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La corrupción es la peor pandemia que ha vivido el país, cuya secuela es de hambre, retrocesos y muertes.
En la República Dominicana como siempre pasa se ha generado toda una polémica con las compras de utensilios médicos sobrevaluados que hace el Estado para contrarrestar la pandemia del coronavirus, cuya situación ha traído consigo buscar justificar lo injustificable.
El Covid-19 es para concentrar todos los esfuerzos para hacerlo desaparecer del territorio nacional, pero ello no justifica que se quiera ver como normal o propio de la circunstancia el hecho de que funcionarios del Gobierno o allegados suyos se inventen cualquier compañía de la noche a la mañana para optar por los aparentes concursos de licitación que ha convocado el Estado.
Está más que avalado que los que han optado por participar en estas licitaciones públicas para comprar equipos y todo tipo de utensilios médicos se manejan con un gran interés de acumular fortunas sobre la base del sufrimiento del pueblo dominicano.
Sin embargo, no es mala la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de veedores mediante el decreto 145-20 que fiscalizará las compras de utensilios médicos que haga el Estado, a fin de evitar lo que ya se ha denunciado, sólo que habrá que ver hasta dónde este instrumento contribuye a detener lo que parece ser algo muy grave y preocupante, pese a que se considera ineficiente para garantizar la transparencia reclamada.
Todo el mundo sabe que los que han tenido el control del Estado no se conforman con cantidades pequeñas de beneficios, sino con grandes márgenes, lo cual ha demostrado que los funcionarios corruptos ya no se satisfacen con cien ni doscientos millones, sino con miles.
La sobrevaluación avalada alcanza hasta un 112 y casi un 200 por ciento, ya que los que se dedican a esta malsana tarea buscan acumular grandes fortunas en cuestión de días o de horas, cuyo lamento es mucho mayor porque lo hacen con el apoyo de gentes que están enquistadas en la cima del poder.
El asunto es tan grave que ya se ha perdido hasta la vergüenza, es un asunto que llega al peor de los descaros, cuyo agravante es el hecho de que un funcionario como el ministro de Salud Pública advirtiera a los que critican esta conducta mafiosa de que se va a comprar lo que el país necesite sin importar el precio que se pague.
Es una especie de luz verde a los corruptos para que continúen la estafa en contra de todos y cada uno de los dominicanos, cuyas expresiones no le permiten a este funcionario ver lo que le viene al país y al mundo con la pandemia.
A caso el doctor Rafael Sánchez Cárdenas desconoce o no tiene la capacidad para ver a mediano o largo alcance y entender que la amenaza en contra del país no es sólo por las consecuencias en términos de muertes de la pandemia, que naturalmente es lo peor, porque la vida humana no tiene precio, sino de una hambruna de grandes proporciones y en consecuencia de una peligrosa calamidad económica.
Este problema de la hambruna no es una advertencia sólo de la Organización de las Naciones Unidas, sino de economistas de una incuestionable reputación internacional y países como la República Dominicana no tendrán otro camino que el endeudamiento externo, lo que implica mayores compromisos de pagos de capital y de intereses y además de un desmejoramiento del sistema sanitario, de justicia y de educación.
El país está ante una crisis económica de dimensiones asombrosas y en consecuencia de crear hasta grandes explosiones sociales, por lo que se impone que la nación sea lo suficientemente cuidadosa con los ¨vivos¨ que aprovechan inescrupulosamente la situación generada por Covid-19 y el manejo inadecuado de la crisis.
De ninguna manera se debía plantear que si hay que comprar determinados productos que no se haga si a cambio las consecuencias podrían ser peores, pero tampoco se puede justificar y en efecto estimular a que se compre al precio que sea y de esa manera volcar sobre la economía nacional una carga inaguantable fruto de la irracionalidad de los gobernantes.
En el país y en todas las naciones latinoamericanos, donde la existencia del Estado es muy precaria, hay grupos de comerciantes despiadados que en componenda con sectores del Gobierno recurren a cualquier tipo de especulación para acumular riquezas, aunque sea sobre la base del sufrimiento del pueblo.
La corrupción que se genera a propósito del coronavirus se habla de que hay involucrados personajes estrechamente vinculados a las altas instancias del poder, quienes han ofertado al Gobierno ventas de equipos con una sobrevaluación que supera los 900 millones de pesos.
Escuchar a un funcionario de la categoría del ministro de Salud Pública con una postura que más que criticar y buscar opciones para que el país no sea engañado y depredado, con una posición que estimula lo mal hecho, crea confusión y mucho dolor.
Y no es que se deje de comprar lo que se necesita, pero si para adquirirlo al precio del mercado hay que recurrir a entidades internacionales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pues que se haga.
Por el camino que se dirige el planeta parece que todos los países, o por lo menos la mayoría, está frente a una amenaza de hambruna de consecuencias imprevisibles producto de la pandemia y las naciones que sufrirán más la situación serán las más pobres, las del tercer mundo, aquellas más débiles y víctimas de la corrupción de sus gobernantes y de los buitres de la economía mundial, que prestan a intereses muy altos, lo cual además genera un gran retroceso social.
No se sabe la motivación que ha tenido el ministro de Salud Pública para expresarse como lo ha hecho, pero ojalá lo dicho obedezca a su preocupación por estar en primera fila en el combate del Covid-19 y no porque sea tolerante con lo mal hecho, con los especuladores que no le importa la vida de la gente, sino el dinero ganado cuando de nadar en ríos revueltos se trata.
El Gobierno debe medir sus pasos en estos momentos que el país y el mundo viven sus peores momentos, porque el hecho de que la confusión reine en medio de la pandemia, no lo libera de sanciones por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por tolerar las acciones reprochables y no justificables desde ningún punto de vista ni de la circunstancia que nos afecta.
Las consecuencias tendrán que venir ahora o después de haber pasado la tempestad, porque desde cualquier perspectiva que se vea es una acción insensible, ruin y castigable.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.