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La reforma de la Policía Nacional no se puede abordar al margen del déficit institucional que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
El presidente Luis Abinader retomó este domingo la anunciada reforma de la Policía Nacional, la cual se relanzó con la destitución de quien fuera el director de la uniformada hasta el momento del inicio del proyecto, Eduard Sánchez, sustituido por Eduardo Alberto Then, que toma las riendas del cuerpo del orden a partir de este lunes.
La Policía Nacional es uno de los órganos más corrompidos del Estado, donde se produce de todo, desde un manejo inadecuado del problema de las drogas hasta otros ilícitos de los tantos que se originan diariamente en la sociedad dominicana.
Nadie duda que estas medidas iniciales repercuten positivamente en la disminución de un problema muy grave como el de la violencia aplicada por los agentes en contra del ciudadano, y los controles señalados son definitivamente muy importantes, como también lo es la aplicación del reglamento que manda la Ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16 del 15 de julio del año 2016.
De igual modo, tiene una gran trascendencia la colaboración en esta materia de las policías de España, Colombia y Nueva York, que incluye tener un perfil de cada uniformado a cargo de una empresa internacional con una experiencia probada al respecto y la instalación de cámaras corporales y en los vehículos de la institución del orden con sonido, velocidad y otras mediciones, así como el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenga la misión de formar a los agentes.
Pero a pesar del gran valor de la voluntad política del presidente y de las medidas anunciadas frente a la necesaria reforma policial, la misma debía implicar para poder adecentarla disponer de una acción tan radical como su eliminación temporal y la creación de una nueva a partir del surgimiento de una academia que se encargue primero de la formación de sus miembros y concomitantemente de mecanismos de control de la conducta de los agentes, como los anunciados por el mandatario.
La experiencia dejada por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la cual se concibió con una formación diferente sobre sus funciones, sueldo, uniforme y hasta una comida diferente que sus pares, aunque al final fue desnaturalizada, constituyó de cualquier modo un referente importante para la reforma que busca producir el presidente Abinader, porque se observa que la transformación de este órgano se quiere implementar principalmente como resultado de una serie de hechos de violencia originados por miembros de la institución del orden público.
Sin embargo, en lo que respecta a esta reforma hay que decir que el problema de la Policía Nacional no estriba sólo en la conducta violenta y poco razonable de los agentes, sino también en una serie de irregularidades que no se ven a simple vista y cuyos protagonistas no son sólo las patrullas que circulan por las calles del país, sino altos oficiales que promueven y toleran desde sus despachos muchas de las distorsiones que dañan esa institución.
Se podría afirmar que los niveles de corrompimiento de la Policía Nacional no se solucionan sólo con la mejoría de los sueldos de sus miembros y con una mayor fiscalización de su conducta, porque ahí hay una gran mayoría que se le puede pagar un millón de pesos mensuales y no van a cambiar su proceder y sus vínculos con el crimen organizado y con otros ilícitos.
Por esta razón este periódico llegó a plantear una solución radical y es que la reforma de la Policía Nacional debió comenzar por tumbar el edificio que la aloja para no dejar rastros de la cultura de la corrupción que arropa a esa institución y además cambiarle hasta el color del uniforme, pese a que es un asunto de forma, pero con un profundo valor simbólico.
En el seno de la Policía Nacional hay unos problemas muy graves, los cuales se conocen cuando cualquier ciudadano tiene algún problema legal o se ve en la necesidad, por ejemplo, de ejecutar un embargo mobiliario, por decir algo, cuyos pagos tanto a los miembros de esta institución como del Ministerio Público es el principal obstáculo que se produce para cumplir con la ley del otorgamiento de la fuerza pública.
Pero, además, se agregan la ejecución de embargos ilegales en componenda con los fiscales, la venta de drogas incautadas y de armas, así como la renta de agentes policiales a empresarios privados y cuya paga la recibe un oficial superior que trabaja en conexión con las altas instancias de la institución y por el último el cobro de dinero a prostíbulos para no vigilar su irregular operación.
Estos son sólo pequeños detalles de la corrupción general prevaleciente en la Policía Nacional y que se convierten en un problema gigantesco y que lo propio ocurre en el Ministerio Público, pese a que en este último órgano ha habido el interés de cambiar la conducta reprochable de estos funcionarios, pero que todavía se puede ver a fiscales comprometidos con una mala práctica como voceros y fichas importantes en el desmantelamiento de redes tan peligrosas como la de la Operación Falcón, lo cual no es lo deseable porque se trata de delincuentes que persiguen a sus iguales desde una función estatal, lo que fortalece la doble moral y la impunidad que tanto daño hace a la sociedad.
Pero el asunto tiene una mucho mayor dimensión, como por ejemplo, cobrar peajes a los puntos de drogas, cuyo dinero no va precisamente a las instancias más baja de la jerarquía de la institución del orden público y necesariamente no son hechos para medir el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia aplicada por los agentes
Además, en el país es de manejo público el dinero que cobra la Policía Nacional a personajes del bajo mundo para darles protección y de oficiales que cuentan con bandas de ladrones que se apropian de lo ajeno hasta con violencia en sociedad con ellos, lo que quiere decir que la descomposición en esta institución no es tan simple, sino muy compleja.
La cuestión es que para producir una reforma profunda en la Policía Nacional tiene que estar acompañada de medidas sustanciales en todo los órganos y entes públicos, porque el problema de la descomposición moral y ética es general en el Estado y en la sociedad y el ejemplo de otros actores del sector público marca la conducta de instituciones como el cuerpo del orden.
El proceder de los diputados, senadores, ministros y otros actores de la vida pública nacional e incluso del propio presidente de la República, su jefe supremo, sirve de ejemplo a la Policía Nacional y en consecuencia las posibilidades de que se distorsione nuevamente es innegable, lo que justifica y recomienda la reforma integral del Estado, porque no se puede aspirar a tener policías cumplidores de la ley y con una actuación ética, mientras los demás actores con funciones oficiales caminan apartados de este comportamiento, pero que además unos contaminan a los otros.
Este fenómeno explica con suficiente claridad que transformar la Policía Nacional sin que ocurra lo mismo en los demás órganos y entes del Estado, es como buscar lo imposible, pero los esfuerzos del presidente no dejan de tener un gran valor simbólico e indica un camino correcto para combatir el problema, aunque no el ideal en una sociedad con tantas falencias institucionales.
No suena mal crear una academia acorde con los planes buscados y tras la desarticulación temporal de la Policía Nacional por lo menos por dos años y responsabilizar de la función de este órgano a la parte más sana del Ejército, la que nunca deber ser la que está destacada en la frontera por su nivel de corrompimiento, y que al cabo de la construcción de un nuevo agente, con una visión y una formación cabal sobre su función civil, entonces retornarla a su labor habitual, pero sin antes hacer las reformas necesarias a nivel de todo el andamiaje estatal para evitar que los cambios generados sean circunstanciales y temporales
De otro modo, la cacareada reforma policial no parece que pueda dejar los resultados esperados y que los mismos puedan perdurar a largo plazo, porque la fiebre no está en la sabana, sino en el enfermo, pero el hecho de que éste se arrope con una cobija más limpia siempre ayuda a su higienización, pero no a su total sanación.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.