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R.D. a la zaga en la persecución judicial y la condena de expresidentes involucrados en actos de corrupción pública y privada.
Por Elba García
El Perú a la cabeza en el hemisferio y el mundo de enjuiciamiento de presidentes en funciones y otros salidos del poder por estar involucrados en actos de corrupción, mientras que el segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, lo cual no parece existir esperanza de que ocurra en República Dominicana.
En este país sudamericano suman ocho los expresidentes, tanto de izquierda como de derecha, enjuiciados por incurrir en actos de corrupción, principalmente por los sobornos promovidos por Odebrecht, cuyo último caso a ventilarse en los tribunales de este país es el de Alejandro Toledo, quien acaba de ser extraditado desde los Estados Unidos.
Alberto Fujimori y Alan García
Pero, además, son inculpados o condenados también, Alberto Fujimori, Alan García, quien se suicidó en el momento en que iba a ser apresado; Hullanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, entre otros.
El segundo lugar en esta materia lo ocupa El Salvador, donde han sido enjuiciados y condenados varios expresidentes, dos de derecha e igual número de la izquierda, como Francisco Flores, que murió mientras cumplía prisión domiciliaria; Elías Antonio Saca y un tercero, Mauricio Funes, que se ha mantenido prófugo en Nicaragua por supuestamente incurrir en la sustracción de fondos públicos.
Salvador Sánchez Cerén
El cuarto expresidente del país centroamericano perseguido es Salvador Sánchez Cerén del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Nacional (FMLN), expulsado del poder hace ya algunos años por el actual ocupante del cargo Nayid Bukele, quien se ha naturalizado en Nicaragua conjuntamente con toda su familia, donde no se permite la extradición de sus ciudadanos.
El procesamiento de exjefes de Estados no es exclusivo de estos dos países latinoamericanos, sino de algunos otros como Panamá, Paraguay, Brasil, Ecuador, entre otras naciones, pero que no existen esperanzas de que la misma pueda llegar hasta la República Dominicana por los altos niveles de complicidad que se dan en el sector público como en el privado, así como en su sistema de justicia.
La institucionalidad de las naciones se podría medir por las acciones tomadas por cada una de ellas de forma individual en contra de fenómenos como la corrupción a los niveles más altos de la administración pública, sancionado incluso por convenciones internacionales, lo que tal vez pueda explicar que en algunos países haya varios expresidentes de la República encarcelados, mientras en otros no se contemple una medida igual en contra de un pasado jefe de Estado, pese a que se trata de un delito o crimen que no perime.
Hullanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski,
La República Dominicana no se puede medir a través del espejo de lo que ocurre en el Perú, donde su Código Penal y su régimen punitivo no difiere mucho del nacional, pero en lo que respecta al caso no importa la magnitud de la sustracción de fondos públicos para que no haya un régimen de consecuencia.
En el país todos los días salen a la superficie sustracciones del patrimonio público de miles de millones de pesos, pero los procesos encaminados por el Ministerio Público se alargan de tal modo que la gente pierde la esperanza de que el delincuente que ha asaltado el Estado pague por su conducta.
En los actuales momentos han sido más de media docena los presidentes procesados en El Perú, incluidos varios en pleno ejercicio del cargo, por incurrir en actos calificados como de corrupción administrativa, lo cual no se observa en otras naciones, aunque la que tal vez más se le acerca es El Salvador, donde también ha habido una real persecución de mandatarios que han incurrido en la comisión del delito de hurto del patrimonio público.
En el Perú han sido procesados por corrupción los expresidentes Alán García, quien en el último intento por apresarlo terminó con su suicidio, pero por lo menos uno guarda prisión por tener una condena definitiva, que se trata de Alberto Fujimori, mientras que otros cuando menos están en proceso de investigación, como son Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo, quienes están recluidos en la cárcel conocida como la de Barbadillo
Igual situación vivieron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla un proceso de investigación por favorecer con contratos a la compañía Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente de Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.
Kuczynski y Humala, entre otros, la mayoría de los cuales fueron destituidos por el Parlamento, lo cual también ha ocurrido con pasados candidatos presidenciales importantes de la oposición como Keiko Fujimori, quien está en espera de los resultados de las investigaciones que se realizan en su contra.
Alejandro Toledo Manrique
Toledo gobernó el Perú durante el periodo 2001-2006, quien ha sido extraditado de los Estados Unidos escoltado por alguaciles de esa nación y de inmediato fue trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
Sin embargo, la cuestión a analizar tiene que ver con el hecho de lo que ocurre en El Perú, El Salvador y otras naciones latinoamericanas no se parece en nada a la realidad de la República Dominicana, donde luce prácticamente imposible que un expresidente pueda correr la misma suerte de los mandatarios de la nación suramericana.
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía
El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, ha sido un abanderado de que los exjefes de Estado no deben ser tocados ni con el pétalo de una rosa, aunque se les impute el peor de los delitos, lo cual de alguna manera representa una especie de teoría en favor del crimen y el delito proveniente de los que han tenido el privilegio de ocupar tan alta posición.
Lo cierto es que el país no tiene más de un precedente de persecución de un expresidente de la República, el cual fue el doctor Salvador Jorge Blanco, pero cuya acción del Estado no ha ocurrido con otros que han sido sindicados como responsables o cómplices de actos de corrupción, pero sin que haya habido alguna consecuencia.
Los niveles de diferencias existentes entre un país y otro en una época en que los sistemas punitivos son muy parecidos en prácticamente todos los países latinoamericanos, lo cual es comprobado mediante el derecho comparado, pero parece que las particularidades propias de cada conglomerado social pesa mucho para medir su eficiencia en lo que respecta a la existencia de un régimen de consecuencia.
Debe decirse que tanto El Salvador como El Perú están a la cabeza en lo que respecta a la persecución de los expresidentes que han delinquido desde la posición más alta del Estado,
Ahora mismo en la República Dominicana han salido a la superficie una amplia gama de acciones alegadamente ilícitas de varios pasados presidentes de la República, quienes protegen a personajes de sus gobiernos que se han enriquecido mediante la sustracción de dinero del patrimonio público y no luce que vaya haber alguna sanción por esas inconductas.
Leonel Fernández y Danilo Medina
Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque no se puede excluir a Hipólito Mejía, son expresidentes seriamente comprometidos con este flagelo, tanto es así que sirven de protección a personajes que son símbolos de la corrupción administrativa del país.
En realidad, la República Dominicana está ante una situación que revela hasta donde el sistema de justicia no ha estado en capacidad de imponer las sanciones que cada caso conlleva, no importa quienes sean los protagonistas.
El involucramiento de presidentes y de expresidentes en acciones ilegales referidas a la corrupción administrativa no es un problema de ahora, pero las esperanzas de que este flagelo sea severamente atacado parecen alejarse a pesar de que en prácticamente todos los sistemas de justicia se han creado herramientas para combatirlo, lo cual se puede observar en lo que tiene que ver con el derecho internacional público, en el que ya está consignado de que este crimen no perime en el tiempo y que puede ser perseguido en cualquier momento después de producirse.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.
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Triunfo de inmigrante y musulmán retorna a Nueva York a su razón de ser como ciudad de ensueño mundial.
La ciudad de Nueva York, sede de la bolsa de valores y de otras riquezas inmedibles, es el hogar de muchos que prefieren las fortunas económicas e incluso a su propia tranquilidad, ha devenido en un lugar en el que luce no haber cabida para los que sueñan en los diferentes continentes del mundo con arribar de alguna manera allí. Este poder económico de la llamada ciudad de los rascacielos todavía alberga en su seno a millones de inmigrantes que tienen que dormir en subterráneos en malas condiciones y otros muchos desamparados que mal olientes se mezclan con los potentados económicos de las grandes multinacionales.
Vivir en Nueva York, pero principalmente en Manhattan, su centro financiero y cultural, no es fácil, sobre todo para el que busca sobreponerse a unos altos costos de la comida y de la renta, pero a cuya realidad generalmente tienen entrada los pobres que emigran en busca de una mejoría de vida a la también llamada babel de hierro.
La cuestión es que esa mezcla de grandes riquezas e igualmente de grandes pobrezas crean un contraste que no es tan fácil de manejar y controlar en esa gran urbe, pero las circunstancias políticas son las únicas que pueden marcar un mejor destino de uno de los estados de toda la unión americana con los estándares más caros para vivir en él.
Este martes 4 de noviembre Nueva York ha dejado claro que sigue siendo ese lugar donde las grandes esperanzas nunca se pierden y que, si bien un multimillonario puede tenerlo todo, máxime el control político del estado y de la ciudad, igual puede ocurrir con gente que viene del subsuelo económico y de los lugares más lejanos del planeta, no importa quién lo quiera detener en sus propósitos.
El mejor espejo de este fenómeno es el triunfo de Zohran Mandami, un inmigrante musulmán, nacido en Uganda, pero de ascendencia india, que ha enviado un mensaje muy contundente al ganar cómodamente la alcaldía de esta gran ciudad, cuyo presupuesto supera a todos los países latinoamericanos juntos.
Este nuevo actor de la política newyorquina ha dejado claro que allí nada es imposible, porque su hazaña es propia de hombres muy grandes, pero que sólo necesitan ese espíritu que caracteriza al inmigrante, dado que éste adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos en el 2018, es decir, hace sólo 7 años y primero, luego de haberse graduado en la universidad, se convierte en asambleísta del estado y ahora entra a las puertas anchas de Grand Mansion como alcalde de Nueva York.
Este joven que profesa la religión musulmana se impuso en la contienda electoral frente a grandes contrincantes como Mario Cuomo, exgobernador del estado y con una ascendencia política que parte del papel jugado por su padre del mismo nombre, cuyas raíces están asociadas a la comunidad italiana de Nueva York.
Este joven de apenas 34 años no ha dejado dudas de su triunfo, pero ahora vienen grandes retos en virtud de que el presidente Donald Trump lo ha elegido como su principal frente para evitar que logre lo que ya ha prometido a la gente, sobre todo a los pobres de la ciudad que nunca duerme, que alberga en su seno a grandes multinacionales y fortunas judías, así como inmigrantes pobres de todo el planeta.
Este detalle demuestra hasta dónde Nueva York es un lugar en el que se pueden dar las cosas más inverosímiles, como convivir judíos, musulmanes y cristianos en sus barrios emblemáticos, donde prevalece un respeto entre sí que no ha sido posible en ningún otro lugar del mundo donde estos grupos religiosos son enemigos mortales.
Y entre la gran misión del nuevo alcalde de Nueva York está, no sólo contrarrestar la oposición de un magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha amenazado si ganaba con deportarlo, sino además de conciliar grandes intereses económicos y financieros que hacen a esta gran urbe diferente y con grandes potencialidades de más crecimiento y de ser una ventana para muchos hombres y hombres de todo el planeta que sueñan con visitarla y vivir allí.
Hay prácticamente una guerra avisada entre Trump y este joven musulmán, ahora alcalde de la llamada capital del mundo, por cuya potencialidad comercial le va muy bien el nombre, lo cual luce ser una medición de fuerzas entre los intereses ultraconservadores de un mandatario con una marcada vocación dictatorial que persigue borrar la historia de un estado que ha sido el refugio de millones de latinoamericanos e inmigrantes de todo el mundo a quienes el nuevo funcionario que les ha prometido mejorar la situación de vida de sus familias.
Zohran Mandani es una inspiración para fortalecer la democracia en cualquier lugar del planeta, porque hoy representa un símbolo de lo que puede ocurrir cuando en una ciudad las reglas del juego están claramente definidas, lo que permite que los menos pudientes tengan respuestas a las dictaduras y al poder inmedible de las multinacionales.
Este triunfo del nuevo alcalde de Nueva York sienta la base para que los sectores más liberales de la llamada babel de hierro jueguen su papel histórico en una democracia que, a pesar de sus debilidades y peligros, ha dado ejemplo de fortaleza y de que no depende de la voluntad personal de un individuo.