Opinión
La ONU contra Haití y el desbarre de Guterres
Por Narciso Isa Conde
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Las enormes movilizaciones y contundentes protestas sociales que estremecen el territorio haitiano fueron caracterizadas por el Secretario General de la ONU, Antonio Antonio Guterres, como “cuestión de pandillas que han invadido el país” y agregó que a nivel de la ONU se estudia “un plan para fortalecer la Policía Nacional de Haití (PNH) y enviar una fuerza militar robusta o brutal para combatir las pandillas”.
CAUSAS DE LA REBELDÍA POLÍTICO-SOCIA
Hay realidades que hacen estallar a los pueblos:
-El CORE GROUP -formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OEA- es el poder real en Haití; responsable de las recientes intervenciones militares, incluida la ocupación militar durante 13 años a cargo de la MINUSTAH (2004-2017).
-La ONU ha tenido una injerencia destacada en Haití desde 1993 y tuvo que ver con la fundación de la Policía Nacional en 1995.
-La MINUSTAH fue bendecida por la ONU para reformar una Policía Nacional y ponerla al servicio de los gobiernos mafiosos de Martelly y Jovenel Moises, continuados por el Ariel Henry; los tres acompañados del denominado Partido de las Cabezas Rapadas, fuerza política aupada por el CORE GROUP.
-Esas potencias capitalistas y esos organismos multilaterales han sido gestores y/o cómplices de gobiernos corruptos instalados mediante fraudes en el marco de la ocupación militar de EEUU y aliados.
-La MINUSTAH remodeló a su imagen y semejanza la Policía Nacional de Haití (PNH), que devino en un cuerpo militar represivo y corrupto; con altísimas responsabilidades en la formación de las pandillas o BANDAS PARAPOLICIALES.
-Las modernas armas de las pandillas haitianas proceden de Miami y son producto de un contrabando tolerado, que la ONU nunca objetó.
– Incluso la representante de la ONU en Haití, Helen Lalime, fue capaz de valorar como factor positivo, reductor de la criminalidad, la formación camuflada de una gran federación de pandillas.
-La mayoría de los mercenarios que entrenaron militarmente las pandillas proceden del paramilitarismo colombiano controlado por los servicios de inteligencia de EEUU e ISRAEL y la alta oficialidad del ejército de Colombia.
Vale anotar, que siendo Embajador en República Dominicana, el general Montoya, responsable principal de la matanza en la Colonia 13 de Medellín, comenzó a organizar esos entrenamientos en territorio haitiano, lo que fue oportunamente denunciado por nosotros.
· INFLACIÓN EXPLOSIVA Y BURLA IMPERIAL.
La inflación en Haití se tornó insoportable y el reciente y abusivo aumento de los combustibles en un 128% actuó como detonante de una genuina indignación popular, agregada al enorme repudio que genera un régimen podrido por la corrupción y servil al coloniaje.
Pero cada vez que el pueblo haitiano se ha lanzado a las calles a reclamar derechos y vida digna, autodeterminación, destitución de gobiernos gansterizados e ilegítimos, y procesos constituyente, la ONU y quienes la controlan se han opuesto a sus justas demandas; negándose además a que sea investigado el rol de sus diversas misiones en Haití a lo largo de los últimos años.
Recordemos que cuando Jovenel Moises fue repudiado en calles y plazas, y creció el clamor por su destitución, la ONU y EE.UU respaldaron la continuidad ilegal de su mandato… hasta que fue víctima de un pleito gansteril.
Algo parecido acontece ahora con Ariel Henry, cuando multitudes piden el reemplazo de su gobierno por un equipo que garantice una transición soberana y asuma un programa transformador de una realidad con características de tragedia social e ilegitimidad política.
· OLEADA DE UN PUEBLO INDIGNADO, NO DE PANDILLAS.
La oleada popular en marcha demanda detener el desastre y revertir el caos provocado desde el poder; exige cambios sustanciales para superar la entronización de la cultura de la muerte.
Tal rebeldía masiva no es propia de pandillas, menos aun de bandas paramilitares tuteladas por el régimen repudiado.
Esas organizaciones criminales solo procuran y logran infiltrarse para degradar con sus acciones aberrantes protestas absolutamente justas y legítimas; pero el pueblo haitiano, advertido del daño que hacen, está logrando contener y aislar sus fechorías.
Estamos realmente frente a una justa indignación popular provocada por el FMI, el Core Group, el gobierno títere de Henry, la voraz oligarquía haitiana; una indignación generada por la miseria, el abuso, la opresión y la burla de un régimen oprobioso.
Las multitudes indignadas no son pandillas, son pueblo en rebeldía.
En las barriadas de nuestras sociedades pueden existir poderosas pandillas organizadas; y ese es el caso de Haití, por las razones señaladas.
Ese es un dato de la actual realidad haitiana, pero las sociedades y los pueblos no son pandillas; y en ese caso una gran parte de las pandillas son instrumentos del poder constituido y de la estrategia imperial a favor del caos bajo su control.
· DIPLOMACIA MENTIROSA Y SIMULADORA.
Antonio Guterres lo sabe y sabe perfectamente además que el contingente militar, robusto y brutal, que la ONU y sus tutores piensan a enviar a Haití, no cambiará la dominación perversa que allí impera, ni detendrá el bandolerismo que es la esencia de ese poder y de ese lumpen imperialismo decadente que lo apadrina.
Experiencias sobran: delincuencia perfumada no erradica delincuente bastarda.
Ambas son cáscaras del mismo palo podrido, que solo la insumisión global de los pueblos y sus nuevas vanguardias podrán barrer a partir del desplazamiento de los regímenes establecidos.
Las palabras de Guterres no han resistido una valoración serena de los hechos, pero si permiten colegir que se trata de otra expresión del esfuerzo por criminalizar el derecho a la rebelión de un pueblo brutalmente empobrecido, hambreado, maltratado y vilipendiado.
Alienta conocer la digna y contundente CARTA enviada en esta ocasión por una amplia representación organizaciones políticas, sociales y culturales de Haití, a ese conspicuo símbolo de la diplomacia mentirosa, hipócrita y simuladora del orden mundial dominante, contentiva de argumentaciones y datos que vuelven trizas sus ofensivas declaraciones al Canal FRANCE 24.
En ella queda claro que la ONU, tutelada por EEUU y las potencias capitalistas occidentales, es una pieza clave del plan de criminalización de la justa y heroica rebelión del pueblo haitiano, sometido a una cruel represalia imperialista, a una opresión atroz y un descrédito perverso.
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!