Análisis Noticiosos
La falta de vacunas en África, un retraso de consecuencias devastadoras
El acaparamiento de dosis por los países ricos y la debilidad de sus sistemas de salud provoca que el continente más pobre, donde golpea ahora la tercera ola, apenas haya inmunizado al 0,6% de su población
Un vecino de Pretoria (Sudáfrica) se queja en la emisora Radio Power del ritmo de inmunización en África. “Es una vergüenza. Primero lo que tardaron en vacunar al personal médico, luego la lentitud con los mayores de 60 años y, ahora, con la vuelta presencial a la escuela tras las vacaciones, aún no han empezado con los profesores”, critica. Sudáfrica es el país más rico de África y solo un 0,8% de su población está inmunizada, una muestra de lo que ocurre en todo el continente, que enfrenta la tercera ola de la pandemia.
El director de los Centros de Control de Enfermedades en África, John Nkengansong, aseguraba esta semana a los medios: “Es extremadamente preocupante y en ocasiones frustrante”. Las cifras confirman sus palabras. Con un incremento de un 13% de los casos en el último mes en todo el continente, hay países como la República Democrática del Congo, Uganda o la propia Sudáfrica, donde la pandemia sigue disparada. En al menos 13 países, entre ellos Kenia, o Nigeria, se ha detectado la variante delta (la india) y el temor a un brote explosivo va en aumento. En este contexto, mientras en Europa y Estados Unidos las tasas de vacunación superan con creces el 20%, en África ronda el 0,6%, con menos de 10 millones de personas que han sido inmunizadas.
Célestin Traoré, responsable de vacunación de Unicef para África occidental y central, apunta al acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos como parte del problema. “Hay una escasez en el mundo y los países en desarrollo, como los africanos, no cuentan con la financiación suficiente para adquirirlas”, asegura. Otro desafío es la debilidad de los sistemas de salud que no disponen de suficientes frigoríficos, energía eléctrica, protocolos adaptados o formación para sus campañas. “A ello hay que sumar los graves problemas de inseguridad a los que se enfrentan numerosos países, sobre todo en el Sahel, donde hay 5,4 millones de personas desplazadas por la violencia”, añade el doctor Traoré.
El respetado epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim pone cifras al desequilibrio. “Somos 7.500 millones de personas en el mundo y hay 1.800 millones de vacunas. Esto significa que una de cada cinco personas tiene acceso a las mismas, mientras que la realidad en África es que tenemos una para cada 50 personas. Es una desigualdad tremenda e injusta”. En Chad comenzaron a vacunar el pasado 4 de junio, seis meses después de que comenzara la inmunización en Europa, y en Tanzania, Eritrea o Burundi no se ha administrado ni una sola dosis.
Para tratar de reducir la brecha de vacunación entre los países ricos y los países en desarrollo surgió Covax, una iniciativa público-privada impulsada desde los comienzos de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las Vacunas Gavi, Unicef y otros organismos internacionales, que se ha marcado como objetivo que el 20% de la población de las naciones con menos recursos esté vacunada a finales del presente año. Todos los países africanos se sumaron a este proyecto. Sin embargo, a la escasez mundial de dosis agravada por la compra abusiva de los países desarrollados se ha añadido otro inconveniente: 190 millones de vacunas comprometidas por el Instituto Serum de la India para Covax tuvieron que destinarse a su propia población ante la explosión de casos en este país.
“Aún podemos conseguirlo, pero el escenario es incierto”, asegura Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de Unicef-España. Buena parte del futuro de Covax y, por tanto, de una vacunación más justa en el mundo, se juega en la cumbre del G-7 de este fin de semana en Cornualles. “Las promesas de estos países de compartir una parte de sus vacunas es fundamental para responder a este inquietante desequilibrio”, remacha Traoré, “pero es crucial actuar con rapidez y que otros países les sigan”. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el pasado jueves que donaría 500 millones de dosis para los países más pobres, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que su Gobierno cedería otros 100 millones con el objetivo de que el total de la donación procedente del G-7 alcanzara los 1.000 millones.
Estas decisiones están “en el lado correcto de la historia”, según Nkengansong, pero para Amnistía Internacional se trata de “una gota en el océano”, aseguró su secretaria general, Agnès Callamard, a través de un comunicado. Según sus cálculos y de mantenerse el ritmo actual, los países pobres no vacunarán a su población hasta 2078.
Por su parte, la OMS estima que solo siete países africanos van a alcanzar el 10% de su población vacunada en septiembre, muy lejos de la inmunidad de grupo deseada, y que hacen falta al menos 225 millones de dosis más a corto plazo. La directora en África de este organismo, Matshidiso Moeti, reveló esta semana en conferencia de prensa que “es una cuestión de vida o muerte. Los países que puedan, deben compartir sus vacunas. A medida que nos acercamos a los cinco millones de casos en África y empieza una tercera ola, muchas de las personas más vulnerables siguen peligrosamente expuestas a la covid-19”.
Jo Barnes, del Departamento de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad Stellenbosh en Ciudad del Cabo, explica que a la falta de dosis, se suman los problemas de logística. “Sudáfrica tiene un número elevado de indigentes y muchos viven en zonas rurales e inaccesibles. Incluso en las ciudades y pueblos hay suburbios informales con población variante a la que es difícil alcanzar. También hay personas pobres sin acceso a un móvil para registrarse en la base de datos para vacunarse”, señala.
Pero África es muy grande y en ella conviven diferentes realidades. A la sombra de un árbol en el patio principal del centro de salud Gaspard Cámara de Dakar, la capital de Senegal, medio centenar de personas, casi todos de edad avanzada, aguardan con paciencia su turno para vacunarse. Para la mayoría de ellos es su segunda dosis. “Estoy impaciente”, apunta Ndeye Balde, “se cuentan muchas historias sobre las vacunas, pero yo no estaré tranquila hasta que me la ponga. La gente dice muchas tonterías”, asegura. No hay tramos de edad ni es necesario pedir cita: basta con presentarse y pinchazo al canto. “¿AstraZeneca o la china?”, pregunta la enfermera.
Hasta Senegal han llegado 1,1 millones de dosis y se ha administrado casi la mitad. Pero es Marruecos quien lidera las estadísticas de vacunación, con el 99% de sus 15,4 millones de vacunas ya inyectadas. Casi 7 millones están totalmente inmunizados. Fruto de este intenso trabajo, el primer ministro marroquí, Saadín el Otmani, aseguraba este viernes que la situación epidemiológica “está bajo control” y añadió que se ha evitado lo peor. No se puede decir lo mismo del resto del continente. En África central, por ejemplo, los casos aumentaron un 116% en el último mes.
Las consecuencias del enorme retraso en la vacunación pueden ser devastadoras para África. Según Traoré, “la exacerbación del impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia y que la normalización del funcionamiento de ciertos servicios llegue más tarde. Esto va a afectar a la sanidad, donde la inmunización de rutina se ha visto perturbada o incluso interrumpida, pero también a la educación, donde más de 128 millones de niños solo en África occidental y central se han quedado sin clases o han tenido problemas para continuar con sus estudios. Por no hablar de la pérdida de ingresos y la caída del estado nutricional de los menores”. Y también de sus familias. “Si el virus se sigue propagando, más duro será este impacto a largo plazo”.
Dejar atrás a África no es solo un problema moral, como ha repetido decenas de veces el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sino un riesgo para el mundo. Coincide con él el epidemiólogo Salim Abdool Karim: “Me gusta pensar que hay una conciencia de que si no controlamos la expansión del virus de forma global y se vacuna solo a Europa, nos encontraremos en una situación en la que la expansión desenfrenada del virus en ciertas partes del mundo llevará a nuevas variantes, y estas se convertirán en un desafío para las vacunas. En realidad, aunque sea por propio interés, hay que dar más vacunas a África”.
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Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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