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Donald Trump ha implicado cuestionamiento a Estado con un alto nivel de institucionalidad.
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5 años agoon
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Elba GarcíaPor Elba García
La sociedad estadounidense, la cual está colocado en la fase superior del capitalismo y en consecuencia de lo que se conoce como imperialismo, ha vivido una era con Donald Trump que en cierto modo constituye una negación de los perfiles esenciales de los países altamente desarrollados.
El desarrollo de determinadas naciones no es el resultado de cuestiones espontáneas, sino de características históricas, sociales, económicas y políticas que los convierten en países con grandes diferencias con aquellos donde el desarrollo de elementos como la fuerza productiva y la conciencia social han sido precarias.
Desde el punto de vista de la sociología política, los Estados Unidos tiene esos perfiles porque fue una sociedad con la particularidad de que tiene un desarrollo de sus fuerzas productivas y como vía de consecuencia de su conciencia social que no puede ser igualada con cualquier país donde no se hayan dado estos fenómenos.
La mentalidad de Trump no encaja ni está a la altura de los niveles de institucionalidad alcanzados por la nación más poderosa del mundo, porque sea por hipocresía o simulación el sistema instaurado allí consiste en una serie de principios capitalistas que tienen lógica desde la perspectiva del tipo de sociedad de que se trata.
Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de Trump ha provocado que muchas de las tesis sobre la sociedad norteamericana sean revisadas, ya que este mandatario ha roto con todos los parámetros de una nación altamente desarrollada, donde se suponía que pesaban más los intereses de su condición de imperio que la mentalidad chabacana de un jefe de Estado que todo lo toma a broma y que ha vendido la impresión de que está por encima de la ley.
Donald Trump aparece involucrado en mil diabluras, pero todo hasta ahora se quedado sólo en el intento de procesarlo, lo que ha proyectado la percepción que nadie puede con él.
Durante su mandato ha sido investigado e incluso condenado por delitos o crímenes muy graves, como por ejemplo haber estafado una cantidad indeterminado de estudiantes que pagaron miles de dólares para estudiar una carrera, pero que el centro de estudios superiores creado por él que carecía de reconocimiento del Estado, lo cual la ponía al margen de la ley.
Por ese caso fue obligado a devolver 25 millones de dólares a los estudiantes, fue acusado de mal usar los fondos provenientes de una fundación que operaba a su nombre y estuvo involucrado en escándalos de prostitución y de abusos sexuales.
Ha sido investigado por la interferencia rusa en las elecciones en que fue electo y de otros tantos casos más, pero ello constituye en cierto modo un desmentido a una sociedad donde las cosas eran de otro modo y el partidarismo no estaba por encima de los intereses de los grupos fácticos de la sociedad.
Definitivamente, Donal Trump ha cambiado la percepción que tiene la mayor parte del mundo de los Estados Unidos, donde se entiende que la última palabra la tiene una clase para sí y que defiende con uñas y dientes la integridad de la nación mas poderosa del mundo.
El sistema de justicia de los Estados Unidos es considerado como uno o el que más defiende el respeto a la ley y en tal virtud en los hechos siempre ha enviado el mensaje de que cualquiera que quiera hacer fortunas tiene que ser sobre la base de acogerse al libro juego de la oferta y la demanda.
Pero una cuestión a tomar en cuenta en la era Trump es que él se ha negado a revelar como ha sido el pago de sus impuestos, un detalle tan importante en los Estados Unidos y por lo que cualquiera podría tener consecuencias legales muy severas.
Es decir, la era Trump ha tirado por la borda la imagen de los Estados Unidos en lo que respecta al respeto a la ley y además en lo que tiene que ver con el puritanismo que debe proyectar el funcionario público.
Cada reto de Trump ha sido superado por éste sin mayores dificultades e incluso se ha dado el lujo de adherirse a los intereses de los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos, principalmente de los grupos que promueven violencia racial y nada ha pasado.
Ahora se inicia otro capitulo en las extravagancias del presidente norteamericano, porque en este momento ha sido sometido en la Cámara de Representantes a un juicio político por la comisión de una imprudencia que implica de hecho un problema ético y de violación a la ley.
Se trata de las aparentes presiones que hizo al presidente de Ucrania para que investigue al hijo del exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a su familia.
El anuncio sobre el impeachement, como se conoce este proceso en los Estados Unidos, fue hecho por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy.
Se abre ahora un proceso complicado que tiene visos de no prosperar en el Congreso, ya que, pese a que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, luego tendría que pasar el visto bueno del Senado, donde el predominio republicano hace prever que la iniciativa no prosperará.
Estos son las principales características del ‘impeachment’, como se conoce en inglés, al juicio político o proceso de destitución.
El juicio político puede definirse como un proceso mediante el cual el poder Legislativo puede derrocar a un presidente si considera que ha cometido un crimen.
En concreto el ‘impeachment’, es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.
La Constitución estadounidense dice que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país ‘serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores’.
Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción.
El proceso de destitución se inicia normalmente cuando el Comité Judicial de la Cámara Baja inicia los trámites y emite una resolución con los cargos a ‘juzgar’ contra el presidente, que después deben ser votados por la Cámara de Representantes y por el Senado.
Las razones para la destitución, denominados artículos del juicio político (Articles of Impeachment) son enviadas al pleno de la cámara, donde se debatirán y votarán cada una de ellas.
Si alguna de ellas es aprobada por mayoría simple el presidente será sometido al proceso. Una condición que no supone que este abandone sus funciones oficiales, en espera de la decisión final de los senadores.
Una vez cumplido el primer trámite en la Cámara de Representantes, el Senado recibe los artículos del juicio político y se consensúan las reglas y procedimientos que se seguirán.
El juicio político propiamente dicho se celebra en el Senado. En esta cámara se elige un grupo de legisladores que harán las veces de fiscales, mientras que el resto hace de ‘jurado’. Se necesitan dos tercios para declarar culpable al presidente.
En esta parte del proceso el mandatario está representado por sus abogados.
Después de ser escuchados los argumentos a favor y en contra, los senadores se reunirán en sesión privada para debatir el veredicto. La votación sobre el veredicto se realizará en sesión pública y necesitará contar con los votos de una mayoría cualificada de, al menos, los dos tercios de los senadores.
Si el resultado es favorable se retirarán todas las atribuciones al presidente e incluso se le puede prohibir, siempre que así lo decida el Senado, la práctica de cualquier actividad en la administración pública de manera permanente.
Tres han sido los presidentes que han afrontado un juicio político y dos fueron absueltos: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, entre 1998 y 1999; y Richard Nixon, quien renunció en 1974 al comenzar el proceso tras el escándalo del ‘Watergate’.
El único presidente de EE.UU. que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974).
Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra.
Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.
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El abuso de poder, la componenda y la perversidad política en su mayor expresión en el municipio de San José de las Matas
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enero 31, 2025Hace algunos días que en el municipio de San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la alcaldesa de allí cuando varios desconocidos en horas de la noche atacaron la residencia de ésta y un vehículo de su propiedad.
En el ataque no hubo heridos ni daños de consideración y el mismo provocó un proceso de investigación que también revela hasta dónde el Ministerio Público cada día actúa en detrimento de su propia credibilidad.
Los acusados del acto criminal en contra de la referida dama ya están bajo custodia policial, pero en el proceso han ocurrido una serie de hechos que dejan lo suficientemente claro que la República Dominicana atraviesa por una verdadera crisis ético-moral a nivel de todas las instancias del Estado.
Lo primero es que el principal sospechoso del atentado, el cual está adornado con la figura del sicariato, de nombre Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), ha sido acusado sobre la base de que se ha establecido que fue quien prestó el vehículo en que se movilizaban los supuestos responsables de los hechos.
Este hombre ya ha ofrecido sus declaraciones en el interrogatorio hecho por el Ministerio Público, el cual resulta altamente contradictorio, porque revela una serie de detalles de los hechos que parecen ser el resultado de las alegadas fuertes torturas físicas que ha recibido por parte de la Policía Nacional para que diga lo que los funcionarios del órgano persecutor del crimen y el delito quieren escuchar y que se inscriban en el contexto de lo que el alcalde de Sajoma busca lograr.
Sin embargo, lo más grave del expediente presentado es que acusan al regidor del referido municipio, Brayan Enmanuel Collado, de ser el autor intelectual y en esa virtud aparece en el caso como prófugo de la justicia, lo que lo ha llevado a éste a presentarse en no menos de cuatro veces ante los fiscales que investigan el caso para que sea investigado al respecto, pero éstos se han negado.
El legislador municipal, quien es estudiante de ingeniería civil de la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) y reconocido empresario inmobiliario y del sector de las remesas de la mano de su padre en el municipio de San José de las Matas, así como el poseedor del más alto crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorros y Créditos San José, el cual asciende a cerca de cien millones de pesos, fue el más votado en las pasadas elecciones municipales en Sajoma.
El caso mientras pasan las horas toma un color que desmiente todo lo que ha plasmado en el expediente el Ministerio Público, el cual aparece sin la fuerza que demanda la presentación, principalmente, de una medida de coerción en contra de cualquier imputado.
El atentado parece tornarse como una auto agresión patrocinada por el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, para sacar de circulación al regidor Brayan Collado en razón de que éste inició una ofensiva de denuncias en contra de una serie de irregularidades que ocurren en el ayuntamiento de Sajoma.
La audacia del regidor ha llegado tan lejos que en algún momento se atrevió a decir que aspiraría en el 2028 a la alcaldía de San José de las Matas, donde parece tener algún apoyo social y político.
Esas intenciones de Collado, un joven de unos unos 29 años, fue motivo de preocupación para el actual incumbente del cargo, quien en la actualidad desarrolla su segundo periodo al frente del ayuntamiento, pero que además ha creado una especie de dinastía en la zona de La Sierra, que incluye a su mujer como alcaldesa del Distrito Municipal de El Rubio y de igual modo financia a los que ocupan el mismo puesto en La Cuesta y en Las Placetas, todos pertenecientes al municipio de San José de las Matas.
Este alcalde, que de acuerdo a lo que se ha podido comprobar, paga hasta seis mil pesos por un voto para mantenerse en el cargo, controla personalmente la Sala Capitular del municipio, cuyos regidores no se atreven ni a pedir cuentas de los ingresos y egresos del cabildo.

Carta enviada por el regidor Collado a la alcaldía de Sajoma.
La confrontación entre el alcalde y el regidor Brayan Collado tomó un giro más preocupante cuando el edil le envió una carta al ejecutivo municipal en la que le anunciaba que presentaría una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo por éste manejar en favor de sus intereses grupales las propiedades que tiene la corporación edilicia en Sajoma, algunas de las cuales fueron otorgadas sin la introducción de esos contratos de arrendamientos en la Sala Capitular, que es la tiene la facultad de aprobarlos o rechazarlos.

Continuación de la carta.
Un total de 185 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento fueron identificados en un levantamiento al respecto y los mismos los controla de manera personal el alcalde, quien, además, maneja sin transparencia la compra de combustibles y el pago de las nóminas de las brigadas que trabajan al servicio de la alcaldía en el principal municipio de La Sierra.
El alcalde Reyes también recibe varios millones de pesos mensuales por concepto de renta de equipos pesados al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual renunció el regidor muchos días antes de la ocurrencia de los hechos en los que se le involucra.

Respuesta del ayuntamiento de Sajoma a carta del regidor
El atentado, en el que el regidor aparece como supuesto autor intelectual, se ha tornado complicado para que quienes lo concibieron en virtud de que el último de los interrogados por el Ministerio Público, ha dicho que lo ocurrido obedece a un problema de falda, lo cual, de antemano, descarta la teoría de los fiscales que trabajan en el caso, ya que el último imputado del supuesto atentado también dice desconocer al joven Collado.
Otro elemento que parece complicar más el caso es cómo se han presentado los hechos, ya que ha trascendido que la persona que entrega al principal imputado del hecho, Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), es el alcalde Alfredo Reyes, quien incluso, según una fuente de entero crédito, le puso un abogado a éste, lo cual resulta contradictorio en razón de que ello sólo puede ocurrir si tratara de un auto atentado para inculpar al regidor.
El asunto se ha tornado sumamente preocupante porque el poder económico del alcalde ha permitido que la gente esté llena de miedo para enfrentarlo, sobre todo porque el cabildo se maneja como si San José de las Matas estuviera dirigido por un “Trujillito” o cacique que entiende que la institución pública es un patrimonio personal.
El poder acumulado en La Sierra por el referido ejecutivo municipal ha llegado al nivel que uno de los diputados de la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago, Braulio Espinal, cuya curul fue pasada a éste por el alcalde Reyes, es un títere puesto y totalmente controlado por el cacique y por su grupo, cuyo sueldo, según lo que ha circulado, debe entregárselo a su jefe político.
El atentado en contra de la vicealcaldesa, quien tiene vínculos muy estrechos con el alcalde, ya que fue él quien la colocó en el cargo, presenta una situación que explica el corrompimiento del Ministerio Público, dado que los abogados apoderados del regidor se han presentado en no menos de cuatro veces con el imputado para someterse al interrogatorio que disponga el órgano y los fiscales que investigan el caso se han negado a recibirlo, pese a que aparece en el expediente como prófugo por supuestamente ser el autor intelectual del atentado.
Tanto es así, que este jueves se celebró en la sala de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal inculpado del atentado y a la misma se presentó el regidor Collado con sus abogados con la intención de accionar en contra del expediente instrumentado por el Ministerio Público, pero la jueza de ese tribunal dijo que no era posible conocer su caso por razones procesales, ya que Ministerio Público sólo había presentado expediente en contra de Gabriel Rodríguez Góris (El Chino).
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El órgano responsable de combatir el crimen y el delito convertido en promotor y violador de derechos.
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3 semanas agoon
enero 19, 2025Por Elba García
Ante la inminencia de la escogencia de un nuevo procurador general de la Republica, el país no cuenta con la más mínima garantía ante el creciente deterioro moral, ético e institucional del órgano «persecutor» del crimen y el delito, el cual en vez de cumplir con su misión promueve esos flagelos y pone en peligro el Estado de Derecho.
A pesar de que se trata de un problema sistémico, pero en los actuales momentos la gente se ha creado alguna expectativa con quien sea escogido para el cargo, lo cual implica un compromiso muy serio frente al reto de recuperar el Estado de Derecho, ya que la mayoría de querellas y denuncias que se presentan en este órgano del Estado tienen como destino las gavetas de las oficinas donde opera.
Es una situación de alta peligrosidad en razón de que parece no haber muchas posibilidades de que el fenómeno pueda ser contrarrestado, ya que lo que se ve es que nadie quiere afrontar el problema con la seriedad que amerita.
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de aprobar el reglamento para la escogencia del nuevo Procurador General de la República en sustitución de Miriam German Brito, quien no parece tener todo el control del Ministerio Público, ya que hasta para la sanción de cualquier funcionario de este órgano debe conocerse primero en el Consejo que lo gobierna.
La situación del Ministerio Público representa uno de los principales retos de la sociedad dominicana, ya que la gran mayoría de los fiscales están comprometidos con causas que no son precisamente el combate del crimen y el delito.
Se ha observado que algunos de ellos ponen mucho empeño en los casos con una gran importancia mediática como una forma de proyectar una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La situación se complica con el apoyo que recibe el fiscal comprometido con lo peor por parte de tribunales nacionales, sobre todo a nivel de los jueces de instrucción y administrativo, cuyos fallos al respecto dejan ver que prácticamente todo está perdido.
En realidad, la sociedad dominicana está desamparada por los órganos del Estado que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad pública y ciudadana, cuyo desempeño es desastroso y preocupante.
Ahora mismo el peor referente de lo mal que está el Estado dominicano es el Ministerio Público, el cual tiene un nivel de descomposición que no deja ninguna posibilidad de que la situación pueda ser corregida.
Sólo falta ver cuál es el curso de ese órgano del Estado, el cual es un instrumento vital para recomponer lo mal que está el país, porque éste en vez de ser un persecutor de lo mal hecho, lo estimula y le sirve de soporte frente a las víctimas que claman por justicia en todo el territorio nacional.
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Torpezas del Gobierno en política exterior e interna son cada vez más comprometedoras con asuntos de otras naciones.
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4 semanas agoon
enero 12, 2025Por Elba García
Como nunca antes, naturalmente después de la dominación haitiana que derivó en la declaración de independencia y la proclamación en 1844 del nacimiento de la República Dominicana y de su primera constitución, el país se había manejado con tanta torpeza y falta de razonabilidad frente a la crisis de la hermana nación.
El presidente Luis Abinader ha dado cátedras en lo que respecta al mal manejo de su relación con los vecinos frente a la no existencia de hecho, aunque sí de derecho, del Estado haitiano, pero que ello no implica que el sentimiento nacional demostrado históricamente haya desaparecido en la nación más pobre del hemisferio.
Abinader, quien no ha entendido que el diferendo con los vecinos se debe manejar desde otra perspectiva, ha profundizado las diferencias entre haitianos y dominicanos, las cuales no necesariamente ni solamente tienen que ver con la alta emigración de los vecinos hacia la parte de la isla que ocupa la República Dominicana, sino que además trae consigo un alto nivel de corrupción de una y otra parte, incluido el otorgamiento de visados por parte del Gobierno nacional, cuyos responsables de la aprobación de las mismas cobran 500 dólares por cabeza y son personajes del entorno del presidente de la República, como Margarito de León, cónsul en Juana Méndez.
La confrontación dominico-haitiana fue llevada por Abinader como si fuera el presidente de toda la isla, hasta el punto de irse a cónclaves internacionales a solicitar que los vecinos fueran invadidos por fuerzas extranjeras para llevar a la normalidad el caos que allí prevalece, sin tomar en cuenta el sentimiento patrio de éstos.
Todo ello se produce sin Abinader detenerse a valorar que los haitianos representan el segundo socio comercial del país, que alimentan el Producto Interno Bruto con miles de millones de dólares, aunque ello no puede llevar a soslayar la carga que tiene la nación con una serie de gastos en salud y educación en favor de los vecinos, pero lo que tampoco justifica las acciones del mandatario.
Pero lo cierto es que el presidente Abinader ha creado, podría decirse, un alto nivel de radicalización de la crisis entre haitianos y dominicanos, pese a que el problema debió manejarse mediante una eficiente y correcta política migratoria y de combate de la corrupción que se produce en la frontera por donde pasa de todo, desde drogas, mercancías de contrabando, prostitución y un peligroso tráfico humano, cuyos principales promotores son bandas de dominicanos, incluidos militares destacados en las zonas limítrofes.
El diferendo por el río Masacre fue otro factor que contribuyó con la profundización de los conflictos entre ambos pueblos que ocupan la isla la Hispaniola, al punto que se llegó a pedir la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sin que todavía se haya producido una solución definitiva al asunto.
Sin embargo, no bien Abinader coloca en un segundo plano el problema dominico-haitiano, el cual trae consigo una intromisión del Gobierno nacional en los asuntos internos de los vecinos, abre otro capítulo en la misma dirección con Venezuela, donde ha querido trazar la regla del juego e incluso utilizar el país para darles todo el apoyo a los opositores de la nación sudamericana.
Tanto es así, que Abinader utiliza el Palacio Nacional para recibir como todo un jefe de Estado a Edmundo González Urrutia y de esa manera tomar parte en favor de la oposición de un conflicto político que debe resolver el ciudadano de allí.
La torpeza del actual gobierno llega al extremo de permitir que González Urrutia permanezca en un hotel nacional desde donde amenaza con hacer su entrada, no se sabe por qué vía, a territorio venezolano, lo cual compromete a la República Dominicana en un atentado en contra de la soberanía de ese país.
El comportamiento del Gobierno dominicano es de total ingratitud cuando se sabe que históricamente Venezuela ha tenido un alto nivel de solidaridad con el país, lo cual, por lo menos, debe conllevar que la nación no se entrometa, en favor de unos y otros, en los asuntos internos de la hermana nación sudamericana.
Lo más sensato fuera que el país se mantenga al margen de un conflicto político que sólo atañe al venezolano, independientemente del criterio que llama a la solidaridad con otros pueblos, pero que ello, de alguna manera, representa una ruptura con una de las partes que mantienen la confrontación por el control del poder, lo cual no es lo recomendable.
Porque hay que preguntarse qué quién ha dicho que la República Dominicana tiene la autoridad para declarar presidente de Venezuela a nadie, así tenga la razón para reclamar un triunfo del que nadie tiene la certeza de que realmente se produjo.
De manera, que recibir como todo un jefe de Estado a quien se ha autoproclamado como ganador de las pasadas elecciones en Venezuela, constituye una intromisión en los asuntos internos del hermano país, ya que esa facultad está reservada a las autoridades electorales de la nación sudamericana.