Nacionales
La homofobia como una amenaza al desarrollo dominicano
En nombre de la tradición o la religión que confesa la mayoría de un país se crean dogmas que promueven los prejuicios, la estigmatización, la discriminación y violencia a las personas LGTBI
Miembros de la iglesia evangélica realizarán una marcha este martes 22, en defensa de la familia tradicional y en protesta por las recientes manifestaciones a favor de los derechos del colectivo LGTB, que comprende a lesbianas, gais, trans y bisexuales.
Santo Domingo, R.D.
22 de junio del 2014
Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do
La libertad es un valor y un derecho de todas y todos los dominicanos. Sectores conservadores han impuesto su hegemonía respecto a la regulación de la sexualidad, donde la heterosexualidad es obligatoria y la homosexualidad es un insulto a la sociedad. Dicha hegemonía establece la homofobia como regla y modelo de desarrollo, un desarrollo que excluye a las minorías, una tiranía del odio.
Amartya Sen define la libertad como el objetivo final del desarrollo y define al desarrollo como el ‘’proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos’’. Sen plantea que a mayor libertad de un individuo mejor capacidad tendrá para mejorar su vida e influir en el mundo y así en el desarrollo por lo que pasa a convertirse en un agente de cambios.
Sin lugar a dudas la orientación sexual, el género y la identidad sexual han estado y siguen un orden social, un orden dominado por el concepto de heterosexismo, visto como un orden patriarcal, androcéntrico y de una moral que ha impuesto a veces de forma legal y en casi todos los rincones del mundo la violencia simbólica como instrumento para inferiorizar, reducir o disciplinar a las personas LGTBI.
Este orden sexual condena a las minorías sexuales a recibir de la sociedad un trato desigual y los priva de su plena libertad. La discriminación por orientación sexual es un acto que menoscaba la igualdad y la dignidad de las personas. Discriminar es negar la condición de seres humanos iguales a los demás cuyo efecto perturba la dignidad humana.
El modelo Dominicano de desarrollo excluyente no es sostenible, debido a que quien hace posible el mismo es la gente. Acabar con la homofobia es una condición indispensable para ser más eficientes y productivos
La homofobia es un rasgo sistémico compartido por la mayoría de la sociedad. Detrás de la homofobia está el machismo, quien asocia la homosexualidad masculina al género femenino, lo que avala el desprecio hacia el homosexual, debido a que rechaza su virilidad.
Norberto Chaves dice que el homosexual ‘’Ha hecho lo peor que puede hacer un hombre: parecerse a una mujer’’. Y es lo peor porque ha abandonado su privilegio de ser el sexo dominante. En el caso de las lesbianas el desprecio se basa en que estas rechazan su rol asignado de madres y esposas. Ser homofóbico es un acto de afirmación de la condición de heterosexual.
En nombre de la tradición o la religión que confesa la mayoría de un país se crean dogmas que promueven los prejuicios, la estigmatización, la discriminación y violencia a las personas LGTBI.
Para Amartya Sen la tradición no es una razón para suprimir la libertad. Para evitar lo anterior es de importancia promover una democracia donde el derecho a discordar sea fuerte para someter insistentemente a interrogación aquellos prejuicios y medidas discriminatorias y así evitar la tiranía de las mayorías de las que hablaba Mill.
Aunque casarse, adoptar niños, cambiar su nombre o sexo no sean actualmente opciones de interés para la mayoría de las personas LGTBI en Republica Dominicana, como dice Amartya Sen ‘’es posible conceder importancia al hecho de tener oportunidades que no se aprovechan’’.
En 2014 el Banco Mundial realizo un evento para discutir el impacto de la homofobia en el desarrollo. El Dr. Lee Badgett fue uno de los panelistas y presento resultados preliminares de un estudio sobre el costo económico de la homofobia en la India. El estudio estimó que la homofobia le ha costado a la India entre un 0.1 a un 1.7% de su producto interno bruto.
El estudio presenta la homofobia como una acción que genera exclusión social en la India a través de la violencia, pérdida de empleo, discriminación, rechazo familiar, acoso escolar, presión para casarse e incluso ser condenado a prisión por ser LGTBI, estas situaciones traen como consecuencia un menor educación, baja la productividad, baja renta igual a mayor pobreza, pobre salud igual a una vida corta, así como también una reducción de la fuerza de trabajo. Dichas consecuencias se traducen en problemas macro para el país al elevar los costos de los programas sociales y de salud (debido al alto índice de depresión, VIH y suicidio en personas LGTBI discriminadas) y disminuye el ingreso económico nacional. El estudio estimo que si el 0.6% de la fuerza de trabajo fuese LGTBI el país estaría perdiendo 1.25 billones de dólares del PIB y si fuese de un 3.8% estaría perdiendo 7.7 billones de dólares. Sin embargo quedan otras variables por agregar como son la pérdida de fuerza de trabajo que decide emigrar, costos familiares y costos en el área educativa.
El estudio del Dr. Lee Badgett demuestra como la India aun siendo una economía emergente ha aumentado su crecimiento económico excluyendo a las personas LGTBI. Un crecimiento que no aumenta sus oportunidades para vivir la vida que quieren.
Otro estudio realizado en 2015 por The Williams Institute de la UCLA School of Law determinó que los países con menos derechos tienen un índice de desarrollo humano (IDH) menor al de aquellos con más libertades, entre ellas libertades para las personas LGTBI, el informe plantea que países con más derechos para las personas LGTBI tienen mayor ingreso per cápita y mayores niveles de bienestar. La correlación positiva entre los derechos LGBT y el IDH sugiere que los beneficios de los derechos se extienden más allá de los resultados puramente económicos para el bienestar medido como el nivel educativo y la esperanza de vida.
Con esto se intenta demostrar que a mayor inclusión de las personas LGTBI, mejores resultados económicos se obtienen para el desarrollo, por lo que debe ser una parte constitutiva de las agendas nacionales de desarrollo el ampliar las libertades de las persona LGTBI.
El modelo Dominicano de desarrollo excluyente no es sostenible, debido a que quien hace posible el mismo es la gente. Acabar con la homofobia es una condición indispensable para ser más eficientes y productivos.
Las y los Dominicanos LGTBI ven sus oportunidades reales disminuidas para acceder a un empleo o mantenerlo debido al mobbing homofóbico, aprovechar las oportunidades de educación sin ser víctimas de bullying que los empuje a abandonar el centro educativo, acceder a servicios de salud sin estigmatización y así evitar el miedo de recibir atención para enfermedades de transmisión sexual que harán de su vida una más corta, contar con el apoyo de su familia y no ser expulsados de sus casas, vivir sin miedo a ser víctimas de violencia y contar con autoridades del orden público que no sean indolentes y hagan prevalecer la impunidad en sus denuncias. Todas estas consecuencias de la homofobia repercuten como hemos visto en el crecimiento económico de un país, ya que estas situaciones provocan depresión, disminuye su capacidad de aprendizaje, su estado de salud, su productividad, perdida de horas de trabajo y de inversión en capital humano.
La homofobia representa diferentes amenazas para el rendimiento de las empresas dominicanas al no aprovechar el potencial de sus empleados LGTBI y aumentar los costos derivados de la discriminación. Representa una amenaza para el crecimiento económico de la Republica Dominicana al demandar mayores costos en servicios de salud, seguridad y justicia. Y sin lugar a dudas representa el mayor obstáculo para las personas LGTBI quienes sufren un drama humano cada día de sus vidas sin poder vivir la vida que quieren.
Las personas LGTBI deben verse como agentes capaces de construir la vida que quieren y el Estado Dominicano y la sociedad deben respetar y dar las oportunidades para escoger la propia concepción de cómo vivir sin imponer o restringir sus derechos. Un cambio indetenible está en marcha por la libertad de las minorías sexuales.
(*) Cristhian Ml. Jiménez; defensor de derechos humanos, profesor universitario y director de relaciones internacionales de FUNCEJI. Es Licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y Especialista en Docencia Universitaria de la UCSD, Magister en RRHH de UNAPEC y Maestrante en Ciencias Humanas y Sociales de la UFABC, Brasil.
Acento.com.do
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.