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La falta de una visión estratégica lleva al uso de métodos de fuerza en los conflictos entre países fronterizos.
Por Elba García
No han sido pocos los vaticinios a nivel internacional de los conflictos que le van a sobrevenir al mundo como consecuencia de la escasez de agua potable, muchos por la falta en algunos países de cuencas hidrográficas para satisfacer la necesidad del preciado líquido y otras veces por la carencia de una visión estratégica para evitar la posibilidad de que alguna zona o país se quede sin la misma.
No se puede negar que la falta de planes de muchos gobiernos o de los Estados crea hasta situaciones de guerra porque no han tenido la capacidad de adelantarse y promover políticas públicas para preservar las fuentes de agua.
Siempre se ha dicho que en países como la República Dominicana el peor obstáculo para su crecimiento y desarrollo es la improvisación y la falta de una visión estratégica, las cuales tienen profundas raíces culturales, lo cual implica que es un mal que tal vez se arrastre por toda la vida.
La mala gestión de los abastos de agua en medio del cuadro de sequía que el cambio climático ha traído consigo, mantiene en un verdadero estado de desesperación a muchos lugares del mundo, pero hay zonas que son impactadas más que otras por el fenómeno de la escasez del preciado líquido, calculándose que desde hace siete años más de cinco millones de personas no tienen acceso parcial o total a la misma, al menos en Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
La situación no es sólo con el agua potable, sino también con la destinada a la agricultura, la cual sufre serias amenazas con recrudecerse en el futuro inmediato fruto de la negligencia de los gobiernos de los tres países en lo que respecta a la planificación y mantenimiento de su infraestructura, así como por la inacción en la protección de algunos de sus principales recursos acuíferos, según una investigación al respecto.
Este fenómeno tiene mucho que ver también con los procesos de privatización del agua y las amenazas mencionadas más arriba que agravan la situación, lo cual será y ya son motivo de conflictos en zonas fronterizas donde hay cuencas hidrográficas que deben ser compartidas entre los países.
Un caso de suma gravedad fue detectado en Haití, donde se afronta una seria falta de agua potable, que alcanza más del 40 por ciento de sus 11 millones de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cuyo principal reto es combatir el problema de la contaminación de las fuentes de abastecimiento.
Un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Panel Científico Intergubernamental de Cambio Climático, advirtió en un informe a mediados de 2018 que el fenómeno del cambio climático traería escases de agua dulce para el Caribe en los próximos cinco o diez años y exactamente así ha ocurrido, lo cual se puede observar por la tendencia que toma el problema y los conflictos que ahora se producen entre la Republica Dominicana y Haití por un desvío o toma hecha en el rio Masacre o Dajabón.
Pero a esto habría que agregarle el hecho de que en la República Dominicana la escasez de agua es una consecuencia de la falta de planes y de políticas públicas en este sector como resultado del mal servicio que se le ofrece a la ciudadanía, cuya precariedad preocupa, pero peor aún si se toman en cuenta los vaticinios de los técnicos en la materia, quienes advierten que el país podría quedarse sin agua dulce para el 2030.
A casi cinco años de estas advertencias, los países investigados continúan sin desarrollar planes para prepararse para esta crisis, sin ninguna esperanza de que ocurra, lo cual proyecta una situación prácticamente de emergencia en las naciones mencionadas más arriba.
El documento sobre la crisis de agua en las islas del Caribe y ‘los cambios en los patrones de precipitación, la disponibilidad del preciado líquido y la sensibilidad a la sequía hacen de las islas espacios sumamente vulnerables’ y bajo el mejor de los escenarios persistirán en las islas – el de 1.5°C más de calentamiento – las amenazas relacionadas con el nivel del mar por salinización, inundación permanente, erosión y presión sobre los ecosistemas.
Pero el estudio sostiene que en el Caribe no existe un solo país exento de este pronóstico, ya que toda la región muestra condiciones climáticas anormales asociadas a la sequía, sostuvo el investigador de la NASA, Pablo A. Méndez Lázaro.
Asimismo, el experto en asuntos de agua Félix Aponte González, quien participó del informe del USGCRP, indicó que desde 2012 se registran sequías de mayor intensidad; 2016 y 2017 fueron los años más secos en los últimos 40 o 45 años.
La crisis mundial de acceso a agua potable se ha convertido en un problema de tal magnitud que en muchos sitios ya se habla del Día Cero, pero lugares como Ciudad del Cabo en Sudáfrica ha logrado anticiparse a esta amenaza con medidas de conservación cómo poner límites al uso diario de agua por persona, según informa el gobierno de la ciudad.
Asimismo, California tiene por ley desde 2001 un plan de agua para el control, protección, conservación, desarrollo y utilización responsable de los recursos hídricos para el estado. Este plan se actualiza cada cinco años.
En el Caribe, la investigación detectó sólo un país que ha estado desarrollando estrategias dirigidas a buscar sostenibilidad, la cual es la isla de Dominica.
En el 2017, tras la devastación del huracán María, Dominica creó la Agencia de Ejecución de Resiliencia Climática, Climate Resilience (CREAD, por sus siglas en inglés) con un plan hasta 2030 que incluye el manejo del agua, el cual incorpora potenciar plantas de desalinización con energía generada desde el mar, logrando reducir los costos de impacto ambiental en la producción de agua dulce por esa vía.
En la región, las islas más pequeñas tienen limitados recursos naturales de agua dulce y algunas, como Curaçao, Aruba, St. Martin, St. Thomas y British Virgin Islands, usan plantas desalinizadoras costosas y contaminantes.
Las islas más grandes, aunque tienen ríos y acuíferos abundantes por su topografía, han menguado sus reservas, como es el caso de Cuba. Además, el aumento en el nivel del mar asociado al cambio climático expone a los acuíferos dulces a la contaminación por intrusión salina.
La cuestión es que la falta de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo podría generar conflictos violentos entre las naciones que comparten cuentas hidrográficas fronterizas, como por ejemplo el rio Masacre que comparten Republica Dominicana y Haití, la cual es motivo de un diferendo que toma un perfil de carácter internacional, sobre todo después de que el Gobierno dominicano decidió rehabilitar el Canal de la Vigía, lo cual en opinión de técnicos en la materia representa una forma de impedir que el cauce del mismo llegue con capacidad para irrigar las tres mil tareas que persigue el que se levanta en Juana Méndez y que parece ahora convertirse con la iniciativa oficial en un problema que se sale de los cauces técnicos-científicos y civilizados en que deben resolverse las diferencias en cualquier terreno.
El canal de la Vigía incorpora un ingrediente nuevo es que la reactivación del mismo y su ampliación hasta llegar al río aguas abajo de la punta Pittobert, constituye de hecho una complicación del diferendo porque aparte de que puede degenerar en violencia, representa un nuevo obstáculo a las negociaciones que se espera se produzcan entre los dos países.
La crisis podría explotar al respecto cuando se reabra y se limpie el canal en aproximadamente kilómetro y medio y cuando se instalen bombas para impulsar agua desde el río hasta esta toma, pero además el plan incluye la ampliación del canal de la Vigía, el cual está aguas debajo de la toma o desvío de Juana Méndez.
Entonces, a partir de ese momento el conflicto podría tomar dos tendencias, una carácter internacional y una segunda posibilidad es que se recurra a algún tipo de violencia, máxime cuando los haitianos vean un caudal de agua tan mínimo que le quite sentido al canal de Juana Méndez, cuyo desenlace podría ser una serie de sabotajes a través del desvío de los principales afluentes haitianos del rio Masacre, el capotillo y el Gens de Nates, que están localizados en aguas arriba de la toma de la Vigía.
Todo ello indica que la estrategia dominicana no ha sido bien concebida y que frente a la nueva situación creada, al país le va a ser muy difícil tener ganancia de causa frente a un arbitraje internacional, sobre todo porque no se ha escogido el camino correcto, cuyas consecuencias no parecen que vayan a ser aceptables como resultado de la torpeza en el manejo del asunto.
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El tráfico de influencia es un componente de primer orden en corrupción administrativa en el país.
El apresamiento de Jose Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.
Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.
Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.
El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.
De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.
De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.
La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.
La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.
El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.
La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.
Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.
Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.
Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.
El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.
En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”. pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.
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El dinero que entra a las campañas electorales de los candidatos a los cargos de elección popular tiene un enigma complicado.
Los cargos en contra del alcalde de Nueva York ponen sobre la mesa el espinoso tema de las contribuciones económicas ilegales a los candidatos que terminan con la acumulación de grandes riquezas porque tienen mucha posibilidad y vocación de poder.
Es innumerables la cantidad de aspirantes a cargos políticos electivos en diferentes lugares del mundo que quedan en medio de la tentación de enriquecerse sobre la base del recibimiento de donaciones económicas ilegales.
El alcalde de la ciudad de Nueva York fue acusado el jueves de cargos federales por supuestamente aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras.
Este tipo de casos son muy comunes en el escenario político electoral y las razones son muy diversas en razón de que el que aporte de dinero mal habido se hace regularmente para buscar protección de la autoridad pública.
Un caso que ha generado muchas sospechas al respecto es la fortuna declarada por el presidente Luis Abinader, quien había dicho al periodista Jorge Ramos que sólo tenía un millón y tanto de dólares, pero que al final termino con una declaración de bienes que alcanza los miles de millones de pesos, es decir, cerca de ochenta o noventa millones de dólares.
Pero el tema no es exclusivo de la República Dominicana, sino de todos los países del hemisferio y no hay quién se atreva a negar que el fenómeno tiene un alcance mundial.
El caso del principal ejecutivo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, toca muy de cerca al país porque él desde que obtuvo el triunfo visitó a la República Dominicana y los promotores de su traslado hasta aquí fueron activistas que están muy cerca del funcionario.
La atención que generó su aspiración entre los políticos de la comunidad criolla en la gran urbe, sirvió de base para que se produjera una visita al país del mandatario municipal, el cual fue llevado donde figuras muy cuestionables de la República Dominicana.
El hecho de que Adams tenga entre los cargos que pesan en su contra aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras, como que parece una repetición de lo que ocurre con otros que se mueven en escenarios diferentes, pero con la misma conducta de los que persiguen hacer fortunas a través de la política.
Dicen las autoridades que él abultó sus ganancias mediante las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente a una donación pequeña y agrega la acusación de que recibió en campaña más de diez mil dólares como resultado de certificaciones falsas.
Dicen que Adams solicitó y demandó sobornos, incluidos viajes lujosos gratis o con un gran descuento por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda del ejecutivo municipal y cuya cuestión está vinculada con el consulado en Manhanttan del país del personaje.
En el proceso de investigación agentes del FBI entraron a la residencia oficial de Adams y le incautaron hasta su teléfono en busca de pruebas para sustentar la acusación que pesa en su contra, cuyos cargos federales cuentan con el aval de algunos de los personajes involucrados.
Las acusaciones en contra de Adams pica y se extiende y luce que quien fuera el hombre más importante de Nueva York podría terminar con la total ruina de su carrera política y vida personal.
Sin embargo, Adams ha advertido que todo lo que ocurre con su persona parte de mentiras y que al final todo quedará aclarado.
Este caso que, de acuerdo a los informes de prensa, no involucra hasta el momento grandes cantidades de dinero, cuyos montos no se acercan ni remotamente a los sustraídos por políticos de los países latinoamericanos, donde los robos involucran sumas millonarias que sirven para medir hasta dónde los niveles de regulación y de fiscalización son deficiencias muy marcadas y que además es un arma muy poderosa para no combatir uno de los flagelos que más golpea las economías de las naciones pobres y del tercer mundo.
Las citaciones y pesquisas en lo que tiene que ver con el escándalo continúan y en el proceso habría que determinar si lo dicho por el ejecutivo municipal es parte de la misma arma de defensa que usa el candidato presidencial Donald Trump, la cual consiste en calificar los procesos en su contra como una retaliación política.
Este caso representa un precedente muy importante para todos los que van a la política con el fin de hacer riquezas económicas, máxime en los llamados países del tercer mundo, pese a que el fenómeno en menor o mayor medida tiene una connotación mundial.
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Ministerio Público sin eficiencia y persecución del crimen y el delito no pasa de una percepción mediática.
Por Elba García
El instrumento legal del Estado para la instrumentación de expedientes en contra del crimen y el delito ha dejado mucho que desear no sólo en los casos definidos como macros, que involucra a figuras notables del escenario político nacional, sino también hechos que alcanza a rateros y personas del más bajo estrato social.
Si bien los llamados casos macros tienen un seguimiento permanente de los medios de comunicación, no ocurre igual con los cientos de denuncias y querellas que son presentadas en los centros de recepción de delitos y crímenes que operan en todo el territorio nacional, lo cual indica la precaria funcionabilidad del Estado en lo que respecta a estas instancias del Ministerio Público.
Una de la causa de la deficiencia del Ministerio Público es lo que parece ser la falta de capacidad profesional de los fiscales, ya que una razón para la precaria actuación de este órgano incluye hasta la falta de formación para distinguir cuándo se está frente a un delito penal o un caso de derecho civil.
Esta falta de distinción puede ser fácilmente encontrada en los casos que maneja el Ministerio Público en torno a los condominios, que se rigen por la Ley 5038, cuyos fiscales siempre manejan los conflictos que generalmente degeneran en delitos penales, pero que este órgano siempre les otorga la calificación de problemas sociales.
Tanto es así, que en la practica el Ministerio Público promueve más que cualquier otra cosa la vía de hecho, porque todo aquel que no encuentra una solución al problema planteado a través de una querella, la cual casi siempre termina en un archivo definitivo, decide a hacer justicia con sus propias manos.
El archivo es un mecanismo que tiene el Ministerio Público para justificar su incapacidad o para darle cabida a la complicidad que implica que algunos fiscales reciben una paga para que los casos no sigan el curso que indica el sistema de justicia, ya que miles de casos nunca son judicializados aunque haya razón para ello.
En los últimos meses ha vuelto a ser puesto en tela de juicio en los tribunales casos manejados por el Ministerio Público que han sido desechados por falta de pruebas, incluido unos que el propio órgano de persecución solicitó su archivo provisional por las mismas razones.
El último más sonado es el que tiene que ver con Marisol Franco, compañera sentimental de “César el Abusador”, y otras tres personas, para quienes este sábado 14 solicitó prisión preventiva por supuesta asociación de malhechores, crímenes y delitos contra la propiedad, entre otros, y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional se la negó.
El rechazo de la magistrada Fátima Veloz se fundamentó en que los elementos de prueba que aportó el MP no eran suficientes para ella poder determinar la violación del tipo penal previsto en los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicano (CPD).
En la etapa preliminar de cualquier caso es suficiente la presentación de una cintila probatoria que no requiere la presentación de elementos concluyentes, pero debe haber detalles legítimos que permitan a la juzgadora vincular al imputado con el hecho investigado, bajo los criterios establecidos por el legislador”, lo cual, a juicio de la juzgadora, no ha ocurrido en este caso”.
Sostuvo la magistrada que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y que conforman la cintila probatoria “por sí solos, resultan insuficientes para poder crear un vínculo robusto, certero e inequívoco que permita en esta fase procesal individualizar a los imputados como los autores o cómplices de la conducta que se les atribuye…”.
De acuerdo con la jueza que conoció el caso en cuanto al fondo de la solicitud de la medida de coerción, no se cumplía con los requerimientos legales del artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP) y en consecuencia dispuso la “libertad pura y simple” de los imputados, mediante la Resolución penal 0670-2024-SMDC-01610.
Igual ocurrió con el caso de la violación y posterior muerte de Paula Santana Escalante, crimen ocurrido en la zona franca de Las Américas el 24 de febrero y el Ministerio Público basado en pruebas testimoniales logró que la jueza de Atención Permanente de SDE, Karen Casado, enviara a prisión preventiva a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y a Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), principales sospechosos.
En este caso el archivo dispuesto contó con el aval del Ministerio Público a través de la fiscal del caso Dahiana Castillo Antigua, quien suscribió el mismo sobre la base de que el órgano persecutor del crimen y el delito no contaba con la base para sostener quién cometió los hechos.
Los resultados de todas las prendas de vestir analizadas, tanto de los dos imputados como de Santo Samuel, no arrojaron ningún fluido femenino, de hecho, sólo en una pieza interior apareció restos de semen, por lo que hasta el momento no resulta elemento suficiente para instrumentar una acusación”, afirmó
El fondo de la objeción presentada por los familiares de la víctima el 13 de este mes en el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo confirmó el “archivo provisional del caso; Alex y Chuki fueron liberados, lo cual llenó de felicidad a los imputados y de mucha tristeza a los familiares de la víctima.
Pero estos casos, aunque más sonoros, representan algo insignificante con relación a lo que ocurre en los centros de recepción de querellas y denuncias del Ministerio Público, como por ejemplo Santiago, donde las mismas son depositadas en el zafacón del olvido no importa las pruebas aportadas.
Esta realidad parece que podría generar en los próximos días la presentación de demandas en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional por no cumplir con el mandato de sus leyes orgánicas, el Código Procesal Penal y la Constitución de la República.
Incluso ya hay grupos de abogados que podrían recurrir al sistema de justicia interamericana para presentar en contra del Estado dominicano demandas por violación de los derechos humanos y de las convención regionales e internacionales en esta materia.