Análisis Noticiosos
La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht
Por: Juan Bolivar Díaz
Una semana después del plazo convenido, la Procuraduría General de la República (PGR) parece haber olvidado el generoso acuerdo que firmó con la Odebrecht, en cuyo artículo fundamental la empresa se comprometió a entregar toda la información sobre sus sobornos en el país.
Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.
El compromiso pactado. Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de Gobierno”.
No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.
Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.
La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo “que tal y como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.
Mentira y renuncia de PGR. Independientemente de lo que dijeron el procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.
Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con este, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.
Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.
Nada de sobrevaluaciones. Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.
Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.
Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001| y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.
Financiamiento de campañas. Las autoridades dominicanas solo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.
Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance” para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril de 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina.
Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396,796 dólares, entre 2013 y 2014, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.
RD paraíso de corrupción. El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.
En su testimonio, ya publicado por la Fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio de 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.
Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.
Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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