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Donald Trump ha implicado cuestionamiento a Estado con un alto nivel de institucionalidad.

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Por Elba García

La sociedad estadounidense, la cual está colocado en la fase superior del capitalismo y en consecuencia de lo que se conoce como imperialismo, ha vivido una era con Donald Trump que en cierto modo constituye una negación de los perfiles esenciales de los países altamente desarrollados.

El desarrollo de determinadas naciones no es el resultado de cuestiones espontáneas, sino de características históricas, sociales, económicas y políticas que los convierten en países con grandes diferencias con aquellos donde el desarrollo de elementos como la fuerza productiva y la conciencia social han sido precarias.

Desde el punto de vista de la sociología política, los Estados Unidos tiene esos perfiles porque fue una sociedad con la particularidad de que tiene un desarrollo de sus fuerzas productivas y como vía de consecuencia de su conciencia social que no puede ser igualada con cualquier país donde no se hayan dado estos fenómenos.

La mentalidad de Trump no encaja ni está a la altura de los niveles de institucionalidad alcanzados por la nación más poderosa del mundo, porque sea por hipocresía o simulación el sistema instaurado allí consiste en una serie de principios capitalistas que tienen lógica desde la perspectiva del tipo de sociedad de que se trata.

Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de Trump ha provocado que muchas de las tesis sobre la sociedad norteamericana sean revisadas, ya que este mandatario ha roto con todos los parámetros de una nación  altamente desarrollada, donde se suponía que pesaban más los intereses de su condición de imperio que la mentalidad chabacana de un jefe de Estado que todo lo toma a broma y que ha vendido la impresión de que está por encima de la  ley.

Donald Trump aparece involucrado en mil diabluras, pero todo hasta ahora se quedado sólo en el intento de procesarlo, lo que ha proyectado la percepción que nadie puede con él.

Durante su mandato ha sido investigado e incluso condenado por delitos o crímenes muy graves, como por ejemplo haber estafado una cantidad indeterminado de estudiantes que pagaron miles de dólares para estudiar una carrera, pero que el centro de estudios superiores creado por él  que carecía de reconocimiento del Estado, lo cual la ponía al margen de la ley.

Por ese caso fue obligado a devolver 25 millones de dólares a los estudiantes, fue acusado de mal usar  los fondos provenientes de una fundación que operaba a su nombre y estuvo involucrado en escándalos de prostitución y de abusos sexuales.

Ha sido investigado por la interferencia rusa en las elecciones en que fue electo y de otros tantos casos más, pero ello constituye en cierto modo un desmentido a una sociedad donde las cosas eran de otro modo y el partidarismo no estaba por encima de los intereses de los grupos fácticos de la sociedad.

Definitivamente, Donal Trump ha cambiado la percepción que tiene la mayor parte del mundo de los Estados Unidos, donde se entiende que la última palabra la tiene una clase para sí y que defiende con uñas y dientes la integridad de la nación mas poderosa del mundo.

El sistema de justicia de los Estados Unidos es considerado como uno o el que más defiende el respeto a la ley y en tal virtud en los hechos siempre ha enviado el mensaje de que cualquiera que quiera hacer fortunas tiene que ser sobre la base de acogerse al libro juego de la oferta y la demanda.

Pero una cuestión a tomar en cuenta en la era Trump es que él se ha negado a revelar como ha sido el pago de sus impuestos, un detalle tan importante en los Estados Unidos y por lo que cualquiera podría tener consecuencias legales muy severas.

Es decir, la era Trump ha tirado por la borda la imagen de los Estados Unidos en lo que respecta al respeto a la ley y además en lo que tiene que ver con el  puritanismo que debe proyectar el funcionario público.

Cada reto de Trump ha sido superado por éste sin mayores dificultades e incluso se ha dado el lujo de adherirse a los intereses de los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos, principalmente de los grupos que promueven violencia racial y nada ha pasado.

Ahora se inicia otro capitulo en las extravagancias del presidente norteamericano, porque en este momento ha sido sometido en la Cámara de Representantes a un juicio político por la comisión de una imprudencia que implica de hecho un problema ético y de violación a la ley.

Se trata de las aparentes presiones que hizo al presidente de Ucrania para que investigue al hijo del exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a su familia.

El anuncio sobre el impeachement, como se conoce este proceso en los Estados Unidos, fue hecho por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy.

Se abre ahora un proceso complicado que tiene visos de no prosperar en el Congreso, ya que, pese a que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, luego tendría que pasar el visto bueno del Senado, donde el predominio republicano hace prever que la iniciativa no prosperará.

Estos son las principales características del ‘impeachment’, como se conoce en inglés, al juicio político o proceso de destitución.

El juicio político  puede definirse como un proceso mediante el cual el poder Legislativo puede derrocar a un presidente si considera que ha cometido un crimen.

En concreto el ‘impeachment’, es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.

 La Constitución estadounidense dice que  el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país ‘serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores’.

Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal,  abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción.

El proceso de destitución se inicia normalmente cuando el Comité Judicial de la Cámara Baja  inicia los trámites y emite una resolución con los cargos a ‘juzgar’ contra el presidente, que después deben ser votados por la Cámara de Representantes y por el Senado.

Las razones para la destitución, denominados artículos del juicio político (Articles of Impeachment) son enviadas al pleno de la cámara, donde se debatirán y votarán cada una de ellas.

Si alguna de ellas es aprobada por mayoría simple el presidente será sometido al proceso. Una condición que no supone que este abandone sus funciones oficiales, en espera de la decisión final de los senadores.

Una vez cumplido el primer trámite en la Cámara de Representantes, el Senado recibe los artículos del juicio político y se consensúan las reglas y procedimientos que se seguirán.

El juicio político propiamente dicho se celebra en el Senado. En esta cámara se elige un grupo de legisladores que harán las veces de fiscales, mientras que el resto hace de ‘jurado’. Se necesitan dos tercios para declarar culpable al presidente.

En esta parte del proceso el mandatario está representado por sus abogados.

Después de ser escuchados los argumentos a favor y en contra, los senadores se reunirán en sesión privada para debatir el veredicto. La votación sobre el veredicto se realizará en sesión pública y necesitará contar con los votos de una mayoría cualificada de, al menos, los dos tercios de los senadores.

Si el resultado es favorable se retirarán todas las atribuciones al presidente e incluso se le puede prohibir, siempre que así lo decida el Senado, la práctica de cualquier actividad en la administración pública de manera permanente.

Tres han sido los presidentes que han afrontado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; y Richard Nixon, quien renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del ‘Watergate’.

El único presidente de EE.UU. que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974).

Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra.

Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.

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R.D. atrapada entre anti-haitianismo, aumento de la migración desde su vecino y la pérdida de la cultura de trabajo de su gente.

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Por Elba García

La migración haitiana constituye un tema de debate cotidiano en ambos lados de la frontera, ya que en la parte occidental es la vía más fácil y cercana para que el ciudadano de la empobrecida nación tenga una especie de válvula de escape de su situación de miseria y de violencia, mientras que en el lado oriental  no hay más opción que emplear a sus vecinos ante la perdida de la cultura del trabajo de su gente.

Nadie puede negar que la llegada de haitianos al territorio dominicano tiene su parte positiva, pero también su lado negativo, desde la perspectiva de lo que ello implica para un país lleno de pobreza y con unos servicios públicos caracterizados por la falta de presupuestos y en consecuencia de una gran deficiencia. Pero además porque las migraciones arrastran lo bueno y lo malo del lugar donde proceden.

Si se hiciera una proyección del impacto que tendría que la mayoría de los haitianos se concentraran en la parte oriental de la isla, habría una carga poblacional que superaría los veinte millones de personas, lo cual requeriría de una cantidad muy grande de recursos económicos  y sería, sin lugar a dudas, una razón más que suficiente para hacer colapsar a ambas naciones.

El anti-haitianismo no se expresa en el país con violencia ni con crímenes de odio como ocurre en otros lugares del mundo, como por ejemplo la antigua Yugoslavia, pero la realidad es que entre los dominicanos se ha desarrollado una tendencia a sentir algún rechazo hacia los vecinos por una diversidad de razones.

Lo primero que se debe decir que es normal que cuando la inmigración aumenta significativamente los nativos se sientan amenazados, lo cual no sólo ocurre entre los dos países que ocupan la isla, sino también en todos los lugares del mundo donde el fenómeno ocupa lugares importantes en el orden laboral, económico y social.

Casi siempre este fenómeno genera violencia, pero lo cierto es que la psicología del inmigrante no consiste en buscar  desplazar al nativo del control del Estado, por decir algo,  ya que su principal preocupación no supera su interés en conseguir un buen trabajo y a ayudar a los suyos que aún viven en su país, ya que los nacidos ahí  cuentan con una serie de derechos propios de los que tienen su origen en esas tierras, sobre todo en un país como la República Dominicana, donde su régimen jurídico se fundamenta en el ius sanguini, lo cual constituye un dique de contención y una limitante para que el extranjero se empodere política y ciudadanamente.

Sin embargo, en el caso de los haitianos hay una razón que siempre podrá generar dudas de que ellos persigan llegar más allá de buscar ganarse  la vida y mantener a sus familias desde las tierras dominicanas en razón de lo que indica la historia en lo que respecta a la dominación por ellos  a la  parte española de la isla  por un periodo de 22 años.

Otra razón que fortalece la preocupación de los dominicanos con el inmigrante haitiano es el hecho de que éste ha utilizado un cierto chantaje para el respeto de sus derechos, lo cual no sólo se observa en foros internacionales, sino también en el país a nivel del trabajo que desarrolla el procedente del lado occidental  de la isla, dado que siempre se apoya en una causa inexistente para exigir, entre otras cosas, el pago por la labor realizada.

Todo ello se constituye en una razón para que en el país se desarrollo el anti-haitianismo que ha sido alimentado además por una corriente de pensamiento ultraconservadora que sostiene que los vecinos son una amenaza para la existencia de la nación.

La realidad es que el fenómeno de la migración no lo detiene nada, absolutamente nada, porque en la medida en que el haitiano no pueda vivir en su territorio por los niveles de violencia y la falta de un Estado que mínimamente controle el país o ya sea por la falta de empleo o de comida, la gente procurará irse al exterior para mejorar sus condiciones de vida o cuando menos tener garantía de que comerá el siguiente día.

Lo único que garantizaría que Haití pare la migración de su gente es mediante una mejoría de sus condiciones de vida a través  del aumento de los niveles de institucionalidad y orden, que sus autoridades y el Estado no están en capacidad de asegurar y como vía de consecuencia por el momento no se vislumbra ninguna posibilidad de que la misma se pueda detener.

Otro factor que estimula la migración haitiana es el hecho de que muchos empresarios privados e instituciones del Estado dominicano no tienen ningún reparo en colocar a trabajar en sus empresas a los haitianos, sin importar su status legal, muchas veces porque se aprovechan y pagan salarios más bajos, pero además porque resulta un poco difícil encontrar manos de obra criolla.

La falta de gente dominicana para desarrollar una serie de trabajos estriba en el hecho de que por una diversidad de razones en el país se ha perdido la cultura del trabajo y esa circunstancia ha beneficiado a la inmigración haitiana, la cual, aunque ha sufrido en los últimos años un cambio importante, está más dispuesta a trabajar en lo que sea y vivir dondequiera, lo cual disminuye las exigencias de pago de servicios públicos y renta de casas donde se albergan.

Otro factor de mucho peso que ha provocado la  desaparición de  la cultura del trabajo en la República Dominicana y que aumenta la migración haitiana, así como de otros valores nacionales, es que la psicología del criollo consiste en también irse hacia lugares como los Estados Unidos y Europa, donde aprovechan la fortaleza de las monedas como el dólar o el euro, lo cual le permite tener mayores ahorros y resolver asuntos vitales para su existencia, como un techo donde vivir y mejorar sus condiciones de vida.

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Cuadro de violencia en Romana es espejo de frustración por deficiencia del Ministerio Público en todo el país.

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Por Elba García

Los centros de presentación de denuncias y querellas del Ministerio Público en todo el territorio nacional están repletos de personas que cada día son víctimas de robos y atracos a mano armada, las cuales generalmente se quedan en el aire, no reciben ninguna atención.

El cuadro de ineficiencia de los miembros del órgano persecutor del crimen y el delito es realmente preocupante, porque sólo aquel que no ha tenido la mala suerte de acudir a esos centros no puede haber tenido el sufrimiento de su colapso o de su baja operatividad.

Es un problema tan general que se puede decir que no son pocos los hechos en los que se puede observar la inclinación de la gente por hacer justicia con sus propias manos, de escoger la vía de hecho, como ha ocurrido en La Romana, donde un ebanista decidió esgrimir un arma de fuego y primero darles muerte a los que consideraba sus victimarios y posteriormente a la autoridad que no hacía nada frente a los robos que se cometían en su contra.

Fueron cinco las personas que resultaron muertas como consecuencia de la ira de este dominicano, que a pesar de que escogió un camino equivocado, pero que su conducta tiene una explicación lógica frente a un Estado que definitivamente no funciona o cuando menos opera con grandes deficiencias.

En el país en los últimos dos años se ha hablado de la importancia y el gran valor que tiene un Ministerio Público independiente, pero hay que decir que su operatividad se queda en la parte más alta de la sociedad, es decir, en el delito de cuello blanco, lo cual está también por comprobarse su eficiencia, pero que en la parte más baja de la política criminal sigue con tantas deficiencias que lleva a la frustración a cualquier ciudadano.

Con un simple ejercicio de investigación se podría comprobar que la gran mayoría, por no decir casi todas, las querellas y denuncias son guardadas en las gavetas de los archivos de las oficinas de las fiscalías de todos los pueblos del país, lo cual se constituye además en una forma de burlarse del ciudadano, porque lo ponen a dar todas las vueltas del mundo y cuando se molestan entonces son echados del lugar para no verles las caras jamás.

Este periódico ha sido victima desde hace varios años de no menos de cinco robos y todavía está en espera del resultado de las querellas presentadas en Santiago en contra de los autores de los hechos, pese que los responsables de los mismos han sido individualizados y se han proporcionado todos los detalles de los inescrupulosos.

En la tragedia ocurrida en La Romana resultaron muertos un total de cinco personas e igual número de heridos entre miembros de la Policía Nacional, en un confuso altercado que se produjo en el sector Villa Pereira en la provincia de la región Este.

Los cinco muertos incluyen tres civiles que fueron identificados como Aneury Caraballo, alias “Motoconcho” de 26 años y Fernando Joemy de Mota, de 26 años, quienes supuestamente tenían conflictos con el ebanista, Román Guerrero Tavares, alias Danielito, de 49 años, que fue abatido por agentes especiales SWAT de la Policía luego de permanecer atrincherado por aproximadamente siete horas.

Cualquiera diría que El Ebanista se volvió loco, pero la verdad es que no puede ser para menos el hecho de que una persona sea victima de una serie de robos y que el Ministerio Público logre por lo menos apresar y procesar a algunos de los responsables de los actos delincuenciales.

El Estado dominicano, que incluye a una serie de instituciones que tienen que velar por la seguridad ciudadana, deben tomarse el asunto muy en serio, ya que como dijimos más arriba las denuncias y las querellas no son investigadas en el país y la impunidad campea por doquier.

Se podría afirmar que poco ha ocurrido en el país frente a la irresponsabilidad con que se manejan los casos en las fiscalías de las diferentes provincias del territorio nacional, donde se puede asegurar que la persecución del crimen y el delito colapsó y que en consecuencia los delincuentes son los dueños de la sociedad, no sólo de las calles.

Según testigos, el tercer civil fallecido, identificado como Gamadier Mota García de 27 años, era inocente y acudió al lugar a tratar de mediar en el conflicto porque era cercano a Danielito. Al llegar al lugar este abrió los brazos cuestionando al homicida sobre lo que estaba haciendo (disparando) e inmediatamente recibió un disparo cayendo en el pavimento.

También resultó muerto el segundo teniente Manuel Moisés Hernández durante la persecución, confirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

La unidad acudió al sector luego de que los residentes llamaron al 911 por la presencia de una “situación entre vecinos” que todavía no está esclarecida.

Diego Pesqueira dijo que hasta el momento en la entidad no figuran denuncias ni querellas hechas por el agresor como se asegura en el lugar de la tragedia y agregó que continúan la investigación sobre esta versión.

Se debe esperar que las autoridades actúen frente al fenómeno para evitar que en el país ocurran tragedias de la misma o de mayor magnitud, lo parece no tan viable a partir de las grandes deficiencias y debilidades del Estado dominicano.

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Todo lo que se pueda decir de la mayoría de los jueces se queda corto con lo que realmente ocurre en la judicatura nacional.

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Por Elba García

Desde hace algunos años que este periódico ha advertido de lo que ocurre con la mayoría de los jueces del país, los cuales constituyen la principal desgracia del sistema de justicia de la República Dominicana.

El problema de los jueces va desde una peligrosa falta de formación o de ignorancia hasta una despreciable complicidad  que compromete la democracia y el estado de derecho.

Muchas personas piensan que el problema en este sentido sólo ocurre en la justicia penal, pero la realidad es que  todo el sistema  está contaminado, es decir, que el fenómeno abarca lo civil ordinario, lo inmobiliario, lo laboral y cualquier otra rama del derecho.

Los fallos que regularmente se emiten son sobre la base de no ponderarse ni estatuir sobre las pruebas aportadas, con una prisa que deja a cualquiera pasmado.

El asunto se vuelve más grave en la medida en que el hecho se produce a una cierta distancia de la capital, donde prácticamente desaparece el papel mínimamente regular del Estado.

Esta descomposición fuera mínimamente enfrentada si el Consejo del Poder Judicial realizara un trabajo de investigación o verificación de las sentencias que emiten los jueces de primera instancia y de apelación de los distintos distritos judiciales que operan en todo el territorio nacional.

Es prácticamente rutinario observar a presidentes de las cámaras civiles y comerciales emitir autos de fijación de audiencias para el conocimiento del pliego de condiciones en un proceso de embargo inmobiliario en violación de los artículos 690,715 y 728 del Código de Procedimiento Civil, sólo para mencionar algunas de las irregularidades.

Peor aún, es frecuente escuchar una magistrada decir que la figura jurídica del archivo definitivo de una demanda de derechos registrados no existe como si nunca hubiera leído el articulo 36 de la Ley 108-05 y mucho menos la resolución 1737 en cuyos artículos 173 y 174 del capítulo 1x de la perención de instancia se habla detalladamente sobre el mismo.

Todas estas consideraciones se derivan de las declaraciones vertidas por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien tronó muy duro sobre el comportamiento de los jueces penales del país.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público manifestó que es increíble como la mayoría de los tribunales penales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado.

Estas consideraciones se produjeron a propósito de la sentencia evacuada por el caso de la muerte del profesor universitario Juniol Ramírez y la supuesta corrupción ocurrida en la Oficina Metropolitana de Servicios de  Transporte de Autobuses (OMSA).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la magistrada consideró que en el país la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa e indignante.

“En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea…Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, sostuvo.

Las declaraciones de Berenice Reynoso se produjeron a apenas horas de ser leído el fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras por la muerte del catedrático universitario Yuniol Ramírez y que descargó al exadministrador de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas.

En tanto que los juzgadores determinaron el cese de la prisión y puesta en libertad a favor de Víctor Ravelo Campos y de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.

Por su parte, el tribunal sostuvo que no se pudo determinar complicidad de la esposa de Argenis Contreras, Heidy Carolina Pena, en el asesinato y en consecuencia fue descargada.

Igualmente, Lilian Francisca Suárez Jáquez y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) fueron descargados por insuficiencia de pruebas.

El tribunal no pudo determinar la complicidad en el caso de los señalados.

En lo relacionado al caso de corrupción en Omsa, al gerente financiero de la entidad, Faustino Rosario Díaz, acusado de complicidad para cometer sobornos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, le fue dictado un año de prisión.

Con relación al exdirector de la Omsa y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Rivas, el tribunal rechazó la implicación de este en sobornos y fue descargado de toda culpabilidad

Lo de la justicia en la República Dominicana es un mal de fondo que se extiende a todas las instancias del Estado, lo cual hace pensar que el país es una sociedad peligrosamente amenazada en razón de que no existe ninguna garantía de que las cosas se hagan de forma diferente.

En los tribunales nacionales  se ven pocas decisiones que sean el resultado del buen juicio y del apego a la ética y la moral y en consecuencia en el sistema de justicia tiene mucho más garantía de tener ganancia de causa aquel que es parte del crimen organizado y el bajo mundo que los ciudadanos que van en una dirección contraria

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