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La falta de una visión estratégica lleva al uso de métodos de fuerza en los conflictos entre países fronterizos.
Por Elba García
No han sido pocos los vaticinios a nivel internacional de los conflictos que le van a sobrevenir al mundo como consecuencia de la escasez de agua potable, muchos por la falta en algunos países de cuencas hidrográficas para satisfacer la necesidad del preciado líquido y otras veces por la carencia de una visión estratégica para evitar la posibilidad de que alguna zona o país se quede sin la misma.
No se puede negar que la falta de planes de muchos gobiernos o de los Estados crea hasta situaciones de guerra porque no han tenido la capacidad de adelantarse y promover políticas públicas para preservar las fuentes de agua.
Siempre se ha dicho que en países como la República Dominicana el peor obstáculo para su crecimiento y desarrollo es la improvisación y la falta de una visión estratégica, las cuales tienen profundas raíces culturales, lo cual implica que es un mal que tal vez se arrastre por toda la vida.
La mala gestión de los abastos de agua en medio del cuadro de sequía que el cambio climático ha traído consigo, mantiene en un verdadero estado de desesperación a muchos lugares del mundo, pero hay zonas que son impactadas más que otras por el fenómeno de la escasez del preciado líquido, calculándose que desde hace siete años más de cinco millones de personas no tienen acceso parcial o total a la misma, al menos en Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
La situación no es sólo con el agua potable, sino también con la destinada a la agricultura, la cual sufre serias amenazas con recrudecerse en el futuro inmediato fruto de la negligencia de los gobiernos de los tres países en lo que respecta a la planificación y mantenimiento de su infraestructura, así como por la inacción en la protección de algunos de sus principales recursos acuíferos, según una investigación al respecto.
Este fenómeno tiene mucho que ver también con los procesos de privatización del agua y las amenazas mencionadas más arriba que agravan la situación, lo cual será y ya son motivo de conflictos en zonas fronterizas donde hay cuencas hidrográficas que deben ser compartidas entre los países.
Un caso de suma gravedad fue detectado en Haití, donde se afronta una seria falta de agua potable, que alcanza más del 40 por ciento de sus 11 millones de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cuyo principal reto es combatir el problema de la contaminación de las fuentes de abastecimiento.
Un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Panel Científico Intergubernamental de Cambio Climático, advirtió en un informe a mediados de 2018 que el fenómeno del cambio climático traería escases de agua dulce para el Caribe en los próximos cinco o diez años y exactamente así ha ocurrido, lo cual se puede observar por la tendencia que toma el problema y los conflictos que ahora se producen entre la Republica Dominicana y Haití por un desvío o toma hecha en el rio Masacre o Dajabón.
Pero a esto habría que agregarle el hecho de que en la República Dominicana la escasez de agua es una consecuencia de la falta de planes y de políticas públicas en este sector como resultado del mal servicio que se le ofrece a la ciudadanía, cuya precariedad preocupa, pero peor aún si se toman en cuenta los vaticinios de los técnicos en la materia, quienes advierten que el país podría quedarse sin agua dulce para el 2030.
A casi cinco años de estas advertencias, los países investigados continúan sin desarrollar planes para prepararse para esta crisis, sin ninguna esperanza de que ocurra, lo cual proyecta una situación prácticamente de emergencia en las naciones mencionadas más arriba.
El documento sobre la crisis de agua en las islas del Caribe y ‘los cambios en los patrones de precipitación, la disponibilidad del preciado líquido y la sensibilidad a la sequía hacen de las islas espacios sumamente vulnerables’ y bajo el mejor de los escenarios persistirán en las islas – el de 1.5°C más de calentamiento – las amenazas relacionadas con el nivel del mar por salinización, inundación permanente, erosión y presión sobre los ecosistemas.
Pero el estudio sostiene que en el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro.
Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.
La crisis mundial de acceso a agua potable se ha convertido en un problema de tal magnitud que en muchos sitios ya se habla del Día Cero, pero lugares como Ciudad del Cabo en Sudáfrica ha logrado anticiparse a esta amenaza con medidas de conservación cómo poner límites al uso diario de agua por persona, según informa el gobierno de la ciudad.
Asimismo, California tiene por ley desde 2001 un plan de agua para el control, protección, conservación, desarrollo y utilización responsable de los recursos hídricos para el estado. Este plan se actualiza cada cinco años.
En el Caribe, la investigación detectó sólo un país que ha estado desarrollando estrategias dirigidas a buscar sostenibilidad, la cual es la isla de Dominica.
En el 2017, tras la devastación del huracán María, Dominica creó la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática, Climate Resilience (CREAD, por sus siglas en inglés) con un plan hasta 2030 que incluye el manejo del agua, el cual incorpora potenciar plantas de desalinización con energía generada desde el mar, logrando reducir los costos de impacto ambiental en la producción de agua dulce por esa vía.
En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands, usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes.
Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba. Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.
La cuestión es que la falta de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo podría generar conflictos violentos entre las naciones que comparten cuentas hidrográficas fronterizas, como por ejemplo el rio Masacre que comparten Republica Dominicana y Haití, la cual es motivo de un diferendo que toma un perfil de carácter internacional, sobre todo después de que el Gobierno dominicano decidió rehabilitar el Canal de la Vigía, lo cual en opinión de técnicos en la materia representa una forma de impedir que el cauce del mismo llegue con capacidad para irrigar las tres mil tareas que persigue el que se levanta en Juana Méndez y que parece ahora convertirse con la iniciativa oficial en un problema que se sale de los cauces técnicos-científicos y civilizados en que deben resolverse las diferencias en cualquier terreno.
El canal de la Vigía incorpora un ingrediente nuevo es que la reactivación del mismo y su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert, constituye de hecho una complicación del diferendo porque aparte de que puede degenerar en violencia, representa un nuevo obstáculo a las negociaciones que se espera se produzcan entre los dos países.
La crisis podría explotar al respecto cuando se reabra y se limpie el canal en aproximadamente kilómetro y medio y cuando se instalen bombas para impulsar agua desde el río hasta esta toma, pero además el plan incluye la ampliación del canal de la Vigía, el cual está aguas debajo de la toma o desvío de Juana Méndez.
Entonces, a partir de ese momento el conflicto podría tomar dos tendencias, una carácter internacional y una segunda posibilidad es que se recurra a algún tipo de violencia, máxime cuando los haitianos vean un caudal de agua tan mínimo que le quite sentido al canal de Juana Méndez, cuyo desenlace podría ser una serie de sabotajes a través del desvío de los principales afluentes haitianos del rio Masacre, el capotillo y el Gens de Nates, que están localizados en aguas arriba de la toma de la Vigía.
Todo ello indica que la estrategia dominicana no ha sido bien concebida y que frente a la nueva situación creada, al país le va a ser muy difícil tener ganancia de causa frente a un arbitraje internacional, sobre todo porque no se ha escogido el camino correcto, cuyas consecuencias no parecen que vayan a ser aceptables como resultado de la torpeza en el manejo del asunto.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.