Por Elba García

Ante la inminencia de la escogencia de un nuevo procurador general de la Republica, el país no cuenta con la más mínima garantía ante el creciente deterioro moral, ético e institucional del órgano «persecutor» del crimen y el delito, el cual en vez de cumplir con su misión promueve esos flagelos y pone en peligro el Estado de Derecho.

A pesar de que se trata de un problema sistémico, pero en los actuales momentos la gente se ha creado alguna expectativa con quien sea escogido para el cargo, lo cual implica un compromiso muy serio frente al reto de recuperar el Estado de Derecho, ya que la mayoría de querellas y denuncias que se presentan en este órgano del Estado tienen como destino las gavetas de las oficinas donde opera.

Es una situación de alta peligrosidad en razón de que parece no haber muchas posibilidades de que el fenómeno pueda ser contrarrestado, ya que lo que se ve es que nadie quiere afrontar el problema con la seriedad que amerita.

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de aprobar el reglamento para la escogencia del nuevo Procurador General de la República en sustitución de Miriam German Brito, quien no parece tener todo el control del Ministerio Público, ya que hasta para la sanción de cualquier funcionario de este órgano debe conocerse primero en el Consejo que lo gobierna.

La situación del Ministerio Público representa uno de los principales retos de la sociedad dominicana, ya que la gran mayoría de los fiscales están comprometidos con causas que no son precisamente el combate del crimen y el delito.

Se ha observado que algunos de ellos ponen mucho empeño en los casos con una gran importancia mediática como una forma de proyectar una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

La situación se complica con el apoyo que recibe el fiscal comprometido con lo peor por parte de tribunales nacionales, sobre todo a nivel de los jueces de instrucción y administrativo, cuyos fallos al respecto dejan ver que prácticamente todo está perdido.

En realidad, la sociedad dominicana está desamparada por los órganos del Estado que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad pública y ciudadana, cuyo desempeño es desastroso y preocupante.

Ahora mismo el peor referente de lo mal que está el Estado dominicano es el Ministerio Público, el cual tiene un nivel de descomposición que no deja ninguna posibilidad de que la situación pueda ser corregida.

Sólo falta ver cuál es el curso de ese  órgano del Estado, el cual es un instrumento vital para recomponer lo mal que está el país, porque éste en vez de ser un persecutor de lo mal hecho, lo estimula y le sirve de soporte frente a las víctimas que claman por justicia en todo el territorio nacional.

Por Elba García

Como nunca antes, naturalmente después de la dominación haitiana que derivó en la declaración de independencia y la proclamación en 1844 del nacimiento de la República Dominicana y de su primera constitución, el país se había manejado con tanta torpeza y falta de razonabilidad frente a la crisis de la hermana nación.

El presidente Luis Abinader ha dado cátedras en lo que respecta al mal manejo de su relación   con los vecinos frente a la no existencia de hecho, aunque sí de derecho, del Estado haitiano, pero que ello no implica que el sentimiento nacional demostrado históricamente haya desaparecido en la nación más pobre del hemisferio.

Abinader, quien no ha entendido que el diferendo con los vecinos se debe manejar desde otra perspectiva, ha profundizado las diferencias entre haitianos y dominicanos, las cuales no necesariamente ni solamente tienen que ver con la alta emigración de los vecinos hacia la parte de la isla que ocupa la República Dominicana, sino que además trae consigo un alto nivel de corrupción de una y otra parte, incluido el otorgamiento de visados por parte del Gobierno nacional, cuyos responsables de la aprobación de las mismas cobran 500 dólares por cabeza y son personajes del entorno del presidente de la República, como Margarito de León, cónsul en Juana Méndez.

La confrontación dominico-haitiana fue llevada por Abinader como si fuera el presidente de toda la isla, hasta el punto de irse a cónclaves internacionales a solicitar que los vecinos fueran invadidos por fuerzas extranjeras para llevar a la normalidad el caos que allí prevalece, sin tomar en cuenta el sentimiento patrio de éstos.

Todo ello se produce sin Abinader detenerse a valorar que los haitianos representan el segundo socio comercial del país, que alimentan el Producto Interno Bruto con miles de millones de dólares, aunque ello no puede llevar a soslayar la carga que tiene la nación con una serie de gastos en salud y educación en favor de los vecinos, pero lo que tampoco justifica las acciones del mandatario.

Pero lo cierto es que el presidente Abinader ha creado, podría decirse, un alto nivel de radicalización de la crisis  entre haitianos y dominicanos, pese a que el problema debió manejarse mediante una eficiente y correcta política migratoria y de combate de la corrupción que se produce en la frontera por donde pasa de todo, desde drogas, mercancías de contrabando, prostitución y un peligroso tráfico humano, cuyos principales promotores son bandas de dominicanos, incluidos militares destacados en las zonas limítrofes.

El diferendo por el río Masacre fue otro factor que contribuyó con la profundización de los conflictos entre ambos pueblos que ocupan la isla la Hispaniola, al punto que se llegó a pedir la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sin que todavía se haya producido una solución definitiva al asunto.

Sin embargo, no bien Abinader coloca en un segundo plano el problema dominico-haitiano, el cual trae consigo una intromisión del Gobierno nacional en los asuntos internos de los vecinos, abre otro capítulo en la misma dirección con Venezuela, donde ha querido trazar la regla del juego e incluso utilizar el país para darles todo el apoyo a los opositores de la nación sudamericana.

Tanto es así, que Abinader utiliza el Palacio Nacional para recibir como todo un jefe de Estado a Edmundo González Urrutia y de esa manera tomar parte en favor de la oposición de un conflicto político que debe resolver el ciudadano de allí.

La torpeza del actual gobierno llega al extremo de permitir que González Urrutia permanezca en un hotel nacional desde donde amenaza con hacer su entrada, no se sabe por qué vía, a territorio venezolano, lo cual compromete a la República Dominicana en un atentado en contra de la soberanía de ese país.

El comportamiento del Gobierno dominicano es de total ingratitud cuando se sabe que históricamente Venezuela ha tenido un alto nivel de solidaridad con el país, lo cual, por lo menos, debe conllevar que la nación no se entrometa, en favor de unos y otros, en los asuntos internos de la hermana nación sudamericana.

Lo más sensato fuera que el país se mantenga al margen de un conflicto político que sólo atañe al venezolano, independientemente del criterio que llama a la solidaridad con otros pueblos, pero que ello, de alguna manera, representa una ruptura con una de las partes que mantienen la confrontación por el control del poder, lo cual no es lo recomendable.

Porque hay que preguntarse qué quién ha dicho que la República Dominicana tiene la autoridad para declarar presidente de Venezuela a nadie, así tenga la razón para reclamar un triunfo del que nadie tiene la certeza de que realmente se produjo.

De manera, que recibir como todo un jefe de Estado a quien se ha autoproclamado como ganador de las pasadas elecciones en Venezuela, constituye una intromisión en los asuntos internos del hermano país, ya que esa facultad está reservada a las autoridades electorales de la nación sudamericana.

Por Elba García

En la República Dominicana tuvo lugar este martes 8 de enero el “Día del Poder judicial”, el cual fue aprovechado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para insistir, como en ocasiones anteriores, sobre la mortificante mora judicial, la cual, sin lugar a dudas, es una causa muy poderosa para que se produzca una justicia tardía, la cual no es otra cosa que una denegación de la misma.

En la conmemoración de tan importante fecha, Molina, calificó como la mayor calamidad del sistema los innumerables casos pendientes y llamó a no ser indiferentes con esa injusticia, ya que es un daño que se acarrea en contra de las personas y la sociedad en general, por lo que a su juicio erradicar esta falencia es el objetivo central de su gestión.

Sin embargo, el presidente del más alto tribunal del país no abordó otro de los problemas que ha erosionado la credibilidad de la justicia, como son las sentencias al margen de las normas, las cuales demandan una mayor supervisión de los jueces por parte del Consejo del Poder Judicial.

Ahora mismo se puede afirmar que la mora judicial si buen representa una forma clara de denegación de justicia, también el abuso de poder de los juzgadores impone poner en una balanza cuál de estas dos causales pesan más en la prácticamente desaparición del Estado de Derecho.

La primera de las dos, es decir la moral judicial, obedece a  un cúmulo de trabajo que el sistema no está en capacidad de manejar y es  parte de una deficiencia sistémica, por lo que mediante el mismo mecanismo de la ley se busca reducirlo y quitar presión a los tribunales, pero la segunda tiene que ver con un detalle que descansa, principalmente, en un manejo poco eficiente por parte del Consejo del Poder Judicial, el cual debe producirse a través de una mejoría de los mecanismos de fiscalización de los jueces, el cual también es presidido por el mismo Molina.

De manera, que ambas problemáticas tienen un peso muy fuerte sobre la justicia, pero que mientras la mora podría tener una explicación que aparentemente la justifique, la emisión de sentencias en violación de las normas está asociada a un abuso de poder de los jueces de los tribunales nacionales.

Si se quiere comprobar la cantidad tan alta de sentencias que carecen de razonabilidad y que lesionan el espíritu de las leyes que son aprobadas por el legislador, sólo hay que detenerse a leer cómo el Tribunal Constitucional reprueba la mayoría de los fallos que provienen de los tribunales ordinarios del país.

Sin embargo, esta última parte no luce que sea tan difícil controlarla, ya que sólo habría que crear un mecanismo de fiscalización de las sentencias emitidas por los jueces de todo el territorio nacional y examinar hasta dónde hay o no fallos que violan las normas, lo cual es perfectamente posible y de esa manera, incluso, no hay que esperar a la presentación de un recurso de casación, aunque el mismo siempre estará abierto, dado que los casos manejados por el Consejo del Poder Judicial entran en el marco de su labor administrativa y disciplinaria, no en lo jurisdiccional.

No obstante, se observa que los problemas de la Suprema Corte de Justicia tienen además otras implicaciones como la comisión de errores eminentemente técnicos, lo que permite apreciar en lo que respecta a la aplicación de la nueva norma de Procedimientos de Casación, la 2-23, ya que hace un hibrido procesal con la derogada, la 3726, que luce una violación de derechos fundamentales y de principios como el de no retroactividad de la ley que tiene categoría constitucional.

Esta mala interpretación de los procedimientos de casación si bien no se observan en las sentencias emitidas hasta la fecha por las diferentes salas del más alto tribunal del país o que por lo menos alguien lo haya invocado mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que muchos de los actores del sistema, máxime a nivel administrativo, confunden con su visión a las partes que buscan apoyarse en los mismos para reclamar sus derechos.

El problema tiene una dimensión que no sólo basta con resolver el problema de la mora judicial en las diferentes salas que conforman la Suprema Corte de Justicia, cuya figura representa una denegación de justicia, sino también procurar evitar que muchos jueces emitan sentencias anulables por ser violatorias de derechos fundamentales y por hacer una interpretación equivocada de la norma, lo cual  es atribuible a una multiplicidad de factores como la negligencia, la ineptitud y la complicidad.