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La falta de una visión estratégica lleva al uso de métodos de fuerza en los conflictos entre países fronterizos.
Por Elba García
No han sido pocos los vaticinios a nivel internacional de los conflictos que le van a sobrevenir al mundo como consecuencia de la escasez de agua potable, muchos por la falta en algunos países de cuencas hidrográficas para satisfacer la necesidad del preciado líquido y otras veces por la carencia de una visión estratégica para evitar la posibilidad de que alguna zona o país se quede sin la misma.
No se puede negar que la falta de planes de muchos gobiernos o de los Estados crea hasta situaciones de guerra porque no han tenido la capacidad de adelantarse y promover políticas públicas para preservar las fuentes de agua.
Siempre se ha dicho que en países como la República Dominicana el peor obstáculo para su crecimiento y desarrollo es la improvisación y la falta de una visión estratégica, las cuales tienen profundas raíces culturales, lo cual implica que es un mal que tal vez se arrastre por toda la vida.
La mala gestión de los abastos de agua en medio del cuadro de sequía que el cambio climático ha traído consigo, mantiene en un verdadero estado de desesperación a muchos lugares del mundo, pero hay zonas que son impactadas más que otras por el fenómeno de la escasez del preciado líquido, calculándose que desde hace siete años más de cinco millones de personas no tienen acceso parcial o total a la misma, al menos en Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
La situación no es sólo con el agua potable, sino también con la destinada a la agricultura, la cual sufre serias amenazas con recrudecerse en el futuro inmediato fruto de la negligencia de los gobiernos de los tres países en lo que respecta a la planificación y mantenimiento de su infraestructura, así como por la inacción en la protección de algunos de sus principales recursos acuíferos, según una investigación al respecto.
Este fenómeno tiene mucho que ver también con los procesos de privatización del agua y las amenazas mencionadas más arriba que agravan la situación, lo cual será y ya son motivo de conflictos en zonas fronterizas donde hay cuencas hidrográficas que deben ser compartidas entre los países.
Un caso de suma gravedad fue detectado en Haití, donde se afronta una seria falta de agua potable, que alcanza más del 40 por ciento de sus 11 millones de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cuyo principal reto es combatir el problema de la contaminación de las fuentes de abastecimiento.
Un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Panel Científico Intergubernamental de Cambio Climático, advirtió en un informe a mediados de 2018 que el fenómeno del cambio climático traería escases de agua dulce para el Caribe en los próximos cinco o diez años y exactamente así ha ocurrido, lo cual se puede observar por la tendencia que toma el problema y los conflictos que ahora se producen entre la Republica Dominicana y Haití por un desvío o toma hecha en el rio Masacre o Dajabón.
Pero a esto habría que agregarle el hecho de que en la República Dominicana la escasez de agua es una consecuencia de la falta de planes y de políticas públicas en este sector como resultado del mal servicio que se le ofrece a la ciudadanía, cuya precariedad preocupa, pero peor aún si se toman en cuenta los vaticinios de los técnicos en la materia, quienes advierten que el país podría quedarse sin agua dulce para el 2030.
A casi cinco años de estas advertencias, los países investigados continúan sin desarrollar planes para prepararse para esta crisis, sin ninguna esperanza de que ocurra, lo cual proyecta una situación prácticamente de emergencia en las naciones mencionadas más arriba.
El documento sobre la crisis de agua en las islas del Caribe y ‘los cambios en los patrones de precipitación, la disponibilidad del preciado líquido y la sensibilidad a la sequía hacen de las islas espacios sumamente vulnerables’ y bajo el mejor de los escenarios persistirán en las islas – el de 1.5°C más de calentamiento – las amenazas relacionadas con el nivel del mar por salinización, inundación permanente, erosión y presión sobre los ecosistemas.
Pero el estudio sostiene que en el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro.
Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.
La crisis mundial de acceso a agua potable se ha convertido en un problema de tal magnitud que en muchos sitios ya se habla del Día Cero, pero lugares como Ciudad del Cabo en Sudáfrica ha logrado anticiparse a esta amenaza con medidas de conservación cómo poner límites al uso diario de agua por persona, según informa el gobierno de la ciudad.
Asimismo, California tiene por ley desde 2001 un plan de agua para el control, protección, conservación, desarrollo y utilización responsable de los recursos hídricos para el estado. Este plan se actualiza cada cinco años.
En el Caribe, la investigación detectó sólo un país que ha estado desarrollando estrategias dirigidas a buscar sostenibilidad, la cual es la isla de Dominica.
En el 2017, tras la devastación del huracán María, Dominica creó la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática, Climate Resilience (CREAD, por sus siglas en inglés) con un plan hasta 2030 que incluye el manejo del agua, el cual incorpora potenciar plantas de desalinización con energía generada desde el mar, logrando reducir los costos de impacto ambiental en la producción de agua dulce por esa vía.
En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands, usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes.
Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba. Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.
La cuestión es que la falta de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo podría generar conflictos violentos entre las naciones que comparten cuentas hidrográficas fronterizas, como por ejemplo el rio Masacre que comparten Republica Dominicana y Haití, la cual es motivo de un diferendo que toma un perfil de carácter internacional, sobre todo después de que el Gobierno dominicano decidió rehabilitar el Canal de la Vigía, lo cual en opinión de técnicos en la materia representa una forma de impedir que el cauce del mismo llegue con capacidad para irrigar las tres mil tareas que persigue el que se levanta en Juana Méndez y que parece ahora convertirse con la iniciativa oficial en un problema que se sale de los cauces técnicos-científicos y civilizados en que deben resolverse las diferencias en cualquier terreno.
El canal de la Vigía incorpora un ingrediente nuevo es que la reactivación del mismo y su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert, constituye de hecho una complicación del diferendo porque aparte de que puede degenerar en violencia, representa un nuevo obstáculo a las negociaciones que se espera se produzcan entre los dos países.
La crisis podría explotar al respecto cuando se reabra y se limpie el canal en aproximadamente kilómetro y medio y cuando se instalen bombas para impulsar agua desde el río hasta esta toma, pero además el plan incluye la ampliación del canal de la Vigía, el cual está aguas debajo de la toma o desvío de Juana Méndez.
Entonces, a partir de ese momento el conflicto podría tomar dos tendencias, una carácter internacional y una segunda posibilidad es que se recurra a algún tipo de violencia, máxime cuando los haitianos vean un caudal de agua tan mínimo que le quite sentido al canal de Juana Méndez, cuyo desenlace podría ser una serie de sabotajes a través del desvío de los principales afluentes haitianos del rio Masacre, el capotillo y el Gens de Nates, que están localizados en aguas arriba de la toma de la Vigía.
Todo ello indica que la estrategia dominicana no ha sido bien concebida y que frente a la nueva situación creada, al país le va a ser muy difícil tener ganancia de causa frente a un arbitraje internacional, sobre todo porque no se ha escogido el camino correcto, cuyas consecuencias no parecen que vayan a ser aceptables como resultado de la torpeza en el manejo del asunto.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.