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Ausencia de procurador electoral explica falsa institucionalidad y débil democracia dominicana.
Por Elba García
A seis días de la celebración de las elecciones municipales extraordinarias, que fueron suspendidas por razones que la población desconoce, parece que se realizarán sin la escogencia de quien debe perseguir los delitos y los crímenes electorales.
Se trata de una figura que se contempla en el artículo 289 de Ley Electoral, pero que la no escogencia del mismo obedece a que algunos sectores, sobre todo dentro del Gobierno, no les interesa que exista este procurador general electoral.
En la discusión que tienen lugar a solicitud del CES se planteó la gran necesidad que tiene el actual proceso electoral de escoger este procurador y en tal virtud el Partido Revolucionario Moderno (PRM) propuso a Yeni Berenice Reynoso, pero de inmediato la misma fue rechazada por el Partido de Liberación Dominicana (PLD).
Lo cierto es que si bien la Procuraduría General de la República está moralmente desautorizada para escoger a este funcionario, pero esta situación también crea una dificultad legal, porque la Ley 133-11 establece de manera muy clara como se debe seleccionar y en consecuencia se rechaza de plano que se pueda producir un acuerdo entre las partes al respecto.
Este procedimiento legal crea un obstáculo que no es tan fácil de superar, porque seria como darle entrada en el Ministerio Público a sectores que tienen intereses político-partidistas, lo cual no es permitido por la Ley 133-11, la electoral y los artículos desde el 169 hasta el 173 de la Constitución de la República, entramado de tipo legal difícil de superar.
Si se asumiera que el órgano competente y otras instancias se pusieran de acuerdo para la escogencia por consenso del procurador general electoral, pero como se le dar entrada a ese pacto en el sistema legal, cuyo siguiente paso sería la modificación de las leyes sobre la materia, lo cual no parece tan fácil, pero que además no queda tiempo para ello.
Este problema de la no escogencia de un procurador electoral y los fiscales necesarios para trabajar en un proceso que está viciado y lleno de delitos desde las primarias del 6 de octubre, porque son muchos los documentos falsificados por la mayoría de los partidos, principalmente el PLD y del PRM, sin que ello haya tenido consecuencias.
De igual modo ocurrió durante el proceso de inscripción de los candidatos a alcaldes, directores, regidores y vocales en los diferentes municipios y distritos municipales del país, en el cual fueron violentados los acuerdos de alianzas entre los partidos de la oposición, personalizados a través del PRM y los que están nucleados alrededor del PLD.
La falsificación de documentos estuvo a la orden del día por dirigentes del PLD y del PRM para sacar a candidatos escogidos en las primarias y otros que fueron el resultado de los acuerdos, pero estos delitos no hubo forma de que fueran perseguidos por la inexistencia del procurador general electoral.
Esta realidad que daña tanto a la democracia dominicana era de conocimiento del Procuraduría General de la República, pero que como este órgano actúa en función de los intereses políticos partidarios, no había voluntad para perseguir estos delitos.
Además, la compra de votos también estuvo a la orden del día y nadie se ha interesado en perseguir este tipo de crimen electoral y las consecuencias fueron muy dañinas, agregándose la sustitución de un candidato por otro mediante la falsificación de documentos, cuyos afectados tuvieron que conformarse con la presentación del recurso de ley correspondiente ante el Tribunal Superior Electoral que tuvo que fallar cientos de casos en muy pocos días.
La cuestión es que no queda tiempo para poder escoger el procurador electoral, en virtud de que la ley y la Constitución de la República deja muy claro cual es el mecanismo para la selección de este fiscal, lo cual atenta en contra de las elecciones tanto municipales extraordinarias y las presidenciales y congresionales, pese a que para estas últimas podría haber un margen para la designación de este funcionario.
La solución rápida y a la vista es que la Procuraduría General de la República escoja al fiscal electoral, cuya decisión si así fuera no constituye, de ninguna manera, una garantía de persecución de los delitos y crímenes electorales, ya que todo el mundo sabe que el Ministerio Público responde a intereses partidarios muy específicos y concretos.
Entonces la realidad indica que existe la posibilidad en el marco de la ley de la escogencia del fiscal electoral, pero si así fuera nadie pudiera confiar en ese funcionario, pero tampoco es posible que el mismo sea seleccionado sobre la base de un acuerdo de los partidos políticos, porque sencillamente ese mecanismo no está contemplado en la ley.
Es importante recordar que cualquier acuerdo al margen del ordenamiento vigente en el país es totalmente nulo, lo cual es perfectamente aplicable a cualquier solución sin tomarse en cuenta el mandato de la Constitución y las leyes.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.