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Persecución de corrupción ha sido muy escasa en el país y mucho menos contra expresidentes.
En los últimos meses se ha producido en el país una persecución inusitada de poderosos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, cuyas acusaciones en su contra no dejan ninguna duda de los hechos cometidos, pero que los mismos deben ser avalados con pruebas.
Los casos Anti-Pulpos y ahora Caracol, en el que por lo menos en el primero están envueltos dos hermanos del expresidente Medina y en el último el que fuera su Jefe de seguridad, quienes son señalados de una serie de ilícitos penales, que muy difícilmente se podían producir sin que el exmandatario se diera cuenta de lo que ocurría, son procesos complejos que si se manejan bien podrían retornar a las arcas nacionales miles de millones de pesos.
En el primer caso aparecen involucrados otras personas estrechamente vinculadas a la familia presidencial de entonces, como por ejemplo Fernando Rosa, quien exhibía una sospechosa amistad con la otrora primera dama Cándida Montilla, pero que además en el entorno donde éste se movía también estaba presente una hermana y otros familiares del jefe de Estado de turno.
La verdad es que todas estas cosas que se producían ante los ojos de todo el mundo deben ser avaladas con pruebas contundentes para lograr una condena en los tribunales competentes, pero de igual modo la gente tiene la convicción y espera que el expresidente Medina no pueda salir ileso de estas persecuciones del Ministerio Público.
Las fortunas acumuladas en el círculo más estrecho del expresidente generan una serie de sospechas que como mínimo requieren una minuciosa investigación del licenciado Medina, porque la verdad es que hay muchas coincidencias y que el hecho de que él no se haya dado cuenta de lo que ocurría sólo puede ser explicado con la existencia de algún tipo de componenda.
La investigación en contra de Danilo Medina tiene mayores posibilidades en virtud de que la sociedad exigió y así lo logró que el Gobierno de Luis Abinader escogiera un Ministerio Público independiente, lo cual se concretó con la escogencia de Miriam Germán como procuradora general de la República y un equipo de fiscales que hasta el momento han buscado hacer su trabajo.
Pero si en la República Dominicana Danilo Medina no es sometido a una minuciosa investigación la credibilidad del Ministerio Público se caerá y en consecuencia la gente dejará de creer en este órgano que tiene como misión perseguir el delito y el crimen como lo manda el Código Procesal Penal.
En el país desde antes de la toma de posesión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) surgieron dudas de que altos funcionarios y el propio Medina fueran investigados por la influencia que tiene el expresidente Hipólito Mejía en las instancias oficiales y por lo que siempre ocurre con este tipo de casos, dado que éste siempre ha sostenido que los expresidentes no deben ser tocados ni con el pétalo de una rosa.
Tanto es así, que antes de la toma de posesión de Abinader el expresidente Mejía inició un recorrido por instituciones del sector público para alegadamente promover impunidad y también llegó hasta el despacho de Medina para proclamar es pa fuera que van, cuyo relajo se vio como una forma de tomar como una broma lo que el pueblo reclamaba con suficiente seriedad.
El apresamiento de una serie de personajes por acusaciones del Ministerio Público no deja margen para que de igual modo se haga con el expresidente Medina, ya que de lo contrario no habría forma cómo explicar que todos los hombres y mujeres de su entorno hoy tengan fortunas tan inmensas que ni ellos mismos conocen.
Las expectativas en torno a la recuperación del dinero robado del erario nacional son muy altas, aunque en la medida en que pasa el tiempo las dudas asaltan a los ciudadanos dominicanos que sienten que se pierden las esperanzas de que el país cuente con una democracia más funcional, institucional y transparente.
En la historia de la República Dominicana sólo se recuerda un solo caso en que un expresidente fue procesado en los tribunales y se trató del doctor Salvador Jorge Blanco, que aunque fue parte de la doble moral que ya es una cultura en el territorio nacional, se logró una condena que tenía mucho de justificación.
Ahora mismo el país no está al margen de esa doble moral en razón de que muchos personajes de la política del bajo mundo se apoderan de expedientes en contra de funcionarios corruptos, pese a que ellos han tenido la misma conducta en el pasado.
Sin embargo, cualquier herramienta tiene sentido en los actuales momentos para que con los buenos y malos dominicanos se pueda erradicar por la presión social el peor lastre que padece la sociedad dominicana, como lo es la prácticamente generalizada corrupción administrativa.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.