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La investigación agropecuaria y forestal está en el suelo en el país
La investigación agropecuaria y forestal de República Dominicana está en el suelo y las causas de eso hay que buscarlas en distintos ángulos.Todo indica que el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf), cuya conformación ha recibido “piropos internacionales”, por estar a la altura de regiones como Centroamérica, bajó su ritmo.
Las razones para que el accionar se haya desacelerado en un sector tan importante como el de producción de alimentos, de ganado y la foresta parecen ser varias, incluidas las cortas partidas de dinero asignadas a las entidades bajo la sombrilla de Siniaf. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) tiene actualmente el mismo presupuesto de hace 12 años (de 2004) y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) el dinero que debía llegarle de manera global, vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no le llega, de acuerdo con datos de fuentes creíbles.
Las mismas fuentes aseguran que “el MESCyt actúa como una competencia frente al Coniaf” con el tema de las becas. “El MESCyt lo que debe es entregar los recursos al Coniaf para que sea esa institución la que entregue las becas a los estudiantes. El Coniaf es quien debe decidir sobre las becas porque tiene criterios más definidos sobre eso –en la parte agropecuaria y forestal- y además porque aprovecha a los estudiantes cuando regresan de hacer su especialidad, pidiéndoles entregar un libro sobre lo aprendido y poniéndolos a socializar con los productores para que mejoren sus cosechas”, explicó una de las fuentes.
El Idiaf recibe cada año entre 190 y 210 millones de pesos, un dinero que de acuerdo con informaciones obtenidas por elCaribe,se va en nómina. El principal componente que da vida al Idiaf es el de los proyectos. Y esos proyectos son el soporte (una suerte de pie de amigo) de la producción. Al Coniaf, que da servicio a unos 400 mil productores, se le asigna a nivel del presupuesto un monto que solo alcanza para cumplir con la administración, incluidos algunos pagos como el de uso de energía eléctrica. El Siniaf está constituido por el Coniaf, el Idiaf, las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de investigación en el sector agropecuario y forestal y las universidades con facultades relacionadas al sector, redes tecnológicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculada a actividades de investigación agropecuaria y forestal.
Las instituciones citadas funcionan con el siguiente esquema: Por ley se creó el Foniaf (que es el Fondo de Investigación Agropecuaria y Forestal) y ese fondo es usado por el Coniaf, que lo usa para que funcione el sistema completo. Eso significa que si el Coniaf está en el suelo, porque no tiene de donde sacar el dinero para la investigación, entonces la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad ISA también se van al suelo. Esa explicación la ofreció un experto en el tema, bajo reserva de su nombre.
“No podríamos decir que el Estado no da dinero para investigación. No, eso no podría decirse. Lo que ocurre es que el dinero para la investigación se lo dan al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ese organismo, en vez de regar ese dinero a las instituciones que corresponde, como se hace, por ejemplo en Chile y en México, no lo hace, sino que lo maneja él mismo”, le dijo a este periódico un conocedor del tema, vinculado a la producción agrícola. A inicios de este mes de junio el Coniaf se quejó por la cuestión a través de una carta remitida a varias instancias, entre ellas, el presidente de la República.
En esa misiva, de la cual este diario obtuvo copia, el Coniaf asegura que el Sistema de Investigaciones Agropecuarias y Forestales vive una etapa de precariedad sin precedentes en el país, desde su creación en septiembre del año 2000. La carta –además del presidente Danilo Medina- fue remitida a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo, José Ramón Peralta; de Agricultura, Ángel Estévez, y a los viceministros de Agricultura Leandro Mercedes y Winston Marte. Para entonces (según la carta) el Coniaf explicaba que “como ente rector del sistema, debe administrar los recursos que por mandato de la Ley 251-12 se depositan en el Fondo de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Foniaf) para realizar las investigaciones”.
Un presupuesto reducido en un 38% en doce años
“Tomando en cuenta la depreciación de la moneda, el hecho de que el Idiaf tenga el mismo presupuesto de hace 12 años, significa que ese presupuesto se ha reducido en un 38%”, calculó ayer un funcionario del ramo agrícola, bajo compromiso de no citar su nombre porque no está autorizado para hablar de eso. El Idiaf en diversas ocasiones y escenarios públicos ha dejado claro que cuenta con mucha tecnología, estudios y especialistas con el aval para afrontar los distintos retos que se presentan en la actividad agrícola. Sin embargo, se encuentra con el problema de que la carencia de dinero le impide llevar esa tecnología al campo para que sea aplicada y se traduzca en resultados para el productor y para el propio país. El objetivo del Idiaf es dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector público agropecuario y forestal del país, dentro del Siniaf que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnología.
La institución tiene como misión aportar a la competitividad de los agronegocios en el país y a la seguridad alimentaria
El Caribe
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.