los que conforman la sociedad a todos los niveles, son miembros de los más perjudiciales grupos de delincuentes.
En casi todos los estamentos de la sociedad los delincuentes forman parte de ellos. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hasta en la Iglesia Católica los delincuentes han penetrado, o por lo menos van a misa.
La realidad es que delincuentes no son sólo esos desalmados, aunque ahora actúan fuertemente armados, que te acechan en las calles y te quitan una cadena de oro, tu cartera, o tu teléfono celular. Estos simplemente son los más populares; y tal vez ni siquiera son la mayoría, pues por cada delincuente que te arrebata una prenda de tu cuerpo, hay más de mil delincuentes que se la quieren comprar. Por cada dos o tres
delincuentes que se roban un automóvil, hay miles de delincuentes que hoy son distribuidores de repuestos usados de automóviles que se suplen de las partes que estos ladrones les venden a precios de vaca muerta.
También mucho se habla de que en nuestras fuerzas militares y policiales han penetrado indeterminada cantidad de delincuentes, y que hoy día forman parte de las mismas. Se les acusa como los principales protagonistas de numerosos actos de delincuencia, y muchos analistas pretenden justificar la conducta inapropiada de estos miembros de nuestras autoridades encargadas del orden y la seguridad ciudadana como causadas por los bajos salarios que perciben.
Quisiéramos dejar claro que, aunque no compartimos la política gubernamental de salarios, pues entendemos que es un error de las autoridades querer justificar la aplicación de paupérrimos salarios para los miembros de nuestros organismos militares y policiales, como consecuencia de nuestras limitaciones en la disponibilidad de recursos que beneficien a los empleados públicos con salarios adecuados, no es menos cierto que cometer o no actos de delincuencia depende más de la formación moral del ser humano y la influencia que se recibe como parte del conjunto de miembros que conforman el ente social al que pertenecemos. En las calles hay muchos policías y militares con bajos salarios, y miles de ciudadanos desempleados que jamás serían capaces de cometer un acto delincuencial.
Un punto que no debemos dejar pasar, si nos enfocamos en la relación salario-delincuencia-moral, es que como país no somos los únicos que enfrentamos este problema a nivel mundial. Para citar sólo algunos casos vamos a iniciar con las tantas historias de delincuentes enganchados a policías en los Estados Unidos, y de otros corrompidos ya dentro de la organización. Algunas de estas historias han sido llevadas al cine y la
televisión y sus ediciones en libros han sido «best sellers.» En la actualidad frecuentemente se presentan casos de oficiales de la policía de Nueva York, algunos de origen dominicano, involucrados en acciones ligadas al narcotráfico callejero, a pesar de que sus salarios superan los ingresos que reciben la mayoría de los policías en todo el mundo.
Recientemente se informó que las fuerzas especiales de la policía de Rio de Janeiro, en Brazil, al penetrar a las favelas para combatir la delincuencia y el narcotráfico, arrestaron a trece policías, quienes fuertemente armados hasta con granadas, se desempeñaban como guarda espaldas del principal jefe de los delincuentes y narcotraficantes en una de estas favelas.
También la corrupción es un acto delincuencial que repercute en los medios de comunicación como simple acción de los políticos que ejercen el poder en determinados períodos de tiempo; pero nadie habla de la corrupción que cometen y practican los llamados sectores poderosos de la economía dominicana que aprueban o desaprueban las políticas fiscales que el gobierno de turno solo puede aplicar luego de hacer un pacto
con ellos, o de los contrabandos que se detectan pero nunca se dice quien o quienes lo intentaron introducir. Estos actos de delincuencia son poderosamente dañinos para el desarrollo social del país y los que los cometen forman parte de la sociedad.
La delincuencia nos arropa en todos los estamentos de la sociedad. Combatirla no es tarea particular de ninguna autoridad. Cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad de enfrentarla. Así como se castiga el lavado de recursos provenientes del narcotráfico, así también hay que penalizar fuertemente el lavado de recursos y bienes provenientes de la delincuencia, incluyendo la corrupción.
Por Miguel Guerrero
En los círculos “progres” se desconoce la diferencia entre una postura y una actitud revolucionaria. Las posturas revolucionarias se relacionan estrictamente con el plano de la ideología. Las actitudes revolucionarias con lo que una persona es en su vida diaria.
La primera se asume abrazando el comunismo o algunas de sus macabras derivaciones, como el castrismo y el chavismo. Pero una conducta revolucionaria se alcanza con una larga vida de desprendimiento y servicio. He visto por eso a marxistas muy reaccionarios y a un buen número de empresarios realmente revolucionarios. Siempre será más difícil mantener una verdadera conducta revolucionaria porque la mayoría de quienes alegan un historial “progresista” viven y actúan en constante riña con sus prédicas.
Así se pueden ver a políticos corruptos, enriquecidos a expensas del Estado y del trabajo productivo del pueblo, vociferar en mítines y pontificar en programas de radio y televisión sobre la necesidad de cambiar las relaciones de producción y de hacer esto y aquello para transformar las condiciones de las masas desposeídas, y regresar después a sus lujosas mansiones para ahogar en caviar y whisky sus cantos de protesta.
No seremos más buenos ni más revolucionarios sólo porque adoptemos una filosofía política o un dogma ideológico. Los sistemas no cambian a las personas, ni modifican la naturaleza humana. Hay revolucionarios buenos como los hay también malos y muy malos. Y lo mismo ocurre con otros sistemas políticos. Lo importante por lo tanto no es que nuestros dirigentes políticos, empresariales y sociales sean marxistas o de “ideas avanzadas”, como se dice. Lo importante es que sean personas capaces, conscientes de sus responsabilidades elementales y dotadas de fina sensibilidad social. El sentido del deber es el primer paso hacia una conducta efectivamente revolucionaria.
Por Rosario Espinal
Los pueblos no generan por sí mismos sus ideologías políticas. Las élites las articulan y propagan. En la República Dominicana esas élites siempre han sido conservadoras.
Muchas veces escucho decir que el pueblo dominicano es conservador y siempre reacciono diciendo que no es el pueblo, son las élites.
Juan Bosch fue el gran maestro político de la sociedad dominicana con sus alocuciones radiales a principios de la década de 1960. De ahí se nutrió toda una generación con valores progresistas después de una férrea dictadura. Bosch enseño sobre las diferencias de clase, la explotación y el imperialismo en una especie de marxismo aplatanado.
José Francisco Peña Gómez fue el gran movilizador de masas. No pudo convertirse en un gran líder populista porque estuvo vedado por las élites para llegar al poder por ser negro y de origen haitiano. Se proclamó socialdemócrata y ayudó a forjar también el progresismo dominicano.
De 1978 a 1986, el PRD se la ingenió para evitar que Peña Gómez fuera candidato presidencial. Pero, al borde del precipicio político en 1990, lo llevó de candidato, también en 1994 y 1996. Durante esa década Balaguer se encargó de matar las aspiraciones presidenciales de Peña Gómez.
El PLD, para llegar al poder en 1996, se valió del apoyo de Balaguer que seguía con su cruzada de no permitir que Peña Gómez gobernara. Formaron el Frente Patriótico y enterraron políticamente a Bosch.
El balance fue que Bosch gobernó solo siete meses en 1963 y Peña Gómez murió en 1998 sin nunca ser presidente.
Después de la muerte de Balaguer en el 2002, el PLD absorbió el electorado balaguerista y Leonel Fernández se convirtió en líder de las fuerzas conservadoras, aunque el PRSC-franquicia hizo diversas alianzas para asegurar posiciones y beneficios.
Por eso, a partir de 2004, el PRSC declinó electoralmente hasta que en el 2020 solo obtuvo 1.8% de los votos con Leonel de candidato presidencial en una coalición de partidos pequeños de ultraderecha: PRSC, FNP, PQDC, BIS, PUN.
Poco después de la llegada del PRM al poder en el 2020, se hizo evidente que Luis Abinader tomaría también el camino del conservadurismo, a pesar de las expectativas de cambio progresista que había generado en sectores de inclinación liberal peñagomista.
La anticorrupción es la bandera que enarbola para mantener ese sector social políticamente leal, mientras el ultranacionalismo con relación a Haití es el imán que utiliza Abinader para atraer el apoyo de la ultraderecha partidaria, quebrando así el vínculo de ese sector con Leonel.
El país pues ha pasado del pelebalaguerismo al perrebalaguerismo.
Ambos prefijos (pele y perre) van acompañados de balaguerismo porque en el post-trujillismo, Balaguer fue el articulador del conservadurismo desde el propio Estado. De la histórica trilogía política (Balaguer, Bosch y Peña Gómez), Balaguer fue el único que gobernó.
Es clarísimo que los partidos pequeños dominicanos, independientemente de su supuesta orientación ideológica, buscan aliarse al partido grande que esté en el poder o en vías de llegar. Se vio con el PLD y ahora con el PRM. Ahí todos convergen en el conservadurismo.
Los pueblos no generan por sí mismos sus ideologías políticas. Las élites las articulan y propagan. En la República Dominicana esas élites siempre han sido conservadoras.
Por Nelson Encarnación
Una de las mayores preocupaciones para quien es elegido presidente de los Estados Unidos tiene que ver con su legado en diversos aspectos de la vida del país, muy especialmente lo relacionado con la visión que se formen los ciudadanos sobre su impronta en el ámbito judicial.
Por esta razón, los gobernantes estadounidenses no se andan con remilgos cuando se presenta la ocasión de designar jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde se marca su talante conservador o liberal y se marca su huella.
En esta cuestión, ningún otro presidente en décadas tuvo la oportunidad de Donald Trump para afianzar su postura conservadora, pues se le presentó el momento de llenar tres vacantes en el máximo tribunal estadounidense.
El legado de Trump será, por mucho, el más duradero proyectado hacia el futuro, con la eventualidad de hacerlo casi imperecedero en caso de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.
En nuestro país no andamos pensando en legado ni nada de esas cuestiones abstractas, que, sin embargo, son importantes para un presidente que quiera trascender más allá de obras físicas; uno que tenga el interés de que se le recuerde como un mandatario afianzador de lo institucional.
Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura elija a los cinco jueces en reemplazo de los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, habrá dejado abierto el camino para que el presidente Luis Abinader tenga la oportunidad de cambiar a todos los integrantes y dejar su legado.
Esto, como en el caso del estadounidense, quedará sujeto a que logre su reelección el próximo año, ya que entonces se le abrirá el espacio temporal para realizar otra elección en 2027.
Es decir, que, desde la primera elección del TC en 2011, solo Abinader tendrá la coyuntura para influir de manera total y determinante en un tribunal también determinante en la vida institucional del país.
En consecuencia, esa perspectiva trascendental le plantea al presidente el desafío de actuar con una visión de largo aliento, designando a jueces constitucionales que, como señalaba recientemente el magistrado Jorge Subero Isa, sobre todo tengan una amplia perspectiva de política de Estado entre otros aspectos fundamentales.
Y esa condición no se consigue en cualquier graduado de Derecho, sino en verdaderos conocedores de la materia constitucional y las complejidades estatales.
jpm-am