Opinión
LA Marcha Verde: ¿Qué Hacer?
Por MELVIN MAÑON
Hasta que no se haya establecido, para la nueva etapa, cómo, por donde y cuando continuar la lucha, las acciones contra la impunidad y la corrupción mostrarán un nivel de fuerza deficitario; la Marcha Verde no podrá exhibir el músculo ni la unidad operacional que la ha caracterizado. Este asunto es importante porque hay quienes creen que el debate interno sobre las acciones a emprender ha debilitado cuando no fraccionado la Marcha Verde y que urge reconstruir la unidad original pero, se plantean esa reconstrucción sin haber definido y resuelto los planes para la nueva etapa, el nuevo proyecto y las nuevas consignas.
La Marcha Verde, ya se ha dicho, es un sentimiento mas que un movimiento o una organización formal. Es natural que tras el éxito alcanzado en la etapa de las marchas muchos se pregunten: bueno, ¿qué hemos conseguido? ¿ se ha quebrado la unidad? ¿y ahora qué . . . para donde vamos?
El gobierno ha dejado bastante claro que no considera la Marcha Verde como un interlocutor válido y ha dado sobradas demostraciones de que no le interesa el dialogo sino la sumisión. Ellos creen que no tienen nada que negociar con nadie y que las denuncias y protestas encabezadas por la Marcha Verde no pasarán de ser una espina desagradable y molesta pero sin consecuencias porque entienden que, la Marcha Verde no tiene la organización para convertir su prestigio en fuerza capaz de paralizar el país y transformar su escenario político. Tampoco ha enunciado como propósito forzar el gobierno a someterse a un plan y un proceso de reajuste institucional que devuelva a la ciudadanía, al menos, una parte de las garantías perdidas y de los derechos pisoteados. Por eso, cuando muchos se preguntan ¿qué hemos conseguido con las marchas? Llegan a la errada conclusión de que no han conseguido nada excepto romper la anomia y movilizar al país. Incluso si solamente esto hubieran logrado – que no es el caso- se trataría de un logro extraordinario, acaso el mas importante en muchos años.
En cuanto a la unidad de todas las fuerzas, grupos, personas y movimientos dos aclaraciones son pertinentes. Los que aportan mejores recursos y posibilidades organizativas dentro de la Marcha Verde no son los que tienen mayor capacidad de convocatoria. Este conflicto, que ya se ha hecho evidente en varias ocasiones, provocará – a no dudarlo- otros inconvenientes sin que sea posible anticipar un desenlace específico. Al final, debería prevalecer la capacidad de convocatoria con vocación de organizarse mas que la organización ya formada pero sin poder de convocatoria.
El otro aspecto a considerar es que, la unidad o convergencia de fuerzas para oponerse a algo no es ni se comporta igual cuando se trata de proponer, postular o impulsar una iniciativa distinta. El hastío y el disgusto generados por la gestión del señor Medina y su partido convocan la protesta, la encienden y alimentan pero las propuestas de acción que en algún momento surgirán para la nueva etapa pueden producir alineaciones diferentes, sobre todo, entre los sectores mas conservadores versus los mas radicales dentro de ese gran conglomerado verde. Dado que la existencia del movimiento no ha estado regida por una dirección única, es posible y sería normal que la búsqueda y logro de consenso para definir esa nueva etapa sea mas lenta y trabajosa pero, de cualquier manera, esta, es decir la reagrupación de todas las fuerzas no se producirá antes, sino después de haber encontrado y definido las propuestas.
La unidad de fuerzas solamente se consuma cuando el o los propósitos de dicha unidad están claramente definidos y articulados en una propuesta o plan de lucha. Las fuerzas políticas no se alían ni unifican en abstracto sino que consienten agruparse para emprender una tarea. Por lo tanto, hay que definir esta primero y procurar la unidad después.
Las marchas por todo el país desnudaron al gobierno, pusieron de manifiesto el descontento, desmontaron el discurso del peledeismo, lo despojaron de las pretensiones éticas que enarbolaba y lo desacreditaron por completo. Sin embargo, no afectaron el desempeño económico del gobierno y este pudo seguir tramitando préstamos, cobrando impuestos y recibiendo el beneficio de inversiones extranjeras. Con estos recursos a su disposición, el señor Medina ha seguido comprando gente, mantiene intacto su control mediático y resiste –hasta ahora con éxito- cualquier cambio legal o institucional que afecte o disminuya su control sobre la actividad política partidaria y el montaje y ejecución de procesos electorales.
Por lo tanto, debido a la ausencia de partidos opositores haciendo su trabajo y suponiendo que una catástrofe natural o de otro tipo no altere fundamentalmente la situación del país la Marcha Verde enfrentará una decisión importante: La de luchar contra la impunidad y contra la corrupción de tal manera que esa lucha, además de incluir la continuación de las marchas contenga otros elementos que reduzcan la capacidad del gobierno para sostener el nivel de gasto y derroche que le ha permitido comprar, sobornar y adormecer a tanta gente en el plano político, mediático y social.
Dado que ya nadie puede confiar ni esperar del gobierno rectificación alguna como testimonio de decoro, arrepentimiento o vergüenza la única manera de afectar su capacidad de seguir haciendo lo mismo es procurando reducir sus ingresos por todas las vías a través de las cuales se alimenta. Como una lesión cancerosa cuya voracidad la empuja a engullir células sanas de las cuales se alimenta y a cuyas expensas crece, el tratamiento requiere radiaciones, cirugía y otros procedimientos cuya finalidad es privar al tumor de las vías de alimentación, es decir, matarlo por hambre. Así mismo, la próxima etapa de la Marcha Verde podría incluir un tipo de radioterapia similar porque, para derrotarlo, habrá que reducir el flujo de recursos de que se alimenta.
El reto es pues, definir con el nivel de detalle operacional apropiado cuales son los espacios, métodos, escenarios y tiempos de lucha en la nueva etapa del movimiento verde. Cuando respecto a estos se haya reconstruido un nuevo consenso, tendremos que lanzarnos a agotar esa otra etapa.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?