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La República Dominicana luce atrapada en una cultura de corrupción que involucra miles de millones de pesos.
No hay un solo partido político que pueda ser excluido de culpas de la corrupción generalizada que tambalea la sociedad dominicana.
Los partidos que han llegado al poder con la complicidad de muchos otros que buscan alianzas electorales para recibir un pequeño pedazo del pastel que ha comprometido el destino de las presentes y futuras generaciones.
Cada vez que sale a la palestra pública un hecho de corrupción supera al anterior y el dinero sustraído del erario nacional llega a cantidades realmente impresionantes.
La Procuraduría General de la República no cuenta con los recursos y el personal para perseguir todos los delitos cometidos por los actores de la vida política nacional.
En los actuales momentos se conoce el caso de uno de los hombres con mayor poder durante el gobierno de Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, ex-procurador general de la República, quien siempre ha sido un personaje odioso y repugnante, pero la gente nunca se imaginó que las cosas habían llegado tan lejos en términos de irregularidades en el órgano encargado de combatir el crimen y el delito.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado todas las andanzas de este funcionario y cualquiera pudiera pensar que realmente se volvió loco.
En esta trama contra el Estado se habla de la sustracción por parte de los imputados de unos seis mil millones de pesos dominicanos.
De acuerdo al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Repַública durante el gobierno de Danilo Medina en vez de promover y velar por el fiel cumplimiento de las leyes y perseguir penalmente a quienes hayan cometido crímenes y delitos contra personas o el propio Estado, operaba como parte de una red que recibía sobornos, había distracción de fondos, nóminas ficticias, destrucción de evidencias, incendio de documentos institucionales, adulteración de fechas y objetivos de comunicaciones, sobrevaluación de obras y funcionaba como centro de envase y distribución de ron y como comando de campaña.
Los datos al respecto están contenidos en la solicitud de prisión preventiva hecha contra el ex-procurador Jean Alain Rodríguez, la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillen; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el ex-asesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL).
El Ministerio Público afirma que la estructura creó proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, con el objetivo de tener actividades que les permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron cuantiosas sumas de dinero para beneficio personal
En la instancia de medida de coerción que tuvo lugar en el Tribunal de Atención Permanente, el Ministerio Público calificó como un crimen de primer orden el haberse distraído o invertido sin criterio aproximadamente 10,000 millones de pesos en el plan de humanización, el cual sirvió para la adquisición de mobiliarios, equipos y electrodomésticos para inaugurar el Lote 4 de la cárcel La Nueva Victoria, hoy llamada como Las Parras, que ha generado daños cuantiosos para el Estado debido a la presencia de vicios de construcción insalvables.
Un informe de ingeniería realizado por Grupo Keretaros da cuenta de que en el plan se cometieron graves errores como la cubicación y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a 450 millones 325 mil pesos, que posteriormente fueron descubicadas, por lo cual “aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo del proyecto”.
El Ministerio Público señala que la cárcel Nueva Victoria se construyó en terrenos que tenían propietarios y que esto ha involucrado al órgano en una serie de reclamos de ciudadanos que alegan haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular.
Según el expediente, en el plan con un costo de 420 millones de pesos se adquirieron de manera irregular, mediante una licitación privilegiada a la empresa Smart Logistics Internacional, el sistema de monitoreo, equipos IP de seguridad y vigilancia, detectores de metales, así como armas de fuego marca Glock, pero, sin embargo, “muchos de los mismos no se encuentran en poder de la Procuraduría”.
En el aporte de las pruebas se ha hecho referencia a que por orden verbal de Jenny Marte y sin ningún documento de sustento, se transfirieron 16 millones de pesos del Centro de Corrección y Rehabilitación San Juan de la Maguana al CCR La Victoria.
El órgano persecutor del crimen y el delito sostiene que en la procuraduría había una asociación de malhechores que para distraer los fondos del Estado cometieron múltiples acciones delictivas que van desde la construcción de un plan de humanización sin ningún diseño real, ausencia de estudio de suelo o adulterado y en otros que indicaban que no había condiciones para hacer las construcciones de lugar como ocurrió con la selección de los terrenos de Las Parras, Barahona, entre otros”.
Como se ve con la ventilación de la Operación Medusa, la República Dominicana sólo depende de que sus ciudadanos despierten totalmente para rechazar a la mayoría de los partidos políticos que su única agenda es llegar al control del Estado para depredar el patrimonio nacional.
El fenómeno de la corrupción es un mecanismo para arruinar cualquier país y parar el desarrollo nacional, pero la fiscalización ciudadana y la emisión de un voto consciente es la única vea posible para cambiar o parar definitivamente una realidad que amenaza la estabilidad económica, política y social de la República Dominicana.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de publica un informe sobre los danos que causa la corrupción administrativa en el país, cuyos resultados a largo plazo podrían ser catastróficos para toda la sociedad.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.