Opinión
La macabra danza de la impunidad
Por Juan Bolivar Díaz
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.