Reportaje A Fondo
La desigualdad enturbia el tímido avance de América Latina en desarrollo humano
Argentina, Venezuela y Nicaragua registran retrocesos en el indicador de la ONU. En el resto de la región las mejoras son escasas, con la inequidad penalizando sistemáticamente
El desarrollo humano avanza en América Latina, aunque a un ritmo notablemente más bajo que en el resto del mundo y menor al de las últimas décadas. Todos los países de la región salvo tres —Argentina, Venezuela y Nicaragua, todas ellas economías inmersas en crisis económicas y políticas— mejoraron el año pasado en el índice de desarrollo humano (IDH que aglutina un buen número de variables en todos los ámbitos) publicado este lunes por Naciones Unidas. La inequidad se ceba muy especialmente con el subcontinente —la región más desigual del mundo—, corrigiendo a la baja sistemáticamente las mediciones de prácticamente todos los países del área. El IDH es una fórmula de medición del bienestar de la población mucho más completa que la renta per cápita: no se queda en los factores económicos e incluye variables como la esperanza de vida o la calidad educativa.
En el caso latinoamericano, el administrador del PNUD y presidente del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner vincula sin ambages la reciente oleada de protestas sociales en varios países de la región —Chile, Ecuador y Colombia, entre otros— con una «sensación generalizada de descontento en la población» y con la desigualdad misma. El caso chileno es, quizá, el más claro cuando se cruzan los datos de la ONU con las reclamaciones de los manifestantes que han tomado Santiago y el resto de grandes ciudades chilenas: en un país en el que las demandas sociales apuntan claramente a la ausencia (o mala calidad) de los servicios públicos, la prosperidad —es uno de los más ricos de la región— no lo es todo y las diferencias de renta y la discriminación social pesan —y mucho— sobre el bienestar general.
Monográfico sobre inequidad
El PNUD suele centrar una parte importante de su análisis anual en la influencia de la inequidad sobre el índice en todas las regiones del mundo. Esta vez, sin embargo, el énfasis es mucho mayor. Los datos justifican claramente el porqué de esta mayor preocupación del organismo: mientras el avance global en pobreza extrema es indudable, apuntan los técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —un punto en el que América Latina también ha pinchado en hueso en los últimos cinco años—, «las brechas de desigualdad siguen en niveles inaceptables». En un país de desarrollo humano muy alto, una persona de 40 años que pertenece al 1% más rico tendrá una esperanza de vida de entre 10 y 15 años más que alguien que pertenezca al 1% más pobre. Y mientras un niño nacido en el año 2000 tiene un 50% de probabilidades de estar hoy en la universidad, otro nacido el mismo año en un país de desarrollo humano bajo (como Haití, por citar un caso de la región) tiene un 83% de probabilidad de haber sobrevivido y solo un 3% de estar cursando hoy estudios superiores.
Más datos del PNUD que sustentan por qué en los últimos años el problema de la desigualdad no ha dejado de ganar peso en la escala de preocupaciones de los principales organismos internacionales: si el crecimiento económico sigue la pauta fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su cuadro de proyecciones, el número de personas en situación de extrema pobreza en todo el mundo se mantendrá por encima de los 550 millones —más que la suma de las poblaciones de EE UU y Brasil—; si, por el contrario, cada año se lograse reducir el índice de Gini en un 1%, 100 millones de personas más saldrían de la carestía extrema. En el caso de los países emergentes, el problema de desigualdad está, en gran medida, en la incapacidad redistributiva del Estado: la posición de partida es prácticamente la misma que la de las economías avanzadas, pero a diferencia de estas últimas, los impuestos y las transferencias públicas apenas logran corregir las diferencias de renta.
Pese a la lectura habitual de la inequidad como mera medida económica, la ONU anima a ir un paso más allá. «Tenemos todavía un sentido de la desigualdad del siglo XX, únicamente vinculado a la renta per cápita», apunta Steiner. «Pero estas desigualdades económicas iniciales han dado lugar a una nueva generación de inequidad: microdesigualdades que parten de la percepción de que ‘mi hijo nace en una situación de desventaja’. Y eso revela una falta de movilidad social». En América Latina, esa ruptura del ascensor social se hace especialmente evidente.
Salvo los citados casos de Argentina —que pierde dos lugares en la clasificación global pero que, pese a todo, sigue siendo el único representante latinoamericano junto con Chile entre los países con IDH muy alto—, Venezuela —que retrocede 26 puestos desde 2013, el mayor retroceso en todo el mundo y que suma su cuarta caída anual consecutiva— y Nicaragua, la evolución del indicador de desarrollo humano es positiva en la región. Con un importante pero: es la zona del mundo que registra el menor avance en este apartado desde 2010: menos del 0,5% anual, la mitad que Asia del Sur y el África subsahariana. En el lado opuesto, las mayores mejoras en 2018 se registran en Perú, que escala cuatro puestos, y en Bolivia, que ya se ha sumado al grupo de países con desarrollo económico alto y que es, de lejos, el país en el que más mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos en las tres últimas décadas. En ambos casos, matiza Concencião, buena parte de la mejora es achacable al crecimiento económico Dos buenas noticias, en todo caso, en un entorno marcadamente negativo por el efecto arrastre de la desigualdad sobre el desarrollo humano.
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Reportaje A Fondo
Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular
El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.
Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.
Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.
Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.
Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.
El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.
Arévalo pide ayuda a la OEA
Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.
“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.
En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.
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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación
Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.
Las energías renovables, en aumento
Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.
Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.
La importancia de la planificación
El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.
En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.
Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.
En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.
¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.
Los retos de América Latina
Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.
En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?
Cómo acelerar la transición energética
Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:
1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.
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Reportaje A Fondo
El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024
Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.
En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.
Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.
Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.
Menos voto de castigo
«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.
«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.
En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.
Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.