Nacionales
Sólo amenazas, pero sin sanciones de la JCE frente al proselitismo a destiempo
Santo Domingo, R.D.-El proselitismo politico no tiene pausa en el país desde que culminó el pasado ciclo electoral, sin que la Junta Central Electoral (JCE) haya sentado un precedente de castigo a los que violan las leyes del regimen electoral.
En agosto del pasado año, el órgano electoral envió una intimación al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral manifestando que era un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
“Durante el lapso existente entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del periodo de precampaña se encuentra prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas orientadas a la captación de votos. En dicho periodo, las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral”, reseñaba la intimación de la JCE en esa oportunidad.
Sin embargo, a pesar de esos señalamientos la situación en el partido oficialista no ha mejorado y las actividades y mensajes proselitistas, encabezados por la alcaldesa del Distrito Nacional, quien ha tomado ventaja de su condición de secretaria general para realizar una “gira de rendición de cuentas” en múltiples zonas del país para promover sus aspiraciones presidenciales.
La alcaldesa ha hecho uso de su condición de secretaria general del PRM para promover sus aspiraciones entre las bases de esa organización política.Fuente Externa
A esos mensajes proselitistas se ha sumado Welington Arnaud, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, quien a través de varias entrevistas ha “garantizado” que serán los favorecidos por el voto de los perremeistas al momento en que se realice la contienda en octubre del 2027.
Arnaud y Mejía solo son dos de los siete aspirantes a ser el primer candidato presidencial del PRM no llamado Luis Abinader; entre los “presidenciables”, destacan David Collado (ministro de Turismo), Raquel Peña (vicepresidenta de la República), Guido Gomez Mazara (presidente de Indotel), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón (ministro de Industria y Comercio) y Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba.
Dentro del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) las declaraciones proselitistas han sido encabezadas por Francisco Javier García, quien aspira a ser el candidato presidencial del partido opositor y ha comenzado a realizar actos en diferentes partes del país, e incluso Estados Unidos, para promover sus aspiraciones y buscar simpatizantes.
Francisco Javier Garcia en SantiagoEXTERNA
Mientras que otros sectores han comenzado a oficializar su respaldo público a una candidatura de Gonzalo Castillo.
Además de las declaraciones y actividades proselitistas, el PLD mantiene la idea de realizar un proceso, el próximo domingo 18 de octubre, en donde escogerán cuál será el aspirante presidencial que encabezará su propuesta de cara a las elecciones de mayo de 2028.
El propósito del partido opositor es realizar un proceso similar al que hicieron en octubre de 2022, al que denominaron “consulta ciudadana”, cuando ciudadanos no empadronados en otros partidos políticos podrán escoger qué propuesta presidencial apoyar.
Aunque en la práctica, están seleccionando a su aspirante presidencial, el PLD ha sido “especifico” en señalar que el proceso solo busca “una figura” para colocarle todo el apoyo de su estructura partidaria y que si el año próximo, alguien decide contender contra esa persona por la candidatura presidencial, “está en todo su derecho de hacerlo”, tratando de no violar de manera literal lo establecido en la ley de partidos.
Precisamente en junio de 2025, el presidente de la JCE Román Jáquez Liranzo, advirtió que aplicarían las medidas establecidas en la ley y no aceptarían la inscripción de una candidatura que haya sido elegida antes de los plazos legales, la legislación vigente señala que los candidatos no pueden ser escogidos antes de octubre del 2027.
Las vallas de Omar
La imagen colocada en las vallas publicitarias de Camino Nuevo
Por igual el año pasado, la JCE ordenó el retiro de vallas publicitarias colocadas en diferentes puntos del gran Santo Domingo por el partido Camino Nuevo, promoviendo la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien le habían ofrecido la candidatura presidencial de la recién reconocida organización política.
Las vallas fueron retiradas, sin embargo el pasado mes de mayo, el presidente de ese partido Eglenin Morrizón volvió a colocar las mismas indicando que las demás organizaciones también estaban promoviendo sus respectivos aspirantes.
Sin sanciones
A pesar de esas advertencias, la JCE no ha podido frenar el gran auge del proselitismo aun cuando resta poco más de un año para el inicio de la precampaña oficial; esto va aunado a que, el órgano electoral aún no ha aplicado sanciones severas a quienes infrinjan una violación a las leyes electorales.
Esas legislaciones establecen sus respectivos castigos, el artículo 78 de la Ley 33-18 ordena a la JCE considerar inadmisible las candidaturas de los aspirantes que comiencen antes del tiempo permitido las acciones proselitistas.
“Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”, instruye el numeral 8 de ese artículo.
Al tiempo que el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral señala la sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a las entidades políticas, precandidatos y precandidatas, jefes de campaña, que organicen manifestaciones, mítines o reuniones públicas “antes del inicio formal, proclamado por la JCE”.
Se recuerda que para iniciar con la aplicación de esas sanciones, la JCE, tras consensuar con los partidos políticos, creó en 2022 la cual se encargaría de perseguir las infracciones administrativas electorales y dictaminar las penalidades y medidas cautelares que establecen las leyes 15-19 sobre régimen electoral y la 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
“El establecimiento de un régimen administrativo sancionador en materia electoral forma parte del sistema de garantías electorales que deben rodear, no solo el ejercicio del derecho al sufragio, sino también la integridad del sistema electoral durante todas las etapas del calendario electoral”, señala la comunicación firmada por el presidente de la JCE.
Unos cuatro años después, y con las violaciones a ambas leyes que rigen el sistema político nacional ocupando parte del escaparate público; hasta el momento no se han registrado ningún tipo de sanción.
Un problema con la ley
Para el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, también existe “un problema” dentro de las mismas leyes, y es que estas no contienen sanciones lo suficientemente claras y drásticas que eviten las violaciones a esas legislaciones.
“En realidad, la ley debiera ser mucho más contundente, con claras y drásticas medidas penales, que hayan reales consecuencias. Por ejemplo: que el partido pierda un año de financiamiento público; que se le retire el derecho a participar en el proceso electoral inmediato; que cuando se evidencien las faltas individuales se castigue con el retiro de la candidatura, cárcel y penas pecuniarias y acciones semejantes”, manifestó Perdomo.
Con prácticamente la gran mayoría de los partidos principales del sistema incurriendo en violaciones a las leyes, y con poco más de un año para el inicio formal de la precampaña el tiempo para aplicar sanciones se le agota a una JCE enfocada en la jornada de cedulación nacional.
Nacionales
Imponen dos meses de prisión preventiva a “Nino Dólar” por accidente que dejó dos muertos
Carlos José Troche Rodríguez deberá cumplir la medida de coerción en Cotuí por el hecho ocurrido el pasado 15 de agosto en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, donde murieron un padre y su hija y una tercera persona resultó herida.
SANTO DOMINGO.– La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso este jueves dos meses de prisión preventiva contra Carlos José Troche Rodríguez, conocido como “Nino Dólar”, investigado por el accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de agosto que provocó la muerte de dos personas y dejó a una tercera lesionada.
La medida deberá ser cumplida en Cotuí y será revisada en el mes de octubre, según informó la representación legal de una de las víctimas.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio, de 38 años, y su hija Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, de 21, mientras que Arianna Michelle Ciprián resultó lesionada.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Troche Rodríguez presuntamente cruzó en rojo el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, mientras conducía una yipeta Chevrolet Tahoe, e impactó la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
El órgano acusador sostiene que, después del impacto, el conductor habría continuado la marcha, arrastrando a las víctimas y posteriormente abandonando el lugar. Estas circunstancias forman parte de la investigación y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
Ministerio Público plantea dolo eventual
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes del expediente es la tesis sostenida por el Ministerio Público, que plantea investigar los hechos bajo la figura de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual.
Según la posición del órgano persecutor, las circunstancias permitirían considerar que el imputado habría asumido la posibilidad de producir consecuencias gravemente lesivas al presuntamente desatender una señal de tránsito en una intersección de considerable circulación.
El caso había sido conocido inicialmente por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien posteriormente declinó el expediente a la jurisdicción especial de tránsito, que finalmente conoció la solicitud de medida de coerción.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena, por lo que el proceso deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
El proceso contra Antonio y Maribel Espaillat comienza este viernes en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Más allá de establecer responsabilidades individuales, el juicio vuelve a colocar en el debate nacional la seguridad de los establecimientos abiertos al público y los límites de la responsabilidad penal frente a una tragedia de grandes dimensiones.
SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set entra este viernes en una de sus etapas más determinantes, cuando la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dé inicio al juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento donde la tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y estará presidida por el juez Franny González, quien tendrá ante sí un proceso que trasciende la discusión estrictamente penal por la dimensión humana y social de los hechos.
Los hermanos Espaillat llegan a esta fase acusados de homicidio involuntario, mientras que el expediente incluye como terceros civilmente demandados a Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
Un juicio con una elevada carga probatoria
La magnitud del proceso puede apreciarse también en el volumen de las pruebas que serán sometidas al debate judicial.
La acusación del Ministerio Público consta de 156 páginas, mientras que el expediente incorpora 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales relacionadas con las circunstancias que rodearon el desplome.
Esta etapa será sustancialmente distinta a las anteriores.
El juicio de fondo constituye el escenario en el que las partes podrán presentar y controvertir las pruebas admitidas, interrogar testigos y desarrollar sus respectivas teorías del caso. Será sobre la base de ese debate contradictorio que el tribunal deberá determinar si la acusación ha demostrado, conforme al estándar exigible en materia penal, la responsabilidad atribuida a los procesados.
Por ello, la apertura del juicio no significa que la responsabilidad penal esté establecida de antemano. Los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva conforme al debido proceso.
La naturaleza de la responsabilidad estará en el centro
Uno de los elementos jurídicamente más relevantes del expediente será la discusión sobre la naturaleza de la conducta atribuida a los propietarios del establecimiento.
Durante la etapa preliminar, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la apertura a juicio bajo la calificación de homicidio culposo o imprudente, descartando la pretensión de un grupo de víctimas que procuraba que los hechos fueran juzgados como homicidio voluntario.
Esta diferencia no es simplemente terminológica.
En el juicio deberá examinarse la relación entre las actuaciones u omisiones atribuidas a los acusados y el resultado producido. Las pruebas técnicas, testimoniales, documentales y materiales tendrán, por tanto, una importancia determinante para establecer qué conocían los responsables del establecimiento, cuáles obligaciones recaían sobre ellos y si existieron conductas jurídicamente relevantes vinculadas con el colapso.
Será el tribunal, después de escuchar a todas las partes y valorar las pruebas, el que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Víctimas, acusación y defensa frente al tribunal
El Ministerio Público estará representado por un equipo encabezado por Wilson Camacho, director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, y otros representantes del órgano acusador.
Los propietarios de Jet Set estarán defendidos por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Por su parte, las víctimas cuentan con distintos equipos de representación legal, en un proceso particularmente complejo debido al elevado número de personas afectadas.
La pluralidad de actores convierte el juicio en un escenario donde coexistirán la persecución penal del Estado, el ejercicio del derecho de defensa y las reclamaciones de quienes resultaron directamente afectados por la tragedia.
La responsabilidad civil también estará presente
El proceso no se limita a determinar si existe responsabilidad penal.
La presencia de empresas y personas señaladas como terceros civilmente demandados introduce otra dimensión del conflicto: las consecuencias patrimoniales derivadas de los daños ocasionados.
De ahí que las decisiones adoptadas durante el juicio puedan tener implicaciones que vayan más allá de las eventuales sanciones penales y alcancen las reclamaciones indemnizatorias promovidas por las víctimas y sus familiares.
En etapas anteriores también quedó fuera del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras instituciones estatales que habían sido señaladas.
De la tragedia al debate sobre prevención
El desplome ocurrió mientras se desarrollaba una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida.
Pero transcurrido el impacto inicial de la tragedia, el caso ha dejado abierta una discusión que va más allá de los imputados: ¿qué mecanismos de prevención, mantenimiento, inspección y supervisión deben garantizar la seguridad de miles de personas que diariamente acuden a establecimientos de concentración masiva?
Esa interrogante no determina por sí misma la responsabilidad de quienes están siendo juzgados, pero explica por qué el proceso tiene una dimensión social que supera las paredes del tribunal.
Una tragedia de esta magnitud obliga a examinar no solamente qué ocurrió, sino cuáles enseñanzas institucionales deben extraerse para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Un proceso que deberá decidirse sobre las pruebas
El expediente llegó a la Cuarta Sala Penal luego de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del conocimiento del caso debido a su relación de amistad con una de las víctimas.
Antonio y Maribel Espaillat permanecen sometidos a medidas de coerción consistentes en garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, medidas que fueron confirmadas posteriormente por la Corte de Apelación.
A partir de este viernes comienza, sin embargo, otra historia procesal.
Después de meses de investigaciones, reclamaciones de las víctimas, decisiones judiciales y debates sobre la calificación jurídica de los hechos, llegará el momento de confrontar la acusación con la defensa ante un tribunal de fondo.
Para las familias, el proceso representa una búsqueda de respuestas y justicia. Para los acusados, constituye el escenario en el que podrán ejercer plenamente su derecho de defensa. Y para el sistema judicial dominicano representa la responsabilidad de resolver uno de los casos de mayor impacto social de los últimos años con independencia, debido proceso y sobre la base de las pruebas producidas en el juicio.
El caso Jet Set entra así en su etapa decisiva. La tragedia ya forma parte de la memoria colectiva dominicana; ahora corresponde a la justicia determinar las responsabilidades que jurídicamente puedan ser demostradas.
Senado y Cámara de Diputados conformaron sus mesas de trabajo para los próximos dos años, en una distribución que no solo organiza el trabajo legislativo, sino que determina quiénes tendrán mayor influencia en el estudio, modificación y aprobación de iniciativas claves.
SANTO DOMINGO.– Con el inicio de la segunda legislatura ordinaria del año, el Congreso Nacional entró en una etapa que va mucho más allá de la simple distribución administrativa de sus legisladores: Senado y Cámara de Diputados comenzaron a definir las comisiones que tendrán bajo su responsabilidad examinar buena parte de los proyectos que podrían convertirse en leyes durante los próximos dos años.
La reorganización se produce luego de que el pasado 16 de agosto ambas cámaras dejaran establecidos sus bufetes directivos. En el Senado, Ricardo de los Santos continúa al frente de la Presidencia, acompañado por Julito Fulcar como vicepresidente, mientras Aracelis Villanueva y Guillermo Lama ocupan las secretarías.
En la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco permanece como presidente, acompañado por Dharuelly D’Aza en la Vicepresidencia y Eduviges Bautista y Emil Durán como secretarios.
Pero detrás de esos nombres existe una cuestión de mayor trascendencia institucional: las comisiones constituyen uno de los principales filtros del proceso legislativo.
Es allí donde los proyectos son estudiados antes de llegar al pleno y donde buena parte de las discusiones técnicas y políticas adquieren forma.
El poder que existe detrás de las comisiones
Aunque las sesiones plenarias suelen concentrar la atención pública, buena parte del trabajo determinante del Congreso ocurre previamente.
Las comisiones especializadas permiten distribuir las iniciativas conforme a su naturaleza y someterlas a análisis antes de que sean conocidas por el pleno.
Por esa razón, quién preside una comisión y quiénes la integran no constituye un asunto meramente protocolar.
En el Senado, por ejemplo, Cristóbal Castillo presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, acompañado por Franklin Romero, Rafael Duluc, Omar Fernández, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.
La Comisión de Hacienda estará encabezada por Pedro Catrain, mientras Daniel Rivera presidirá Presupuesto; Antonio Tavéras estará al frente de Economía, Planificación y Desarrollo, y Lía Díaz encabezará Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.
Estas designaciones adquieren relevancia porque colocan a determinados legisladores en posiciones desde las cuales participarán directamente en el estudio de asuntos económicos, laborales, fiscales y jurídicos de especial importancia.
Tecnología y ciberseguridad ganan espacio
La composición de las comisiones de la Cámara de Diputados refleja también la creciente presencia de asuntos vinculados con la transformación tecnológica.
Entre las estructuras anunciadas figura una Comisión de Ciberseguridad, presidida por Sadoky Duarte, acompañado por Eudy Maldonado y Óscar Morel.
A ella se suma la Comisión de Tecnología de Información, encabezada por Vicente Sánchez, junto a Tobías Crespo y Saulo Vega.
La existencia de estos espacios evidencia que la agenda legislativa contemporánea ya no puede limitarse a los ámbitos tradicionales.
Protección de información, delitos tecnológicos, transformación digital y nuevas formas de interacción entre ciudadanos, empresas y Estado obligan al Poder Legislativo a disponer de estructuras capaces de examinar problemas cada vez más especializados.
Justicia y derechos humanos, bajo nuevas presidencias
Otro punto relevante está relacionado con el tratamiento de los asuntos jurídicos.
Mientras en el Senado Justicia y Derechos Humanos permanecen integrados dentro de una misma comisión, en la Cámara de Diputados aparecen diferenciadas las áreas.
La Comisión de Derechos Humanos estará presidida por Pedro Martínez, mientras que Wandy Batista encabezará la Comisión de Justicia. Además, Jesús Manuel Sánchez presidirá la Comisión del Ministerio Público.
Esta distribución adquiere particular importancia porque las reformas legislativas relacionadas con justicia, garantías fundamentales e instituciones del sistema judicial deberán atravesar esos escenarios de discusión.
Mayoría política y responsabilidad institucional
La conformación de las comisiones tampoco puede analizarse al margen de la correlación política existente dentro del Congreso.
El PRM mantiene posiciones relevantes en las estructuras legislativas, pero las diferentes bancadas también cuentan con representación. En el Senado, los representantes políticos señalados son María Mercedes Ortiz por el PRM, Eduard Espiritusanto por la Fuerza del Pueblo y Rogelio Genao por el PRSC, además de la representación vinculada al Partido Primero la Gente.
En la Cámara Baja aparecen como voceros Amado Antonio Díaz Jiménez por el PRM, José David Báez por Fuerza del Pueblo, Ydenia Doñé por el PLD, además de representantes de otras organizaciones políticas.
La mayoría proporciona capacidad para impulsar una agenda, pero también incrementa la responsabilidad política de quienes controlan los principales espacios de decisión.
La verdadera prueba no estará simplemente en la cantidad de proyectos estudiados o aprobados, sino en la calidad de las leyes que finalmente produzca el Congreso.
Un Congreso que deberá demostrar resultados
La nueva distribución abre así un período importante para el Poder Legislativo.
El país enfrenta asuntos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, laborales y jurídicos que demandarán análisis especializados y capacidad de concertación.
El presidente del Senado recordó que todos los senadores pueden asistir a las comisiones que sean de su interés, aunque solamente quienes pertenecen oficialmente a ellas tienen derecho al voto.
En la Cámara de Diputados, al momento de anunciarse la nueva composición, todavía quedaban cinco mesas de trabajo pendientes de ser instauradas.
La reorganización de las comisiones, por tanto, representa apenas el comienzo.
El verdadero balance llegará cuando pueda determinarse si esta nueva estructura fue capaz de transformar los debates legislativos en leyes oportunas, técnicamente sólidas y capaces de responder a las necesidades de la sociedad dominicana.
Ese será, finalmente, el parámetro con el que deberá medirse el trabajo del Congreso durante esta nueva etapa.