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La JCE intima a la Fuerza del Pueblo por sospecha de propaganda electoral anticipada
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al partido Fuerza del Pueblo (FP) para que ajuste sus actividades de protesta a la normativa electoral, advirtiendo que la reciente «Marcha del Pueblo» podría configurar actos de propaganda electoral anticipada, lo cual es sancionable por ley.
La intimación fue notificada al partido por el alguacil Ramón Darío Ramírez Solís, actuando a requerimiento del Pleno de la JCE, representado por su consultor jurídico, Denny E. Díaz Mordán.
La JCE fundamenta su decisión en que la actividad celebrada el pasado 30 de noviembre de 2025, denominada «Marcha del Pueblo«, fue encabezada y promovida públicamente por el FP, utilizando su denominación, colores, emblemas y simbología partidaria.
El órgano electoral considera que los elementos empleados en su conjunto «podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social».
Leonel Fernández al frente de la «Marcha del Pueblo».Jorge Martínez/ LD
Advertencia de sanciones administrativas
A través de un comunicado de prensa la JCE subraya que, si bien respeta el derecho fundamental de reunión y manifestación, este debe armonizarse con la normativa para evitar que actividades de carácter social se confundan con actos de propaganda electoral anticipada, preservando la equidad en la contienda.
Advertencia de Multa
El incumplimiento de esta intimación podría resultar en infracciones administrativas electorales, conforme al artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23. Dichas infracciones se sancionan con multas de uno (1) hasta doscientos (200) salarios mínimos.
La medida se dicta amparada en el rol preventivo y garante de la equidad que corresponde a la JCE, según el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público mientras anunciaba que reafirma su lucha contra la corrupción informó que apelará la decisión judicial que dictó un auto de no ha lugar en un caso de alto perfil, cuya medida en opinion del órgano carece de fundamentos jurídicos suficientes y contradice las pruebas recopiladas durante el proceso de investigación.
Mediante un comunicado emitido este lunes 1 junio de 2026 y firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público aseguró que participó directamente en las investigaciones y que cuenta con testimonios, pruebas documentales y otras evidencias que respaldan las acusaciones. La institución sostuvo que los fondos presuntamente desviados fueron recibidos por personas favorecidas con la reciente decisión judicial y afirmó que las pruebas permanecen disponibles para ser valoradas en un eventual juicio de fondo.El Ministerio Público aseguró que utilizará todos los recursos procesales contemplados por la ley para revertir la decisión y garantizar que las responsabilidades penales sean conocidas por los tribunales competentes.
La institución también resaltó los avances alcanzados en los últimos años en materia de combate a la corrupción. Entre los resultados presentados figuran 274 personas físicas y jurídicas acusadas, 74 condenas obtenidas, 174 autos de apertura a juicio y más de RD$6,000 millones decomisados a favor del Estado.
La Procuraduría afirmó que continuará impulsando investigaciones y procesos judiciales contra actos de corrupción, al considerar que estos afectan directamente los servicios públicos, la seguridad y las oportunidades de desarrollo de la población. También reiteró que las acusaciones y pruebas presentadas son de carácter público y que mantendrá su compromiso de llevar cada caso hasta las últimas consecuencias
Santo Domingo, R.D.-Luego del anuncio del acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente a extranjeros deportados de terceros países, las autoridades aún no han informado cuándo iniciarán los traslados ni cuántas personas serán enviadas al país.
Este silencio mantiene abiertas las dudas sobre la forma de aplicación del convenio.
En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), principal punto de entrada previsto para estas operaciones, persiste el hermetismo sobre la llegada de los primeros vuelos con migrantes deportados desde territorio estadounidense.
La falta de información contrasta con la relevancia del acuerdo alcanzado entre ambos países. República Dominicana aceptó recibir de manera temporal a personas deportadas desde Estados Unidos cuyos países de origen enfrentan dificultades para concretar su repatriación.
La decisión ha sido vista como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Gobierno dominicano y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto en el que otras naciones de la región también han firmado convenios similares.
Sin embargo, el nuevo escenario migratorio regional y las políticas impulsadas desde Washington llevaron a la firma de un memorando de entendimiento con las autoridades estadounidenses.
Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trata de un acuerdo de carácter no vinculante mediante el cual el país aceptará a extranjeros sin antecedentes penales. El convenio excluye a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados.
No obstante, hasta el momento no se ha precisado cuánto tiempo podrían permanecer en el país ni cuántos migrantes serían recibidos bajo este mecanismo. La información oficial se limita a indicar que se tratará de una cantidad reducida de personas.
La iniciativa surge como una alternativa para migrantes detenidos en Estados Unidos cuyos países de origen, principalmente en África, Europa Oriental y Asia, presentan obstáculos diplomáticos, legales o logísticos que dificultan su retorno.
A la espera de definiciones oficiales, el programa continúa rodeado de interrogantes sobre su alcance, funcionamiento y fecha de ejecución en territorio dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Treinta dias de reclusion como medida cautelar fueron dictados por la Segunda Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este en contra de tres adolescentes por la muerte de una menor en un hogar de paso adscrito al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).
De acuerdo al abogado Feliz Prensa, las adolescentes con edades entre 13 y 17 años fueron enviadas al Instituto Preparatorio de Señoritas, tras ser acusadas de homicidio. Durante la audiencia, las menores no ofrecieron ninguna declaración.
“Al momento de preguntarles las mismas decidieron guardar silencio. Hay una testigo esencial que luego se va a conocer en la Cámara Gessell “, explicó.
«Todavía no se conocen las razones. Más adelante las investigaciones van a sacar la verdad», manifestó Prensa.
El pasado lunes una adolescente de 14 años fue encontrada sin vida, mientras estaba en un hogar del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia. Tras esto, Conani dio a conocer que el personal del centro fue suspendido.