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La corrupción es la peor pandemia que ha vivido el país, cuya secuela es de hambre, retrocesos y muertes.
En la República Dominicana como siempre pasa se ha generado toda una polémica con las compras de utensilios médicos sobrevaluados que hace el Estado para contrarrestar la pandemia del coronavirus, cuya situación ha traído consigo buscar justificar lo injustificable.
El Covid-19 es para concentrar todos los esfuerzos para hacerlo desaparecer del territorio nacional, pero ello no justifica que se quiera ver como normal o propio de la circunstancia el hecho de que funcionarios del Gobierno o allegados suyos se inventen cualquier compañía de la noche a la mañana para optar por los aparentes concursos de licitación que ha convocado el Estado.
Está más que avalado que los que han optado por participar en estas licitaciones públicas para comprar equipos y todo tipo de utensilios médicos se manejan con un gran interés de acumular fortunas sobre la base del sufrimiento del pueblo dominicano.
Sin embargo, no es mala la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de veedores mediante el decreto 145-20 que fiscalizará las compras de utensilios médicos que haga el Estado, a fin de evitar lo que ya se ha denunciado, sólo que habrá que ver hasta dónde este instrumento contribuye a detener lo que parece ser algo muy grave y preocupante, pese a que se considera ineficiente para garantizar la transparencia reclamada.
Todo el mundo sabe que los que han tenido el control del Estado no se conforman con cantidades pequeñas de beneficios, sino con grandes márgenes, lo cual ha demostrado que los funcionarios corruptos ya no se satisfacen con cien ni doscientos millones, sino con miles.
La sobrevaluación avalada alcanza hasta un 112 y casi un 200 por ciento, ya que los que se dedican a esta malsana tarea buscan acumular grandes fortunas en cuestión de días o de horas, cuyo lamento es mucho mayor porque lo hacen con el apoyo de gentes que están enquistadas en la cima del poder.
El asunto es tan grave que ya se ha perdido hasta la vergüenza, es un asunto que llega al peor de los descaros, cuyo agravante es el hecho de que un funcionario como el ministro de Salud Pública advirtiera a los que critican esta conducta mafiosa de que se va a comprar lo que el país necesite sin importar el precio que se pague.
Es una especie de luz verde a los corruptos para que continúen la estafa en contra de todos y cada uno de los dominicanos, cuyas expresiones no le permiten a este funcionario ver lo que le viene al país y al mundo con la pandemia.
A caso el doctor Rafael Sánchez Cárdenas desconoce o no tiene la capacidad para ver a mediano o largo alcance y entender que la amenaza en contra del país no es sólo por las consecuencias en términos de muertes de la pandemia, que naturalmente es lo peor, porque la vida humana no tiene precio, sino de una hambruna de grandes proporciones y en consecuencia de una peligrosa calamidad económica.
Este problema de la hambruna no es una advertencia sólo de la Organización de las Naciones Unidas, sino de economistas de una incuestionable reputación internacional y países como la República Dominicana no tendrán otro camino que el endeudamiento externo, lo que implica mayores compromisos de pagos de capital y de intereses y además de un desmejoramiento del sistema sanitario, de justicia y de educación.
El país está ante una crisis económica de dimensiones asombrosas y en consecuencia de crear hasta grandes explosiones sociales, por lo que se impone que la nación sea lo suficientemente cuidadosa con los ¨vivos¨ que aprovechan inescrupulosamente la situación generada por Covid-19 y el manejo inadecuado de la crisis.
De ninguna manera se debía plantear que si hay que comprar determinados productos que no se haga si a cambio las consecuencias podrían ser peores, pero tampoco se puede justificar y en efecto estimular a que se compre al precio que sea y de esa manera volcar sobre la economía nacional una carga inaguantable fruto de la irracionalidad de los gobernantes.
En el país y en todas las naciones latinoamericanos, donde la existencia del Estado es muy precaria, hay grupos de comerciantes despiadados que en componenda con sectores del Gobierno recurren a cualquier tipo de especulación para acumular riquezas, aunque sea sobre la base del sufrimiento del pueblo.
La corrupción que se genera a propósito del coronavirus se habla de que hay involucrados personajes estrechamente vinculados a las altas instancias del poder, quienes han ofertado al Gobierno ventas de equipos con una sobrevaluación que supera los 900 millones de pesos.
Escuchar a un funcionario de la categoría del ministro de Salud Pública con una postura que más que criticar y buscar opciones para que el país no sea engañado y depredado, con una posición que estimula lo mal hecho, crea confusión y mucho dolor.
Y no es que se deje de comprar lo que se necesita, pero si para adquirirlo al precio del mercado hay que recurrir a entidades internacionales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pues que se haga.
Por el camino que se dirige el planeta parece que todos los países, o por lo menos la mayoría, está frente a una amenaza de hambruna de consecuencias imprevisibles producto de la pandemia y las naciones que sufrirán más la situación serán las más pobres, las del tercer mundo, aquellas más débiles y víctimas de la corrupción de sus gobernantes y de los buitres de la economía mundial, que prestan a intereses muy altos, lo cual además genera un gran retroceso social.
No se sabe la motivación que ha tenido el ministro de Salud Pública para expresarse como lo ha hecho, pero ojalá lo dicho obedezca a su preocupación por estar en primera fila en el combate del Covid-19 y no porque sea tolerante con lo mal hecho, con los especuladores que no le importa la vida de la gente, sino el dinero ganado cuando de nadar en ríos revueltos se trata.
El Gobierno debe medir sus pasos en estos momentos que el país y el mundo viven sus peores momentos, porque el hecho de que la confusión reine en medio de la pandemia, no lo libera de sanciones por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por tolerar las acciones reprochables y no justificables desde ningún punto de vista ni de la circunstancia que nos afecta.
Las consecuencias tendrán que venir ahora o después de haber pasado la tempestad, porque desde cualquier perspectiva que se vea es una acción insensible, ruin y castigable.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso con la era trompista que prácticamente borra del mapa el derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, lo que ha tomado un curso que implica una conducta al margen de la ley sirve para justificar otras que tienen la misma característica.
Es decir que un Estado ocupar el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarlo o tolerarlo mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, sino que igual manera amenaza el imperio en contra de Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde de intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático y de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual a Trump a decir que sus funcionarios tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea.
De manera que una o varias acciones ilegales, no puede generar otras que se apoyen en derechos, porque entonces se entra en una contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se camufla cuchillo para su propia garganta, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y orientar, cuyas soberanías están muy mancilladas.
Son de tanto peso los controles imperiales, que la sola amenaza de violar su soberanía y su territorio surten unos efectos que no se habían logrado mediante la presión mediática y a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloque como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.