Santo Domingo.- “La corrupción nos tiene locos a todos”, gritaba un pintoresco manifestante. Tenía harapos como vestimenta, la cara sucia de grasa y un cartel que revalidaba “su demencia”.Nacionales
La Marcha Verde pide someter penalmente a Danilo Medina
Santo Domingo.- “La corrupción nos tiene locos a todos”, gritaba un pintoresco manifestante. Tenía harapos como vestimenta, la cara sucia de grasa y un cartel que revalidaba “su demencia”.Otro, que iba empujado en una silla de ruedas con una camiseta verde que decía “Cero impunidad” y un pantalón corto, le pasaba por el lado a un hombre de treinta y tantos que cojeaba sobre una muleta.
No pasa de cinco años y sus padres la llevaban en un cochecito. Ella sonreía, quizá un poco asustada, sin saber que estaba la manifestación cívica no partidista más importante que ha tenido República Dominicana en lo que va de siglo.
También hubo personas con el rostro pintado, llevando pesas en sus hombros, con tambores, pancartas, globos, cornetas, vociferando consignas y con una reja simulando la cárcel de Najayo. Banderas dominicanas y verdes se podían ver de cerca y de lejos: no había edad ni color, solo una sociedad caminando al unísono pidiendo un mismo objetivo: el fin de la corrupción.
Así caminaron millares de dominicanos contra la corrupción y la impunidad, aupados por el colectivo Marcha Verde, que ayer exigió el sometimiento penal al presidente de la República, Danilo Medina por el caso de la constructora Norberto Odebrecht, que admitió haber pagado en el país 92 millones de dólares en sobornos para hacerse de obras públicas.
Comenzaron a marchar desde la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez. La hora de salida hacia el Centro de los Héroes, destino final, era las 10 de la mañana, pero la caminata se retrasó por una lluvia que paró pasada la hora que se tenía programada.
Ya no caía ni una gota. Eran las 10:30 y de repente, desde el puente peatonal de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, se veía el comienzo de una marcha en la que reinó la diversidad.
Cuando partieron, los manifestantes recorrieron la Máximo Gómez hasta la Simón Bolívar, donde doblaron hacia el oeste para llegar hasta la Abraham Lincoln y desde ahí llegaron a la Jiménez Moya. Culminaron en las intermediaciones del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
Por este recorrido de unos seis kilómetros, se unieron desde sus hogares quienes no salieron a marchar con ropa o banderas verdes.
Las presentaciones artísticas de Manuel Jiménez, El Piro y el Señor KR dieron paso al manifiesto final, que estuvo encabezado por un grupo de mujeres, siendo la portavoz la profesora María Teresa Cabrera.
Esta ha sido la sexta marcha que realiza el colectivo Marcha Verde, que ya ha tocado Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Azua. En dos ocasiones los manifestantes se han paseado por la capital dominicana: la primera, el 22 de enero, donde comenzó toda la indignación, y la más reciente, ayer.
La concentración de ayer también reunió a dominicanos que viven en el extranjero, que marcharon de verde en contra de la corrupción. Ciudades como Nueva York, Montreal, París y Madrid fueron algunas de las receptoras de la diáspora, que por igual alzaron su voz contra la corrupción.
En Santo Domingo, la lluvia regresó en la tarde… pero ya la marcha había concluido.
El Manifiesto
1.Para alcanzar el fin de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo Medina, porque existen indicios de responsabilidad de su Gobierno en la licitacion irregular y la sobrevaluación de Punta Catalina.
2.Es ineludible una investigación de los funcionarios y congresistas Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez.
3.Inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los expresidentes Leonel Fernández y de Hipólito Mejía.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció al togado Francisco Manzano, como su nuevo representante en el tribunal, a quien se le otorgó tiempo para preparar sus medios de defensa a su clienta.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Lo atribuyó al «debido al desempeño de los equipos de escaneo digitación, impresión y transmisión (EDET) y del equipo humano involucrado, elementos resaltado por los informes de los observadores electorales internacionales».
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.