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Donald Trump ha implicado cuestionamiento a Estado con un alto nivel de institucionalidad.
Por Elba García
La sociedad estadounidense, la cual está colocado en la fase superior del capitalismo y en consecuencia de lo que se conoce como imperialismo, ha vivido una era con Donald Trump que en cierto modo constituye una negación de los perfiles esenciales de los países altamente desarrollados.
El desarrollo de determinadas naciones no es el resultado de cuestiones espontáneas, sino de características históricas, sociales, económicas y políticas que los convierten en países con grandes diferencias con aquellos donde el desarrollo de elementos como la fuerza productiva y la conciencia social han sido precarias.
Desde el punto de vista de la sociología política, los Estados Unidos tiene esos perfiles porque fue una sociedad con la particularidad de que tiene un desarrollo de sus fuerzas productivas y como vía de consecuencia de su conciencia social que no puede ser igualada con cualquier país donde no se hayan dado estos fenómenos.
La mentalidad de Trump no encaja ni está a la altura de los niveles de institucionalidad alcanzados por la nación más poderosa del mundo, porque sea por hipocresía o simulación el sistema instaurado allí consiste en una serie de principios capitalistas que tienen lógica desde la perspectiva del tipo de sociedad de que se trata.
Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de Trump ha provocado que muchas de las tesis sobre la sociedad norteamericana sean revisadas, ya que este mandatario ha roto con todos los parámetros de una nación altamente desarrollada, donde se suponía que pesaban más los intereses de su condición de imperio que la mentalidad chabacana de un jefe de Estado que todo lo toma a broma y que ha vendido la impresión de que está por encima de la ley.
Donald Trump aparece involucrado en mil diabluras, pero todo hasta ahora se quedado sólo en el intento de procesarlo, lo que ha proyectado la percepción que nadie puede con él.
Durante su mandato ha sido investigado e incluso condenado por delitos o crímenes muy graves, como por ejemplo haber estafado una cantidad indeterminado de estudiantes que pagaron miles de dólares para estudiar una carrera, pero que el centro de estudios superiores creado por él que carecía de reconocimiento del Estado, lo cual la ponía al margen de la ley.
Por ese caso fue obligado a devolver 25 millones de dólares a los estudiantes, fue acusado de mal usar los fondos provenientes de una fundación que operaba a su nombre y estuvo involucrado en escándalos de prostitución y de abusos sexuales.
Ha sido investigado por la interferencia rusa en las elecciones en que fue electo y de otros tantos casos más, pero ello constituye en cierto modo un desmentido a una sociedad donde las cosas eran de otro modo y el partidarismo no estaba por encima de los intereses de los grupos fácticos de la sociedad.
Definitivamente, Donal Trump ha cambiado la percepción que tiene la mayor parte del mundo de los Estados Unidos, donde se entiende que la última palabra la tiene una clase para sí y que defiende con uñas y dientes la integridad de la nación mas poderosa del mundo.
El sistema de justicia de los Estados Unidos es considerado como uno o el que más defiende el respeto a la ley y en tal virtud en los hechos siempre ha enviado el mensaje de que cualquiera que quiera hacer fortunas tiene que ser sobre la base de acogerse al libro juego de la oferta y la demanda.
Pero una cuestión a tomar en cuenta en la era Trump es que él se ha negado a revelar como ha sido el pago de sus impuestos, un detalle tan importante en los Estados Unidos y por lo que cualquiera podría tener consecuencias legales muy severas.
Es decir, la era Trump ha tirado por la borda la imagen de los Estados Unidos en lo que respecta al respeto a la ley y además en lo que tiene que ver con el puritanismo que debe proyectar el funcionario público.
Cada reto de Trump ha sido superado por éste sin mayores dificultades e incluso se ha dado el lujo de adherirse a los intereses de los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos, principalmente de los grupos que promueven violencia racial y nada ha pasado.
Ahora se inicia otro capitulo en las extravagancias del presidente norteamericano, porque en este momento ha sido sometido en la Cámara de Representantes a un juicio político por la comisión de una imprudencia que implica de hecho un problema ético y de violación a la ley.
Se trata de las aparentes presiones que hizo al presidente de Ucrania para que investigue al hijo del exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a su familia.
El anuncio sobre el impeachement, como se conoce este proceso en los Estados Unidos, fue hecho por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy.
Se abre ahora un proceso complicado que tiene visos de no prosperar en el Congreso, ya que, pese a que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, luego tendría que pasar el visto bueno del Senado, donde el predominio republicano hace prever que la iniciativa no prosperará.
Estos son las principales características del ‘impeachment’, como se conoce en inglés, al juicio político o proceso de destitución.
El juicio político puede definirse como un proceso mediante el cual el poder Legislativo puede derrocar a un presidente si considera que ha cometido un crimen.
En concreto el ‘impeachment’, es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.
La Constitución estadounidense dice que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país ‘serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores’.
Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción.
El proceso de destitución se inicia normalmente cuando el Comité Judicial de la Cámara Baja inicia los trámites y emite una resolución con los cargos a ‘juzgar’ contra el presidente, que después deben ser votados por la Cámara de Representantes y por el Senado.
Las razones para la destitución, denominados artículos del juicio político (Articles of Impeachment) son enviadas al pleno de la cámara, donde se debatirán y votarán cada una de ellas.
Si alguna de ellas es aprobada por mayoría simple el presidente será sometido al proceso. Una condición que no supone que este abandone sus funciones oficiales, en espera de la decisión final de los senadores.
Una vez cumplido el primer trámite en la Cámara de Representantes, el Senado recibe los artículos del juicio político y se consensúan las reglas y procedimientos que se seguirán.
El juicio político propiamente dicho se celebra en el Senado. En esta cámara se elige un grupo de legisladores que harán las veces de fiscales, mientras que el resto hace de ‘jurado’. Se necesitan dos tercios para declarar culpable al presidente.
En esta parte del proceso el mandatario está representado por sus abogados.
Después de ser escuchados los argumentos a favor y en contra, los senadores se reunirán en sesión privada para debatir el veredicto. La votación sobre el veredicto se realizará en sesión pública y necesitará contar con los votos de una mayoría cualificada de, al menos, los dos tercios de los senadores.
Si el resultado es favorable se retirarán todas las atribuciones al presidente e incluso se le puede prohibir, siempre que así lo decida el Senado, la práctica de cualquier actividad en la administración pública de manera permanente.
Tres han sido los presidentes que han afrontado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; y Richard Nixon, quien renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del ‘Watergate’.
El único presidente de EE.UU. que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974).
Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra.
Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.
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La contienda electoral en los Estados Unidos fue una lucha entre intereses individuales e institucionales.
El triunfo de Donald Trump representa un gran reto para la credibilidad de la democracia de los Estados Unidos, donde parece que ya no tiene vigencia su discurso de adecentamiento de la potencia ante otros países del mundo, dado que la corrupción ha erosionado este sistema político precisamente por las malas acciones de sus actores en el que muy poco importa la ética y la institucionalidad, cuyo mejor ejemplo es la elección presidencial de este 5 de noviembre.
Este martes millones de norteamericanos, incluidos una cantidad significativa de inmigrantes, principalmente latinos, hablaron y prefirieron a quien ha sido condenado por la comisión de una serie de actos ilícitos, pero que nadie puede negar que le ha tumbado el pulso a las tradiciones y la fortaleza institucional de la nación más poderosa del mundo.
Algunos que se decantaron por Donald Trump y otros por Kamala Harris, dos opciones que crearon pasiones políticas en ocasiones desenfrenadas, pero que se impuso el que no siente ningún sonrojo de las acusaciones que pesan en su contra y que demostró que puede más en las urnas que el sistema y quien ahora tiene el doble rol de presidente de los Estados Unidos y al propio tiempo convicto criminal.
La contienda no se trató de una simple confrontación electoral cualquiera, porque por lo menos en el caso de Trump, éste ha cambiado la forma de hacer política en los Estados Unidos, cuyo tono es violento y sin medición de consecuencias, pero que ha logrado imponerse sobre la base de unos «valores» que socava la democracia de esta nación.
Tanto es así que la nación más poderosa del mundo ha descendido al nivel de los países del llamado tercer mundo, donde la actividad político-partidista y electoral raya en lo salvaje, pero sobre todo con una ansia de poder y la búsqueda de acumulación de fortunas que en cierta medida le da una explicación lógica a la distorsión.
Trump es un político que ha logrado imponer sus intereses personales por encima de los institucionales y cuyo comportamiento no es cuestionado por los votantes, ya que se ha observado que mientras más problemas legales tiene su popularidad aumenta.
Las preferencias por uno y otro estaban aparentemente muy cerradas, pero se produjo una ruptura con todos los vaticinios al respecto y Trump ha vencido abrumadoramente, lo que indica que su conducta es respetada y defendida por la mayoría de los estadunidenses.
Lo inexplicable del proceso es que, aunque Trump ha despotricado en contra de los latinos, cuyo último escándalo tiene que ver con considerar a Puerto Rico una isla basura e igual desconsideraciones ha lanzado contra mexicanos, dominicanos, entre otros, pero siempre hubo apoyo a su favor, ya que los resultados de los comicios así lo confirman, dado que dentro de estas mismas comunidades desconsideradas por este candidato radical, conservó un respaldo considerable.
El fenómeno Trump pocos politólogos y sociólogos pueden explicarlo en razón de que mientras más hiriente y violenta fue su campaña, mayor cantidad de seguidores se adhirieron a un candidato y ahora presidente carente de propuestas, cuyo ejemplo ya ha sido emulado en una serie de naciones latinoamericanas.
Al llegar la hora de la verdad el pueblo norteamericano prefirió el discurso y la conducta de Trump que la de cualquier otro candidato, incluida la principal perdedora Kamala Harris.
El triunfo de Trump deja un mensaje equivocado entre los que luchan por llevar la ética a la política, ya que su triunfo desmiente cualquier esfuerzo serio en este sentido, sobre todo para las corrientes en Latinoamérica que hoy hablan de adecentamiento nacional, porque los resultados de las elecciones dejan lo suficientemente clara la preferencia del pueblo de toda la unión americana, aunque siempre se dijo que en por lo menos política exterior ambos contendientes representaban lo mismo.
En esta materia la diferencia entre republicanos y demócratas es sólo el color de los partidos, porque si bien en política interna se observa un accionar que lo distingue uno de otro, pero, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis del Medio Oriente ambos se manejan de igual manera, alineados con Israel a pesar de que en muchas naciones del mundo consideran el comportamiento judío como un verdadero genocidio.
Sin embargo, en cuanto a política interna ambos difieren en lo que a políticas migratorias se refiere, ya que nadie puede negar que en esta materia los demócratas tienen una visión mucho más tolerante y considerada con la inmigración que los republicanos.
Pero la diferencia que puedan existir entre unos y otros este martes cinco de noviembre se definieron en favor de quien tiene el peor comportamiento, lo cual también impidió por segunda ocasión que una mujer ocupe la presidencia de los Estados Unidos, no se sabe si para esa decisión pesó mucho optar por una inmigrante de familia que proviene de naciones que no son vistas con buenos ojos por el estadounidense tradicional y el cual regularmente está impactado por un problema racial que tiene su historia en esa nación.
La cuestión es que triunfó la apuesta antiinmigrante, ultraconservadora y, sin lugar a dudas, menos democrática.
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El Gobierno de Luis Abinader no deja de incurrir en errores que sirven de espejo para medir su incapacidad para manejar el Estado.
Todos los días el Gobierno de Luis Abinader da muestra de que no está en capacidad del manejo del Estado, cuyos errores son totalmente infantiles y propios de personas que no tienen la menor idea de su metida de patas.
Las torpezas del Gobierno legitiman las críticas de una oposición desacreditada por sus acciones al margen de la ética y de la moral, la cual está conformada, principalmente, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.
La última metida de patas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su líder Abinader ha sido anunciar una nueva Constitución de la República, pero al propio tiempo toma medidas que lesionan derechos fundamentales contenidos en la carta magna y los tratados y convenciones internacionales.
De esa manera, el presidente Abinader y el PRM les otorgan toda la legitimidad del mundo a aquellos que han tenido el control del Estado y han hecho lo mismo, porque cómo se explica que no entiendan que lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que obliga a los empleados del Estado a presentar sus contratos de agua y de energía eléctrica lesiona el derecho a la intimidad de las personas.
El asunto tiene mayor gravedad, no sólo porque revela la ignorancia y la doble moral de los perremeístas y su Gobierno, sino también porque si las autoridades se respetaran ni mencionaran los servicios de agua y de energía eléctrica, dado lo deficiente de los mismos.
Hay una famosa expresión que dice que se debe saber nadar y guardar bien la ropa, lo cual no parece que sea aplicable en lo respecta a los funcionarios del gobierno, cuya torpeza no les permite comportarse con prudencia y sensatez.
Es decir, que en el preciso momento en que se habla de que el país tiene una ley sustantiva que es más acorde con el estado de derecho, los perremeistas someten a los empleados públicos a una medida inconstitucional y que va en contra de los derechos consignados en el bloque de constitucionalidad del país, lo cual pone en peligro un derecho tan sagrado como el de la intimidad, el honor personal, que está en primer orden en los derechos interamericanos e internacionales.
La medida en cuestión violenta el artículo 44 de la ley de leyes, lo que representa un contrasentido que amenaza de todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país.
Todo el mundo sabe que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de ellas.
Sin embargo, en el presente caso se debe destacar que en lo respecta al agua potable el Gobierno tampoco cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que por un asunto de derechos humanos se produzcan cortes del servicio por falta de pago.
En esa línea de violaciones el gobierno de Luis Abinader procede al corte del agua potable en desacato de lo decidido por el TC a través de los órganos que manejan el preciado líquido como la Corporación de Acuerdo de Alcantarillado de Santiago (CORASAN), entre otras.
La realidad es que el Gobierno, tal y como lo dice la oposición, no cumple con ofrecer un mejor servicio que satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la Constitución.
Como que no luce racional que las autoridades tengan un doble discurso, primero de fortalecimiento de la Constitución y segundo de violación de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad de las familias y tire por el suelo el derecho al honor, al buen nombre e imagen.
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Endeudamiento externo tiene que llevar al país a verse en espejo de naciones como Grecia, Argentina y Puerto Rico.
Por Elba García
La economía dominicana ha sido impactada por un proceso de conversión de exportadora a importadora, cuyos únicos renglones con mucha fortaleza, tal vez su tabla de salvación, son el turismo y las remesas, producto de la emigración de dominicanos hacia países mediana y altamente desarrollados.
El manejo de la economía en el país no ha estado al margen de lo que representa una cultura de falta de planificación que proviene desde los tiempos de la colonia, cuyo nivel de endeudamiento supera las líneas de peligro para cualquier nación.
Un buen ejemplo del manejo dislocado de una economía es Argentina, la cual entró a niveles de devaluación e impago que llevó a que ambos términos se convirtieran en sinónimos, tanto fue así que una cosa no se concebía sin la otra y viceversa.
En los comienzos del año 2000 la economía argentina se convirtió en un verdadero drama, cuyas supuestas soluciones siempre han sido un salto al vacío, lo que ha implicado que los recursos de los bancos estén expuestos al sector público y la opción buscada era imprimir dinero inorgánico a través de su Banco Central, lo cual convirtió en ingobernable el régimen de convertibilidad en vigor en ese momento.
Pero hasta el momento la economía de este país ha sido una bomba de tiempo que no ha habido magos políticos que encuentren la fórmula de su saneamiento, cuyo sendero también llevan otras naciones del mundo, incluida la República Dominicana.
El otro caso donde el caos de la economía tenia a esa nación al borde del colapso total fue Grecia, en razón de que la troika liderada por las autoridades del continente europeo declaró un impago que era prácticamente imposible para que un país de la zona escogiera esa vía y si bien se buscó resolver el asunto con una serie de recortes, pero esa medida no bastaba para darle una salida a la deuda de este país.
Entonces, la crisis de estos dos países Argentina y Grecia ha dejado las lecciones de que la deuda y el dinero no son lo mismo, pero que si se deja que el problema se agrave se corre el riesgo de ser impactado por una recesión, la cual trae consigo la disminución de la demanda de crédito privado, debilitamiento de los balances de los bancos y un gobierno que se financia cada vez más con la utilización de éstos porque están bajo su control, lo cual convierte el futuro de la deuda y del sistema bancario en prácticamente uno solo.
Esta situación está apoyada por una evidencia empírica, ya que desafortunadamente este problema compartido, desde luego, no soluciona nada, más bien lo que hace es amplificar y expandir muchas veces el asunto, dado que los bancos y la deuda están más entrelazados y puede advertirse que lo mismo ocurre con el futuro de la moneda, lo cual genera el espectro de la inestabilidad monetaria con su amenaza endémica para el sustento -con frecuencia, de los más vulnerables, cuya lección es no retrasar, sino reestructurar de manera más oportuna antes de que el agujero se vuelva demasiado profundo.
En este mismo contexto está Puerto Rico, pero en el Caribe y con el soporte de alguna manera de los Estados Unidos, lo cual le permite abrir nuevos caminos, pero sin estar exentos de grandes problemas y con desventajas frente a las posibilidades de los que cuentan con una moneda propia, ya que está totalmente dolarizado y pertenece al Segundo Distrito del Sistema de la Reserva Federal, cuyos bancos están protegidos por un seguro de depósitos de E.U., pero donde por igual sus autoridades han declarado que no se pueden pagar todas las deudas de la isla en razón de que las mismas absorben todos los ingresos públicos.
El endeudamiento del Gobierno de Luis Abinader comienza a dejar profundas preocupaciones en esta materia en los diferentes sectores que conforman la vida nacional, sobre todo en los principales de la economía nacional, porque la agresividad mostrada en este aspecto conduce a la nación a un cuadro parecido a lo que ocurre en las tres naciones citadas en este trabajo periodístico..
Luis Abinader en el 2023 rompió récord de endeudamiento público durante un año al tomar prestado US$9,249 millones dólares, unos RD$527 mil 193 millones, según evaluaciones de los partidos de la oposición.
Este monto de US$2,649 millones corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y US$6,600 millones a la colocación de bonos soberanos.
Algunos sectores indican que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración, cuya deuda ya alcanza niveles de mucha preocupación.
«En la Cámara de Diputados se aprobaron préstamos por US$2, 649 millones, aparte de esto se ejecutó para este presupuesto la colocación de bonos por RD$ 363 mil millones, que son el equivalente a US$6,600 millones».
En el orden de los endeudamientos las AFP dicen que la gestión Abinader les ha tomado préstamos RD$3.1 billones, cuyo endeudamiento público no sólo alcanza lo nacional, sino también lo externo.
El cuadro de la deuda compromete las futuras generaciones, ya que pagarán todos los compromisos internacionales que irracionalmente asume el país, sin que ese dinero represente la construcción de obras que impacten a los niños que nacen en la actualidad.
Sin embargo, los críticos de la oposición cuando tienen la oportunidad de volver a controlar el Estado repiten el mismo comportamiento en lo referente al endeudamiento público, sobre todo con el propósito de sostener la corrupción administrativa.
La deuda del sector público no financiero representa el 46.3% del PIB al 31 de agosto del 2024, pero el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$57,596.0 millones, representando el 46.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.
La deuda pública en República Dominicana en 2023 fue de 67.581 millones de euros73.094 millones de dólares, creció 3.239 millones desde 2022 cuando fue de 64.342 millones de euros 67.808 millones de dólares,.
Consultores en política fiscal y tributaria plantean que la deuda pública se ha multiplicado por 17 en los últimos 23 años, producto de la gran cantidad de préstamos, lo que ha llevado a que cada dominicano tenga que pagar per cápita seis mil novecientos noventa y tres dólares.
En una conferencia con el título de “Impacto de la Deuda Pública en la Formulación de la Política Presupuestaria”, en el marco de la conmemoración del Primer Congreso de Economía Dominicana organizado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se afirmó que todos los años se debe tener la responsabilidad de definir y establecer cómo se van a asignar los recursos del Estado que se manejan a través del presupuesto nacional
La medición del crecimiento económico en el país en los últimos 23 años ha tenido muy poco impacto distributivo en la riqueza de los ingresos, pese a que todo el mundo destaca lo ocurrido en esta materia.
Otro elemento importante es que el crecimiento económico tiene muy poco impacto en las recaudaciones fiscales del Gobierno y que en los últimos veintitrés años el país ha tenido una presión tributaria de un trece por ciento fija.
De modo, que el crecimiento económico que tiene la República Dominicana no se refleja en mayores recaudaciones tributarias del Gobierno para fortalecer el producto interno bruto, lo que ha provocado recurrentes déficit fiscales que han obligado a endeudarnos para poder hacer frente a una proporción importante de las obligaciones
La deuda entre el 2000 y 2023 se ha multiplicado por 17 diecisiete en el país, como resultado de un crecimiento de ésta que advierte serios peligros para el país, ya que la política fiscal del Gobierno afecta el ciclo económico que lesiona la distribución de la riqueza y la cohesión social.
Desde marzo del presente año la deuda de la República Dominicana es de setenta y cuatro mil millones de dólares, cuyo crecimiento desde el 2020 ha sido realmente exponencial, la cual con relación al PIB ya resulta preocupante con implicaciones de sobreendeudamiento por el Covid 19.
La deuda per cápita pasó en el país de 522 dólares en el año 2000 a seis mil novecientos noventa y tres dólares por cada dominicano en 2023, cuyo crecimiento acelerado se ha traducido en una retranca para el Estado.
Las naciones que suelen pedir dinero prestado cuando lo recaudado a través de los impuestos no es suficiente para el financiamiento de proyectos o gastos del Estado terminan en un callejón sin salida con consecuentes crisis sociales y políticas.
Guatemala es el país de Centroamérica que menos ha recurrido a esta práctica, cuya deuda pública es la más baja de la región con 22.593 millones de dólares, lo que equivale a un aproximado del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Mientras que los países con la mayor deuda pública son El Salvador, con el 76 % de su PIB comprometido y Costa Rica con el 63 %, los cuales regularmente sirven de punto de referencia para las comparaciones que se hacen, por ejemplo, en la República Dominicana
La deuda de El Salvador ha sido considerada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación del Artículo IV 2023, como “elevada y se encuentra en una senda insostenible”, por lo que recomendó, en febrero de este año, “el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducirla a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales».
Por su parte, Costa Rica sostiene que “la orientación general de las políticas debe seguir centrada en hacer que la inflación regrese a la meta y que la deuda pública se mantenga en una firme trayectoria descendente”.
Las entidades financieras para medir si un nivel de deuda es correcto o excesivo es mediante la comparación de lo que se debe con el PIB de cada país, es decir, el monto de la misma con el valor de los bienes y servicios finales que produce.
Un ejemplo válido en este caso es si un país debe 80 millones de dólares y su PIB es de 100 millones, de lo producido, ya debe la mayor parte y su capacidad de riqueza queda reducida.