El apresamiento de Jose Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa  Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.

Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.

Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.

El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.

De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.

De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.

La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó  un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose  documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron  modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.

La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.

El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.

La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.

La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la  Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.

Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.

Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.

Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.

El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba   más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.

En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al  consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”.  pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.

Los cargos en contra del alcalde de Nueva York ponen sobre la mesa el espinoso tema de las contribuciones económicas ilegales a los candidatos que terminan con la acumulación de grandes riquezas porque tienen mucha posibilidad y vocación de poder.

Es innumerables la cantidad de aspirantes a cargos políticos electivos en diferentes lugares del mundo que quedan en medio de la tentación de enriquecerse sobre la base del recibimiento de donaciones económicas ilegales.

El alcalde de la ciudad de Nueva York fue acusado el jueves de cargos federales por supuestamente aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras.

Este tipo de casos son muy comunes en el escenario político electoral y las razones son muy diversas en razón de que el que aporte de dinero mal habido se hace regularmente para buscar protección de la autoridad pública.

Un caso que ha generado muchas sospechas al respecto es la fortuna declarada por el presidente Luis Abinader, quien había dicho al periodista Jorge Ramos que sólo tenía un millón y tanto de dólares, pero que al final termino con una declaración de bienes que alcanza los miles de millones de pesos, es decir, cerca de ochenta o noventa millones de dólares.

Pero el tema no es exclusivo de la República Dominicana, sino de todos los países del hemisferio y no hay quién se atreva a negar que el fenómeno tiene un alcance mundial.

El caso del principal ejecutivo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, toca muy de cerca al país porque él desde que obtuvo el triunfo visitó a la República Dominicana y los promotores de su traslado hasta aquí fueron activistas que están muy cerca del funcionario.

 La atención que generó su aspiración entre los políticos de la comunidad criolla en la gran urbe,  sirvió de base  para que se produjera una visita al país  del mandatario municipal, el cual fue llevado donde figuras muy cuestionables de la República Dominicana.

El hecho de que Adams tenga entre los cargos que pesan en su contra aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras,  como que parece una repetición de lo que ocurre con otros que se mueven en escenarios diferentes, pero con la misma conducta de los que persiguen hacer fortunas a través de la política.

Dicen las autoridades que él abultó sus ganancias mediante las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente a una donación pequeña y agrega la acusación de que recibió en campaña más de diez mil dólares como resultado de certificaciones falsas.

Dicen que Adams solicitó y demandó sobornos, incluidos viajes lujosos gratis o con un gran descuento por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda del ejecutivo municipal y cuya cuestión está vinculada con el consulado en Manhanttan del país del personaje.

En el proceso de investigación agentes del FBI entraron a la residencia oficial de Adams y le incautaron hasta su teléfono en busca de pruebas para sustentar la acusación que pesa en su contra, cuyos cargos federales cuentan con el aval de algunos de los personajes involucrados.

Las acusaciones en contra de Adams pica y se extiende y luce que quien fuera el hombre más importante de Nueva York podría terminar con la total ruina de su carrera política y vida personal.

Sin embargo, Adams ha advertido que todo lo que ocurre con su persona parte de mentiras y que al final todo quedará aclarado.

Este caso que, de acuerdo a los informes de prensa, no involucra hasta el momento grandes cantidades de dinero, cuyos montos no se acercan ni remotamente a los sustraídos por políticos de los países latinoamericanos, donde los robos involucran sumas millonarias que sirven para medir hasta dónde los niveles de regulación y de fiscalización son deficiencias muy marcadas y que además es un arma  muy poderosa para no combatir uno de los flagelos que más golpea las economías de las naciones pobres y del tercer mundo.

Las citaciones y pesquisas en lo que tiene que ver con el escándalo continúan y en el proceso habría que determinar si lo dicho por el ejecutivo municipal es parte de  la misma arma de defensa que usa el candidato presidencial Donald Trump, la cual consiste en calificar los procesos en su contra  como una retaliación política.

Este caso representa un precedente muy importante para todos los que van a la política con el fin de hacer riquezas económicas, máxime en los llamados países del tercer mundo, pese a que el fenómeno en menor o mayor medida tiene una connotación mundial.

Por Elba García

El instrumento legal del Estado para la instrumentación de expedientes en contra del crimen y el delito ha dejado mucho que desear no sólo en los casos definidos como macros, que involucra a figuras notables del escenario político nacional, sino también hechos que alcanza  a rateros y personas del más bajo estrato social.

Si bien los llamados casos macros tienen un seguimiento permanente de los medios de comunicación, no ocurre igual con los cientos de denuncias y querellas que son presentadas en los centros de recepción de delitos y crímenes que operan en todo el territorio nacional, lo cual indica la precaria funcionabilidad del Estado en lo que respecta a estas instancias del Ministerio Público.

Una de la causa de la deficiencia del Ministerio Público es lo que parece ser la falta de capacidad profesional de los fiscales, ya que una razón para la precaria actuación de este órgano incluye hasta la falta de formación para distinguir cuándo se está frente a un delito penal o un caso de derecho civil.

Esta falta de distinción puede ser fácilmente encontrada en los casos que maneja el Ministerio Público en torno a los condominios, que se rigen por la Ley 5038, cuyos fiscales siempre manejan los conflictos que generalmente degeneran en delitos penales, pero que este órgano siempre les otorga la calificación de problemas sociales.

Tanto es así, que en la practica el Ministerio Público promueve más que cualquier otra cosa la vía de hecho, porque todo aquel que no encuentra una solución al problema planteado a través de una querella, la cual casi siempre termina en un archivo definitivo, decide a hacer justicia con sus propias manos.

El archivo es un mecanismo que tiene el Ministerio Público para justificar su incapacidad o para darle cabida a la complicidad que implica que algunos fiscales reciben una paga para que los casos no sigan el curso que indica el sistema de justicia, ya que miles de casos nunca son judicializados aunque haya razón para ello.

En los últimos meses ha vuelto a ser puesto en tela de juicio en los tribunales casos manejados por el Ministerio Público  que han sido desechados  por falta de pruebas, incluido unos que el propio órgano de persecución solicitó su archivo provisional por las mismas razones.

El último más sonado es el que tiene que ver con Marisol Franco, compañera sentimental de “César el Abusador”, y otras tres personas, para quienes este sábado 14 solicitó prisión preventiva por supuesta asociación de malhechores, crímenes y delitos contra la propiedad, entre otros, y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional se la negó.

El rechazo de la magistrada Fátima Veloz se fundamentó en que los elementos de prueba que aportó el MP no eran suficientes para ella poder determinar la violación del tipo penal previsto en los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicano (CPD).

En la etapa preliminar de cualquier caso es suficiente la presentación de una cintila probatoria que no requiere la presentación de elementos concluyentes, pero debe haber detalles legítimos que permitan a la juzgadora vincular al imputado con el hecho investigado, bajo los criterios establecidos por el legislador”, lo cual, a juicio de la juzgadora, no ha ocurrido en este caso”.

Sostuvo la magistrada que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y que conforman la cintila probatoria “por sí solos, resultan insuficientes para poder crear un vínculo robusto, certero e inequívoco que permita en esta fase procesal individualizar a los imputados como los autores o cómplices de la conducta que se les atribuye…”.

De acuerdo con la jueza que conoció el caso en cuanto al fondo de la solicitud de la medida de coerción, no se cumplía con los requerimientos legales del    artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP) y en consecuencia dispuso  la “libertad pura y simple” de los imputados, mediante la Resolución penal 0670-2024-SMDC-01610.

Igual ocurrió con el caso de la violación y posterior muerte de Paula Santana Escalante, crimen ocurrido en la zona franca de Las Américas el 24 de febrero y el Ministerio Público basado en pruebas testimoniales logró que la jueza de Atención Permanente de SDE, Karen Casado, enviara a prisión preventiva a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y a Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), principales sospechosos.

En este caso el archivo dispuesto contó con el aval del Ministerio Público a través de la fiscal del caso Dahiana Castillo Antigua, quien suscribió el mismo sobre la base de que el órgano persecutor del crimen y el delito no contaba con la base para sostener quién cometió los hechos.

 Los resultados de todas las prendas de vestir analizadas, tanto de los dos imputados como de Santo Samuel, no arrojaron ningún fluido femenino, de hecho, sólo en una pieza interior apareció restos de semen, por lo que hasta el momento no resulta elemento suficiente para instrumentar una acusación”, afirmó

El fondo de la objeción presentada por los familiares de la víctima el 13 de este mes en el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo confirmó el “archivo provisional del caso; Alex y Chuki fueron liberados, lo cual llenó de felicidad a los imputados y de mucha tristeza a los familiares de la víctima.

Pero estos casos, aunque más sonoros, representan algo insignificante con relación a lo que ocurre en los centros de recepción de querellas y denuncias del Ministerio Público, como por ejemplo Santiago, donde las mismas son depositadas en el zafacón del olvido no importa las pruebas aportadas.

Esta realidad parece que podría generar en los próximos días la presentación de demandas en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional por no cumplir con el mandato de sus leyes orgánicas, el Código Procesal Penal y la Constitución de la República.

Incluso ya hay grupos de abogados que podrían recurrir al sistema de justicia interamericana para presentar en contra del Estado dominicano demandas por violación de los derechos humanos y de las convención regionales e internacionales en esta materia.