Análisis Noticiosos
La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional
Por Juan Bolívar Díaz
El inventario reduce a 36 mil 326 los de origen haitiano en el registro civil en vez de 668 mil 145 que ponderó la sentencia 168-13, y lo estableció en 8 días en vez de un año, prorrogable a dos, que los jueces le dieron de plazo
Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran anos de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.
Impresionante velocidad
En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un ano y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista” a todos los extranjeros inscritos. Luego consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.
Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimientos de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.
Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o danados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.
Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.
Sólo 36 mil haitianos
De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuáles apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2508 norteamericanos, 2002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.
Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.
Hasta la sentencia del TC los que afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.
En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le ata;e a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos losl inscritos irregularmente, son el 0.14 por ciento de la población nacional.
13 mil es genocidio civil
La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.
Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado anos persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.
Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavarez Mirabal y Rafael Camilo.
En manos del Presidente DM
Entregado al Consejo Nacional de Migración el informe sobre el “impacto de la sentencia” la pelota queda en manos del presidentes Danilo Medina a quien corresponderá decidir si siguen adelante con la desnacionalización o encuentran algún resquicio institucional para una “solución humana” que evada una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría estar precedida por medidas cautelares provisionales a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya se ha indicado que el mandatario podría pedir una “opinión consultiva” a la Corte, que sería tan vinculante como una medida provisional y una sentencia definitiva, pero le permitiría sacar el país del tollo por propia iniciativa sin que parezca una sanción y sin afectar el orden institucional, ya que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas son parte del mismo.
El atajo para salir del escándalo, economizará mayor descrédito al país. Esta semana prosiguió expendiéndose por el mundo la condena a la sentencia, incluyendo un editorial del Washington Post que se refiere a las “desastrosas consecuencias de esta sentencia xenofóbica” y se suma al Boston Globe en la petición al gobierno de Estados Unido para que por los canales diplomáticos presione por una solución justa, aludiendo al planteamiento humanitario del presidente Medina.
Más devastador es el extenso análisis publicado por el filósofo y jurista español Manuel Atienza, doctorado honoris causa de 7 universidades latinoamericanas, quien vino al país el ano pasado para dictar una conferencia a invitación del mismo Tribunal Constitucional. Aparte de sus consideraciones jurídicas, avaló el duro artículo de Mario Vargas Llosa que tantas ronchas levantó entre los defensores del genocidio civil.
Encaminar una decisión humanitaria que reconozca la ciudadanía a cuantos la tuvieron antes de la Constitución vigente que lo proclama, sería una reivindicación de un mandato constitucional desconocido por el TC y pondría fin al sufrimiento de millares de personas que durante los últimos seis anos se han visto gravemente afectadas, con sus vidas suspendidas, al negárseles copias de sus actas de nacimiento.
Que duerman tranquilos
Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.
Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campana política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.
Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el trabajo.-
Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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