Análisis Noticiosos
La oposición no puede contar con que el PLD se va a dividir: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Juan Bolívar Díaz
El haber permitido que parte de sus legisladores incursionaran en la disputa interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, fue un error táctico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque alienta la reforma constitucional para que Danilo Medina puede volver por la presidencia en el 2024.
Apostar al predominio del mandatario en la lucha interna del PLD sería un error estratégico porque él tiene más posibilidad de reunificar su partido si logra imponer un delfín como candidato presidencial derrotando a Leonel Fernández con todo el poder del Estado que después volcaría también contra la oposición externa.
Un mensaje equivocado
La decisión del PRM de dejar a sus diputados en libertad de incursionar en la disputa interna del PLD al elegir el presidente de la Cámara de Diputados ha sido objeto de amplio rechazo en las redes sociales y los cenáculos políticos, porque al favorecer la posición del presidente Medina alienta a quienes buscan otra reforma constitucional para que él pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2024. Sin el voto de 24 perremeistas no variaba el resultado. Predomina el criterio de que lo que corresponde a la oposición es dejar que los peledeístas se consuman en su feroz confrontación sin tomar parte por ninguna de sus facciones.
Pero la peor inversión sería apostar en favor del presidente Danilo Medina porque, como se advierte, para liquidar a Leonel Fernández, imponiendo un delfín de candidato presidencial del PLD, tendría que utilizar el poder del Estado que luego volcaría contra la oposición externa para predominar en los comicios del año próximo. Las posibilidades de reunificar el partido gobernante serían mayores si quien predomina es el usufructuario del poder.
Los danilistas estarían buscando apoyo entre sectores del PRM para rehabilitar al presidente, y el solo aliento de esa posibilidad le mejora las perspectivas de lograr que uno de los suyos supere a Fernández en las primarias del 6 de octubre, lo que luce difícil por el arraigo de quien fuera presidente de la nación en tres períodos, con muy amplias lealtades y gratitudes dentro y fuera del partido, como lo han reflejado todas las encuestas de los últimos años.
Adicción del PLD al poder
Podría ser un grave error la apuesta a que el PLD se va a dividir con la elección del candidato presidencial pero, si ha de ocurrir, la oposición tiene que dejar que lo determinen ellos. Aún se imponga Leonel Fernández en la elección primaria, sobrarían tiempo y esfuerzos por buscar una transacción con “garantías de impunidad” y consideraciones para Medina, que partirían hasta de cuadros importantes del mandatario que pudieran temer ser perseguidos por los leonelistas y mucho más por un gobierno de otro partido. Ya muchas de las miles de bocinas del PLD empiezan a privilegiar la unidad para salvar sus negocios.
Más allá de las rivalidades y resentimientos entre los dos mayores líderes del PLD, están los intereses de 300 a 400 mil peledeístas empleados en el gobierno, muchos con altísimos niveles salariales, de decenas de miles que han creado empresas para suplir y contratar con el Estado, y de los que tienen cuentas pendientes por los escándalos de corrupción de todo género.
Podría ser iluso creer que el presidente Medina hará que Leonel pierda si resulta el candidato presidencial, cuando la gran mayoría de su partido le agradece su prosperidad. Lo más que podrían lograr los opositores es que el mandatario modere la incursión del Estado en la campaña electoral, pero aun así muchos funcionarios utilizarían recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior y dirigente del Comité Político, dijo el miércoles que “el PLD no puede darse el lujo de dividirse», en tanto el senador Charles Mariotti advirtió que “serán sorprendidos los que apuestan a la división” del partido.
Otro transitorio al revés
La rehabilitación de Danilo Medina para que pueda volver a optar por la presidencia, propuesta por los dirigentes reformistas Quique Antún y Rogelio Genao, y apoyada por el precandidato perremista Hipólito Mejía, parece un mayúsculo absurdo político, comenzando porque no incluye cambiar la fórmula constitucional de los dos períodos presidenciales y nunca más. Pero como Medina concluye ya sus dos períodos conllevaría otro artículo transitorio, pero ahora al revés del vigente que le prohíbe postularse en el 2020, para que a él exclusivamente se le exonere del límite en el 2024. Y la pregunta generalizada es a cambio de qué.
Para que eso sea posible, tendrán que mediar más de una veintena de votos de legisladores del PRM, lo que implicaría tensiones y confrontaciones internas que lo debilitarían. Nadie entiende cómo podrían mantener su demanda de cambio, sus denuncias de corrupción e impunidad, de ineficiencia, de rechazo a la dominación de todos los poderes del Estado y de la sociedad por parte del PLD, si ahora premian al presidente de los últimos ocho años, continuador de las desproporciones de los 12 años de Leonel Fernández. Eso no tendría precedente en la historia política contemporánea aún a nivel universal. En otras palabras que la oposición se inmolaría con una reforma constitucional con nombre y apellido y desperdiciaría la posibilidad de alternancia, a cambio de una ayuda difícil de materializarse después de la rehabilitación.
Debe asumirse que la negociación sería en caso de que Leonel Fernández resulte el candidato presidencial del PLD, porque sería el colmo que Danilo fuera a imponer un delfín en la primaria para después venderlo a la oposición. Por más vuelta que se le dé a ese proyecto, no hay manera de entenderlo en términos políticos.
Reunificar las elecciones
La reforma constitucional que rehabilitaría a Danilo Medina se está vendiendo a los legisladores opositores la “generosa preocupación” de que si las elecciones municipales van primero, en febrero, los alcaldes electos ya no se moverían para la presidencial y congresual de mayo. El planteamiento es engañoso, porque si los opositores salen bien de la primera, con mayor razón se empeñarían en ganar las segundas, y si pierden menos podrán ayudar a los candidatos al Congreso.
A quien más perjudica la elección municipal adelantada es al PLD, porque la confrontación en el territorio es casi personal e insuperable a corto plazo. Lo que sí podrían lograr los legisladores de la oposición que aspiran a reelegirse es “facilidades y ayudas” para que compitan, pero parten de la presunción de que de otra forma no ganarían, y si ellos no ganan, menos su candidato presidencial, lo que implica que de antemano no creen en la posibilidad de victoria y estarían vendiéndolo.
Pero la reunificación de las elecciones abona el presidencialismo y la concentración del poder, que hace depender el poder municipal y el legislativo, del arrastre presidencial. Implicaría que la oposición revierta por completo la reforma constitucional de 1994 que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, mutilada en parte en la Constitución peledeísta del 2010.
Un absurdo desperdicio
Si el PRM colabora en la rehabilitación de Danilo Medina perderá la calidad de opositor y desperdiciará la oportunidad de encarnar el sentimiento que reclama un cambio político, especialmente de la clase media donde el hastío por la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, el auge del narcotráfico, el camino a la insostenibilidad fiscal y la manipulación de todas las instituciones estatales, se percibe en todos los medios y ambientes.
El hartazgo del peledeísmo quedó manifiesto en el movimiento de la marcha verde, que espera una expresión en las urnas y se expresa en las encuestas, con una progresiva decepción de los partidos políticos y anhelos de cambios. En la última encuesta Gallup-HOY, de mayo pasado, el 58% expresó su deseo de que gobierne otro partido, con 46% pidiendo “un cambio radical” y otro 32% “un gran cambio”. Un mes antes la encuesta Mark Penn-SIN registró un 59% que no tenía preferencias partidistas.
Las posibilidades de alternancia en el poder parecen radicar en la rebelión de las clases medias, con gran poder de influencia en las redes sociales, y sobre los sectores populares, a través de los trabajadores y trabajadoras domésticas, de los empleados informales, de las pequeñas y medianas empresas y la amplia gama de los servicios. El PLD conserva más poder de manipulación de los sectores bajos, especialmente del 38% de la población que recibe transferencias monetarias mensuales por medio del empleo público y los programas sociales. Son casi 4 millones de personas, como acaba de documentar un estudio del economista Miguel Collado di Franco, investigador del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.
Abona que no hay oposición
El regalo de la reforma para que Danilo Medina pueda buscar de nuevo la presidencia, ratificaría el histórico continuismo, el caudillismo y las dificultades de renovación del liderazgo nacional, y reforzaría el predicamento de que el PLD no tiene oposición, de que es invencible y de que todos los opositores se venden o carecen de capacidad política para derrotarlo.
Para el PRM en particular, como mayor partido de oposición, implicaría una reducción de sus posibilidades, liquidaría la coalición político-social que se ha venido debatiendo en los últimos meses y estaría habilitando un fuerte competidor para el 2024. El absurdo fortalecería el predicamento de Leonel Fernández de que el PLD debe gobernar el país hasta el bicentenario de la República, en el 2044, No se ha olvidado que los perredeístas y peledeístas, compitiendo por el favor del ya decadente caudillo Joaquín Balaguer, incurrieron en la aberración histórica de declararlo “padre de la democracia dominicana”.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.