Análisis Noticiosos
La falta de vacunas en África, un retraso de consecuencias devastadoras
El acaparamiento de dosis por los países ricos y la debilidad de sus sistemas de salud provoca que el continente más pobre, donde golpea ahora la tercera ola, apenas haya inmunizado al 0,6% de su población
Un vecino de Pretoria (Sudáfrica) se queja en la emisora Radio Power del ritmo de inmunización en África. “Es una vergüenza. Primero lo que tardaron en vacunar al personal médico, luego la lentitud con los mayores de 60 años y, ahora, con la vuelta presencial a la escuela tras las vacaciones, aún no han empezado con los profesores”, critica. Sudáfrica es el país más rico de África y solo un 0,8% de su población está inmunizada, una muestra de lo que ocurre en todo el continente, que enfrenta la tercera ola de la pandemia.
El director de los Centros de Control de Enfermedades en África, John Nkengansong, aseguraba esta semana a los medios: “Es extremadamente preocupante y en ocasiones frustrante”. Las cifras confirman sus palabras. Con un incremento de un 13% de los casos en el último mes en todo el continente, hay países como la República Democrática del Congo, Uganda o la propia Sudáfrica, donde la pandemia sigue disparada. En al menos 13 países, entre ellos Kenia, o Nigeria, se ha detectado la variante delta (la india) y el temor a un brote explosivo va en aumento. En este contexto, mientras en Europa y Estados Unidos las tasas de vacunación superan con creces el 20%, en África ronda el 0,6%, con menos de 10 millones de personas que han sido inmunizadas.
Célestin Traoré, responsable de vacunación de Unicef para África occidental y central, apunta al acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos como parte del problema. “Hay una escasez en el mundo y los países en desarrollo, como los africanos, no cuentan con la financiación suficiente para adquirirlas”, asegura. Otro desafío es la debilidad de los sistemas de salud que no disponen de suficientes frigoríficos, energía eléctrica, protocolos adaptados o formación para sus campañas. “A ello hay que sumar los graves problemas de inseguridad a los que se enfrentan numerosos países, sobre todo en el Sahel, donde hay 5,4 millones de personas desplazadas por la violencia”, añade el doctor Traoré.
El respetado epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim pone cifras al desequilibrio. “Somos 7.500 millones de personas en el mundo y hay 1.800 millones de vacunas. Esto significa que una de cada cinco personas tiene acceso a las mismas, mientras que la realidad en África es que tenemos una para cada 50 personas. Es una desigualdad tremenda e injusta”. En Chad comenzaron a vacunar el pasado 4 de junio, seis meses después de que comenzara la inmunización en Europa, y en Tanzania, Eritrea o Burundi no se ha administrado ni una sola dosis.
Para tratar de reducir la brecha de vacunación entre los países ricos y los países en desarrollo surgió Covax, una iniciativa público-privada impulsada desde los comienzos de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las Vacunas Gavi, Unicef y otros organismos internacionales, que se ha marcado como objetivo que el 20% de la población de las naciones con menos recursos esté vacunada a finales del presente año. Todos los países africanos se sumaron a este proyecto. Sin embargo, a la escasez mundial de dosis agravada por la compra abusiva de los países desarrollados se ha añadido otro inconveniente: 190 millones de vacunas comprometidas por el Instituto Serum de la India para Covax tuvieron que destinarse a su propia población ante la explosión de casos en este país.
“Aún podemos conseguirlo, pero el escenario es incierto”, asegura Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de Unicef-España. Buena parte del futuro de Covax y, por tanto, de una vacunación más justa en el mundo, se juega en la cumbre del G-7 de este fin de semana en Cornualles. “Las promesas de estos países de compartir una parte de sus vacunas es fundamental para responder a este inquietante desequilibrio”, remacha Traoré, “pero es crucial actuar con rapidez y que otros países les sigan”. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el pasado jueves que donaría 500 millones de dosis para los países más pobres, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que su Gobierno cedería otros 100 millones con el objetivo de que el total de la donación procedente del G-7 alcanzara los 1.000 millones.
Estas decisiones están “en el lado correcto de la historia”, según Nkengansong, pero para Amnistía Internacional se trata de “una gota en el océano”, aseguró su secretaria general, Agnès Callamard, a través de un comunicado. Según sus cálculos y de mantenerse el ritmo actual, los países pobres no vacunarán a su población hasta 2078.
Por su parte, la OMS estima que solo siete países africanos van a alcanzar el 10% de su población vacunada en septiembre, muy lejos de la inmunidad de grupo deseada, y que hacen falta al menos 225 millones de dosis más a corto plazo. La directora en África de este organismo, Matshidiso Moeti, reveló esta semana en conferencia de prensa que “es una cuestión de vida o muerte. Los países que puedan, deben compartir sus vacunas. A medida que nos acercamos a los cinco millones de casos en África y empieza una tercera ola, muchas de las personas más vulnerables siguen peligrosamente expuestas a la covid-19”.
Jo Barnes, del Departamento de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad Stellenbosh en Ciudad del Cabo, explica que a la falta de dosis, se suman los problemas de logística. “Sudáfrica tiene un número elevado de indigentes y muchos viven en zonas rurales e inaccesibles. Incluso en las ciudades y pueblos hay suburbios informales con población variante a la que es difícil alcanzar. También hay personas pobres sin acceso a un móvil para registrarse en la base de datos para vacunarse”, señala.
Pero África es muy grande y en ella conviven diferentes realidades. A la sombra de un árbol en el patio principal del centro de salud Gaspard Cámara de Dakar, la capital de Senegal, medio centenar de personas, casi todos de edad avanzada, aguardan con paciencia su turno para vacunarse. Para la mayoría de ellos es su segunda dosis. “Estoy impaciente”, apunta Ndeye Balde, “se cuentan muchas historias sobre las vacunas, pero yo no estaré tranquila hasta que me la ponga. La gente dice muchas tonterías”, asegura. No hay tramos de edad ni es necesario pedir cita: basta con presentarse y pinchazo al canto. “¿AstraZeneca o la china?”, pregunta la enfermera.
Hasta Senegal han llegado 1,1 millones de dosis y se ha administrado casi la mitad. Pero es Marruecos quien lidera las estadísticas de vacunación, con el 99% de sus 15,4 millones de vacunas ya inyectadas. Casi 7 millones están totalmente inmunizados. Fruto de este intenso trabajo, el primer ministro marroquí, Saadín el Otmani, aseguraba este viernes que la situación epidemiológica “está bajo control” y añadió que se ha evitado lo peor. No se puede decir lo mismo del resto del continente. En África central, por ejemplo, los casos aumentaron un 116% en el último mes.
Las consecuencias del enorme retraso en la vacunación pueden ser devastadoras para África. Según Traoré, “la exacerbación del impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia y que la normalización del funcionamiento de ciertos servicios llegue más tarde. Esto va a afectar a la sanidad, donde la inmunización de rutina se ha visto perturbada o incluso interrumpida, pero también a la educación, donde más de 128 millones de niños solo en África occidental y central se han quedado sin clases o han tenido problemas para continuar con sus estudios. Por no hablar de la pérdida de ingresos y la caída del estado nutricional de los menores”. Y también de sus familias. “Si el virus se sigue propagando, más duro será este impacto a largo plazo”.
Dejar atrás a África no es solo un problema moral, como ha repetido decenas de veces el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sino un riesgo para el mundo. Coincide con él el epidemiólogo Salim Abdool Karim: “Me gusta pensar que hay una conciencia de que si no controlamos la expansión del virus de forma global y se vacuna solo a Europa, nos encontraremos en una situación en la que la expansión desenfrenada del virus en ciertas partes del mundo llevará a nuevas variantes, y estas se convertirán en un desafío para las vacunas. En realidad, aunque sea por propio interés, hay que dar más vacunas a África”.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.