De portada
Partidocracia gana batalla a J.C.E ante sus errores históricos en un momento estelar de democracia nacional.
La Junta Central Electoral (JCE) se ha constituido más que en un elemento de certidumbre en una verdadera incertidumbre que crea serias desconfianzas en la democracia nacional, porque en muchos casos parece no saber cuál es su función y como resultado de ello la partidocracia se impone con sus mañas y distorsiones.
El problema ahora del órgano comicial es que ha querido ponerle control a una irregularidad que nunca debió permitirse a partir del mandato del artículo 43 de la Ley 33-18, lo cual ha prostituido todo el sistema electoral del país, ya que lo ocurrido viene desde hace muchos meses antes de la proclamación oficial de la precampaña.
La consecuencia de que la partidocracia tome el control en su favor del proceso comicial, implica desde cualquier perspectiva que vea, que la parte más corrompida de la democracia, como son los partidos políticos, tengan las vías abiertas para torpedear los avances institucionales en esta materia que debería tener la República Dominicana.
No es ahora que se genera el debate de las extralimitaciones de los partidos políticos, pese a que en estos momentos hay lo que muy bien se puede llamar una sublevación de las organizaciones que actúan como si no existieran leyes que regulen su conducta.
La precampaña se inició en el país hace mucho tiempo, podría decirse desde hace varios años, y nadie metió sus manos para corregir la irregularidad, pero la distorsión no es sólo en lo que respecta a la contienda electoral, sino también a que la JCE no cumple con ningún mandato de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 2023, y mucho menos los partidos políticos.
Un ejemplo preocupante de la forma desordenada e irresponsable en que se maneja la JCE, es que a pesar de que el artículo 68 de la Ley 33-18 dispone que el órgano comicial fiscalice cómo se invierten los fondos que reciben los partidos del Estado, éste deja hacer y deja pasar, lo cual ha provocado que prácticamente todas las organizaciones con personalidad jurídica hagan corrupción con ese dinero.
El primero en salir a defender una supuesta violación a la Constitución de la República es Leonel Fernández, quien se mantiene en campaña desde hace varios años en violación de la ley, pero que igual comportamiento han tenido sus iguales, como son los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, el primero de los cuales hasta se impuso con simular lo que dijo que sería una consulta cuando en realidad se trató de una primaria extemporánea, y nada ocurrió.
Pero lo que ocurre ahora representa una vergüenza para una supuesta democracia que vende la percepción de que es muy madura, ya que ante el alegato del expresidente Fernández de que la JCE viola la Constitución y varias sentencias al respecto del Tribunal Constitucional, el órgano comicial responde con que estudiaría las referidas decisiones del alto tribunal para hacer los correctivos de lugar.
La verdad es que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada en el 2019, considera como «ilógico, irrazonable y arbitrario» que la Ley 33-18, sobre Agrupaciones y Partidos Políticos, limite las actividades que pueden realizar los aspirantes durante la precampaña, que este año quedó abierta desde el 2 de julio.
Pero lo preocupante es que un hombre como Román Jáquez, que ha hecho carrera judicial como juez, cuya última posición fue la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), alegue que no conoce lo que ha decidido el TC, lo cual indica que se está frente a un funcionario con mucha falta de responsabilidad y además esa ignorancia de decisiones legales importantes crea una serie de riesgos en perjuicio de la democracia dominicana.
Todo ello legitima el desacato de un aspirante presidencial como Leonel Fernández, no ahora, sino desde antes de quedar abierta la precampaña con colocación de vallas en violación de la ley, quien a pesar de que lo viola todo, tiene siempre una respuesta para justificar lo mal hecho, pero que ahora parece tener la razón.
Naturalmente, no se trata de un problema de la Fuerza del Pueblo, sino que todas las organizaciones hay que verlas en el contexto de los poderes que tiene la partidocracia, la cual ha hecho trizas la democracia dominicana.
El caos creado por la JCE, cuya incapacidad del presidente de ese órgano, doctor Román Jáquez, no ha dejado la menor duda que es otro más de los que ocupan tan importante posición, más que para consolidar la institucionalidad del sistema electoral, ha llegado allí para dejar lo suficientemente claro de que no tiene la formación, la autoridad y la preparación para ocupar ese cargo.
Sólo el que no ha ido a la JCE no se podrá imaginar jamás el desorden que prevalece en ella, donde los empleados hacen lo que les da la gana y a lo que menos se ajustan es al mandato de la ley.
El presidente Fernández alega algo que él conoce muy bien a través de su quinta columna Roberto Rosario y que nadie puede negar que sea así y es que la JCE recibe presiones desde el Palacio Nacional para que limite las actividades de los partidos políticos de oposición, lo cual no es exclusivo del Gobierno del PRM.
Fernández puso como muestra de esa anormalidad que inmediatamente se produjo el comunicado de Admonición de la JCE, el PRM salió a saludar la decisión y a suspender sus actividades a sabiendas de que se trataba de una inobservancia a varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo.
Atribuyó las supuestas maniobras del Gobierno a que la Fuerza del Pueblo está en las calles conquistando el corazón de los dominicanos y ello provoca el temor de los que tienen el control del Estado.
Todo lo que ocurre en el proceso electoral de precampaña obedece a los desaciertos de la Junta Central Electoral y ello deja como resultado que lo que se dice también tenga mucho de politiquería barata, cuyos partidos y la propia Junta Central Electoral /JCE) no están libres de culpa.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.