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La República Dominicana luce atrapada en una cultura de corrupción que involucra miles de millones de pesos.
No hay un solo partido político que pueda ser excluido de culpas de la corrupción generalizada que tambalea la sociedad dominicana.
Los partidos que han llegado al poder con la complicidad de muchos otros que buscan alianzas electorales para recibir un pequeño pedazo del pastel que ha comprometido el destino de las presentes y futuras generaciones.
Cada vez que sale a la palestra pública un hecho de corrupción supera al anterior y el dinero sustraído del erario nacional llega a cantidades realmente impresionantes.
La Procuraduría General de la República no cuenta con los recursos y el personal para perseguir todos los delitos cometidos por los actores de la vida política nacional.
En los actuales momentos se conoce el caso de uno de los hombres con mayor poder durante el gobierno de Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, ex-procurador general de la República, quien siempre ha sido un personaje odioso y repugnante, pero la gente nunca se imaginó que las cosas habían llegado tan lejos en términos de irregularidades en el órgano encargado de combatir el crimen y el delito.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado todas las andanzas de este funcionario y cualquiera pudiera pensar que realmente se volvió loco.
En esta trama contra el Estado se habla de la sustracción por parte de los imputados de unos seis mil millones de pesos dominicanos.
De acuerdo al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Repַública durante el gobierno de Danilo Medina en vez de promover y velar por el fiel cumplimiento de las leyes y perseguir penalmente a quienes hayan cometido crímenes y delitos contra personas o el propio Estado, operaba como parte de una red que recibía sobornos, había distracción de fondos, nóminas ficticias, destrucción de evidencias, incendio de documentos institucionales, adulteración de fechas y objetivos de comunicaciones, sobrevaluación de obras y funcionaba como centro de envase y distribución de ron y como comando de campaña.
Los datos al respecto están contenidos en la solicitud de prisión preventiva hecha contra el ex-procurador Jean Alain Rodríguez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillen; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el ex-asesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL).
El Ministerio Público afirma que la estructura creó proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas de dinero para beneficio personal
En la instancia de medida de coerción que tuvo lugar en el Tribunal de Atención Permanente, el Ministerio Público calificó como un crimen de primer orden el haberse distraído o invertido sin criterio aproximadamente 10,000 millones de pesos en el plan de humanización, el cual sirvió para la adquisición de mobiliarios, equipos y electrodomésticos para inaugurar el Lote 4 de la cárcel La Nueva Victoria, hoy llamada como Las Parras, que ha generado daños cuantiosos para el Estado debido a la presencia de vicios de construcción insalvables.
Un informe de ingeniería realizado por Grupo Keretaros da cuenta de que en el plan se cometieron graves errores como la cubicación y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones 325 mil pesos, que posteriormente fueron descubicadas, por lo cual “aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo del proyecto”.
El Ministerio Público señala que la cárcel Nueva Victoria se construyó en terrenos que tenían propietarios y que esto ha involucrado al órgano en una serie de reclamos de ciudadanos que alegan haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular.
Según el expediente, en el plan con un costo de 420 millones de pesos se adquirieron de manera irregular, mediante una licitación privilegiada a la empresa Smart Logistics Internacional, el sistema de monitoreo, equipos IP de seguridad y vigilancia, detectores de metales, así como armas de fuego marca Glock, pero, sin embargo, “muchos de los mismos no se encuentran en poder de la Procuraduría”.
En el aporte de las pruebas se ha hecho referencia a que por orden verbal de Jenny Marte y sin ningún documento de sustento, se transfirieron 16 millones de pesos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Juan de la Maguana al CCR La Victoria.
El órgano persecutor del crimen y el delito sostiene que en la procuraduría había una asociación de malhechores que para distraer los fondos del Estado cometieron múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo o adulterado y en otros que indicaban que no había condiciones para hacer las construcciones de lugar como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras, Barahona, entre otros”.
Como se ve con la ventilación de la Operación Medusa, la República Dominicana sólo depende de que sus ciudadanos despierten totalmente para rechazar a la mayoría de los partidos políticos que su única agenda es llegar al control del Estado para depredar el patrimonio nacional.
El fenómeno de la corrupción es un mecanismo para arruinar cualquier país y parar el desarrollo nacional, pero la fiscalización ciudadana y la emisión de un voto consciente es la única vea posible para cambiar o parar definitivamente una realidad que amenaza la estabilidad económica, política y social de la República Dominicana.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de publica un informe sobre los danos que causa la corrupción administrativa en el país, cuyos resultados a largo plazo podrían ser catastróficos para toda la sociedad.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.