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Donald Trump ha implicado cuestionamiento a Estado con un alto nivel de institucionalidad.
Por Elba García
La sociedad estadounidense, la cual está colocado en la fase superior del capitalismo y en consecuencia de lo que se conoce como imperialismo, ha vivido una era con Donald Trump que en cierto modo constituye una negación de los perfiles esenciales de los países altamente desarrollados.
El desarrollo de determinadas naciones no es el resultado de cuestiones espontáneas, sino de características históricas, sociales, económicas y políticas que los convierten en países con grandes diferencias con aquellos donde el desarrollo de elementos como la fuerza productiva y la conciencia social han sido precarias.
Desde el punto de vista de la sociología política, los Estados Unidos tiene esos perfiles porque fue una sociedad con la particularidad de que tiene un desarrollo de sus fuerzas productivas y como vía de consecuencia de su conciencia social que no puede ser igualada con cualquier país donde no se hayan dado estos fenómenos.
La mentalidad de Trump no encaja ni está a la altura de los niveles de institucionalidad alcanzados por la nación más poderosa del mundo, porque sea por hipocresía o simulación el sistema instaurado allí consiste en una serie de principios capitalistas que tienen lógica desde la perspectiva del tipo de sociedad de que se trata.
Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de Trump ha provocado que muchas de las tesis sobre la sociedad norteamericana sean revisadas, ya que este mandatario ha roto con todos los parámetros de una nación altamente desarrollada, donde se suponía que pesaban más los intereses de su condición de imperio que la mentalidad chabacana de un jefe de Estado que todo lo toma a broma y que ha vendido la impresión de que está por encima de la ley.
Donald Trump aparece involucrado en mil diabluras, pero todo hasta ahora se quedado sólo en el intento de procesarlo, lo que ha proyectado la percepción que nadie puede con él.
Durante su mandato ha sido investigado e incluso condenado por delitos o crímenes muy graves, como por ejemplo haber estafado una cantidad indeterminado de estudiantes que pagaron miles de dólares para estudiar una carrera, pero que el centro de estudios superiores creado por él que carecía de reconocimiento del Estado, lo cual la ponía al margen de la ley.
Por ese caso fue obligado a devolver 25 millones de dólares a los estudiantes, fue acusado de mal usar los fondos provenientes de una fundación que operaba a su nombre y estuvo involucrado en escándalos de prostitución y de abusos sexuales.
Ha sido investigado por la interferencia rusa en las elecciones en que fue electo y de otros tantos casos más, pero ello constituye en cierto modo un desmentido a una sociedad donde las cosas eran de otro modo y el partidarismo no estaba por encima de los intereses de los grupos fácticos de la sociedad.
Definitivamente, Donal Trump ha cambiado la percepción que tiene la mayor parte del mundo de los Estados Unidos, donde se entiende que la última palabra la tiene una clase para sí y que defiende con uñas y dientes la integridad de la nación mas poderosa del mundo.
El sistema de justicia de los Estados Unidos es considerado como uno o el que más defiende el respeto a la ley y en tal virtud en los hechos siempre ha enviado el mensaje de que cualquiera que quiera hacer fortunas tiene que ser sobre la base de acogerse al libro juego de la oferta y la demanda.
Pero una cuestión a tomar en cuenta en la era Trump es que él se ha negado a revelar como ha sido el pago de sus impuestos, un detalle tan importante en los Estados Unidos y por lo que cualquiera podría tener consecuencias legales muy severas.
Es decir, la era Trump ha tirado por la borda la imagen de los Estados Unidos en lo que respecta al respeto a la ley y además en lo que tiene que ver con el puritanismo que debe proyectar el funcionario público.
Cada reto de Trump ha sido superado por éste sin mayores dificultades e incluso se ha dado el lujo de adherirse a los intereses de los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos, principalmente de los grupos que promueven violencia racial y nada ha pasado.
Ahora se inicia otro capitulo en las extravagancias del presidente norteamericano, porque en este momento ha sido sometido en la Cámara de Representantes a un juicio político por la comisión de una imprudencia que implica de hecho un problema ético y de violación a la ley.
Se trata de las aparentes presiones que hizo al presidente de Ucrania para que investigue al hijo del exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a su familia.
El anuncio sobre el impeachement, como se conoce este proceso en los Estados Unidos, fue hecho por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy.
Se abre ahora un proceso complicado que tiene visos de no prosperar en el Congreso, ya que, pese a que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, luego tendría que pasar el visto bueno del Senado, donde el predominio republicano hace prever que la iniciativa no prosperará.
Estos son las principales características del ‘impeachment’, como se conoce en inglés, al juicio político o proceso de destitución.
El juicio político puede definirse como un proceso mediante el cual el poder Legislativo puede derrocar a un presidente si considera que ha cometido un crimen.
En concreto el ‘impeachment’, es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.
La Constitución estadounidense dice que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país ‘serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores’.
Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción.
El proceso de destitución se inicia normalmente cuando el Comité Judicial de la Cámara Baja inicia los trámites y emite una resolución con los cargos a ‘juzgar’ contra el presidente, que después deben ser votados por la Cámara de Representantes y por el Senado.
Las razones para la destitución, denominados artículos del juicio político (Articles of Impeachment) son enviadas al pleno de la cámara, donde se debatirán y votarán cada una de ellas.
Si alguna de ellas es aprobada por mayoría simple el presidente será sometido al proceso. Una condición que no supone que este abandone sus funciones oficiales, en espera de la decisión final de los senadores.
Una vez cumplido el primer trámite en la Cámara de Representantes, el Senado recibe los artículos del juicio político y se consensúan las reglas y procedimientos que se seguirán.
El juicio político propiamente dicho se celebra en el Senado. En esta cámara se elige un grupo de legisladores que harán las veces de fiscales, mientras que el resto hace de ‘jurado’. Se necesitan dos tercios para declarar culpable al presidente.
En esta parte del proceso el mandatario está representado por sus abogados.
Después de ser escuchados los argumentos a favor y en contra, los senadores se reunirán en sesión privada para debatir el veredicto. La votación sobre el veredicto se realizará en sesión pública y necesitará contar con los votos de una mayoría cualificada de, al menos, los dos tercios de los senadores.
Si el resultado es favorable se retirarán todas las atribuciones al presidente e incluso se le puede prohibir, siempre que así lo decida el Senado, la práctica de cualquier actividad en la administración pública de manera permanente.
Tres han sido los presidentes que han afrontado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; y Richard Nixon, quien renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del ‘Watergate’.
El único presidente de EE.UU. que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974).
Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra.
Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.
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Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.
Por Elba García
Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.
Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.
Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.
A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.
Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.
Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.
La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.
De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.
En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.
Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda la vida nacional.
El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.
En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.
Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.
Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.
Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.
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Un episodio que sirve de espejo para medir la profundad de la crisis ético-moral de la sociedad dominicana.
Por Elba García
La República Dominicana y Haití, atrapadas en la isla la Hispaniola, donde predominan las ilegalidades y una corrupción administrativa que somete a sus pueblos a la peor de las miserias, la violencia y la violación sexual de niñas y mujeres, aunque de forma y circunstancias que difieren unas de otras, hoy proyectadas a nivel internacional como naciones con un precario estado de derecho.
Un ejemplo que saca a la superficie esta triste realidad ha sido la violación sexual de una adolescente en un pueblo del este del país durante un operativo para apresar y deportar indocumentados, principalmente haitianos, el cual fue aprovechado por miembros de la Dirección General de Migración para cometer algunas de sus fechorías, que sólo tienen ligeras diferencias con la actuación de las bandas haitianas que se apoyan en las mismas prácticas y en la muerte en la vecina nación.
La denuncia al respecto ha dejado estupefacta a mucha gente ante el hecho de que agentes de la Dirección de Migración violaron y luego amenazaron de muerte a una adolescente de catorce años en el sector Bulevar de Verón, provincia La Altagracia, para que no hablara de lo ocurrido, quien vive con su familia en una casita construida de madera y zinc, pero que en el momento de la agresión se encontraba sola.
Situaciones como esta resultan bochornosa para una sociedad que en la actualidad mantiene una disputa con Haití por la migración ilegal y por asuntos de agua, la cual tiene una trascendencia internacional, sobre todo porque en la información se dice que estos agentes cobran entre 15 y 17 mil pesos a los nativos de la hermana nación para dejarlos en libertad.
Sólo el que no conoce el país puede poner en duda la información sobre estos hechos, porque este periódico mantiene la tesis que las diferencias entre el Estado dominicano y el haitiano no son tantas, a pesar de tener culturas desiguales en cada territorio, ya que, aunque el primero existe de hecho y de derecho y el segundo sólo en el papel, por lo que la violencia y los atropellos se expresan no de igual forma, pero sí de manera muy parecida.
Qué diferencia se verifica entre la forma de actuar de las bandas de delincuentes haitianas y la de los miembros de la Dirección General de Migración, bueno en que una lo hace al margen de los instrumentos que crea la ley y la otra que se apoya en las herramientas jurídicas para cometer la misma fechoría e incurrir en el demonio de la violación sexual de niñas y mujeres adultas, entre otras ilegalidades.
Es importante dejar claro que el segundo elemento citado en los ilícitos en que incurren los miembros de la Dirección de Migración está el hecho de que dejan en libertad a los apresados por su condición de indocumentado luego de un pago económico, lo cual también es vandálico.
Esta es una práctica del día a día en la zona fronteriza y en los lugares donde son recluidos los haitianos y otros extranjeros apresados por carecer de documentos, lo cual deja claro que se trata de un negocio que trasciende el límite de lo legal, lo moral y de lo ético.
Lo grave de lo ocurrido es de que no se trata de una simple denuncia, sino de un hecho comprobado por el médico logística que ha examinado a la adolescente.
Esta violación supera los límites de lo tolerable en cualquier nación civilizada y en consecuencia las autoridades de cualquier país no pueden manejar con paños tibios semejante aberración.
Lo peligroso del asunto es que se observa un manejo muy tímido del acto delincuencial y bochornoso cometido en contra de la adolescente haitiana por parte de los medios de comunicación del país, cuyos periodistas han sido más impactados por un ultranacionalismo enfermizo y destructivo que el daño causado a quien literalmente se puede definir como una niña, lo cual representa una violación de una serie de convenciones internacionales de derecho público y sobre derechos humanos de las que la República Dominicana es signataria.
Este caso tiene otro agravante y el mismo tiene que ver con que los violadores de la adolescente, quienes la ponen en libertad tras haberla recluido en un recinto para indocumentados con la condición de que no hablara de lo ocurrido, cuya conducta deja claro que se trata de una banda que se refugia en la legalidad que otorga la Ley 285-04 y bajo la cual opera la Dirección General de Migración, actúan con acechanza y con complicidad entre unos y otros.
Este hecho debe tener las consecuencias que manda la ley penal porque de lo contrario se constituiría en un grave revés para la República Dominicana, donde se vive más de la percepción que de la realidad, máxime si se toma en cuenta que el país tiene el turismo como renglón principal de su economía.
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La partidocracia tiene mil vías como depredar el Estado con la complicidad de los que deben velar por la transparencia.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) entregó luego de que el Gobierno accediera a beneficiar a los partidos políticos con otra partida de dinero que alcanza a la suma de 2,520.8 pesos, pero sin especificar de dónde provendrían esos recursos.
La realidad es que el pedido de los partidos políticos fue satisfecho, cuyo dinero será usado en la presente campaña electoral que habrá de culminar el próximo 19 de mayo con la escogencia del presidente y vicepresidente de la República, así como de los diputados y senadores para el próximo cuatrienio, sin que se tenga claro de dónde saldrán esos fondos.
Lo preocupante de la alta inversión en campaña electoral es que para soportar esos recursos el país tiene que recurrir a un endeudamiento que encamina la nación hacia una amenaza que representa un peligro para la estabilidad nacional.
La intención del Gobierno, y así lo ven expertos en la materia, es modificar la Ley de Presupuesto, lo que conlleva crear nuevas fuentes para buscar ese dinero que manejan los partidos con muy poca o ninguna transparencia en violación de la Constitución de la República.
Pero el asunto toma un perfil todavía más preocupante por el hecho de que en la sociedad dominicana existe una total complicidad con este proceder de la partidocracia nacional, incluidas en la misma las llamadas altas cortes.
Tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) como el Tribunal Constitucional (TC) se reniegan a imponer sanciones judiciales a la partidocracia por la poca transparencia con que maneja los fondos públicos, ya que la mayor parte del presupuesto entregado a estas organizaciones se va a los bolsillos de algunos de sus dirigentes.
Sin embargo, cuando han surgido demandas que cuestionan ese manejo del patrimonio público, tanto el TSE como el TC se hacen de la vista gorda, mientras reclaman el cumplimiento con sentencias que no tratan precisamente esta problemática que va camino a acabar con el país.
Los partidos políticos son el mejor negocio que existe en la República Dominicana, cuyos dirigentes tienen la garantía de que todos los órganos y entes del Estado dominicano no los tocarán ni con el pétalo de una rosa.
De acuerdo a economistas nacionales, el Gobierno está obligado a determinar el origen de esos recursos mediante un aumento de las recaudaciones de impuestos o a través del aumento de la deuda pública, dos escenarios tenebrosos para los dominicanos.
La realidad es que las autoridades para solucionar el problema planteado necesitan identificar la fuente de la generación de esos recursos o sencillamente modificar la Ley de Presupuesto.
Con ese propósito el presidente tendría que ordenarle al Banco de Reservas que otorgue un préstamo a los partidos políticos con la garantía de contingencia de que estaría consignado en el presupuesto complementario que se preparará a partir de julio.
No obstante, los especialistas en la materia entienden que los presupuestos complementarios sólo tienen el fin de corregir entuertos después de haberse producido no antes de que ello ocurra, cuya decisión para entregar ese dinero a los partidos políticos representa un procedimiento incorrecto que daña institucionalmente al país.
Se ha podido establecer que en los últimos 26 años los partidos han recibido contribuciones estatales que superan los 25,303 millones de pesos, los cuales en el papel han estado destinados a financiar las operaciones corrientes de estas agrupaciones y los gastos de campaña.
De la suma en cuestión alrededor de 19,545,600,000 pesos, es decir el 77%, han sido distribuidos entre cinco organizaciones políticas, las llamadas tradicionales, y que tienen una participación destacadas en la corrupción organizada y jerarquizada que se produce en el Estado dominicano en el contexto de toda la sociedad, ya que se trata de un problema integral y transversal a todos los estamentos de la nación.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es la organización que más fondos ha recibido en este período, con una asignación presupuestaria de aproximadamente 6,007,525,440 pesos.
El segundo lugar lo tiene en esta materia el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual ha recibido 5,874,033,695 pesos.
El tercero en la lista lo es el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con 3,934,257,128 pesos, el cual fue desplazada como mayoritario.
Estos partidos, que controlan toda la administración pública, desde el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, cuyos jueces son escogidos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está compuesto por los mismos actores de la politiquería nacional, son el principal responsable de las grandes falencias de la democracia nacional.
Otro grandemente beneficiado con estos fondos que provienen de los contribuyentes lo es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual ha recibido hasta la fecha cerca de 2,577,856,129 pesos, mientras que Fuerza del Pueblo (FP) ha percibido 1,260,400,000.00 desde 2021.
De manera, que si a los fondos recibidos por los partidos se le suman los más de 400 mil millones de pesos que han administrado durante los diferentes gobiernos que ha tenido el país, podría decirse que es poco lo que falta para arruinar definitivamente la sociedad dominicana.