Opinión
La regularización desafía al Gobierno y la sociedad
Por Juan Bolívar Díaz
Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde este lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.
El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.
Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.
El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.
Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.
El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.
El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.
18 meses sin deportaciones
El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.
Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.
Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..
El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.
Que impere la racionalidad
El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.
Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.
Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.
El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.
El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.
Más de medio millón
Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.
Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).
Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.
Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por Rommel Santos Diaz
Otro importante avance del Estatuto de Roma es la formulación de una definición internacional de género asi como la incorporación de normas especiales de procedimiento y prueba con relación a víctimas y testigos de crímenes de violencia sexual.
Lo anterior incluye la prohibición de entregar evidencias sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima así como no exigir la corroboración del testimonio de la víctima.
Teniendo en cuenta la complementariedad del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional no podrá juzgar a todos los perpetradores de crímenes internacionales. Esto implica que la responsabilidad de procesar a la mayoría de esas personas recaerá sobre las instancias nacionales.
Un posible impacto de la Corte Penal Internacional podría ser atraer a la luz pública ´´conflictos olvidados´´ en el mundo a través del inicio de sus investigaciones para que se le de la atención debida y canalice el financiamiento necesario para afrontar estas situaciones, especialmente las necesidades de la población.
Dada la sensibilidad y polarización que puede llevar este tipo de procesos en el ámbito interno, los juicios que la Corte Penal Internacional pueda efectuar servirán de plataforma para que los Estados realicen esta labor.
Cabe destacar que las principales víctimas de los conflictos armados generalmente son las mujeres y los niños. Estos mambiseños fueron reclutados forzosamente, siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Los informes del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, más de dos millones de niños han muerto y seis millones han quedado desaparecidos de por vida como consecuencia de los conflictos.
Por Isaías Ramos
En esta Navidad, cuando las familias intentan reencontrarse con lo esencial, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos qué celebramos de verdad. La Navidad no es solo una fecha ni un conjunto de costumbres: es un llamado al renacimiento, a volver a la fuente de nuestros valores y a recordar que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión.
Cerramos el año con señales que duelen. Las denuncias e investigaciones por corrupción han herido la confianza pública y, cuando ese deterioro toca instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, el golpe se vuelve más profundo y más personal para el pueblo.
El caso de SeNaSa, por lo que representa, nos recuerda que la salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso, exigir que se investigue a fondo y que se sancione conforme a la ley, caiga quien caiga, no es venganza: es justicia; es respeto al Estado de derecho.
A esto se suma una realidad económica que obliga a la sobriedad. La CEPAL proyecta un crecimiento de 2.9%, insuficiente para responder a la magnitud de las necesidades acumuladas en tantos hogares. Pero el problema no es solo el porcentaje: es el sentido del crecimiento. ¿De qué sirve hablar de avance si no llega al salario ni fortalece los servicios esenciales?
Durante demasiado tiempo se ha sostenido un modelo que, en buena medida, descansa en la explotación laboral y en la extracción intensiva de recursos del pueblo. Zonas francas donde el trabajo no siempre dignifica; minería que presiona recursos y comunidades sin la transparencia y el control ambiental que la nación merece; turismo que produce divisas, pero que no siempre deja prosperidad equitativa y sostenible en los territorios que lo sostienen.
Nadie pide apagar la producción ni cerrar oportunidades; lo que el país exige es justicia: trabajo decente, valor que permanezca en la comunidad y progreso que se convierta en vida digna. El desarrollo real no se mide solo por el PIB: se mide por la dignidad.
Y aquí debemos hablar con claridad, con firmeza y con respeto. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un sistema corroído de arriba abajo, donde la impunidad se vuelve costumbre y lo público se usa como botín, mientras al pueblo se le pide paciencia y silencio como si la paciencia pagara la comida, el medicamento y la educación.
Tras tres décadas de un sistema político que, en vez de educar y formar ciudadanos útiles a la patria, ha pervertido la vida pública, endeudado la nación, desmantelado las instituciones productivas del Estado y saqueado los fondos del pueblo bajo un manto de impunidad —donde demasiadas veces los casos se han convertido en “pan y circo”: titulares y medidas de ocasión para calmar al pueblo, pero sin condenas firmes, sin recuperación de lo robado y sin desmontar las redes de impunidad— ha llegado la hora de que el pueblo se ponga de pie, rompa el silencio y se organice para recuperar su dignidad y su futuro.
Sí, existen hombres y mujeres de bien dentro del Estado. Pero cuando el sistema castiga al que denuncia y premia al que abusa, el silencio deja de ser prudencia: se convierte en complicidad. Hoy el país necesita valentía moral y coherencia, no neutralidad cómoda.
Por eso esta Navidad nos importa tanto: nos devuelve al centro. Que esta Navidad nos sirva para asumir un compromiso con una fe inquebrantable en el Niño que nació en Belén. Él nació en humildad, conoció la opresión y, aun así, depositó su confianza en el Padre, más grande que cualquier poder terrenal.
Cristo nos prometió la paz que solo Él puede dar. Esa paz no es anestesia ni silencio ante el abuso; es fortaleza para hacer lo correcto. Es la paz que sostiene el carácter cuando todo alrededor quiere quebrarlo y que impide que la indignación se convierta en odio.
Aunque a veces parezca que los opresores lo tienen todo bajo control, la fe nos recuerda que hay un Dios que ve y toma nota, porque solo Él tiene el control último. Pero esa certeza no nos adormece: nos exige; nos llama a esforzarnos y ser valientes, y a cumplir la parte que nos corresponde.
Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los oprimidos y a anunciar buenas nuevas a los pobres. Por eso, la fe verdadera no puede quedarse en consuelo privado ni en indignación sin rumbo: no es solo señalar; es organizar; no es solo criticar; es participar; no es solo esperar; es servir. Y desde el Frente Cívico y Social entendemos que esto incluye comprometerse con una economía que dignifique: apoyar la producción local, exigir trabajo decente, fortalecer encadenamientos para que el turismo se integre a la economía real, compre más a manos dominicanas, y que ningún proyecto de “desarrollo” se construya a costa del agua, la tierra o la vida comunitaria o la explotación humana.
Que esta Navidad sea un punto de inflexión: el inicio de un renacimiento colectivo donde la fe se convierta en responsabilidad, la paz se convierta en unidad con propósito y la esperanza se convierta en acción perseverante. Porque, aunque Dios tenga el control último, a nosotros nos corresponde el deber moral de ser instrumentos de justicia, de libertad y de dignidad para la República Dominicana.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
Son 13 los días -entre el 24 de diciembre y el 6 de enero- de la temporada más festiva y dinámica de término de diciembre y comienzo de enero, la Navidad, simbolizada en el lenguaje de cantar villancicos, adornos especiales, arbolitos con luces multicolores, gustosos manjares, regalos y tarjetas, belenes, encuentros, el icónico atronar de alegría y felicidad de Papá Noel: «¡Jo, jo, jo!» y servicios religiosos. Y, en esa magia en lienzo de aguinaldos y frescura, se aviva el pedido de perdón por los pecados y el apaciguar del alma para espantar la ambición monetaria y carbonizar, en vitriolo de cobre, la codicia que estrangula la dignidad.
¡Qué lástima, corruptos!,
¡Oh, exclusión de la violencia!
¡Ah, deterioro mental!,
¡Vaya, individualismo extremo!
¡Caray, aislamiento!
¡Guau, pérdida del decoro!
¡Uy, discriminación!
¡Caramba, crisis de valores!
¡Ay, cambio climático!
Estos son sintagmas o enunciados que se deletrean con rituales en la Corona de Adviento: Ramas verdes y cuatro velas, que representan a Jesús como luz de esperanza en una vida de amor eterno. Ese signo litúrgico -que evoca las cuatro semanas del Adviento y las estaciones del año- grita para que se deshagan las tinieblas de esas malignidades que socavan la vergüenza y el pundonor, la lealtad y la generosidad, la integridad y la decencia, el orgullo y la autoestima en el abolengo de la aristocracia y el linaje de la plebe.
Cristianos y ateos participan gozosos en la fiesta anual de la Navidad (proviene del latín Nativitas, que quiere decir nacimiento), que conmemora la venida al mundo de Jesucristo (el 25 de diciembre, entre los años 7 y 4 a.C., en Belén de Judea, y la celebración fue estatuida siglos después para coincidir con los jubileos romanos y paganos.
Belén está enclavada en Palestina (región de Cisjordania), a unos 10 kilómetros al Sur de Jerusalén. Desde 1995 está bajo el mando de la Autoridad Palestina (Estado de Palestina), conforme los Acuerdos de Oslo, pero separada de Jerusalén por un muro de hormigón, ocupado por Israel.
Ese Patrimonio de la Humanidad y otros territorios de Oriente Medio, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, se sitúa en el epicentro de un conflicto bélico entre Israel y Palestina. La primera entiende a Jerusalén como su capital “eterna e indivisible”, y la segunda reclama a Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja) como la capital de un futuro Estado.
La mayoría de las naciones no reconoce la anexión de Jerusalén Este por Israel, que entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 ha matado a cerca de 70 mil palestinos, en el Genocidio de Gaza: horribles violaciones a niños y mujeres, el bloqueo de la ayuda humanitaria para afrontar la hambruna, la destrucción de hospitales, sistemas de agua, escuelas y hogares, y el permanente desplazamiento forzado de sus habitantes por los bombardeos.
¡Oh, violencia…!
A sus discípulos y otros adeptos, Jesucristo predicó, imperturbablemente, contra la violencia y los exhortó a quebrar la cadena del odio y la venganza, a perdonar en la misericordia, a no utilizar la espada o la ley del más fuerte, a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen; a poner la otra mejilla a quienes les golpeaban y a dar más de lo que les piden.
Como costumbres festivas, en la víspera -el 24 de diciembre- del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica celebra la “Buena Noche” o Nochebuena a la espera de la conmemoración del Mesías, como banquetes: platos típicos -pavo y cerdo asado-, dulces y frutas secas, bebidas, villancicos, compartir de regalos, la Misa de Gallo y vigilias en templos, hasta el amanecer.
Oficialmente, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero las iglesias cristianas evangélicas efectúan el período de la Natividad con misas del día, celebración de la Sagrada Familia, solemnidad de Santa María, de la Epifanía, el Bautismo del Señor, los Santos Inocentes (28 de diciembre), Año Nuevo (fuegos artificiales y música navideña) y el Día de los Reyes Magos. Marginalmente, han sido agregados vacaciones y viajes.
En ciertas épocas y territorios, la Navidad fue prohibida por puritanos y congregaciones protestantes, pero se han impuesto la memoria festiva, las texturas crujientes y la tradición, como estímulo para el bienestar psico-emocional -por la alegría-, para renovar la expectativa y la esperanza en nuevos proyectos, fomentar el amor y la gratitud, y como un canal para robustecer nexos familiares, religiosos y sociales.
En esencia, la Navidad equivale a llegar, dar, recibir y tocar. Y para perdurar, ¡qué suba más y más, hasta la Estrella de Belén, en el solsticio de invierno, trazo de luz, banquetes, diversión y júbilo!
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista y columnista de El Nacional y decenas de medios digitales.