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La Marcha Verde pide someter penalmente a Danilo Medina

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Santo Domingo.- “La corrupción nos tiene locos a todos”, gritaba un pintoresco manifestante. Tenía harapos como vestimenta, la cara sucia de grasa y un cartel que revalidaba “su demencia”.

Otro, que iba empujado en una silla de ruedas con una camiseta verde que decía “Cero impunidad” y un pantalón corto, le pasaba por el lado a un hombre de treinta y tantos que cojeaba sobre una muleta.

No pasa de cinco años y sus padres la llevaban en un cochecito. Ella sonreía, quizá un poco asustada, sin saber que estaba la manifestación cívica no partidista más importante que ha tenido República Dominicana en lo que va de siglo.

También hubo personas con el rostro pintado, llevando pesas en sus hombros, con tambores, pancartas, globos, cornetas, vociferando consignas y con una reja simulando la cárcel de Najayo. Banderas dominicanas y verdes se podían ver de cerca y de lejos: no había edad ni color, solo una sociedad caminando al unísono pidiendo un mismo objetivo: el fin de la corrupción.

Así caminaron millares de dominicanos contra la corrupción y la impunidad, aupados por el colectivo Marcha Verde, que ayer exigió el sometimiento penal al presidente de la República, Danilo Medina por el caso de la constructora Norberto Odebrecht, que admitió haber pagado en el país 92 millones de dólares en sobornos para hacerse de obras públicas.

Comenzaron a marchar desde la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez. La hora de salida hacia el Centro de los Héroes, destino final, era las 10 de la mañana, pero la caminata se retrasó por una lluvia que paró pasada la hora que se tenía programada.

Ya no caía ni una gota. Eran las 10:30 y de repente, desde el puente peatonal de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, se veía el comienzo de una marcha en la que reinó la diversidad.

Cuando partieron, los manifestantes recorrieron la Máximo Gómez hasta la Simón Bolívar, donde doblaron hacia el oeste para llegar hasta la Abraham Lincoln y desde ahí llegaron a la Jiménez Moya. Culminaron en las intermediaciones del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Por este recorrido de unos seis kilómetros, se unieron desde sus hogares quienes no salieron a marchar con ropa o banderas verdes.

Las presentaciones artísticas de Manuel Jiménez, El Piro y el Señor KR  dieron paso al manifiesto final, que estuvo encabezado por un grupo de mujeres, siendo la portavoz la profesora María Teresa Cabrera.

Esta ha sido la sexta marcha que realiza el colectivo Marcha Verde, que ya ha tocado Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Azua. En dos ocasiones los manifestantes se han paseado por la capital dominicana: la primera, el 22 de enero, donde comenzó toda la indignación, y la más reciente, ayer.

La concentración de ayer también reunió a dominicanos que viven en el extranjero, que marcharon de verde en contra de la corrupción. Ciudades como Nueva York, Montreal, París y Madrid fueron algunas de las receptoras de la diáspora, que por igual alzaron su voz contra la corrupción.

En Santo Domingo, la lluvia regresó en la tarde… pero ya la marcha había concluido.

El Manifiesto

1.Para alcanzar el fin de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo Medina, porque existen indicios de responsabilidad de su Gobierno en la licitacion irregular y la sobrevaluación de Punta Catalina.

2.Es ineludible una investigación de los funcionarios y congresistas Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez.

3.Inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los expresidentes Leonel Fernández y de Hipólito Mejía.

listindiario.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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