Nacionales
La investigación agropecuaria y forestal está en el suelo en el país
La investigación agropecuaria y forestal de República Dominicana está en el suelo y las causas de eso hay que buscarlas en distintos ángulos.Todo indica que el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf), cuya conformación ha recibido “piropos internacionales”, por estar a la altura de regiones como Centroamérica, bajó su ritmo.
Las razones para que el accionar se haya desacelerado en un sector tan importante como el de producción de alimentos, de ganado y la foresta parecen ser varias, incluidas las cortas partidas de dinero asignadas a las entidades bajo la sombrilla de Siniaf. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) tiene actualmente el mismo presupuesto de hace 12 años (de 2004) y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) el dinero que debía llegarle de manera global, vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no le llega, de acuerdo con datos de fuentes creíbles.
Las mismas fuentes aseguran que “el MESCyt actúa como una competencia frente al Coniaf” con el tema de las becas. “El MESCyt lo que debe es entregar los recursos al Coniaf para que sea esa institución la que entregue las becas a los estudiantes. El Coniaf es quien debe decidir sobre las becas porque tiene criterios más definidos sobre eso –en la parte agropecuaria y forestal- y además porque aprovecha a los estudiantes cuando regresan de hacer su especialidad, pidiéndoles entregar un libro sobre lo aprendido y poniéndolos a socializar con los productores para que mejoren sus cosechas”, explicó una de las fuentes.
El Idiaf recibe cada año entre 190 y 210 millones de pesos, un dinero que de acuerdo con informaciones obtenidas por elCaribe,se va en nómina. El principal componente que da vida al Idiaf es el de los proyectos. Y esos proyectos son el soporte (una suerte de pie de amigo) de la producción. Al Coniaf, que da servicio a unos 400 mil productores, se le asigna a nivel del presupuesto un monto que solo alcanza para cumplir con la administración, incluidos algunos pagos como el de uso de energía eléctrica. El Siniaf está constituido por el Coniaf, el Idiaf, las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de investigación en el sector agropecuario y forestal y las universidades con facultades relacionadas al sector, redes tecnológicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculada a actividades de investigación agropecuaria y forestal.
Las instituciones citadas funcionan con el siguiente esquema: Por ley se creó el Foniaf (que es el Fondo de Investigación Agropecuaria y Forestal) y ese fondo es usado por el Coniaf, que lo usa para que funcione el sistema completo. Eso significa que si el Coniaf está en el suelo, porque no tiene de donde sacar el dinero para la investigación, entonces la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad ISA también se van al suelo. Esa explicación la ofreció un experto en el tema, bajo reserva de su nombre.
“No podríamos decir que el Estado no da dinero para investigación. No, eso no podría decirse. Lo que ocurre es que el dinero para la investigación se lo dan al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ese organismo, en vez de regar ese dinero a las instituciones que corresponde, como se hace, por ejemplo en Chile y en México, no lo hace, sino que lo maneja él mismo”, le dijo a este periódico un conocedor del tema, vinculado a la producción agrícola. A inicios de este mes de junio el Coniaf se quejó por la cuestión a través de una carta remitida a varias instancias, entre ellas, el presidente de la República.
En esa misiva, de la cual este diario obtuvo copia, el Coniaf asegura que el Sistema de Investigaciones Agropecuarias y Forestales vive una etapa de precariedad sin precedentes en el país, desde su creación en septiembre del año 2000. La carta –además del presidente Danilo Medina- fue remitida a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo, José Ramón Peralta; de Agricultura, Ángel Estévez, y a los viceministros de Agricultura Leandro Mercedes y Winston Marte. Para entonces (según la carta) el Coniaf explicaba que “como ente rector del sistema, debe administrar los recursos que por mandato de la Ley 251-12 se depositan en el Fondo de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Foniaf) para realizar las investigaciones”.
Un presupuesto reducido en un 38% en doce años
“Tomando en cuenta la depreciación de la moneda, el hecho de que el Idiaf tenga el mismo presupuesto de hace 12 años, significa que ese presupuesto se ha reducido en un 38%”, calculó ayer un funcionario del ramo agrícola, bajo compromiso de no citar su nombre porque no está autorizado para hablar de eso. El Idiaf en diversas ocasiones y escenarios públicos ha dejado claro que cuenta con mucha tecnología, estudios y especialistas con el aval para afrontar los distintos retos que se presentan en la actividad agrícola. Sin embargo, se encuentra con el problema de que la carencia de dinero le impide llevar esa tecnología al campo para que sea aplicada y se traduzca en resultados para el productor y para el propio país. El objetivo del Idiaf es dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector público agropecuario y forestal del país, dentro del Siniaf que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnología.
La institución tiene como misión aportar a la competitividad de los agronegocios en el país y a la seguridad alimentaria
El Caribe
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.