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La falta de una visión estratégica lleva al uso de métodos de fuerza en los conflictos entre países fronterizos.
Por Elba García
No han sido pocos los vaticinios a nivel internacional de los conflictos que le van a sobrevenir al mundo como consecuencia de la escasez de agua potable, muchos por la falta en algunos países de cuencas hidrográficas para satisfacer la necesidad del preciado líquido y otras veces por la carencia de una visión estratégica para evitar la posibilidad de que alguna zona o país se quede sin la misma.
No se puede negar que la falta de planes de muchos gobiernos o de los Estados crea hasta situaciones de guerra porque no han tenido la capacidad de adelantarse y promover políticas públicas para preservar las fuentes de agua.
Siempre se ha dicho que en países como la República Dominicana el peor obstáculo para su crecimiento y desarrollo es la improvisación y la falta de una visión estratégica, las cuales tienen profundas raíces culturales, lo cual implica que es un mal que tal vez se arrastre por toda la vida.
La mala gestión de los abastos de agua en medio del cuadro de sequía que el cambio climático ha traído consigo, mantiene en un verdadero estado de desesperación a muchos lugares del mundo, pero hay zonas que son impactadas más que otras por el fenómeno de la escasez del preciado líquido, calculándose que desde hace siete años más de cinco millones de personas no tienen acceso parcial o total a la misma, al menos en Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
La situación no es sólo con el agua potable, sino también con la destinada a la agricultura, la cual sufre serias amenazas con recrudecerse en el futuro inmediato fruto de la negligencia de los gobiernos de los tres países en lo que respecta a la planificación y mantenimiento de su infraestructura, así como por la inacción en la protección de algunos de sus principales recursos acuíferos, según una investigación al respecto.
Este fenómeno tiene mucho que ver también con los procesos de privatización del agua y las amenazas mencionadas más arriba que agravan la situación, lo cual será y ya son motivo de conflictos en zonas fronterizas donde hay cuencas hidrográficas que deben ser compartidas entre los países.
Un caso de suma gravedad fue detectado en Haití, donde se afronta una seria falta de agua potable, que alcanza más del 40 por ciento de sus 11 millones de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cuyo principal reto es combatir el problema de la contaminación de las fuentes de abastecimiento.
Un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Panel Científico Intergubernamental de Cambio Climático, advirtió en un informe a mediados de 2018 que el fenómeno del cambio climático traería escases de agua dulce para el Caribe en los próximos cinco o diez años y exactamente así ha ocurrido, lo cual se puede observar por la tendencia que toma el problema y los conflictos que ahora se producen entre la Republica Dominicana y Haití por un desvío o toma hecha en el rio Masacre o Dajabón.
Pero a esto habría que agregarle el hecho de que en la República Dominicana la escasez de agua es una consecuencia de la falta de planes y de políticas públicas en este sector como resultado del mal servicio que se le ofrece a la ciudadanía, cuya precariedad preocupa, pero peor aún si se toman en cuenta los vaticinios de los técnicos en la materia, quienes advierten que el país podría quedarse sin agua dulce para el 2030.
A casi cinco años de estas advertencias, los países investigados continúan sin desarrollar planes para prepararse para esta crisis, sin ninguna esperanza de que ocurra, lo cual proyecta una situación prácticamente de emergencia en las naciones mencionadas más arriba.
El documento sobre la crisis de agua en las islas del Caribe y ‘los cambios en los patrones de precipitación, la disponibilidad del preciado líquido y la sensibilidad a la sequía hacen de las islas espacios sumamente vulnerables’ y bajo el mejor de los escenarios persistirán en las islas – el de 1.5°C más de calentamiento – las amenazas relacionadas con el nivel del mar por salinización, inundación permanente, erosión y presión sobre los ecosistemas.
Pero el estudio sostiene que en el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro.
Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.
La crisis mundial de acceso a agua potable se ha convertido en un problema de tal magnitud que en muchos sitios ya se habla del Día Cero, pero lugares como Ciudad del Cabo en Sudáfrica ha logrado anticiparse a esta amenaza con medidas de conservación cómo poner límites al uso diario de agua por persona, según informa el gobierno de la ciudad.
Asimismo, California tiene por ley desde 2001 un plan de agua para el control, protección, conservación, desarrollo y utilización responsable de los recursos hídricos para el estado. Este plan se actualiza cada cinco años.
En el Caribe, la investigación detectó sólo un país que ha estado desarrollando estrategias dirigidas a buscar sostenibilidad, la cual es la isla de Dominica.
En el 2017, tras la devastación del huracán María, Dominica creó la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática, Climate Resilience (CREAD, por sus siglas en inglés) con un plan hasta 2030 que incluye el manejo del agua, el cual incorpora potenciar plantas de desalinización con energía generada desde el mar, logrando reducir los costos de impacto ambiental en la producción de agua dulce por esa vía.
En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands, usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes.
Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba. Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.
La cuestión es que la falta de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo podría generar conflictos violentos entre las naciones que comparten cuentas hidrográficas fronterizas, como por ejemplo el rio Masacre que comparten Republica Dominicana y Haití, la cual es motivo de un diferendo que toma un perfil de carácter internacional, sobre todo después de que el Gobierno dominicano decidió rehabilitar el Canal de la Vigía, lo cual en opinión de técnicos en la materia representa una forma de impedir que el cauce del mismo llegue con capacidad para irrigar las tres mil tareas que persigue el que se levanta en Juana Méndez y que parece ahora convertirse con la iniciativa oficial en un problema que se sale de los cauces técnicos-científicos y civilizados en que deben resolverse las diferencias en cualquier terreno.
El canal de la Vigía incorpora un ingrediente nuevo es que la reactivación del mismo y su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert, constituye de hecho una complicación del diferendo porque aparte de que puede degenerar en violencia, representa un nuevo obstáculo a las negociaciones que se espera se produzcan entre los dos países.
La crisis podría explotar al respecto cuando se reabra y se limpie el canal en aproximadamente kilómetro y medio y cuando se instalen bombas para impulsar agua desde el río hasta esta toma, pero además el plan incluye la ampliación del canal de la Vigía, el cual está aguas debajo de la toma o desvío de Juana Méndez.
Entonces, a partir de ese momento el conflicto podría tomar dos tendencias, una carácter internacional y una segunda posibilidad es que se recurra a algún tipo de violencia, máxime cuando los haitianos vean un caudal de agua tan mínimo que le quite sentido al canal de Juana Méndez, cuyo desenlace podría ser una serie de sabotajes a través del desvío de los principales afluentes haitianos del rio Masacre, el capotillo y el Gens de Nates, que están localizados en aguas arriba de la toma de la Vigía.
Todo ello indica que la estrategia dominicana no ha sido bien concebida y que frente a la nueva situación creada, al país le va a ser muy difícil tener ganancia de causa frente a un arbitraje internacional, sobre todo porque no se ha escogido el camino correcto, cuyas consecuencias no parecen que vayan a ser aceptables como resultado de la torpeza en el manejo del asunto.
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República Dominicana impactada por violencia machista, las infancias robadas y la corrupción pública.
Por Elba García
La República Dominicana sufre el impacto severo de tres flagelos que constituyen, sin lugar a dudas, una gran desgracia nacional y la tendencia parece advertir consecuencias aún más devastadoras en el seno de la sociedad y del Estado.
Estos tres flagelos son los feminicidios, los embarazos en adolescentes y el peor que representa el motor para hacer crecer los dos primeros se trata de la corrupción pública y privada, en cuyos renglones el país ocupa lugares de primer orden en el Caribe, Latinoamérica y el mundo.
Estos problemas se han convertido en una amenaza para la estabilidad social, económica y moral de la sociedad dominicana, cuyos protagonistas no se acogen a los escarmientos que se han querido imponer en lo que respecta al comportamiento de los actores de la vida pública de la nación, los cuales provienen de la manzana podrida de los partidos políticos.
La conciencia nacional no termina de recibir heridas profundas en el ámbito de las tres cuestiones que constituyen una especie de tragedia para los dominicanos, porque representan atrasos y deterioro ético y moral de la población.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL la República Dominicana en el 2020 fue el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 24 mujeres asesinadas por cada 100 mil por habitantes.
El mes de abril fue estremecido por el asesinato de la modelo y locutora Shantal Jiménez, quien fue ultimada por su expareja y éste también tomó la decisión de suicidarse, cuya herida no parece que vaya cicatrizar tan fácil en un país marcado por la violencia del hombre en contra de la mujer.
Sin embargo, peor ocurrió en el 2022 en lo que respecta al impacto de este flagelo de los feminicidios, ya que, de acuerdo a la misma institución, el país tuvo 58 casos de asesinatos de mujeres, ocho más que en el 2021.
En el 2026, desde el 8 de enero hasta la fecha, se ha producido más de una docena de feminicidios, lo cual indica que la velocidad en esta materia es peor que en tiempos anteriores, cuyo fenómeno parece que en el país llegará a una cantidad récord en los meses que restan del año que discurre.
Este flagelo no es tan fácil de combatir, pero igual ocurre con otro de los problemas analizados en este trabajo, como lo es la corrupción administrativa, que se deriva del caudillismo, el machismo, el amiguismo y de otros antivalores que tienen un profundo contenido cultural y que en consecuencia su combate resulta complejo si el Estado no se arma de un plan al respecto.
Los embarazos en adolescentes que se podría afirmar que se deriva de la falta de oportunidades de jóvenes dominicanos que terminan en estado de gestación a temprana edad, constituye otro factor muy preocupante para los dominicanos.
En este fenómeno la República Dominicana ocupa el primer lugar en américa latina y el Caribe y el 26 en todo el mundo en cuanto a la tasa de fecundidad en jóvenes de 15 a 19 años de edad, según un estudio del Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes.
Los embarazos en adolescentes tienen riesgos adicionales de salud tanto para la madre como para el bebé, con el agravante de que con frecuencia éstas no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que provoca problemas posteriores, ya que tienen mayor riesgos de hipertensión arterial y de complicaciones diversas.
A pesar de que existe la percepción de que la corrupción ha disminuido en el país, lo cierto es que el fenómeno es cada más preocupante, porque quita oportunidades de mejoría en lo que respecta a salud, educación y desarrollo humano en sentido general.
El país obtuvo 32 puntos en el índice de percepción de la corrupción pública que publica la organización para la transparencia internacional, cuyo sitial ha disminuido en los pasados años, pero que la realidad es que se trata de un flagelo que constituye un motivo de preocupación para los que vigilan este tipo de fenómeno a nivel internacional.
La República Dominicana pasó del 123 al 180 del ranking de corrupción gubernamental, pero sus habitantes consideran que hay mucha más de esta aberración en esta materia en el sector público, pese a que la misma se mide de 0 a 100.
Las posibilidades de que estos flagelos mejoren en el país no parecen viables en virtud de que a nivel del Estado no existe una política seria y con la inversión económica necesaria para cambiar el cuadro que impacta de muy mala manera a los dominicanos.
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Altas torres exponen a Santiago a una tragedia de magnitudes insospechadas ante la ocurrencia de un terremoto.
Por Elba García
Santiago, segunda ciudad en importancia del país, está frente a una amenaza muy grande ante la posibilidad de que se produzca un terremoto como los ocurridos en Venezuela, sin que ello no implique que no sea un problema nacional, pero que la construcción de grandes y altas torres de viviendas y negocios en la «Ciudad Corazón» sin tomar en cuenta el tipo de suelo rudimentario, no rocoso de la zona, revela la imprudencia en que se incurre.
La República Dominicana tiene una permanente amenaza de los grandes huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales que ocurren cíclicamente en diferentes lugares del mundo.
La improvisación y la falta de planificación estratégica es parte de una cultura nacional que implica un gran peligro ante la posibilidad de la ocurrencia de grandes tragedias como resultado de los fenómenos naturales como los terremotos a partir de que se trata de un país altamente sísmico.
La madre de muchas de las desgracias de la sociedad dominicana no sólo tiene que ver con el criterio equivocado aplicado a la economía, la educación y la salud, sino también a la falta de planificación estratégica por parte de los gobiernos en temas como el de los fenómenos naturales que se producen cíclicamente en el país.
A propósito de los terremotos que han sacudido a Venezuela, los expertos dominicanos explican que en este tipo de fenómeno natural no sólo importa la magnitud del sismo o la cercanía al epicentro, sino también el tipo de suelo sobre el que se encuentra levantada una ciudad, lo cual puede influir en la intensidad con la que se sientan las vibraciones y en la respuesta de las edificaciones.
La especialista en ingeniería sísmica Claudia Germoso al abundar sobre el particular dice que la registración de un sismo de 5.0 en aguas del Caribe, con epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, podría estar asociado a lo ocurrido en Venezuela por tratarse de la misma placa tectónica.
Sin embargo, la parte más importante de su análisis tiene que ver con las altas edificaciones de apartamentos en zonas que no están preparadas para un terremoto por el tipo de suelo que prevalece allí, como el caso de Santiago, crea la posibilidad de una gran tragedia nacional.
Sostiene la experta que sectores específicos donde predominan esos materiales más blandos, como Los Prados y Arroyo Hondo de Santo Domingo, no debían levantarse altas estructuras por el peligro que conllevan las mismas.
Pero hace un mayor hincapié en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, donde se han levantado altos edificios que podrían ser una grave amenaza en contra de los que viven allí como consecuencia de que son tierras blandas que amplifican los efectos de los terremotos.
Lo cierto que de este tipo de conducta de las autoridades nacionales y de la ciudad de Santiago sólo tiene una explicación y es la falta de prevención y como consecuencia la improvisación y la no planificación estratégica.
Naturalmente, esta recomendación no es válida para todo el territorio, aunque hay zonas del país donde la construcción de altas estructuras no representa un aumento del peligro que se corre ante la ocurrencia de un terremoto.
Se ha establecido que la República Dominicana presenta una gran diversidad de suelos y que esa condición debe ser tomada en cuenta al momento de levantar un gran edificio, como el caso de Santiago, donde la tierra no es rocosa, sino más blanda.
Hace varias décadas que en Santiago estaba prohibido construir estructuras de más de cuatro plantas, precisamente por el impacto que han tenido los terremotos que se han producido en el pasado, pero ante la irresponsabilidad de las autoridades edilicias ahora se levantan edificios que alcanzan las 30 plantas sin fijarse en las consecuencias que podría tener para un lugar que ya ha sido devastado por fenómenos naturales de la misma naturaleza en décadas pasadas.
El peligro de las construcciones en Santiago no sólo consiste en sus grandes alturas, sino también en que las estructuras que se levantan están prácticamente en el mismo lugar donde estaría el epicentro de un terremoto que se origine en la falla que pasa por la Cordillera Septentrional.
La imprudencia a este respecto tiene que ver con la ignorancia de las personas que tienen responsabilidades públicas de fiscalizar el problema y que se manejan al azar y con la carencia de la visión de evitar la ocurrencia de una gran tragedia nacional como la que se ha producido en Venezuela.
Un lugar en Santiago donde se han construido grandes torres de viviendas que llegan hasta casi treinta pisos es un otrora sector de la clase media alta que lleva por nombre “La Trinitaria”, el cual se ha convertido en los últimos años en un gran peligro para los que allí residen ante la ocurrencia de un terremoto que supere los siete grados.
La principal advertencia de los expertos en la materia es que al momento de diseñar una infraestructura se debe tomar en cuenta el tipo de suelo, a los fines de disminuir los efectos que puede producir un terremoto de gran intensidad como los ocurridos en Venezuela.
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Abinader es el presidente que más descrédito ha generado a los actos de la administración pública.
Por Elba García
Son innumerables los decretos publicados por el presidente que han sido anulados por el Tribunal Constitucional (TC) por representar una violación de leyes y de la Constitución de la República, lo que pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la vida democrática de la nación.
El sistema jurídico dominicano se rige por una jerarquía en la que ocupa el lugar preponderante y cimero la Constitución y luego van las leyes orgánicas y ordinarias y en ese mismo orden los decretos, las resoluciones y otros actos que no pueden estar por encima de los que ocupan los primeros lugares en el orden legal.
Evidentemente que el gobierno de Luis Abinader no tiene la menor idea de este concepto de jerarquía, lo cual provoca que regularmente emita decretos que rompen con el principio de legalidad y de juridicidad por el que deben regirse los poderes públicos.
Para cuidar detalles como éste es que existe la Consultoría del Poder Ejecutivo, a los fines de asesorar al presidente de la República de lo que puede hacerse o no en el marco de la administración pública para evitar que el mandatario pierda su credibilidad como se produce en la gestión de Luis Abinader.
En la actualidad cursan varias acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para anular la promulgación de leyes por parte del Poder Ejecutivo que violan la jerarquía jurídica, amén de que ya ha ocurrido lo propio con decisiones del presidente que proyectan ignorancia o sencillamente un desacato que rompe con la seguridad jurídica, la institucionalidad y el orden democrático.
Una de las metidas de «patas» del presidente Abinader fue la promulgación de la Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes cuando las mismas son el resultado de la facultad interpretativa del TC a través del mandato otorgado a este órgano extra poder mediante los artículos 184 y 185 de la Constitución de la Republica y el 47 de la Ley 137-11.
Ahora, si bien la promulgación de la ilegal norma por violar o desacatar una jurisprudencia del alto tribunal proyecta una mala imagen del presidente Abinader, pero peor ocurre con quien ostenta la dirección de la Consultoría del Poder Ejecutivo, cuyo titular al momento de las acciones antijurídicas es nada más y nada menos que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa.
La nulidad más reciente de un decreto de Abinader, que atenta en contra de la jerarquía jurídica, tiene que ver con la violación de la Constitución mediante la vulneración de derechos fundamentales, usurpación de poderes por parte del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
El TC tiene la facultad de anular decretos relativos a la creación de escalas de rangos, pensiones o reglamentos orgánicos cuando el presidente excede su potestad y vulnera la Constitución de la República.
Muy recientemente el TC emitió la sentencia TC/0287/26 que anuló el decreto 178-25 del pasado 02 de abril del 2025 expedido por el presidente Luis Abinader, el cual tenía el propósito de implementar una escala de rangos entre alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desde raso hasta sargento mayor de comando abracando a los suboficiales dentro sus tres categorías de subtenientes, respectivamente.
Como se ve, el presidente de la República ha buscado modificar el otorgamiento de rangos mediante un derecho cuando las Fuerzas Armadas se rigen por una ley orgánica, que jerárquicamente es superior a la facultad que tiene en esta materia el jefe del Poder Ejecutivo.
Abinader con el referido decreto se llevó de paro la Ley 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la que otorga la autoridad para hacer los ascensos de rangos que el presidente ha tratado de hacer de forma ilegal, lo cual conllevó la nulidad de la referida norma.
Este escenario se repite regularmente, cuyo proceder del mandatario no sólo revela una mala asesoría legal, sino también un nivel de ignorancia que crea preocupación en la ciudadanía, ya que se pone en peligro la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia nacional.
Los casos de este tipo son numerosos y los mismos ponen en tela de juicio la capacidad de un presidente que no tiene claros estos detalles, lo que constituye un atentado al régimen legal de la nación, ya que ello también implica incumplir, sobre todo cuando hay violación de derechos fundamentales, con las normas ya no sólo del derecho interno, sino también del externo.