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Opinión

La lógica ilógica dominicana

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Por Rosario Espinal

Arropados por el miedo, los dominicanos viven de espaldas a Haití esperando que milagrosamente desaparezca el peligro, y no desaparecerá; la isla no puede cortarse, los haitianos estarán siempre ahí

Conocemos bien el lamento dominicano sobre el destino que deparó la historia de compartir una pequeña isla con el país más pobre del continente. Por un par de siglos, la isla fue únicamente colonia española, pero la incursión imperial de Francia y sus conflictos con España llevaron a la división.

Sin duda, Haití es un país empobrecido que no ha podido establecer un mínimo aceptable de gobernabilidad y desarrollo económico. Se podría atribuir toda la culpabilidad al colonialismo, pero otros países que también fueron colonias han logrado mayor bienestar y gobernabilidad; República Dominicana, por ejemplo.

Esa realidad haitiana presenta serios desafíos a este país, y, por tanto, una lógica correcta debió haber imperado, tanto para proteger la República Dominicana, como para contribuir a mejorar Haití.

Pero el miedo es mal consejero, y en la República Dominicana prevalece el terror alimentado, sobre todo, por los beneficiarios de la mano de obra barata haitiana que necesitan demonizar a los haitianos.

Arropados por el miedo, los dominicanos viven de espaldas a Haití esperando que milagrosamente desaparezca el peligro, y no desaparecerá; la isla no puede cortarse, los haitianos estarán siempre ahí.

Por eso, desde hace mucho tiempo, debió impulsarse una política basada en el conocimiento de la sociedad haitiana, la modernización del comercio y la regulación de la migración.

Lamentablemente, ni el Gobierno ni las universidades destinan recursos para la investigación. Y, mientras muchos haitianos aprenden español y estudian en las universidades dominicanas (negocio rentable), a la República Dominicana le bastan los prejuicios y epítetos.

Tampoco se han hecho inversiones suficientes para modernizar los puestos de frontera de manera que mejore la organización del comercio y se controle el tráfico humano (no simplemente muro), con áreas seguras para los mercados binacionales.

¿Qué ha hecho la República Dominicana históricamente? Permitir la migración indocumentada de haitianos para trabajar en el sector agrícola y la construcción; ahora también en el turismo y los servicios domésticos.

Indocumentados y con bajos salarios, esos inmigrantes sobreviven, pero no prosperan, situación nefasta para cualquier país, porque los pobres que no mejoran sus condiciones de vida multiplican la pobreza.

Además, la República Dominicana ha cerrado constitucionalmente todas las vías para que los descendientes de esos inmigrantes indocumentados sean dominicanos. Así aumenta la población nacida y criada en territorio dominicano que nunca será dominicana y vivirá aquí sin nacionalidad. Están atrapados y sin salida.

Esa política se ha sustentado en el miedo que causa el crecimiento poblacional haitiano, caricaturizado en la expresión “invasión pacífica”.

Con el canal del Masacre tenemos ahora otra muestra de lógica ilógica. El Gobierno dominicano dice que en Haití no hay autoridad gubernamental y predominan las bandas (cierto en gran medida), pero cierra la frontera para, supuestamente, detener la construcción del canal.

Si no hay autoridad, entonces, ¿a quién se pone presión para detener la obra?

Con el cierre de frontera, el presidente Luis Abinader ha logrado lo impensable: unir a los haitianos a favor del canal. ¿Era ese el propósito dominicano? Supongo que no.

Repito una vez más, jugar política con el tema haitiano es muy peligroso.

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Opinión

¿De qué nos avergonzamos realmente?

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Por Isaías Ramos

En el evento reciente denominado La Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó que sentía vergüenza debido a la falta de un estadio modelo que pueda acoger eventos de Grandes Ligas en nuestro país. Estas declaraciones resaltan un malestar superficial que contrasta dramáticamente con las verdaderas vergüenzas que afligen a nuestra nación.

La propuesta de solucionar esta carencia a través de «Alianzas Público-Privadas», conocidas por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es indicativa de una problemática mucho más profunda y sistemática.

Esta situación nos invita a reflexionar y cuestionar: ¿No es acaso más vergonzoso que nuestros gobernantes adopten políticas neoliberales que contravienen el espíritu de la Constitución que juran proteger? ¿No deberíamos sentir una indignación más profunda cuando el régimen promueve un consumismo insostenible y un modelo económico que favorece la extracción sobre la producción genuina, despreciando así la creación de riqueza sostenible y la productividad?

Observamos con dolor cómo la palabra “político” se ha convertido en sinónimo de corrupto en el imaginario colectivo. Es desgarrador ver cómo nuestros líderes permiten que el futuro de la nación se vea comprometido por una deuda que supera los 70 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, mientras nuestros recursos naturales son saqueados impunemente, dejando a la población solo con daños ambientales y problemas de salud irreparables.

Nuestro sistema educativo se encuentra entre los más ineficientes del mundo, deteriorándose ante nuestros ojos, y la seguridad en nuestras calles ha llegado a tal punto que la población vive prácticamente encerrada en sus propios hogares.

La implementación de leyes de «alianzas público-privadas» se ha convertido en un mecanismo legalizado para el saqueo de fondos públicos, exacerbando la corrupción ya rampante y desviando recursos que podrían mejorar la vida de todos.

¿Cómo no sentir un profundo malestar al saber que la deuda pública se ha incrementado en más de 27 mil millones de dólares en los últimos cuatro años sin mostrar ningún impacto social significativo de las inversiones realizadas?

¿No es vergonzoso que las políticas públicas hayan abandonado por completo el sector agropecuario desde 1996, permitiendo que nuestros campos sean invadidos por extranjeros siendo el desprecio más evidente para este sector bajo la actual administración del «cambio»?

Es hora de que como sociedad dominicana enfrentemos estas verdades incómodas. No podemos continuar tolerando la corrupción, el abandono de nuestra educación y salud, y la desatención hacia el bienestar general.

Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a cada ciudadano a exigir cuentas, a reclamar transparencia y a trabajar juntos para reconstruir un país donde la dignidad, la justicia y el progreso real sean los pilares de nuestra comunidad.

¡Es tiempo de dejar atrás la vergüenza que nos paraliza y abrazar la valentía necesaria para cambiar nuestro destino colectivo! ¡Actuemos con determinación por un futuro mejor para todos!

Este es un momento crucial en nuestra historia. Debemos elegir si continuaremos permitiendo que estas prácticas vergonzosas definan nuestro país o si, en cambio, nos levantaremos para demandar y efectuar un cambio genuino y duradero que refleje el verdadero espíritu y potencial de la República Dominicana.

¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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Opinión

Los Tribunales Militares y la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

Los tribunales militares, tal como los tribunales ordinarios, podrán procesar a los autores de un delito de la CPI. El Estatuto de Roma no hace ninguna distinción entre estos dos tipos de sistemas  y los Estados Partes pueden escoger libremente cuál tribunal nacional será competente para procesar un delito  de la CPI.

Un Estado Parte podrá decidir que los procedimientos relacionados  con el Estatuto de Roma  serán competencia de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares, o de ambos, dependiendo de la organización general  de su sistema  judicial.

Sin embargo, los tribunales militares normalmente tienen  una competencia restringida. Solo pueden enjuiciar al personal  militar, y no tienen competencia  sobre los civiles.

Los crímenes de la competencia de la CPI , sin embargo, podrán  cometerse en tiempo de paz,  tanto por miembros de las fuerzas armadas , así como  civiles. Por ejemplo, la fuerza policial o grupos armados paramilitares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como un civil que participe reclutando niños o  niñas,  y que por ende cometa un crimen de guerra.

Los Estados Partes que deseen enjuiciar a los autores de un delito  de la Corte Penal Internacional  deberan, la mayor parte del tiempo , utilizar sus jurisdicciones  ordinarias, salvo que los tribunales militares cuenten con una amplia competencia  que cubra los crímenes cometidos en tiempo de paz y aquellos cometidos por civiles.

En muchos países, los procedimientos ante los tribunales militares son distintos a aquellos  ante un tribunal ordinario.

Los procedimientos son a veces  más expeditos ante un tribunal militar, y en algunas jurisdicciones el debido proceso puede que no se garantice al mismo nivel  que en los procedimientos penales comunes.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede admitir  un caso que se esté persiguiendo en una jurisdicción nacional, en el que el procedimiento a nivel nacional  tenga como fin proteger  de su responsabilidad penal o se esté llevando a cabo de manera contraria a la intención de llevar a la persona  ante la justicia.

Cualquier procedimiento militar que se  lleve  cabo de buena fe normalmente no será asumido  posteriormente por la competencia de la Corte Penal Internacional, sólo porque el proceso fue expedito.

Los tribunales militares deberán determinar la responsabilidad penal de un individuo tal y como lo describe el Estatuto de Roma, tomando en consideración a manera de lo posible, las definiciones de los delitos, los medios de defensa, y los principios generales de derecho penal descritos en el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma no establece explícitamente las obligaciones de los Estados Partes  relacionadas a la dirección de sus ejércitos.Sin embargo, uno de los propósitos del Estatuto es asegurar un mayor respeto de las leyes de los conflictos armados al mismo tiempo que muchos de los crímenes de la CPI están relacionados a la práctica militar.

Cada prohibición que resulte de las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deberá  ser aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Partes.

Adicionalmente, los principios generales del derecho penal, y las ofensas establecidas en el Estatuto de Roma deberán incorporarse en los códigos militares.

 Finalmente, como medidas preventivas, los Estados Partes deberían incluir en su manual militar y adaptar la capacitación e instrucción de sus tropas, a medida de lo necesario,  con el fin de respetar la prohibición de utilizar ciertas armas establecidas por el Estatuto de Roma. La misma medida debería tomarse en relación con las cuestiones relacionadas a las órdenes de superiores.

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Opinión

¡Ojo con el plan en las EDE!

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Nelson Encarnación

El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer dónde acoger una empleomanía inútil. En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.

El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.

Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados —para colmo extranjeros— que cobraban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.

Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.

¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.

¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien un atraco.

La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.

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