Nacionales
La homofobia como una amenaza al desarrollo dominicano
En nombre de la tradición o la religión que confesa la mayoría de un país se crean dogmas que promueven los prejuicios, la estigmatización, la discriminación y violencia a las personas LGTBI
Miembros de la iglesia evangélica realizarán una marcha este martes 22, en defensa de la familia tradicional y en protesta por las recientes manifestaciones a favor de los derechos del colectivo LGTB, que comprende a lesbianas, gais, trans y bisexuales.
Santo Domingo, R.D.
22 de junio del 2014
Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do
La libertad es un valor y un derecho de todas y todos los dominicanos. Sectores conservadores han impuesto su hegemonía respecto a la regulación de la sexualidad, donde la heterosexualidad es obligatoria y la homosexualidad es un insulto a la sociedad. Dicha hegemonía establece la homofobia como regla y modelo de desarrollo, un desarrollo que excluye a las minorías, una tiranía del odio.
Amartya Sen define la libertad como el objetivo final del desarrollo y define al desarrollo como el ‘’proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos’’. Sen plantea que a mayor libertad de un individuo mejor capacidad tendrá para mejorar su vida e influir en el mundo y así en el desarrollo por lo que pasa a convertirse en un agente de cambios.
Sin lugar a dudas la orientación sexual, el género y la identidad sexual han estado y siguen un orden social, un orden dominado por el concepto de heterosexismo, visto como un orden patriarcal, androcéntrico y de una moral que ha impuesto a veces de forma legal y en casi todos los rincones del mundo la violencia simbólica como instrumento para inferiorizar, reducir o disciplinar a las personas LGTBI.
Este orden sexual condena a las minorías sexuales a recibir de la sociedad un trato desigual y los priva de su plena libertad. La discriminación por orientación sexual es un acto que menoscaba la igualdad y la dignidad de las personas. Discriminar es negar la condición de seres humanos iguales a los demás cuyo efecto perturba la dignidad humana.
El modelo Dominicano de desarrollo excluyente no es sostenible, debido a que quien hace posible el mismo es la gente. Acabar con la homofobia es una condición indispensable para ser más eficientes y productivos
La homofobia es un rasgo sistémico compartido por la mayoría de la sociedad. Detrás de la homofobia está el machismo, quien asocia la homosexualidad masculina al género femenino, lo que avala el desprecio hacia el homosexual, debido a que rechaza su virilidad.
Norberto Chaves dice que el homosexual ‘’Ha hecho lo peor que puede hacer un hombre: parecerse a una mujer’’. Y es lo peor porque ha abandonado su privilegio de ser el sexo dominante. En el caso de las lesbianas el desprecio se basa en que estas rechazan su rol asignado de madres y esposas. Ser homofóbico es un acto de afirmación de la condición de heterosexual.
En nombre de la tradición o la religión que confesa la mayoría de un país se crean dogmas que promueven los prejuicios, la estigmatización, la discriminación y violencia a las personas LGTBI.
Para Amartya Sen la tradición no es una razón para suprimir la libertad. Para evitar lo anterior es de importancia promover una democracia donde el derecho a discordar sea fuerte para someter insistentemente a interrogación aquellos prejuicios y medidas discriminatorias y así evitar la tiranía de las mayorías de las que hablaba Mill.
Aunque casarse, adoptar niños, cambiar su nombre o sexo no sean actualmente opciones de interés para la mayoría de las personas LGTBI en Republica Dominicana, como dice Amartya Sen ‘’es posible conceder importancia al hecho de tener oportunidades que no se aprovechan’’.
En 2014 el Banco Mundial realizo un evento para discutir el impacto de la homofobia en el desarrollo. El Dr. Lee Badgett fue uno de los panelistas y presento resultados preliminares de un estudio sobre el costo económico de la homofobia en la India. El estudio estimó que la homofobia le ha costado a la India entre un 0.1 a un 1.7% de su producto interno bruto.
El estudio presenta la homofobia como una acción que genera exclusión social en la India a través de la violencia, pérdida de empleo, discriminación, rechazo familiar, acoso escolar, presión para casarse e incluso ser condenado a prisión por ser LGTBI, estas situaciones traen como consecuencia un menor educación, baja la productividad, baja renta igual a mayor pobreza, pobre salud igual a una vida corta, así como también una reducción de la fuerza de trabajo. Dichas consecuencias se traducen en problemas macro para el país al elevar los costos de los programas sociales y de salud (debido al alto índice de depresión, VIH y suicidio en personas LGTBI discriminadas) y disminuye el ingreso económico nacional. El estudio estimo que si el 0.6% de la fuerza de trabajo fuese LGTBI el país estaría perdiendo 1.25 billones de dólares del PIB y si fuese de un 3.8% estaría perdiendo 7.7 billones de dólares. Sin embargo quedan otras variables por agregar como son la pérdida de fuerza de trabajo que decide emigrar, costos familiares y costos en el área educativa.
El estudio del Dr. Lee Badgett demuestra como la India aun siendo una economía emergente ha aumentado su crecimiento económico excluyendo a las personas LGTBI. Un crecimiento que no aumenta sus oportunidades para vivir la vida que quieren.
Otro estudio realizado en 2015 por The Williams Institute de la UCLA School of Law determinó que los países con menos derechos tienen un índice de desarrollo humano (IDH) menor al de aquellos con más libertades, entre ellas libertades para las personas LGTBI, el informe plantea que países con más derechos para las personas LGTBI tienen mayor ingreso per cápita y mayores niveles de bienestar. La correlación positiva entre los derechos LGBT y el IDH sugiere que los beneficios de los derechos se extienden más allá de los resultados puramente económicos para el bienestar medido como el nivel educativo y la esperanza de vida.
Con esto se intenta demostrar que a mayor inclusión de las personas LGTBI, mejores resultados económicos se obtienen para el desarrollo, por lo que debe ser una parte constitutiva de las agendas nacionales de desarrollo el ampliar las libertades de las persona LGTBI.
El modelo Dominicano de desarrollo excluyente no es sostenible, debido a que quien hace posible el mismo es la gente. Acabar con la homofobia es una condición indispensable para ser más eficientes y productivos.
Las y los Dominicanos LGTBI ven sus oportunidades reales disminuidas para acceder a un empleo o mantenerlo debido al mobbing homofóbico, aprovechar las oportunidades de educación sin ser víctimas de bullying que los empuje a abandonar el centro educativo, acceder a servicios de salud sin estigmatización y así evitar el miedo de recibir atención para enfermedades de transmisión sexual que harán de su vida una más corta, contar con el apoyo de su familia y no ser expulsados de sus casas, vivir sin miedo a ser víctimas de violencia y contar con autoridades del orden público que no sean indolentes y hagan prevalecer la impunidad en sus denuncias. Todas estas consecuencias de la homofobia repercuten como hemos visto en el crecimiento económico de un país, ya que estas situaciones provocan depresión, disminuye su capacidad de aprendizaje, su estado de salud, su productividad, perdida de horas de trabajo y de inversión en capital humano.
La homofobia representa diferentes amenazas para el rendimiento de las empresas dominicanas al no aprovechar el potencial de sus empleados LGTBI y aumentar los costos derivados de la discriminación. Representa una amenaza para el crecimiento económico de la Republica Dominicana al demandar mayores costos en servicios de salud, seguridad y justicia. Y sin lugar a dudas representa el mayor obstáculo para las personas LGTBI quienes sufren un drama humano cada día de sus vidas sin poder vivir la vida que quieren.
Las personas LGTBI deben verse como agentes capaces de construir la vida que quieren y el Estado Dominicano y la sociedad deben respetar y dar las oportunidades para escoger la propia concepción de cómo vivir sin imponer o restringir sus derechos. Un cambio indetenible está en marcha por la libertad de las minorías sexuales.
(*) Cristhian Ml. Jiménez; defensor de derechos humanos, profesor universitario y director de relaciones internacionales de FUNCEJI. Es Licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y Especialista en Docencia Universitaria de la UCSD, Magister en RRHH de UNAPEC y Maestrante en Ciencias Humanas y Sociales de la UFABC, Brasil.
Acento.com.do
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.