Opinión
La macabra danza de la impunidad
Por Juan Bolivar Díaz
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.