Opinión
La estadística del desempleo
Por Miguel Ceara
El Banco Central acaba de publicar la nueva Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), un gran esfuerzo que celebramos porque se aprecian avances conceptuales importantes.
La ENCFT levanta información trimestral, introduce nuevos conceptos con cambios notables en el cuestionario, cuyo análisis requerirá tiempo (desenredando el bollo) hasta que se logre un manejo de las nuevas categorías. Es importante observar que este tipo de cambio tan profundo en un instrumento genera “crisis”, porque habrá que volver a estudiar los manuales, los cuestionarios y reaprender metodologías y conceptos. Pero esa es parte de la vida, aprender a seguir aprendiendo.
Para empezar, la ENCFT en muchas variables no es comparable con la anterior, ello implica que cada economista tendrá que construir su propia serie para poder hacer análisis de tendencias (pues la vida no empezó en el segundo semestre de 2014), esto ocurrirá hasta que el BCRD publique series oficiales con una metodología única. Si bien no tenemos series en la ENCFT, si hay la posibilidad de hacer comparaciones internacionales, por ejemplo, la tasa de desempleo abierta es comparable con el concepto de la OIT, de la OCDE y de EEUU (Bureau of Labor Statistics LBS). Igual ocurre con la subocupación (trabajan menos horas de las que desean) y con el “desaliento” que la variable que sirve para medir el desempleo ampliado (Cuadro 1).
Entiendo que el Banco Central tendrá que hacer un esfuerzo divulgar y la mayor oferta de indicadores laborales, los nuevos conceptos y poner on-line la base de datos de la encuesta a la mayor brevedad posible para que los investigadores, estudiantes y la opinión publica puedan sacarle el mayor provecho posible.
En esta Nota quiero a discutir los resultados de la nueva metodología, en particular el concepto de: la “subutilización de la fuerza de trabajo” que se refiere a la medición del desempleo.
La subutilización de la fuerza de trabajo
La nueva encuesta (ENCFT) introduce cuatro conceptos de desocupación: la desocupación abierta (SU1), la tasa de desocupación abierta y subocupación (SU2), la tasa de desocupación abierta más los desalentados (SU3), y la tasa compuesta de desocupados, subocupados y desalenados (SU4)
- El desempleo abierto (SU1)
El desempleo abierto, es decir las personas desempleadas que estuvieron en las “últimas 4 semanas” buscando trabajo o estuvieron tratando de establecer su propio negocio, según la nueva metodología muestran las siguientes tendencias:
- En 2015, la tasa de desempleo abierta nueva es mayor (8%) que la registrada por el viejo método (5.9%), esa diferencia es del orden de 35% en los 4 puntos de observaciones que son comparables. Según el BCRD este resultado era esperable, entiendo porque mejoró la calidad de captura de la información.
- Es prematuro hacer inferencias sobre la tendencia del empleo como argumentó el Gobierno al publicarse estas cifras, pues apenas hay datos para un año completo (2015) y hay dos trimestres de 2014 y dos en 2016. Además, hay muy pocos datos y no se sabe hasta qué punto el movimiento trimestral de los nuevos datos refleja estacionalidad.
- Una proyección anual hacia atrás, sobre la base de descontar las tasas de crecimiento determinada con el método “viejo” al dato de 2015, el único año completo con el nuevo método, indica que entre 2000 y 2015 y comparando las dos encuestas hay desplazamiento en paralelo hacia arriba de 1.4 puntos porcentuales, es decir, aumenta el registro histórico del desempleo.
- Durante 2000 y 2015 según la proyección se crearon 1.2 millones de nuevos empleos, lo cual fue insuficiente para la cantidad de personas que entraron al mercado de trabajo que fueron 1.3 millones, lo que significó 78 mil personas adicionales pasaron a la condición de desempleo abierta (Cuadro 2 y 3).
- Entre 2012 y 2015, la situación fue mejor pues ingresaron 312 mil personas al mercado de trabajo y el empleo aumentó en 318 mil lo que significa que la cantidad de personas en condición de desempleo abierto se redujo en 6 mil, lo cual explica que la tasa de desempleo abierto apenas se redujo en -0.7% para el período (8% en 2012 a 7.3% en 2015).
- La desocupación abierta con subocupación (SU2)
La subocupación se mide a partir de las personas que si bien están ocupadas no están satisfecha con la jornada de trabajo y quieren trabajar más horas. Según los resultados presentados hay alrededor de 273 mil personas por trimestres (en los 8 con información) que están en esa condición, lo cual representa una tasa promedio de 13.8%. Un concepto similar se midió y publico entre 1991-1995 y luego no apareció más en las publicaciones del BCRD. Este es un indicador nuevo que evaluar la calidad del trabajo.
1. El desempleo ampliado (SU3)
El desempleo ampliado ha sido el concepto que históricamente se ha utilizado en la RD para medir el desempleo, se define como las personas que en situación de desempleo abierto más los que no estaban buscando trabajo activamente aunque si les ofrecían estaban disponibles a emplearse, es decir, lo desalentados.
La ENCFT introduce una nueva nomenclatura, ahora se habla de “Fuerza de Trabajo Potencial” correspondiendo en la nomenclatura anterior como “desalentados”. En la nueva metodología este grupo se subdivide en: los que “Buscaron empleo y no están disponibles” y los que “No buscaron empleo y están disponibles”.
De esta manera se define el desempleo ampliado como la suma de: los desempleados abiertos más la fuerza de trabajo potencial descontado por los que buscaron empleos, pero no están disponibles para trabajar. Esa cantidad de personas se divide entre la población económicamente activa más la fuerza de trabajo potencial menos los que buscaron empleos, pero no están disponibles (la PEA ampliada) y se obtiene la tasa de desempleo ampliado.
La tasa de desempleo ampliada se ha calculado históricamente sin descontar los que “buscaron empleos y no estaban disponibles” y eso representa alrededor de 3,231 personas en promedio por trimestre en los 8 en los que se aplicó el nuevo cálculo, de manera que no afecta la tasa de desempleo (dada la magnitud de los números).
Finalmente, para recalcular la tasa de desempleo abierto del período 2000-2015 se descontó a los valores de 2015 estimado por la ENCFT, las tasas de crecimiento calculadas por ENFT. Esta metodología es básica pero llena el vació de información que se ha originado por la falta de un empalme oficial entre las series calculadas con ENFT y la nueva ENCFT, situación que esperamos sea subsanada prontamente con la publicación oficial.
Los resultados indican:
- La tasa de desempleo ampliada según la nueva metodología es un 15% más elevada para 4 observaciones que son comparables, lo cual implica un aumento de 2 puntos porcentuales al pasar de un 13.9% (viejo método) a 15.9% (nuevo método).
- La construcción de la serie entre 2000 y 20115 a partir de la medición de la ENCFT (la nueva) se desplaza casi en paralelo en promedio 1.2 puntos porcentuales con relación a los datos derivado de la ENFT (la vieja) pero además el piso de la tasa de desempleo ampliado que se había mantenido en 14% sube a 15%.
- Entre 2000 y 2015, la población económicamente activa (PEA) ampliada aumentó en 1.5 millones, pero la cantidad que encontró empleo fue de 1.25 millones, lo significó que la cantidad de personas en situación de desempleo ampliado aumentó en 223 mil.
- Para el período 2012-2015, la PEA ampliada aumenta en 333 mil y se crearon 317 mil empleos nuevos, lo que implicó que 16 mil personas se quedaran en condición de desocupados. Esto explica que el desempleo ampliado solamente disminuyera en -0.8% puntos porcentuales al pasar de 16% en 2013 a 15.2% en 2015, a pesar del crecimiento económico.Estas cifras confirman la lamentable realidad de la economía dominicana que es capaz de generar un crecimiento impresionante en el contexto mundial y latinoamericano, pero no es capaz ni siquiera de absorber a las personas que ingresan al mercado de trabajo cada año.
- La tasa compuesta de subutilización de fuerza de trabajo: desocupación abierta, subocupación y fuerza de trabajo potencial (desalentados) (SU4)
Esta tasa combina todas las formas de subutilización de la fuerza de trabajo, es decir, el desempleo abierto (desempleado que busca trabajo y no encuentra), subocupación (se trabaja menos cantidad de horas de las que se desea) más la fuerza de trabajo potencial (los desalentados). Esta es una variable que empezará a medirse con la ENCFT y puntualmente en 2015 se eleva a 20.7% y al segundo trimestre de 2016 se eleva a 19.8%.
En conclusión, primero felicito al Banco Central por el esfuerzo que ha hecho de poner a disposición la nueva ENCFT, entiendo sin embargo que todavía hay temas pendientes. Hacer pública la base de datos, preparar un manual de los significados de las variables e indicadores, construir una serie oficial que empalme ambas encuestas, ayudar a explotar el nuevo instrumento, entre otros temas. En todo caso tomará un cierto tiempo aprovechar la riqueza de los datos y poder establecer tendencias de las variables e indicadores con la nueva metodología.
En segundo, hace comparable, por primera vez las estadísticas nacionales de empleo con las de otros países.
Tercero, los datos de desempleo con la nueva encuesta aumentan para las 4 observaciones comparables: el desempleo abierto promedio sube de 5.9% a 8% y el desempleo ampliado sube de 13.9% a 15.9%.
Cuarto, la proyección de los datos hacia atrás eleva el piso del desempleo ampliado histórico de 14% a 15% y desplaza hacia arriba en paralelo las trayectorias de las dos formas desempleo (abierto y ampliado) bajo los dos métodos (ENFT y la ENCFT).
Quinto, reintroduce el concepto de subempleo visible que se utilizó en los años 90 y desapareció posteriormente, pero esta vez con mayor nivel de precisión y,
Sexto, calcula una cuarta tasa de subutilización del trabajo que combina todas las formas de subutilización de la fuerza de trabajo desempleo abierto, subempleo de la fuerza de trabajo y de la fuerza de trabajo potencial, lo que implica que en promedio 1 de cada 5 dominicanos y dominicanas de la población económicamente activa ampliada no está trabajando o está subempleado.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!