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La ilegitimidad arropa democracia dominicana en virtud de alta abstención ante la elección de nuevas autoridades.
Este domingo 19 del 2024 se celebraron las elecciones generales para escoger al presidente, vicepresidente y los senadores y diputados de la República Dominicana, cuyos resultados no dejan dudas de que la ilegitimidad ha llegado a la democracia nacional.
Igual situación se produjo durante las elecciones municipales del pasado mes de febrero en las que fueron escogidos los gobiernos locales o municipales y cuya mayoría de los alcaldes y regidores, aunque son legales, pero carecen de la legitimidad que exige cualquier democracia del mundo a fin de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad.
La Junta Central Electoral (JCE) con casi todas las mesas escrutadas contabiliza a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato a la reelección Luis Abinader dos millones 484 mil 38 votos para un 57.46 por ciento, Leonel Fernández con 1,247.887 para un 28.85 por ciento y Abel Martínez 449 mil ciento ochenta y ocho votos para un 10.39, cuya proyección indica que es posible que la abstención sea de casi un 50 por ciento a partir de que la cantidad de registrados era 8,105, mil 151 sufragantes.
De hecho, en las comunidades en el exterior la abstención ronda los 70,80 y 90 por ciento, cuyo descontento de los dominicanos que viven fuera del país ha dejado claro el disgusto que sienten con la forma en que se manejan los gobiernos nacionales.
Otro elemento a resaltar es el voto en blanco, cuya expresión electoral apoyó y promovió este periódico y hasta el momento alcanza alrededor del uno por ciento, constituyéndose en una reacción interesante del votante.
Todavía faltan por contabilizar algunas mesas electorales, pero las provenientes de los lugares con mayor cantidad de votantes ya han sido contadas, lo cual parece producir un mensaje de advertencia en contra de los partidos políticos que se han convertido en el “negocio” más antiético y rentable de la sociedad dominicana.
Los observadores internacionales han vuelto a denunciar que en las elecciones de ayer domingo se produjeron una serie de irregularidades que detallarán en el momento correspondiente, pese a que destacaron el civismo mostrado por los dominicanos.
Igual denuncia hizo Participación Ciudadana que reveló que nueva vez se produjeron la compra de votos y la instalación de lugares para estos fines y para hacer proselitismo durante el proceso de votación, cuyo principal responsable ha sido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin quitarle responsabilidad, aunque no del mismo nivel, a la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana.
Cada proceso electoral envía un mensaje de que el sistema de partido ha entrado en crisis y como se ve el que sale más beneficiado y que a veces da la impresión de que no es impactado por la crisis es el oficial, el cual cuenta con los recursos del Estado para vender una percepción diferente y que no tiene nada que ver con la realidad.
Una muestra de la desesperación de la gente es que el votante se agarra de cualquier discurso sin sentido y ligado a un pasado tenebroso, como el esgrimido por Roque Espaillat, candidato presidente del Partido Esperanza Dominicana (PED), propiedad de Ranfis Domínguez Trujillo, nieto del sanguinario dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se apoya en un discurso supuestamente nacionalista y ético.
Roque Espaillat, quien proclama que no le interesa el pasado, sino el presente, posiblemente para no tener que abordar los horrendos crímenes cometidos por la dictadura y de ese modo borrar una historia que tiene que ver con los más grandes sufrimientos de los dominicanos, obtuvo un 1.34 por ciento, algo más de cincuenta mil votos y con cuya votación ha desplazado en esta materia a los partidos de la llamada izquierda y otros como el Revolucionario Dominicano que ahora pasa a convertirse en minoritario en manos de Miguel Vargas Maldonado.
De entrada, se puede asegurar que la baja votación de las comunidades del exterior, donde las elecciones han sido un verdadero fracaso y lo ocurrido en el territorio nacional, donde han surgido figuras electorales desconocidas en el país hasta el momento, como el voto en blanco, envían un mensaje a los partidos políticos, que son los responsables de la gran tragedia nacional, de que las cosas van en camino de cambiar.
Ahora mismo los partidos, sobre todo los que ganaron las elecciones como el PRM, sólo hablan del por ciento sacado en unas elecciones que no representan necesariamente la voluntad de la mayoría de los dominicanos, sino de una minoría que ha sido incorporada al sistema corrompido de la política vernácula.
Sin embargo, falta esperar que se difundan todos los resultados para entonces valorar la gravedad del fenómeno de la falta de legitimidad y lo que ello podría significar para la democracia dominicana, la cual se promueve más con una falsa percepción que con la realidad.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.