De portada
La candidata vicepresidencial de Abinader conecta al PRM con el alto empresariado y el mundo académico.
Por Elba García
La decisión de Luis Abinader de escoger como compañera de boleta a una mujer que conecta directa e indirectamente su proyecto político con el alto empresariado, cuyo partido necesariamente no está relacionado con este sector de la vida nacional, lo que facilita un lenguaje que encaja en el marco de la macroeconomía, los negocios a todos los niveles y de la docencia.
Raquel Peña, vinculada a unos sectores económicos y sociales que la colocan como el puente de conexión con una parte de la población dominicana que no hace vida activa en el partidismo, a pesar de que siempre ha tenido una gran influencia en el diseño de políticas publicas en la sociedad dominicana, le suma mucho al candidato principal de la oposición.
Raquel, quien se ha desempeñado como académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ocupa la posición de vicerrectora de esa alta casa de estudios, tiene vínculos por ese conducto con el alto empresariado nacional, ya que no está demás recordar que la PCMM fue una creación de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI) y el Episcopado Dominicano.
Esta fundación, es decir, la APEDI, fue la creadora de una serie de instituciones de un gran poder social y económico, como la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos, Banco Fondesa, el Banco Popular Dominicano, el Instituto Superior de Agricultura (ISA), entre otras organizaciones sin fines de lucro de la ciudad de Santiago.
Esos detalles dicen con toda claridad que a través de la PCMM Raquel Peña tiene una comunicación directa con el gran empresariado y con fichas importantes de la oligarquía nacional, sobre todo los que pertenecen o fueron partes del llamado grupo de Santiago, que hace algunas décadas hasta decidَía quien iba a ocupar la silla presidencial.
Esta candidata a la vicepresidencia de la República tiene también unos vínculos familiares que le permiten conectarse con unos grupos económicos que podrían ser clave en el interés que ellos tienen de que el país se desarrollo en el marco de la seguridad jurídica y la estabilidad política y económica que reclama cualquier gran o pequeño inversionista.
Raquel Peña está vinculada a familias que tradicionalmente han jugado un papel clave en el mundo empresarial, en el que ella se ha desempeñado por muchos años, pero se agrega el factor de que esta señora se haya matrimoniado con el ingeniero Marco José Antuña Cabral y que una de sus hijas sea la esposa de uno de los miembros de la familia Brugal de Puerto Plata.
Antuña Cabral, fallecido el año pasado, tenía vínculos familiares con personajes muy importantes del sistema financiero nacional, como Patricia Cabral Vega, esposa de José León Asencio, propietario del Banco BHD-Leon, los propietarios del Banco Popular Dominicano a través del doctor Alejandro Espaillat Grullon, quien contrajo matrimonio con Josefina Cabral Bermudez, hija de Jose Maria Cabral y Baez y hermana de Amelia Cabral Bermudez, tronco materno de la familia Vicini, principal inversionista del Banco del Progreso y con intereses en todas las áreas de producción de la economía dominicana
El hecho de que Antuña Cabral tenga vínculos familiares con familias tradicionales del país a través de Marco Cabral Bermúdez, explica que esta candidata vicepresidencial tiene lazos con las dos familias que se dedican a la fabricación de ron en la República Dominicana y con prácticamente todas las que están en este contexto social.
Estas conexiones familiares, sociales, académicas y empresariales de Raquel Peña crean un ambiente de mucha seguridad en los poderes fácticos de la República Dominicana, principalmente del empresarial, ya que por esta vía se entrelaza con todos los sectores de poder, máxime de aquel que está situado en el contexto de la macroeconomía.
Raquel Peña es definitivamente un aporte muy importante para que la candidatura de Luis Abinader pueda concitar, aunque no se niega que tenga alguna, un mayor apoyo de los grupos económicos que en el marco de la sociedad dominicana son decisivos para la implementación de las políticas económicas que le generen la mayor confianza posible.
El otro elemento que trae consigo esta candidatura vicepresidencial es que inserta en el proyecto presidencial de Luis Abinader un sector que probablemente no se haya considerado tan integrado en un partido como el Revolucionario Moderno, que es fundamentalmente policlasista, pero que su control descansa en una clase media que generalmente no piensa en otra cosa que la solución de sus problemas personales sin tomar en cuenta la seguridad que necesitan los inversionistas nacionales y extranjeros.
La selección de Raquel Peña como candidata vicepresidencial no sólo ayuda en función de la política de género que establece la ley y que toma fuerza en el país, sino que tiene un valor agregado desde el punto de vista social y económico a una propuesta presidencial en la que su control está en una pequeña burguesía que muchas veces no genera confianza en el alto empresariado nacional y ella podría ser un puente muy importante para conciliar una serie de intereses entre los de abajo y los de arriba que permita que el Estado pague muchas de sus deudas sociales y que al propio tiempo los agentes financieros puedan invertir con la mayor confianza posible.
Los demás partidos también escogieron sus candidatos vicepresidenciales, pero a diferencia de la señora Raquel Peña éstos representan más que otra cosa a grupos e intereses partidarios, por lo que prácticamente no les suman nada a los candidatos presidenciales.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleva como candidata vicepresidencial a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien ha vendido la imagen de poner por encima sus apetencias personales que la fidelidad que debe guardar a su compañero sentimental, el doctor Leonel Fernández, lo cual parece haberle creado mucha desconfianza entre los votantes.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo eligió para acompañar a Leonel a la dirigente reformista y que en el pasado había tenido serios enfrentamientos con el exmandatario a Sergia Elena Mejía de Séliman, una alta dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual también lleva como su candidato presidencial al exjefe de Estado, quien no parece sumarle ningún valor agregado a las aspiraciones de Fernández Reyna.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.