Opinión
La división parece irremisible en el PRD
La propuesta de una Comisión Mediadora aplazaría por año y medio la división definitiva del secuestrado Partido Revolucionario Dominicano prolongando su incapacidad para asumir un rol coherente de oposición.
Por Juan Bolívar Díaz
La suerte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) luce cada vez más irrelevante en una sociedad agobiada por graves problemas económico-sociales, al extremo de que ha pasado casi desapercibida la propuesta de solución a su crisis presentada esta semana por una comisión de mediadores.
El plan diseñado por seis dirigentes perredeístas prolongaría por otro año y medio la virtual división que arrojó la convención de marzo del 2011, y dejaría al PRD incapacitado para asumir un rol coherente de oposición en medio de incertidumbres y de un proceso de reformas trascendentales.
Cada vez más irrelevante
El partido más antiguo del país luce cada vez más irrelevante, como si sufriera el peso de sus 73 años, y agobiado por las carencias democráticas que lo han convertido en un instrumento encadenado con sus organismos secuestrados y con pocos dolientes en capacidad para movilizar sus viejas estructuras.
Después de varios meses de consultas y ponderaciones una Comisión Mediadora (CM) integrada por seis conocidos dirigentes presentó esta semana una propuesta que pretende rescatar la unidad partidaria y que hasta el viernes había tenido muy poca resonancia en una opinión pública que le es adversa.
La mayor debilidad de la propuesta es que contiene un calendario de eventos tan largo como para prolongar hasta febrero del 2014 la agonía orgánica del partido blanco, con el agravante de que para entonces ya estaría encendida la lucha por las candidaturas para las elecciones nacionales del 2016. El partido blanco se consumiría en su propia salsa, incapacitado para asumir un rol coherente de oposición política durante un período en que el país estará obligado a reformas trascendentales para equilibrar sus finanzas y definir nuevas prioridades de gobierno.
De esa forma la ciudadanía podría terminar de acostumbrarse a la idea de que no hay un partido en capacidad de equilibrar el peso hegemónico del bloque de gobierno que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana junto a lo que resta del desintegrado Partido Reformista Social Cristiano.
La situación del perredeísmo es cada vez más irrelevante en la opinión pública y más allá de sus militantes es común la indiferencia de la población respecto a su suerte. Hasta en los cenáculos políticos y académicos se evita o se rechaza hablar de las perspectivas en que se encuentra el partido más votado en 28 de las 32 jurisdicciones provinciales en las elecciones de mayo pasado, cuyo candidato obtuvo el 47 por ciento del sufragio válido. El sentimiento es que los perredeístas son incapaces de colocar el interés nacional por encima de sus desgarrantes e incesantes querellas internas.
Primera propuesta de unidad
Una comisión mediadora fue constituida tras las elecciones de mayo pasado con el objetivo de recuperar la unidad del perredeísmo y quedó constituida por la viuda de José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, Eligio Jáquez, Neney Cabrera, William Jana, Nelson Espinal Báez, Angel dela Cruz y Siquió NG de la Rosa.
El 3 de julio pasadola CM presentó su primera “Propuesta para la reconciliación de la familia perredeísta”, tras la cual se reunieron con los principales protagonistas de la división interna, el presidente titular Miguel Vargas Maldonado por un lado, y por el otro el presidente en Funciones Andrés Bautista, el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria de Organización Geanilda Vásquez, y el excandidato presidencial Hipólito Mejía.
Según los comisionados Hipólito Mejía acogió plenamente sus planteamientos, al igual que Vargas, quien mostró disposición a convocarla Comisión Política, aunque luego condicionó el proceso, mientras Bautista, Jorge y Vásquez pidieron plazo para responder formalmente. No obstante el 22 de agosto Vargas Maldonado y Jorge Mera se reunieron “para iniciar el proceso de concertación de una agenda con miras al restablecimiento de la vida institucional de nuestro partido”.
La primera propuesta se sintetiza en aprobar una oposición al gobierno firme y responsable, rechazar cargos gubernamentales, demandar la aprobación de la Ley de Partidos y las modificaciones pendientes a la Ley Electoral y retorno al orden institucional del partido bajo la dirección de “las máximas autoridades electas”.
También convocar los organismos partidarios para evaluar el desempeño en las elecciones de mayo, establecer fecha para la convención ordinaria estatutaria que elige dirigentes cada cuatro años, aprobar la expulsión definitiva de seis que apoyaron la candidatura peledeísta y solicitar al presidente y al secretario general la convocatoria, a la mayor brevedad, de la Comisión Política para que conozca esos planteamientos.
Segunda llamada de la CM
Más de dos meses y medio después sin que se haya producido la convocatoria de la Comisión Política, a pesar de que múltiples dirigentes la han demandado, la CM hizo pública el pasado jueves 20 una carta dirigida a Vargas, Bautista, Jorge, Vásquez y Mejía, en la que formula un calendario de eventos en base a “puntos comunes”.
Proponen “la celebración de la Comisión Política Concertada” para el lunes 8 de octubre para aprobar la línea de oposición al gobierno, saludar los esfuerzos de Miguel Vargas por la aprobación de la Ley de Partidos y una Ley de Garantías Electorales y felicitar a Hipólito Mejía por su desempeño como candidato presidencial.
También sugieren fijar la convención ordinaria para el 21 de septiembre del 2013, y que quienes resulten elegidos para dirigir el partido asuman sus funciones en febrero del 2014. Esos cinco meses de transición son una concesión a Vargas, quien alega que su período como presidente concluye en el 2014, aunque fue proclamado presidente por la Convención Nacional del 19 de julio del 2009 para el período 2009-2013.
El calendario incluye elegir de inmediato una comisión organizadora que entraría en funciones en febrero del 2013, aprobar la implementación inmediata de las resoluciones adoptadas por el Congreso José F. Peña Gómez del 2010, y autorizar a la Comisión Estatutariaa presentar en 60 días sugerencias de modificaciones para modernizar y readecuar las estructuras del partido.
Con fecha del mismo día 20, Andrés Bautista, Jorge Mera, Geanilda Vásquez e Hipólito Mejía respondieron acogiendo la propuesta de convocarla Comisión Políticapara el 8 de octubre para que conozca la propuesta de convención el 21 de septiembre del 2013, “bajo una integración de esfuerzos entre todos”. También apoyan la conformación dela Comisión Organizadorade la convención y que se ejecuten las resoluciones del congreso Peña Gómez. Se remiten a los estatutos para todos los fines.
Una unidad casi imposible
Los perredeístas estarán a la espera de la reacción del ingeniero Vargas Maldonado, su presidente titular, cuestionado por su resistencia a respaldar la candidatura perredeísta en las pasadas elecciones, y quien desde entonces mantiene encadenado el local nacional de la organización, negándose a convocar formalmente los máximos organismos.
Encuestas que circulan entre los perredeístas confirman la percepción pública de que Vargas Maldonado tiene un amplio rechazo de los perredeístas, que llegan a considerarlo responsable de que no ganaran el poder en mayo pasado, cuando quedaron con 47 por ciento del sufragio. Se acusa a su círculo íntimo de haber hecho campaña contra Mejía y a favor del partido de gobierno. Una encuesta que reatribuye a la socióloga Ana María Acevedo registra rechazo hasta del 74 por ciento.
Son pocos los perredeístas que creen en la posibilidad de una reconciliación entre Mejía y Vargas Maldonado, considerando que no se logró antes de las elecciones, ni cuando el candidato presidencial del PRD dominaba las encuestas, ni tampoco cuando lo intentaron sus familiares apelando a los vínculos matrimoniales.
Ninguno de los dos reunifica por completo el PRD. Pero por lo menos Mejía ha dicho que no aspirará a presidir el partido, cosa que no ha hecho Vargas y a lo que debería abocarse si aceptara las dificultades reales que confronta. En realidad él ya no reunifica ni siquiera a los que constituyeron el estado mayor del grupo que sostuvo su precandidatura presidencial hasta semanas después de la convención de marzo del 2011 que ganó Mejía.
Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez que respaldaban a Vargas decidieron apoyar la candidatura del partido y ahora encabezan su confrontación. También perdió el apoyo de quien fuera su jefe de precampaña Alfredo Pacheco, de la presidenta de la federación de mujeres Janet Camilo y del presidente de la Juventud, así como de Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre, y de Neney Cabrera y Eligio Jáquez que ahora son parte de la CM.
Puntos conflictivos
De aceptar la convocatoria de la Comisión Política debe asumirse que Vargas Maldonado recogerá las cadenas que cierran la entrada a la casa nacional perredeísta y permitirá que todos sus dirigentes entren y salgan, incluyendo a quienes tienen despachos en el local. Pero aún así será casi imposible que puedan ponerse de acuerdo en quiénes conformarán la Comisión Organizadora de la Convención, ya que dirigentes de la categoría de Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino, que organizaron la del 2010, terminaron estigmatizados por Vargas Maldonado.
También será difícil que los dirigentes del PRD se pongan de acuerdo sobre el padrón de militantes e incluso sobre quiénes son los miembros de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, cuya composición Vargas Maldonado dispuso modificar ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo, día en que su partido concluía la campaña electoral que él no apoyó.
La reunificación del perredeísmo luce casi una quimera, sobre todo si la división sigue siendo incentivada desde los poderosos predios del ex presidente Leonel Fernández, quien cuenta con ella para facilitarse un retorno al poder en el 2016. Y mientras más tiempo transcurra la división podría ser más traumática e irremediable por cuanto Vargas Maldonado, administrando el subsidio estatal del PRD podría posicionarse mejor de lo que luce hasta ahora.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.