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La corrupción es la peor pandemia que ha vivido el país, cuya secuela es de hambre, retrocesos y muertes.
En la República Dominicana como siempre pasa se ha generado toda una polémica con las compras de utensilios médicos sobrevaluados que hace el Estado para contrarrestar la pandemia del coronavirus, cuya situación ha traído consigo buscar justificar lo injustificable.
El Covid-19 es para concentrar todos los esfuerzos para hacerlo desaparecer del territorio nacional, pero ello no justifica que se quiera ver como normal o propio de la circunstancia el hecho de que funcionarios del Gobierno o allegados suyos se inventen cualquier compañía de la noche a la mañana para optar por los aparentes concursos de licitación que ha convocado el Estado.
Está más que avalado que los que han optado por participar en estas licitaciones públicas para comprar equipos y todo tipo de utensilios médicos se manejan con un gran interés de acumular fortunas sobre la base del sufrimiento del pueblo dominicano.
Sin embargo, no es mala la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de veedores mediante el decreto 145-20 que fiscalizará las compras de utensilios médicos que haga el Estado, a fin de evitar lo que ya se ha denunciado, sólo que habrá que ver hasta dónde este instrumento contribuye a detener lo que parece ser algo muy grave y preocupante, pese a que se considera ineficiente para garantizar la transparencia reclamada.
Todo el mundo sabe que los que han tenido el control del Estado no se conforman con cantidades pequeñas de beneficios, sino con grandes márgenes, lo cual ha demostrado que los funcionarios corruptos ya no se satisfacen con cien ni doscientos millones, sino con miles.
La sobrevaluación avalada alcanza hasta un 112 y casi un 200 por ciento, ya que los que se dedican a esta malsana tarea buscan acumular grandes fortunas en cuestión de días o de horas, cuyo lamento es mucho mayor porque lo hacen con el apoyo de gentes que están enquistadas en la cima del poder.
El asunto es tan grave que ya se ha perdido hasta la vergüenza, es un asunto que llega al peor de los descaros, cuyo agravante es el hecho de que un funcionario como el ministro de Salud Pública advirtiera a los que critican esta conducta mafiosa de que se va a comprar lo que el país necesite sin importar el precio que se pague.
Es una especie de luz verde a los corruptos para que continúen la estafa en contra de todos y cada uno de los dominicanos, cuyas expresiones no le permiten a este funcionario ver lo que le viene al país y al mundo con la pandemia.
A caso el doctor Rafael Sánchez Cárdenas desconoce o no tiene la capacidad para ver a mediano o largo alcance y entender que la amenaza en contra del país no es sólo por las consecuencias en términos de muertes de la pandemia, que naturalmente es lo peor, porque la vida humana no tiene precio, sino de una hambruna de grandes proporciones y en consecuencia de una peligrosa calamidad económica.
Este problema de la hambruna no es una advertencia sólo de la Organización de las Naciones Unidas, sino de economistas de una incuestionable reputación internacional y países como la República Dominicana no tendrán otro camino que el endeudamiento externo, lo que implica mayores compromisos de pagos de capital y de intereses y además de un desmejoramiento del sistema sanitario, de justicia y de educación.
El país está ante una crisis económica de dimensiones asombrosas y en consecuencia de crear hasta grandes explosiones sociales, por lo que se impone que la nación sea lo suficientemente cuidadosa con los ¨vivos¨ que aprovechan inescrupulosamente la situación generada por Covid-19 y el manejo inadecuado de la crisis.
De ninguna manera se debía plantear que si hay que comprar determinados productos que no se haga si a cambio las consecuencias podrían ser peores, pero tampoco se puede justificar y en efecto estimular a que se compre al precio que sea y de esa manera volcar sobre la economía nacional una carga inaguantable fruto de la irracionalidad de los gobernantes.
En el país y en todas las naciones latinoamericanos, donde la existencia del Estado es muy precaria, hay grupos de comerciantes despiadados que en componenda con sectores del Gobierno recurren a cualquier tipo de especulación para acumular riquezas, aunque sea sobre la base del sufrimiento del pueblo.
La corrupción que se genera a propósito del coronavirus se habla de que hay involucrados personajes estrechamente vinculados a las altas instancias del poder, quienes han ofertado al Gobierno ventas de equipos con una sobrevaluación que supera los 900 millones de pesos.
Escuchar a un funcionario de la categoría del ministro de Salud Pública con una postura que más que criticar y buscar opciones para que el país no sea engañado y depredado, con una posición que estimula lo mal hecho, crea confusión y mucho dolor.
Y no es que se deje de comprar lo que se necesita, pero si para adquirirlo al precio del mercado hay que recurrir a entidades internacionales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pues que se haga.
Por el camino que se dirige el planeta parece que todos los países, o por lo menos la mayoría, está frente a una amenaza de hambruna de consecuencias imprevisibles producto de la pandemia y las naciones que sufrirán más la situación serán las más pobres, las del tercer mundo, aquellas más débiles y víctimas de la corrupción de sus gobernantes y de los buitres de la economía mundial, que prestan a intereses muy altos, lo cual además genera un gran retroceso social.
No se sabe la motivación que ha tenido el ministro de Salud Pública para expresarse como lo ha hecho, pero ojalá lo dicho obedezca a su preocupación por estar en primera fila en el combate del Covid-19 y no porque sea tolerante con lo mal hecho, con los especuladores que no le importa la vida de la gente, sino el dinero ganado cuando de nadar en ríos revueltos se trata.
El Gobierno debe medir sus pasos en estos momentos que el país y el mundo viven sus peores momentos, porque el hecho de que la confusión reine en medio de la pandemia, no lo libera de sanciones por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por tolerar las acciones reprochables y no justificables desde ningún punto de vista ni de la circunstancia que nos afecta.
Las consecuencias tendrán que venir ahora o después de haber pasado la tempestad, porque desde cualquier perspectiva que se vea es una acción insensible, ruin y castigable.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.