Nacionales
La JCE invertirá 2,081,674,980 pesos en la nueva cédula con chip
Santo domingo, R.D.-Desde inicios de este año la Junta Central Electoral (JCE) ha estado inmersa en un proceso de licitación internacional para contratar la empresa que expedirá más de ocho millones cédulas de identidad y electoral, un documento de policarbonato donde se promete incorporar un chip electrónico e importantes medidas de seguridad, a un costo de 2,081,674,980 pesos, a ejecutarse entre 2024 y 2025.
Aunque se han barajado dos fechas de inicio de la renovación, 17 de agosto y 26 de octubre, lo cierto es que el organismo electoral indicó que se informará oportunamente sobre cuándo arranca el proceso.
Por lo pronto, para este 25 de junio se convocó a la recepción de las propuestas técnicas y económicas de los oferentes, acto público que contará con un notario y se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Comité de Compras y Contrataciones de la JCE. El 6 de agosto, a las 10:00 de la mañana será la apertura de la propuesta económica. Mientras la adjudicación del contrato se llevará a cabo el 13 de agosto.
La renovación contempla 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral y 800 mil unidades de cédulas de identidad para extranjeros, menores de 18 años y policías que no votan. Además, la empresa deberá tramitar anualmente, a partir del segundo año de operación y por nueve años adicionales, 900 mil cédulas de identidad y electoral y otras 100 mil solo de identidad.
Los oferentes deberán garantizar el suministro oportuno de los equipos, materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de la sustitución de la cédula de los dominicanos. Tanto la cédula de identidad y electoral, como la de identidad serán idénticas, salvo el color del fondo del policarbonato para poder diferenciarlas. Debe ofertarse un color diferente para cada una.
De acuerdo al pliego de condiciones de la JCE, el objetivo es actualizar la información personal y biométrica del ciudadano en el sistema de cedulación y garantizar la autenticidad y seguridad del documento de identidad para prevenir fraudes y falsificaciones.
El material seleccionado para la nueva cédula es el policarbonato, utilizado en países como los Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, México, Ecuador y Uruguay. Facilita la incorporación de características de seguridad que impedirían sean reproducidas en otros materiales, como ventanas con efectos grabados y gofrado.
La nueva cédula será una tarjeta de polímero termoplástico (policarbonato) de gran resistencia, formada por varias capas (mínimo 5) fusionadas mediante laminación en caliente resistente a la división con tintas de formulación específicas para el sistema de impresión offset.
Las tintas de seguridad contarán con pigmento sólido ópticamente variables, elemento holográfico de borde a borde. Todas las tintas deberán cumplir la normativa de durabilidad (ISO 18745) y deberán tener una solidez a la luz de 4 en la escala de las lanas azules.
Los impresos deberán hacerse en al menos dos colores de tinta visible, también tendrán que presentar fluorescencia en el anverso al menos ante la exposición de una fuente de luz ultravioleta y embozados superficiales en relieve mediante laminación a registro.
Deberá contar con estructura lenticular para poder personalizar un CLI o MLI, ventana transparente a definir su forma y posición en la tarjeta para imprimir medidas de seguridad que contenga la solución como es la fotografía y la fecha de caducidad de la cédula. También, el chip ha de ser sin contacto, con funcionalidad de documento de viaje electrónico. La Junta suscribió un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras funciones se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas de cédulas y pasaportes en todo el mundo. Todos los datos de la cédula se guardarán a color y se imprimirán en equipos robotizados en un único centro a funcionar en el país.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.