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Sólo amenazas, pero sin sanciones de la JCE frente al proselitismo a destiempo
Santo Domingo, R.D.-El proselitismo politico no tiene pausa en el país desde que culminó el pasado ciclo electoral, sin que la Junta Central Electoral (JCE) haya sentado un precedente de castigo a los que violan las leyes del regimen electoral.
En agosto del pasado año, el órgano electoral envió una intimación al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral manifestando que era un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
“Durante el lapso existente entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del periodo de precampaña se encuentra prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas orientadas a la captación de votos. En dicho periodo, las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral”, reseñaba la intimación de la JCE en esa oportunidad.
Sin embargo, a pesar de esos señalamientos la situación en el partido oficialista no ha mejorado y las actividades y mensajes proselitistas, encabezados por la alcaldesa del Distrito Nacional, quien ha tomado ventaja de su condición de secretaria general para realizar una “gira de rendición de cuentas” en múltiples zonas del país para promover sus aspiraciones presidenciales.
La alcaldesa ha hecho uso de su condición de secretaria general del PRM para promover sus aspiraciones entre las bases de esa organización política.Fuente Externa
A esos mensajes proselitistas se ha sumado Welington Arnaud, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, quien a través de varias entrevistas ha “garantizado” que serán los favorecidos por el voto de los perremeistas al momento en que se realice la contienda en octubre del 2027.
Arnaud y Mejía solo son dos de los siete aspirantes a ser el primer candidato presidencial del PRM no llamado Luis Abinader; entre los “presidenciables”, destacan David Collado (ministro de Turismo), Raquel Peña (vicepresidenta de la República), Guido Gomez Mazara (presidente de Indotel), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón (ministro de Industria y Comercio) y Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba.
Dentro del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) las declaraciones proselitistas han sido encabezadas por Francisco Javier García, quien aspira a ser el candidato presidencial del partido opositor y ha comenzado a realizar actos en diferentes partes del país, e incluso Estados Unidos, para promover sus aspiraciones y buscar simpatizantes.
Francisco Javier Garcia en SantiagoEXTERNA
Mientras que otros sectores han comenzado a oficializar su respaldo público a una candidatura de Gonzalo Castillo.
Además de las declaraciones y actividades proselitistas, el PLD mantiene la idea de realizar un proceso, el próximo domingo 18 de octubre, en donde escogerán cuál será el aspirante presidencial que encabezará su propuesta de cara a las elecciones de mayo de 2028.
El propósito del partido opositor es realizar un proceso similar al que hicieron en octubre de 2022, al que denominaron “consulta ciudadana”, cuando ciudadanos no empadronados en otros partidos políticos podrán escoger qué propuesta presidencial apoyar.
Aunque en la práctica, están seleccionando a su aspirante presidencial, el PLD ha sido “especifico” en señalar que el proceso solo busca “una figura” para colocarle todo el apoyo de su estructura partidaria y que si el año próximo, alguien decide contender contra esa persona por la candidatura presidencial, “está en todo su derecho de hacerlo”, tratando de no violar de manera literal lo establecido en la ley de partidos.
Precisamente en junio de 2025, el presidente de la JCE Román Jáquez Liranzo, advirtió que aplicarían las medidas establecidas en la ley y no aceptarían la inscripción de una candidatura que haya sido elegida antes de los plazos legales, la legislación vigente señala que los candidatos no pueden ser escogidos antes de octubre del 2027.
Las vallas de Omar
La imagen colocada en las vallas publicitarias de Camino Nuevo
Por igual el año pasado, la JCE ordenó el retiro de vallas publicitarias colocadas en diferentes puntos del gran Santo Domingo por el partido Camino Nuevo, promoviendo la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien le habían ofrecido la candidatura presidencial de la recién reconocida organización política.
Las vallas fueron retiradas, sin embargo el pasado mes de mayo, el presidente de ese partido Eglenin Morrizón volvió a colocar las mismas indicando que las demás organizaciones también estaban promoviendo sus respectivos aspirantes.
Sin sanciones
A pesar de esas advertencias, la JCE no ha podido frenar el gran auge del proselitismo aun cuando resta poco más de un año para el inicio de la precampaña oficial; esto va aunado a que, el órgano electoral aún no ha aplicado sanciones severas a quienes infrinjan una violación a las leyes electorales.
Esas legislaciones establecen sus respectivos castigos, el artículo 78 de la Ley 33-18 ordena a la JCE considerar inadmisible las candidaturas de los aspirantes que comiencen antes del tiempo permitido las acciones proselitistas.
“Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”, instruye el numeral 8 de ese artículo.
Al tiempo que el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral señala la sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a las entidades políticas, precandidatos y precandidatas, jefes de campaña, que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas “antes del inicio formal, proclamado por la JCE”.
Se recuerda que para iniciar con la aplicación de esas sanciones, la JCE, tras consensuar con los partidos políticos, creó en 2022 la cual se encargaría de perseguir las infracciones administrativas electorales y dictaminar las penalidades y medidas cautelares que establecen las leyes 15-19 sobre régimen electoral y la 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
“El establecimiento de un régimen administrativo sancionador en materia electoral forma parte del sistema de garantías electorales que deben rodear, no solo el ejercicio del derecho al sufragio, sino también la integridad del sistema electoral durante todas las etapas del calendario electoral”, señala la comunicación firmada por el presidente de la JCE.
Unos cuatro años después, y con las violaciones a ambas leyes que rigen el sistema político nacional ocupando parte del escaparate público; hasta el momento no se han registrado ningún tipo de sanción.
Un problema con la ley
Para el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, también existe “un problema” dentro de las mismas leyes, y es que estas no contienen sanciones lo suficientemente claras y drásticas que eviten las violaciones a esas legislaciones.
“En realidad, la ley debiera ser mucho más contundente, con claras y drásticas medidas penales, que hayan reales consecuencias. Por ejemplo: que el partido pierda un año de financiamiento público; que se le retire el derecho a participar en el proceso electoral inmediato; que cuando se evidencien las faltas individuales se castigue con el retiro de la candidatura, cárcel y penas pecuniarias y acciones semejantes”, manifestó Perdomo.
Con prácticamente la gran mayoría de los partidos principales del sistema incurriendo en violaciones a las leyes, y con poco más de un año para el inicio formal de la precampaña el tiempo para aplicar sanciones se le agota a una JCE enfocada en la jornada de cedulación nacional.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.